María Gloria Salas Gómez

Expediente 1753/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1753/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • María Gloria Salas Gómez
  • O. P. D. Servicios de Salud En Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, refiere que el pago a favor del quejoso se contemplara en el próximo ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones realizadas por la autoridad en cita, se tiene que la misma no ha justificado con los documentos fehacientes el día que tiene contemplado para realizar el pago correspondiente a la aquí quejosa, pues únicamente se ha informado que se realizara en el año dos mil veintitrés. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral de origen. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias; además, deberá acreditar de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago en favor de José Guadalupe Lagarra Martínez, por la cantidad de $1,372,946.56 (un millón trecientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 56/100 moneda nacional), en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 6539 signado por el la Encargada de Despacho de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias solicitadas por diverso proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convengan. Finalmente agréguese el oficio 6592 signado por la autoridad responsable; sin que se haga pronunciamiento al respecto, en virtud de que en esta propia fecha se recibieron las constancias solicitadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, apoderada de la parte quejosa; por medio del cual solicita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues refiere que las responsable vinculada trata de evadir su responsabilidad exhibiendo pequeños pagos. En principio, es menester precisar que en autos obra los escritos de las autoridades vinculadas por los cuales ha informado que se ha exhibido ante el Tribunal responsable las cantidades de Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de Vicente Farías Sánchez. Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de José Luis Ávalos Gutiérrez. Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de para el actor Vicente Farías Sánchez. Cheque 0000080 de fecha 19 de abril del año 2021, de la cuenta 22000577101, por la cantidad de $10,000.00(diez mil pesos 00/100 M.N.) a nombre del actor José Luis Ávalos Gutiérrez. Cheque 22000577101 de fecha 19 de abril del año 2021, de la cuenta 22000577101, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a nombre del actor Vicente Farías Sánchez. Cheque a favor de Vicente Farías Sánchez a cargo de la Institución Bancaria Santander, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.). Entonces, al existir un principio de ejecución, aun cuando haya sido de manera extemporánea, no resulta procedente aperturar el incidente de inejecución. Para demostrarlo, los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, dicen textualmente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a estos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley." De los numerales reproducidos se colige; que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, contados a partir de que las autoridades responsables hayan sido legalmente notificadas, plazo que podrá ser ampliado por el órgano judicial de amparo, tomando en cuenta la complejidad o dificultad de las acciones que tenga que realizar la autoridad para dar cumplimiento; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá al titular una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito (tratándose de amparo indirecto), para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Además, tratándose de juicios de amparo indirecto, es requisito indispensable que el juzgador antes de remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para dar trámite a la inejecución, haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida o si hay imposibilidad para cumplirla, para lo que debe tomar en cuenta, lo establecido expresamente en el artículo 196, párrafos tercero y último, de la ley de la materia, en el cual se establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin exceso ni defectos. Ante ello, si no está acatada, o no lo está totalmente, o de manera correcta o se considera de imposible cumplimiento, el Juez Federal, una vez hecho el pronunciamiento en cualquiera de los anteriores, sin dilación, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de dar trámite al incidente de inejecución de sentencia; sin que proceda se continúe con el mismo, cuando exista indicios de su cumplimiento, como acontece en el caso a estudio, pues este supuesto, no está previsto expresamente en la ley de la materia. Luego, de autos se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al impetrante de amparo, en el que se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: "para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 113/M/2007, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." Seguido el procedimiento de ejecución por sus demás trámites legales, en diversos proveídos se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia proteccionista. Luego, por auto de veinticuatro de octubre del mismo año se vinculó al Presidente Municipal, Síndico del R. Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos de Llera, Tamaulipas, y se le requirió a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, respecto de lo cual ha informado la exhibición de diversas cantidades a saber: Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de Vicente Farías Sánchez. Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de José Luis Ávalos Gutiérrez. Cheque por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.), a favor de para el actor Vicente Farías Sánchez. Cheque 0000080 de fecha 19 de abril del año 2021, de la cuenta 22000577101, por la cantidad de $10,000.00(diez mil pesos 00/100 M.N.) a nombre del actor José Luis Ávalos Gutiérrez. Cheque 22000577101 de fecha 19 de abril del año 2021, de la cuenta 22000577101, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a nombre del actor Vicente Farías Sánchez. Cheque a favor de Vicente Farías Sánchez a cargo de la Institución Bancaria Santander, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) De ahí que, al existir un principio de ejecución, no resulta procedente aperturar el incidente de inejecución, pues de las constancias que obran en autos, se advierte la voluntad de la autoridad responsable y vinculada a cumplir con el núcleo esencial de la obligación exigida, en virtud de que han efectuado cuando menos en parte, actos tendientes para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, ese principio de ejecución se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria. Por tanto, la autoridad responsable despliega actuaciones trascendentes en relación con la protección federal, lo cual implica un principio de ejecución, o bien, un cumplimiento total o parcial. Al resolver la contradicción de tesis 487/2009 (aplicable al caso por similitud de razón), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el incidente de inejecución de sentencia y la inconformidad son procedentes cuando existe una abstención total del cumplimiento, así como en aquellos casos en que se realicen actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, pero será improcedente cuando se advierte la realización parcial de la prestación esencial para restituir el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurarlo y su sana intención de acatar el fallo, por tal motivo no procede la apertura del incidente de inejecución, en virtud que la autoridad responsable y vinculada han efectuado actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 180337 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Octubre 2004, página: 137, que dispone: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia con registro digital 163808 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 6, que dispone: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." Finalmente, tomando en consideración que en esta propia fecha, la parte quejosa manifiesta su inconformidad con los pagos parciales, con fundamento en los artículos 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, así como a la autoridad vinculada Presidente Municipal, Síndico del R. Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos de Llera, Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede notificado del presente proveído, cumplan con la sentencia proteccionista, en los términos precisados en líneas precedentes. En la inteligencia que deberán realizar todas las gestiones a su alcance, a fin de que acatar el fallo. Bajo el apercibimiento, que de no acatar lo anterior, dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá a su Titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la Ley de Amparo Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia del acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 113/M/2007, en el que ordenó la notificación de la actora de dicho auto a efecto de que comparezca ante ese Tribunal para la entrega de los cheques número 0000165 y 0000166, ambos de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, expedidos en favor de los aquí quejosos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.); al respecto, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto veintidós de septiembre del año en curso. Notifíquese.

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