María Gloria Ávila Salazar

Expediente 856/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
856/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • María Gloria Ávila Salazar
  • TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEl ESTADO DE PUEBLA

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    ...téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Subadministradora en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, por el que hace del conocimiento que dejó sin efectos la multa impuesta a ********************** en su entonces carácter de ********************** . De lo que este órgano jurisdiccional se hace sabedor. ...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" con sede en Puebla, por el cual informa que realizó el procedimiento administrativo de ejecución derivado del crédito 384746 correspondiente a la multa impuesta al **********, sin que pudiera localizar bienes con los cuales pudiera cobrar el referido crédito. En tales condiciones, toda vez que mediante auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis se ordenó el archivo del presente juicio como asunto total y definitivamente concluido; gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" con sede en Puebla, a fin de que deje sin efecto la multa impuesta al **********, la cual quedó controlada con el crédito número 384746.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil dieciséis. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince (fojas 561 a 564), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en los artículos 196, párrafo tercero, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por otro lado, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". En términos del citado Acuerdo 1/2009, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Emilio Carmona Díaz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil quince. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento que la autoridad responsable estimó haber dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por resolución de veinticinco de septiembre de dos mil trece, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en los siguientes términos: ".Procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Tribunal responsable de manera eficaz, evitando dilaciones innecesarias, provea sobre la prosecución del juicio, puntual y oportunamente, respetando los términos y plazos que para cada actuación prevé la ley, hecho lo cual, continúe con la etapa procedimental que corresponda, hasta el dictado de la resolución final." (Fojas 47 vuelta y 48) En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil trece, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días informara a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas (foja 84). Así, mediante oficio 1654/2013, recibido en el entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, el ocho de enero de dos mil catorce, el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, autoridad responsable en el presente asunto, informó el cumplimiento que estimó haber dado a la ejecutoria de mérito, no obstante, por auto de dieciséis de enero de dos mil catorce, este juzgado consideró que la autoridad en comento no había dado cabal cumplimiento a la sentencia, ya que si bien ordenó turnar los autos al actuario de su adscripción para que emplazara a los demandados Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, no menos cierto era que a la fecha en que se actuaba no había llevado a cabo el emplazamiento del último de los nombrados, y por tanto, no se había continuado con la etapa procedimental correspondiente ni se había dictado la resolución final, ya que no se había proveído sobre la prosecución del juicio, puntual y oportunamente, respetando los términos y plazos que para cada actuación prevé la ley, tal y como se estableció en el fallo protector. En ese tenor, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, esto es, se le impuso una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para que diera tramite al incidente de inejecución respectivo (fojas 101 y 102), el cual fue resuelto el diez de febrero de dos mil catorce, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, dentro del incidente de inejecución 3/2014, cuyos puntos resolutivos fueron: ". PRIMERO. Se REVOCA la resolución de dieciséis de enero de dos mil catorce, dictada por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla. --- SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente ejecutoria y devolver los autos a la juez de distrito." (Fojas 184 vuelta y 185) Por lo anterior, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil catorce (fojas 186 y 187), se tuvieron por recibidos los autos del juicio en que se actúa y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de quince días informara sobre el cumplimiento. Por oficio 2518 de siete de octubre de dos mil catorce, la autoridad responsable, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla informó que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por proveído de seis de octubre de dos mil catorce, ordenó dar vista a la parte actora en el juicio de origen, para que en el término de tres días legalmente computado, proporcionara un domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, en virtud de la razón actuarial de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, en la que se hizo constar la imposibilidad para emplazar a dicho demandado (fojas 215 y 216). En ese orden de ideas, por oficio 2953 de treinta de octubre de dos mil catorce, la autoridad responsable informó que por auto de la misma data, tuvo a la parte actora desahogando la vista concedida, en el sentido de manifestar que desconocía el domicilio del referido demandado, por lo que ordenó girar oficios a diversas dependencias que cuentan con registros de personas, a fin de localizar un domicilio cierto y correcto para llevar el emplazamiento respectivo (fojas 225 a 232). Así, por oficio 577, recibido el veinticinco de febrero de dos mil quince, el presidente del tribunal responsable informó que en vías de cumplimiento a la ejecutoria, por auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, ordenó dar vista nuevamente a la parte actora en el juicio de origen, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto de la razón asentada por el actuario de su adscripción, apercibiéndola que en caso de no realizar manifestación alguna en el término concedido para ello, se tendría por no interpuesta la demanda en contra del demandado Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, y empezaría a correr en su perjuicio el término previsto por la ley para la caducidad (fojas 279 a 283). No obstante, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince, se hizo saber a la autoridad responsable que no puede trasladar a la parte actora en el procedimiento de origen, la carga procesal de manifestarse en relación al emplazamiento de la parte demandada Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, pues dicho llamamiento a juicio deriva de una sentencia de amparo, de lo que se sigue que es obligación de la citada autoridad responsable, realizar todas las gestiones necesarias para alcanzar el objeto del fallo protector dictado en este juicio, por tanto, no puede determinarse que la falta de sus manifestaciones traería como consecuencia tener por no interpuesta la demanda respecto del referido demandado y en su momento la caducidad del asunto, por lo que se requirió de nueva cuenta al Tribunal de Arbitraje del Estado que diera cabal cumplimiento al fallo protector (fojas 284 y 285). Por oficio 695, de cinco de marzo de dos mil quince, la autoridad responsable informó que dejó insubsistentes los apercibimientos decretados en autos a la parte actora, ya que es su obligación proveer lo necesario para lograr el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ordenando así girar de nueva cuenta oficios a diversas dependencias para realizar las investigaciones conducentes, a fin de obtener un domicilio cierto y correcto del demandado para llevar a cabo el emplazamiento respectivo (fojas 289 a 298). Posteriormente, mediante diversos oficios, la responsable informó la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento del demandado Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte al juicio de origen, habida cuenta que diversas dependencias que cuentan con registros de personas no encontraron dato alguno relacionado con el demandado en comento. Así, por oficio 695, de nueve de septiembre dos mil quince, recibido en este juzgado el día hábil posterior, el tribunal responsable informó que el Jefe de Departamento de Registro Ciudadano y Extranjería proporcionó un domicilio a nombre del demandado Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, por lo que ordenó turnar los autos al actuario de su adscripción para llevar a cabo el emplazamiento respectivo (fojas 462 a 473). En ese tenor, mediante oficio 3127, de veintiocho de septiembre dos mil quince, el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, informó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, habida cuenta que mediante razón actuarial de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento del demandado Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, ya que la diligencia se entendió con persona distinta al mismo, la cual manifestó no conocer a ninguna persona con el nombre del demandado (fojas 486 a 493). Finalmente, mediante oficio 3849, recibido en este órgano jurisdiccional el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el tribunal responsable informó la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, habida cuenta que por diverso oficio SFA-DRH-3667/2015 signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se hizo constar la inexistencia en sus archivos de registro alguno a nombre del demandado Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte (fojas 548 a 551). En las relatadas condiciones, resulta palmario que existe imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, toda vez que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de manera eficaz, evitando dilaciones innecesarias, proveyera sobre la prosecución del juicio, puntual y oportunamente, respetando los términos y plazos que para cada actuación previera la ley, hecho lo cual, continuara con la etapa procedimental que correspondiera hasta el dictado de la resolución final, esto es, el amparo concedido además de ordenar el emplazamiento correspondiente a Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte, llevaba implícita la obligación de tramitar y concluir el procedimiento, con prontitud y en los términos que señala la Ley de los Trabajadores al Servicio del estado de Puebla, y en su caso, la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática mencionada, pues sólo así podría observar y respetar la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, no obstante, de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que pese a las gestiones realizadas por la autoridad responsable para dar con el domicilio del citado demandado, no se obtuvo resultado favorable para estar en aptitud de llevar a cabo el emplazamiento respectivo. Así, al haber sido declarada la imposibilidad para dar con el paradero de Jorge Eduardo Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte Prieto y/o Jorge Bracamonte y/o Licenciado Bracamonte a fin de emplazarlo al juicio de origen, y dado que uno de los efectos para los que se concedió el amparo fue precisamente para que fuera llamado a juicio; luego, no existe materia de cumplimiento. Por tanto, existe imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, en la inteligencia que de no hacerlo en el lapso concedido, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 de la citada Ley.

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