María Geraldine Ponce Méndez

Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
399/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • María Geraldine Ponce Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, once de abril de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que pase inadvertido, que la oficiante señale que acompaña las copias simples en las que sustenta su dicho -las gestiones para el acatamiento a la ejecutoria de autos-, sin embargo, del sello de recibo de la oficialía de partes de este juzgado, se aprecia que no adjuntó documento alguno. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acredite haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria, esto es, ******************** Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Te´ngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a trave´s del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del te´rmino de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificacio´n del presente provei´do, manifieste lo que a su intere´s legal convenga, en relacio´n con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este o´rgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de me´rito y dema´s elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relacio´n con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11, fracción II y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa; hecho que implica que no deberá restar o detener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. De igual modo, la autoridad ejecutora deberá devolver a la parte quejosa las cantidades que se le descontaron por el "concepto 504" (fondo de pensiones), con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Resolución que causo ejecutoria el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el veintitrés de enero y diecisiete de febrero, ambos de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acreditó haber devuelto a la parte quejosa la cantidad de $672.81 (seiscientos setenta y dos pesos 81/100, moneda nacional), mediante transferencia electrónica de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; al cual acompañó a demás, las operaciones aritméticas por las que obtuvo dicha cantidad; lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Sin que obste lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa al contestar la vista de tres días que le fue concedido por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de que no se debe de tener por cumplido el fallo protector, ya que aduce que dicha devolución únicamente se está realizando por las cantidades de $532.75 (quinientos treinta y dos pesos 75/1000, moneda nacional) y $140.06 (ciento cuarenta pesos 06/100, moneda nacional), las cuales son las correspondientes a dos ciclos el 21 y 22 que sumadas ambas, resulta la cantidad de $672.81 (seiscientos setenta y dos pesos 81/100, moneda nacional), que es el monto que le fue devuelto por la responsable. Pues sigue argumentando que no se está acatando lo establecido en el considerando quinto de la sentencia, en el sentido de que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus facultades cubra las cantidades por el "Concepto 506", que a dicho de la parte quejosa corresponden desde el día en que se le realizó el primer descuento por dicho concepto con las actualizaciones respectiva, con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales, que serían dieciséis años, nueve meses y dieciocho días, los que se le debe de restituir a la parte agraviada. Así, contrario a lo argüido por la parte quejosa, en la sentencia no se determinó que se deberían devolver los descuentos que durante dieciséis años, nueve meses y dieciocho días, refirió haber efectuado por el concepto 506; pues ello, no fue materia de concesión, como se estableció en el fallo protector emitido en autos. Sino más bien, se falló en el sentido de que la quejosa ahora pensionada - a partir del uno de noviembre de dos mil veintidós -, se ubica en una situación legal distinta a la del trabajador activo, por lo que no existe razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación. Al respecto, se transcribe lo conducente y asentado en la sentencia de amparo: "Luego, como la pensionada se ubica en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aporta el trabajador, tienen como objetivo que una vez satisfechos los requisitos legales pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia, una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, por lo que al ubicarse en alguna de las hipótesis legales para obtener una pensión, no puede equiparar esa situación jurídica frente a quienes aún se encuentran en el periodo en el que legalmente están aportando las cuotas que les corresponden para en un futuro acceder a ese derecho y no hay razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo relativo, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación. En ese contexto, el derecho de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación de la pensionada del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso". ¨[.] "En esa línea argumentativa, la consecuencia jurídica de tildar de inconstitucionales los 11, fracción II, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, es su desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se traduce en el plano fáctico como la devolución de las aportaciones que realizó al fondo de pensiones en su calidad de pensionada, esto es, desde la primer quincena de noviembre de dos mil veintidós". [Lo resaltado o es de origen] De ahí que entonces, se reitera a la parte quejosa que las devoluciones respectivas deben de corresponder a partir de que se ubicó en una situación legal distinta a la del trabajador activo, esto es, como jubilada o pensionada, lo cual ocurrió a partir de la primera quincena del mes de noviembre de dos mil veintidós, ya que desde esa data las aportaciones que como descuento le fueron realizadas por el concepto 506, a la fecha de emisión de la sentencia, resultan ser inconstitucionales de acuerdo a las consideraciones y argumentos expuestos en la sentencia de amparo. Por tanto, si no estaba de acuerdo con los efectos concesorio del amparo, tuvo la oportunidad de hacer valer el recurso respectivo para combatir esa determinación, lo que en el caso no aconteció. Archivo. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino cuadernos incidentales. En cuanto al original del incidente de suspensión es depurable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se concedió a la parte quejosa; y, el duplicado es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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