María Georgina Fuentes González

Expediente 1174/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1174/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • María Georgina Fuentes González
  • Valeria María Lara Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VI.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto Familiar de Toluca Estado de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que adjuntó como complemento a su informe rendido en autos, consistentes en copia certificada del expediente 1369/2018, así como dos audios de videograbación de la audiencia inicial de dieciséis de agosto del año en curso y de la escucha de los menores de veinte de septiembre de la presente anualidad; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento inserto a la autoridad oficiante en el acuerdo de veintidós de noviembre último (fojas 99 y 100), y sin efectos el apercibimiento respectivo. En su oportunidad, remítase materialmente el presente asunto al archivo.

  2. Principal

    VI.- La certificación de cuenta evidencia que las partes a quienes pudiera causar perjuicio, no interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En el libro de gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En esas condiciones, mediante oficio, remítanse a la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, los documentos que adjuntó como complemento a su informe justificado, esto es, un anexo consistente en copias certificadas del expediente 1369/2018, así como dos audios de videograbación de la audiencia inicial de dieciséis de agosto del año en curso y de la escucha de los menores de veinte de septiembre de la presente anualidad. Se requiere a la responsable, el acuse de recibo respectivo, con el apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le aplicará una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 259, en relación con los diversos 237, fracción I y 238, todos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse negado la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En ese contexto, se ordena glosar el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa; manténgase por cuerda separada el duplicado y glósese copia autógrafa e íntegra de la presente resolución para los efectos legales conducentes. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    VI.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado, y remite copia certificada del expediente 1369/2018, de su índice estadístico, así como dos discos compactos en formato DVD, que contienen videograbación de la audiencia inicial de dieciséis de agosto del año en curso, así como la escucha de los menores, de veinte de septiembre de esta anualidad, lo anterior para acreditar la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen. Así pues, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la responsable y con los anexos aludidos, acuérdese lo que en derecho corresponda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones vía electrónica, no se considera necesaria su digitalización, aunado a que éstas no se incorporarán al expediente en que se actúa para la debida conservación y cuidado de éstas; por tanto, fórmese el anexo correspondiente, el cual deberá estar debidamente identificado. Ahora, visto el estado procesal del presente asunto, conviene precisar que de la demanda de amparo e informe justificado que se acuerda en párrafos que preceden se advierte que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la resolución dictada en el recurso de revocación, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1369/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se confirmó la revisión de las medidas provisionales, consistentes en la guarda y custodia de los menores de edad, pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias. Luego, la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, además, de las constancias remitidas, se advierte que con data siete de octubre del año que transcurre, emitió diversa resolución en torno a las medidas provisionales decretadas; esto es, dejó sin efectos aquellas medidas provisionales decretadas el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó de manera provisional, la guarda y custodia de los menores de edad, a favor de su progenitor Jesús Lara Chávez, además, fijó una pensión alimenticia a favor de los infantes, a cargo de su progenitora María Georgina Fuentes González y, finalmente, estableció un régimen de visitas y convivencias para la madre de los menores. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al haber sido expedidas por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, este juzgador advierte que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. (.)" Lo anterior es así, toda vez que se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de revocación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1369/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se confirmó la revisión de las medidas provisionales consistentes en la guarda y custodia de los menores de identidad reservada involucrados en el juicio natural, pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias; sin embargo, el siete de octubre del año en curso, la autoridad responsable, emitió una nueva resolución en la que se pronunció sobre cada una de las medidas provisionales y acciones necesarias para asegurar la protección y cuidado de los menores de edad, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables. Esto es, dejó sin efectos aquellas medidas provisionales decretadas el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó de manera provisional, la guarda y custodia de los menores de edad, a favor de su progenitor Jesús Lara Chávez, además, fijó una pensión alimenticia a favor de los infantes, a cargo de su progenitora María Georgina Fuentes González y, finalmente, estableció un régimen de visitas y convivencias para la madre de los menores. Por tanto, es evidente que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener el acto que aquí se reclama, el cual ha sido sustituido por diversa resolución, razón por el cual resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos de la quejosa María Georgina Fuentes González, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo de la resolución reclamada de data dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, y decidir sobre la constitucionalidad de ésta, sin afectar la nueva situación jurídica que rige en el juicio de origen (resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve). En las relatadas condiciones, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa María Georgina Fuentes González, ya no se encuentra sujeta a los términos de la resolución de dieciséis de agosto pasado, por virtud de la diversa de siete de octubre de este año. Por lo anterior, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre del año en curso.

  4. Principal

    VI.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO Y SE LES NOTITICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE QUE DICE:Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado, y remite copia certificada del expediente 1369/2018, de su índice estadístico, así como dos discos compactos en formato DVD, que contienen videograbación de la audiencia inicial de dieciséis de agosto del año en curso, así como la escucha de los menores, de veinte de septiembre de esta anualidad, lo anterior para acreditar la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen. Así pues, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la responsable y con los anexos aludidos, acuérdese lo que en derecho corresponda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones vía electrónica, no se considera necesaria su digitalización, aunado a que éstas no se incorporarán al expediente en que se actúa para la debida conservación y cuidado de éstas; por tanto, fórmese el anexo correspondiente, el cual deberá estar debidamente identificado. Ahora, visto el estado procesal del presente asunto, conviene precisar que de la demanda de amparo e informe justificado que se acuerda en párrafos que preceden se advierte que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la resolución dictada en el recurso de revocación, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1369/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se confirmó la revisión de las medidas provisionales, consistentes en la guarda y custodia de los menores de edad, pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias. Luego, la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, además, de las constancias remitidas, se advierte que con data siete de octubre del año que transcurre, emitió diversa resolución en torno a las medidas provisionales decretadas; esto es, dejó sin efectos aquellas medidas provisionales decretadas el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó de manera provisional, la guarda y custodia de los menores de edad, a favor de su progenitor Jesús Lara Chávez, además, fijó una pensión alimenticia a favor de los infantes, a cargo de su progenitora María Georgina Fuentes González y, finalmente, estableció un régimen de visitas y convivencias para la madre de los menores. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al haber sido expedidas por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, este juzgador advierte que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. (.)" Lo anterior es así, toda vez que se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de revocación de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1369/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se confirmó la revisión de las medidas provisionales consistentes en la guarda y custodia de los menores de identidad reservada involucrados en el juicio natural, pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias; sin embargo, el siete de octubre del año en curso, la autoridad responsable, emitió una nueva resolución en la que se pronunció sobre cada una de las medidas provisionales y acciones necesarias para asegurar la protección y cuidado de los menores de edad, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables. Esto es, dejó sin efectos aquellas medidas provisionales decretadas el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó de manera provisional, la guarda y custodia de los menores de edad, a favor de su progenitor Jesús Lara Chávez, además, fijó una pensión alimenticia a favor de los infantes, a cargo de su progenitora María Georgina Fuentes González y, finalmente, estableció un régimen de visitas y convivencias para la madre de los menores. Por tanto, es evidente que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener el acto que aquí se reclama, el cual ha sido sustituido por diversa resolución, razón por el cual resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos de la quejosa María Georgina Fuentes González, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo de la resolución reclamada de data dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, y decidir sobre la constitucionalidad de ésta, sin afectar la nueva situación jurídica que rige en el juicio de origen (resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve). En las relatadas condiciones, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa María Georgina Fuentes González, ya no se encuentra sujeta a los términos de la resolución de dieciséis de agosto pasado, por virtud de la diversa de siete de octubre de este año. Por lo anterior, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre del año en curso.

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