María Gregoria Alvarado García

Expediente 1501/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1501/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • María Gregoria Alvarado García

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otra autoridad; que los hace consistir en: Acto reclamado: 1. La omisión de pago de pensión otorgada a la quejosa mediante el dictamen ******************** de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 1501/2023-V. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Admisión de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Incidente de suspensión En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Jefe de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables: Su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviarlos debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las nueve horas con quince minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen, de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; debiendo indicar el número de expediente bajo el que se tramita ese juicio, e indicar qué órgano jurisdiccional conoció de éste. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que anexa a su ocurso de demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por lo que hace a los medios de convicción que menciona como "la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones", se tienen por ofrecidas y admitidas, las que serán tomadas en consideración al dictar el fallo correspondiente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario ********************; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Juicio en línea En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Oposición a la publicación de datos Personales Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios y habilitación de días y horas inhábiles Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por lista a la parte quejosa; por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: atento a lo ordenado en el cuaderno principal se apertura el cuaderno incidental para acordar lo atinente a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo 1501/2023-V, promovido por ********************, contra las autoridades y acto que enseguida se precisan: Autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Jefe de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Acto reclamado: 1. La omisión de pago de pensión otorgada a la quejosa mediante el dictamen ******************** de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Solicitud de informe previo Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndoles para ello copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. Se solicita a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe previo vía interconexión. Apercibimiento Es menester señalar que, la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuman ciertos los actos reclamados salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si incurren en tal omisión se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión provisional Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, hay que partir de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que la parte quejosa solicita la medida cautelar respecto de las consecuencias del acto reclamado que consiste en: Las consecuencias de la omisión de realizar el pago de pensión, autorizada mediante dictamen ********************, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. Por cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, por su naturaleza, tiene el carácter omisivo con efectos positivos, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia. En esas condiciones, las consecuencias y efectos del acto reclamado, son susceptibles de suspenderse, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con los efectos y consecuencias del acto reclamado, pues, según lo expuesto en la demanda de amparo, las autoridades responsables han sido omisas en efectuar el pago a la quejosa de su pensión autorizada mediante dictamen ********************, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia que anexó a su escrito inicial de demanda. Por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en sus derechos. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público, cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, dado que con el otorgamiento de la medida cautelar no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Habida cuenta que con el otorgamiento de la medida cautelar tampoco permite la realización de alguno de los actos que el legislador, en el artículo 129 de la ley de la materia, enunció como ejemplos de lo que podría causar perjuicio al interés social y contravenciones al orden público. Ahora bien, del numeral 147 de la Ley de Amparo, se advierte que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, para resolver sobre la suspensión del acto reclamado, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social y que, en los casos que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de garantías. Así, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en tanto se falla el juicio en lo principal. En este contexto, es evidente que en términos del artículo 147 de la ley de la materia, atendiendo a la apariencia del buen derecho y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, atendiendo a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado en función de la apariencia del buen derecho, podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenándose que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, se restablecerá de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Ello es así, en razón de que el contenido del precepto legal invocado persigue un fin garantista con el propósito de otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas que tengan apariencia de buen derecho, sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. En esa tesitura, se estima que la suspensión del acto reclamado prevista en la Ley de Amparo, no solamente tiene como función la paralización de los actos reclamados, sino que, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Siempre y cuando el afectado cuente con apariencia del buen derecho. Así, el parámetro para otorgar o negar la suspensión del acto reclamado, no se circunscribe únicamente a la naturaleza del acto reclamado, sino a la eficacia de la medida cautelar para restituir al agraviado de forma provisional en la esfera jurídica de sus derechos, siempre que el afectado tenga apariencia del buen derecho. Sin que ello, implique de forma indefectible que todo acto de carácter omisivo o de abstención sea susceptible de suspenderse, pues el otorgamiento de la suspensión debe de evitar que se deje sin materia el juicio en lo principal. En conclusión, de acuerdo al contenido normativo del referido artículo 147 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios debe analizarse caso por caso, a fin de determinar si resulta procedente conceder o no la suspensión sin importar la naturaleza del acto reclamado, únicamente teniendo como limitante que el afectado demuestre apariencia del buen derecho y no se deje sin materia el juicio en lo principal. En ese orden de ideas, en el presente caso, es evidente que la promovente acreditó tener un derecho constituido a su favor, lo anterior es así, ya que anexó copia del dictamen ********************, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en donde se le reconoció que tiene derecho a una pensión por jubilación, y ello le permitirá disfrutar de una pensión para cubrir sus necesidades básicas. En consecuencia, al haberse satisfecho los requisitos de la medida cautelar, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos siguientes: Efectos de la suspensión provisional Para la que las autoridades responsables, realicen el pago de pensión por jubilación, autorizada mediante dictamen ********************, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en favor de la quejosa ********************. Garantía La medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que haya necesidad de que la quejosa incidentista exhiba garantía alguna, toda vez que de acuerdo con sus manifestaciones no existe parte tercero interesada a la que pudiesen ocasionarse daños y perjuicios con la concesión de esta medida; sin perjuicio de los terceros interesados que llegaran a surgir de los informes que rindan las autoridades responsables para fijar en su momento la garantía que proceda. Se hace saber a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, cualquier violación a dicha medida dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos conducentes. Autorización de firma y habilitación de horas inhábiles. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes.

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