María Genoveva Gutiérrez Sánchez
Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Genoveva Gutiérrez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
se declara que la misma causa ejecutoria. No es obstáculo para lo anterior el que no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios enviados a las autoridades responsables foráneas, con los que se pretende notificarles la sentencia dictada en el presente juicio, pues dado el sentido de dicho fallo a la única que perjudica es a la parte quejosa. Toda vez que en el presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que tanto este expediente, como el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 349/2020-III
- Incidental
R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el trece de agosto último, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, María Genoveva Gutiérrez Sánchez, por propio derecho, promovió demanda de amparo por propio derecho y solicitó la suspensión de los actos que reclama, los cuales se hacen consistir en: "A. Del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: ARTICULO QUINTO. - Las Autorizaciones, concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley se abroga, continuaran operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. B. Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se en publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número veinticuatro de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinte, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación." Asimismo, la quejosa solicita la suspensión provisional y definitiva para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de las normas impugnadas en su esfera jurídica. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, de cuyo contenido se aprecia que por proveído de diecisiete de agosto último, dictado en autos del juicio de amparo 955/2020-VII-4, el titular de dicho órgano declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda que dio origen a dicho procedimiento constitucional, promovida por la quejosa, tomando en consideración para ello que el acto reclamado tendrá ejecución en esta ciudad fronteriza, donde ejerce jurisdicción esta potestad; declinando competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en Ciudad Juárez. TERCERO. El veintisiete de agosto último, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el oficio 16494/2020, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitió los autos originales del juicio de amparo 955/2020-VII-4, turnado en esa fecha a este juzgado, donde por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se dio inicio al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 349/2020-III, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, diferida en diversas ocasiones hasta llegar al día de hoy, la cual inició en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver en este incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 35, 37, 125 y 146, de la Ley de Amparo; por derivar de un juicio de amparo promovido contra actos de autoridad que se estiman violatorios de derechos fundamentales, cuya ejecución tendría lugar en el ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. En los informes previos rendidos por las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, convinieron en la existencia de los actos que les atribuye la peticionaria de amparo. Ante tal manifestación, se tienen por ciertos los actos que de dichas autoridades responsables se reclama. TERCERO. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de determinar si es procedente o no conceder la suspensión de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, es necesario mencionar, en principio, que del contenido de la demanda de amparo y del diverso aclaratorio, se advierte que los actos que reclama la quejosa se hacen consistir en: "A. Del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: ARTICULO QUINTO. - Las Autorizaciones, concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley se abroga, continuaran operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. B. Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se en publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número veinticuatro de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinte, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación." En tanto que en su respectivo escrito aclaratorio señaló: ". me permito citar en específico los artículos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua que violan la esfera jurídica de la suscrita, los cuales son los siguientes: Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120, 150, fracción II." Asimismo, la quejosa solicita la suspensión provisional y definitiva para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de las normas impugnadas en su esfera jurídica. CUARTO. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en la especie resulta improcedente otorgar la suspensión definitiva solicitada por la promotora del amparo María Genoveva Gutiérrez Sánchez, puesto que es improcedente contra leyes en sí, dado que no es el proceso de creación de las normas materia de la suspensión, según se observa de la demanda de amparo, sino la aplicación de las disposiciones que tilda de inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 356, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 409, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del epígrafe siguiente: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las Leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo". También es aplicable en este aspecto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 775, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Aunado a lo anterior, deviene improcedente conceder la medida suspensional en los términos en que la solicita, puesto que los actos que combate revisten el carácter de consumados; además de que, dados los conceptos de violación aducidos por la quejosa, ello, constituye el estudio de la materia del fondo en el amparo. Ello es así, pues de concederse la medida cautelar, se estaría dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el expediente principal se dicte, pues si bien es cierto, que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho a la parte quejosa, que hace posible anticipar con cierto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Tiene aplicación, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y uno del Tomo: XVI, Diciembre de dos mil dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." Aunado a lo anterior, cabe mencionar que las normas jurídicas que nos ocupan, por su naturaleza y efectos, son de orden y utilidad pública e interés social, por lo cual, de otorgarse la suspensión en los términos pedidos por la parte quejosa, se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, básicamente ya que la Ley reclamada emerge con la finalidad de regular y mejorar el transporte público en el Estado de Chihuahua, y toda la sociedad está interesada a que se realicen las regulaciones y mejoras. Lo anterior ya que la sociedad está interesada en que el servicio (transporte) se preste en condiciones óptimas que dignifiquen a los usuarios. