María Gregoria Calzada Dorantes

Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
105/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • María Gregoria Calzada Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144,146 y 147 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión, en términos de lo expuesto en el quinto considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 23 DE FEBRERO DE 2023, QUE DICE: JUICIO DE AMPARO 105/2023-III*R CUENTA. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2418, con constancias. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual rinde informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el dispositivo legal 9 de la Ley Reglamentaria, se tienen como sus delegados a las personas que menciona. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a las solicitudes formuladas mediante escritos presentados el veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en los que formuló una queja, y solicitó el cambio del docente Moisés Ortiz Vázquez, de la escuela secundaria general número 70 "Amado Nervo", ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 83, fraccionamiento Hornos Insurgentes, en esta ciudad, así como la sanción correspondiente. En consecuencia, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 presente asunto, para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este juzgado federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, en la especie, de lo informado por la autoridad responsable y del análisis de las documentales que exhibe, se aprecia que con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el veinte de febrero actual, en atención a la queja formulada por la quejosa María Gregoria Calzada Dorantes, mediante escritos de veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se radicó el procedimiento administrativo MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE UAJ-R.A.-05/2023; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a la parte quejosa, toda vez que la omisión de dar contestación a dichas peticiones, que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable la restituyó en el goce del derecho fundamental que estima violado. Lo que se corrobora con la copia certificada de las documentales que remitió la autoridad responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se radicó el procedimiento administrativo UAJ-R.A.-05/2023, con motivo de la queja formulada por la quejosa María Gregoria Calzada Dorantes, mediante escritos de veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; lo que imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica de la impetrante. En consecuencia, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386).... En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.... En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente....

  3. Incidental

    INCIDENTE 105/2023-III*R CUENTA. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2429, con anexos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de la Unidad Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual rinde informe previo; dese nueva cuenta con el mismo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia incidental. Asimismo, en términos del dispositivo legal 9 de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a las personas que indica. De igual manera, en términos del artículo 143 de la Ley Reglamentaria, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que se otorgó al Director del Área Jurídica del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en proveído de veintiséis de enero pasado, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase por segunda ocasión al Director del Área Jurídica del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del plazo de DIEZ días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo, remita un cheque a favor de la parte quejosa Club de Golf Acapulco, Asociación Civil por la cantidad faltante de $33,744.37 (treinta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 37/100 moneda nacional). Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la citada autoridad que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, justifiquen la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.

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