María Genoveva Hernández y Rojano

Expediente 1406/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1406/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
24/09/2015

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje
  • María Genoveva Hernández y Rojano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa María Genoveva Hernández y Rojano, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable Autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Acto reclamado, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es La omisión de acordar su escrito de doce de mayo de dos mil quince, por el que solicita la apertura del incidente de liquidación, en el que señale fecha y hora para su deshaogo, así como la notificación que le haya recaído a dicha determinación dentro del expediente laboral 764/2010. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de tres de agosto de dos mil quince, se acordó la procedente respecto al escrito de la quejosa de doce de mayo de dos mil quince, presentado ante la autoridad responsable el mismo día, y se realizó su correspondiente notificación el veintisiete de agosto de dos mil quince, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral 764/2010, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que María Genoveva Hernández y Rojano acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla de acordar su escrito de doce de mayo de dos mil quince, presentado ante la autoridad responsable el mismo día, así como la falta de notificación del auto que le recayera. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el tres de agosto de dos mil quince, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que se proveyó lo pertinente respecto al escrito de la quejosa presentado el doce de mayo de dos mil quince, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo propuesta por la aquí quejosa dentro del expediente laboral 764/2010, así como realizó la notificó de dicha determinación a la parte actora el veintisiete de agosto del año en curso. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de tres de agosto de dos mil quince dentro del juicio laboral 764/2010, en el que se tuvo a María Genoveva Hernández y Rojano presentando su escrito de doce de mayo del año en curso, en el que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación de laudo propuesta por la aquí quejosa, notificándole dicha determinación a la parte actora el veintisiete de agosto del año en referencia, y cuyas omisiones se reclaman, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito presentado el doce de mayo de dos mil quince dentro de los autos del expediente 764/2010 y realizara su correspondiente notificación, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el tres de agosto de dos mil quince, la responsable emitió el acuerdo correspondiente y lo notificó a la quejosa el veintisiete de agosto del año en curso. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que María Genoveva Hernández y Rojano reclamó de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las once horas con veinticinco minutos del ocho de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil quince. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María Genoveva Hernández y Rojano, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de cinco de agosto de dos mil quince; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no solicitó la suspensión de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis aislada LXXXIX emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 516, que señala: "SUSPENSIÓN. Sólo cuando se trata de la suspensión de oficio, puede el Juez decretarla sin la respectiva petición de la parte interesada, pero cuando no se trata de esta clase de suspensión, sino de la que se rige conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez sólo puede conceder o negar una suspensión dentro del marco estricto de una petición formulada por las partes, pues de otro modo oficiosamente actuaría sin estar facultado para ello, lo que sucede en el caso en el que el quejoso en su primera petición, contenida en la demanda de amparo solicitó la suspensión de cierto acto, y posteriormente, antes de celebrarse la audiencia, rectificó esa petición de manera expresa, en el sentido de que no solicitaba la suspensión del referido acto, y a pesar de ello, el Juez de Distrito concedió ese beneficio, contra la voluntad manifiesta del peticionario, lo que indudablemente lo agravia." 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las once horas con veinticinco minutos del ocho de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Con fundamento en el precepto 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la moral denominada "Afore XXI", Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberán ser emplazados por medio de oficios que para tal efecto se libren, a los que se les anexará una copia simple de la demanda que originó el presente juicio, en términos del diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia. Por otra parte, la moral denominada "Afore XXI", Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá ser emplazada a través de quien legalmente la represente por conducto del actuario de la adscripción, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, con una copia simple de la misma y una copia certificada del presente auto; debiendo requerirle para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se harán por lista aun las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia; asimismo, deberá notificar el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XX. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 379, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. La fracción IV, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento ya sea manifestándolo expresamente, o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que si de las constancias de autos se advierte que la señalada institución no fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que se subsane esa omisión." 8 PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba. 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis VI.1o.A.38 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, con número de registro 2009058, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el ocho de mayo de dos mil quince, de rubro y texto siguientes: "MUNICIPIOS CONURBADOS. LO SON LOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y CUAUTLANCINGO, POR LO QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE EN ELLOS TIENEN SU RESIDENCIA COINCIDEN CON LA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, RESPECTO DE ELLAS DEBE CELEBRARSE UNA SOLA AUDIENCIA INCIDENTAL, AL NO DARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE AMPARO PARA DIFERIR DICHA AUDIENCIA, PUES NINGUNA DE ELLAS PUEDE CONSIDERARSE COMO FORÁNEA. En términos de la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, por conurbación debe entenderse la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, y del Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se obtiene que se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Consecuentemente, si las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en