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que, de hacerlo, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues ello impediría que la colectividad obtenga un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad. Esto atendiendo a que la prestación del servicio de transporte se debe desarrollar bajo circunstancias que otorguen seguridad, calidad y eficacia a los usuarios que requieren de ese servicio, pues se debe garantizar la entrada de rutas ya establecidas o de nueva creación, control administrativo consistente en informar quiénes son las personas que prestan el servicio, lo que permite, entre otras cosas, determinar si dichos prestadores se encuentran autorizados para ello (otorgando así seguridad al usuario). Así, en su conjunto permiten satisfacer adecuadamente la necesidad colectiva del transporte, satisfaciendo el interés social y regulando el orden público a que se refiere el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su resolución. Resulta pues indudable que los Jueces, en casos determinados, pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y no podrían declarar éstos que no siendo ya aplicable una ley en los conceptos que la informaron por cuestión de orden público, conserva aún ese carácter y que subsisten sus finalidades." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales. Tesis: 921. Página: 1043.) "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales. Tesis: 922. Página: 1044.) Asimismo, por el criterio que sostienen, las tesis de rubro: "TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE ASIGNAR Y SUSCRIBIR LOS RELATIVOS A LAS RUTAS TRONCALES O COMPLEMENTARIAS, RESPECTO DE LAS CUALES LOS QUEJOSOS TENGAN CELEBRADOS CONTRATOS DE SUBROGACIÓN A SU NOMBRE."(Décima Época, Registro: 2016207, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: III.5o.A.50 A (10a.), Página: 1568). "TRANSPORTE. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10, 52, 60, 73 BIS, 85 BIS Y 122 BIS DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE TUTELAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PÚBLICO BAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA EN BENEFICIO DEL INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)." (Novena Época, Registro: 174827, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: VI.3o.A.279 A, Página: 1224). En esas condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a María Genoveva Gutiérrez Sánchez, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Chihuahua; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, Secretario que autoriza lo actuado y da fe; con lo cual concluye la audiencia incidental. Doy fe. JEBG/PDTC/CPG
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo comunicado en las Circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020 de treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se hace del conocimiento que en sesiones de esas datas, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua"; en el que se adoptó, entre otras medidas, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; y como consecuencia, la suspensión de los plazos y términos procesales durante catorce días, contados a partir del treinta y uno de octubre al trece de noviembre del año en curso, así como su extensión del catorce al veintisiete del mismo mes y año, días en los que se dejó de actuar en este asunto, por lo que no se llevó acabo la audiencia de ley prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite del presente juicio de amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa; con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Se tiene a la citada autoridad señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y designando como sus delegados a los profesionistas que refiere, en términos del artículo 9 de la ley en la materia. Finalmente, respecto a la probanza que anuncia, consistente en la inspección judicial, que deberá versar sobre los enlaces (links) que detalla en su oficio, con el objeto de verificar la veracidad y contenido de la videograbación, audio y documentales, a fin de corroborar los argumentos vertidos en su informe; conviene tener presente que el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.". Del contenido del artículo antes transcrito, se desprende, entre otras cosas, que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En la especie, el oficio en el que se ofrece el aludido medio de convicción, según se advierte de la certificación que precede, fue recibido en el correo electrónico de este juzgado, el uno de diciembre último, y la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fue programada para las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veinte; por lo que es claro que su anuncio se practicó fuera del término exigido por el artículo en cita. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por extemporánea la inspección judicial que ofrece la autoridad responsable de que se trata. Sin dejar de mencionar que no se trata de algún caso de excepción para su ofrecimiento y admisión, pues dicha prueba no versa sobre hechos novedosos o supervenientes, según se advierte de las propias manifestaciones que se vierten en su ofrecimiento. Tiene aplicación al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 7/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, página 53, del rubro y contenido siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, Secretario que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. JEBG/PDTC/fbs*
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