María Graciela Cruz García
Expediente 929/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Graciela Cruz García
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, que prevé el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; se declara que ese auto ha quedado firme. Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por conducto de su apoderado, contra el acto de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 929/2017-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de los antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el siguiente acto: El auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el cual fue señalado por la parte quejosa en el apartado del acto reclamado como de veintiocho de abril del presente año, en el cual la Junta responsable determinó que resultaba improcedente acordar de conformidad la solicitud de las demandadas, hoy quejosas, quienes pidieron declarar la caducidad de la instancia, en el juicio laboral de origen, ante la inactividad procesal, pues dicho tribunal consideró que la paralización del procedimiento no ha sido imputable a la parte actora. En el caso, este Juzgado considera que respecto de la resolución reclamada se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada en sentido contrario, pues tal acto de acuerdo a su naturaleza no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por actos en el juicio que son de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio por su naturaleza no es irreparable, porque constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que el quejoso obtenga una resolución favorable a sus pretensiones y en este caso los efectos intraprocesales que han generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo producen efectos de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. En efecto, si el acto combatido en el presente juicio lo constituye el acuerdo dictado por la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el cual declaró improcedente la caducidad solicitada por los actores, al considerar que la inactividad procesal en dicho sumario no era imputable a éstos; y de acuerdo a su naturaleza, dicha determinación no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo producen efectos de carácter intraprocesal. Es decir, el acto reclamado solo produce consecuencias de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de emitirse el laudo al obtener un fallo favorable, y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duele, puede ser reclamable mediante el juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. En tal guisa, al quedar demostrado que el acto reclamado es una violación procesal, resulta indudable que los efectos del acto reclamado se puede enmendar al obtener un fallo favorable, por lo cual, se actualiza la hipótesis normativa que establecen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esta última porción normativa, aplicada a contrario sensu. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V, del numeral 107, esta última aplicada a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, se ordena practicar ésta y las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa por lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que en la demanda los quejosos señalan como medio para oír y recibir notificaciones, lo que denominan como estrados de este Juzgado, asimismo, se tiene por autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo, del artículo 12, de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.
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