cualquiera de los referidos Municipios, ésta es la misma que la de los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, establecidos en San Andrés Cholula, Puebla, por lo que en el incidente de suspensión debe celebrarse una sola audiencia incidental, al no actualizarse el contenido del artículo 141 de la Ley de Amparo, que indica que puede celebrarse una primera audiencia por las autoridades residentes en el mismo lugar que el órgano que conoce del amparo, y que sólo podrá celebrarse otra en el supuesto de que la autoridad responsable no rinda oportunamente su informe previo, pero en atención a que su residencia esté en un lugar diverso al del Juez Federal, es decir, por ser autoridad foránea, supuesto que no se da ante la referida conurbación. En consecuencia, si el Juez de Distrito da a alguna de las autoridades que residen en los Municipios conurbados el trato de foránea, con la consecuencia de la celebración de dos audiencias incidentales, se viola el principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para dicha audiencia e incurre en una violación al procedimiento del incidente de suspensión susceptible de reponerse, a fin de que atendiendo a esa finalidad de concentración procesal se celebre una sola audiencia con el dictado de una sola resolución interlocutoria, con el objeto de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de la suspensión respectiva." 10 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil quince. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María Genoveva Hernández y Rojano, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de cinco de agosto de dos mil quince; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no solicitó la suspensión de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis aislada LXXXIX emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 516, que señala: "SUSPENSIÓN. Sólo cuando se trata de la suspensión de oficio, puede el Juez decretarla sin la respectiva petición de la parte interesada, pero cuando no se trata de esta clase de suspensión, sino de la que se rige conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez sólo puede conceder o negar una suspensión dentro del marco estricto de una petición formulada por las partes, pues de otro modo oficiosamente actuaría sin estar facultado para ello, lo que sucede en el caso en el que el quejoso en su primera petición, contenida en la demanda de amparo solicitó la suspensión de cierto acto, y posteriormente, antes de celebrarse la audiencia, rectificó esa petición de manera expresa, en el sentido de que no solicitaba la suspensión del referido acto, y a pesar de ello, el Juez de Distrito concedió ese beneficio, contra la voluntad manifiesta del peticionario, lo que indudablemente lo agravia." 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve el oficio que contiene la trascripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, se tendrá como inexistente y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las once horas con veinticinco minutos del ocho de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Con fundamento en el precepto 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la moral denominada "Afore XXI", Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberán ser emplazados por medio de oficios que para tal efecto se libren, a los que se les anexará una copia simple de la demanda que originó el presente juicio, en términos del diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia. Por otra parte, la moral denominada "Afore XXI", Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá ser emplazada a través de quien legalmente la represente por conducto del actuario de la adscripción, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, con una copia simple de la misma y una copia certificada del presente auto; debiendo requerirle para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se harán por lista aun las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia; asimismo, deberá notificar el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XX. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 379, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. La fracción IV, del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento ya sea manifestándolo expresamente, o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que si de las constancias de autos se advierte que la señalada institución no fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que se subsane esa omisión." 8 PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba. 9 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis VI.1o.A.38 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, con número de registro 2009058, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el ocho de mayo de dos mil quince, de rubro y texto siguientes: "MUNICIPIOS CONURBADOS. LO SON LOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y CUAUTLANCINGO, POR LO QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE EN ELLOS TIENEN SU RESIDENCIA COINCIDEN CON LA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, RESPECTO DE ELLAS DEBE CELEBRARSE UNA SOLA AUDIENCIA INCIDENTAL, AL NO DARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE AMPARO PARA DIFERIR DICHA AUDIENCIA, PUES NINGUNA DE ELLAS PUEDE CONSIDERARSE COMO FORÁNEA. En términos de la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, por conurbación debe entenderse la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, y del Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se obtiene que se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Consecuentemente, si las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en cualquiera de los referidos Municipios, ésta es la misma que la de los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, establecidos en San Andrés Cholula, Puebla, por lo que en el incidente de suspensión debe celebrarse una sola audiencia incidental, al no actualizarse el contenido del artículo 141 de la Ley de Amparo, que indica que puede celebrarse una primera audiencia por las autoridades residentes en el mismo lugar que el órgano que conoce del amparo, y que sólo podrá celebrarse otra en el supuesto de que la autoridad responsable no rinda oportunamente su informe previo, pero en atención a que su residencia esté en un lugar diverso al del Juez Federal, es decir, por ser autoridad foránea, supuesto que no se da ante la referida conurbación. En consecuencia, si el Juez de Distrito da a alguna de las autoridades que residen en los Municipios conurbados el trato de foránea, con la consecuencia de la celebración de dos audiencias incidentales, se viola el principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para dicha audiencia e incurre en una violación al procedimiento del incidente de suspensión susceptible de reponerse, a fin de que atendiendo a esa finalidad de concentración procesal se celebre una sola audiencia con el dictado de una sola resolución interlocutoria, con el objeto de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de la suspensión respectiva." 10 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

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