María Gladys Martínez de Santos
Expediente 1868/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1868/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/08/2022
Partes del expediente
- María Gladys Martínez de Santos
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra la notificación personal a la parte quejosa conforme a lo ordenado en el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual se realizó el pronunciamiento en relación con el cumplimiento a la sentencia recaída al presente juicio de amparo. Comisiono actuario. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que realice dicha diligencia y una vez hecha, la vincule al expediente electrónico. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el siete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el seis de enero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí o a través del Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, en Encarnación de Díaz, Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita; y, 2. Devolver a María Gladys Martínez de Santos, la cantidad, de la manera siguiente: Quejoso Recibo Oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver María Gladys Martínez de Santos. A 52784626 10105 $5,543.00 $499.00 $5,044.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea Número Treinta y tres, con sede en Encarnación de Díaz, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por medio del comunicado PFE-DCHE-JA-11526, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-11525, de uno de abril de dos mil veintidós, dirigido a la Directora de Servicios al Contribuyente, en el que le solicitó la actualización de la cantidad pagada por la incoante mediante el recibo oficial A52784626. Por medio del oficio PFE-DCHE-JA-13420, la autoridad administrativa en comento, remitió copia certificada del diverso PFE-DCHE-JA-13417-22, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dirigido al Director de Gastos de Operación y de Obra, en el que le solicitó la emisión del contra recibo a favor de la incoante, valioso por la cantidad de $5,268.96 (cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional). La citada autoridad mediante el comunicado PFE-DCHE-JA-15849, allegó copia certificada del Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que impone el artículo tildado de inconstitucional, ordenando la devolución de la cantidad antes señalada, así como del acuse correspondiente a la orden de pago 2089156, de doce de mayo de dos mil veintidós, valioso por la cantidad en comento. Con lo cual, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro desincorporó de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que impone el artículo tildado de inconstitucional, ordenando la devolución de la cantidad de $5,268.96 (cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, Téngase por recibido el oficio PF-DC-JA-15849 que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, por concepto de derechos de registro de actos, aplicando únicamente la cuota fija mínima de $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y como consecuencia, se ordenó devolver a la quejosa María Gladys Martínez Santos, la cantidad $5,268.96 (cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional), para tal efecto allega copia certificada del contra-recibo número 2089156 y cheque respectivo, así como la notificación realizada a la parte quejosa, además informa que el doce de mayo de dos mil veintidós, se hizo presente ante esa dependencia el apoderado de la parte quejosa, a quien le fue entregado la orden de pago y cheque que amparan la devolución de que se trata, constancias con las que acredita las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de seis de enero de dos mil veintidós, mediante la cual por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se concedió el amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que la autoridad responsable: ".SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí o a través del Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, en Encarnación de Díaz, Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita; y, 2. Devolver a María Gladys Martínez de Santos, la cantidad, de la manera siguiente: Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda." Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, conviene precisar que el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco, tienen imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento, en razón de las funciones legislativas que desempeñaron; y, dado que al carecer el juicio de amparo, de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en dicho proceso, a efecto de derogar o dejar sin efectos dicho ordenamiento, resulta ocioso exigirles su cumplimiento en ese sentido, así como el acto de aplicación por no ser autoridades ejecutoras, por lo que no se les requiere cumplimiento alguno. Sirve de apoyo, la tesis ejecutoria 2ª. CXV/97, aplicada por analogía, visible en la página 414 del tomo VI, Octubre de 1997, novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (REFRENDO Y PUBLICACIÓN), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulta inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo" En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí o a través del Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, en Encarnación de Díaz, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, cumplan con los efectos del fallo protector y lo acrediten con las constancias conducentes, o bien, informen las gestiones que se encuentran realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tengan para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa a la omisa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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