María García Arias
Expediente 365/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María García Arias
- Asunción Cervantes Hernández
- Pedro Mateo Martínez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el quince de junio del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de junio de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial que antecede, y del estado de autos, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte promovente, para que cumpliera con la prevención efectuada en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en relación con la demanda que presentó, feneció el día dos de junio de la presente anualidad, fecha en la que pretende desahogar la prevención de mérito, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido el día de ayer, con registro 7740; al respecto, al no desahogar la prevención formulada en los términos solicitados, no ha lugar a tener por cumplida la prevención efectuada el veinticuatro de mayo de este año. En efecto, el escrito de Alejandro Cervantes Jiménez, en su carácter de quejoso y representante común de la parte quejosa, pretende desahogar la prevención formulada por este juzgado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, si bien el ocursante fue designado como represente común; lo cierto es que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en donde refiere que el representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial, por lo que no lo faculta a realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las disposiciones regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6° de la ley en la materia. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción (excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8°, 11 y 15 de la Ley de Amparo) se pone en evidencia que su escrito aclaratorio también debe contar con las firmas autógrafas de los quejosos 2. PEDRO HERNÁNDEZ GAMES, 3. VALENTÍN GARCÍA GUTIÉRREZ, 4. GUADALUPE DOMÍNGUEZ CERVANTES, 5. RODOLFO FELIPE ARIAS, 6. VÍCTOR MATEO MARTÍNEZ, 7. HILARIA CRUZ GONZÁLEZ, 8. CARMEN CERVANTES GARCÍA, 9. EVELIA HERNÁNDEZ GAMEZ, 10. VICTORIA GARCÍA GUTIÉRREZ, 11. ADELINA HERNÁNDEZ GAMEZ, 12. MÓNICA SÁNCHEZ GARCÍA, 13. ANGELA GAMEZ JINEZ, 14. JOEL GARCÍA DOMINGUEZ, 15. JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA, 16. PEDRO MATEO MARTÍNEZ, 17. FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ, 18. CATALINA RAMÍREZ GARCÍA, 19. MARÍA GARCÍA ARIAS, 20. ANA GARCÍA RAMÍREZ, 21. GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 22. MARÍA DE LA LUZ TERA ARIAS, 23. ASUNCIÓN CERVANTES HERNÁNDEZ, 24. CIRILO SALAZAR OLMEDO, 25. SUSANA GARCÍA RAMÍREZ, 26. LEONARDO GARCÍA CERVANTES, 27. MARINA SANDOVAL MATEO y 28. REYNA DOMÍNGUEZ CERVANTES, o en su caso, de su apoderado o representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de los interesados e influyen en la configuración de la litis. Sin que en el caso se esté frente al supuesto de reactivar el plazo para que la parte quejosa lo utilice en su integridad, en términos de la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", ya que como se dejó asentado, el escrito fue presentado en el último día de dicho plazo, de manera que, al haberlo agotado, no existe un remanente del mismo que pueda respetarse a favor de su beneficiario. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del arábigo 114 de la Ley de Amparo vigente, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Lo que se notifica por este medio a la parte promovente, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo signada por 1. ALEJANDRO CERVANTES JIMÉNEZ, 2. PEDRO HERNÁNDEZ GAMES, 3. VALENTÍN GARCÍA GUTIÉRREZ, 4. GUADALUPE DOMÍNGUEZ CERVANTES, 5. RODOLFO FELIPE ARIAS, 6. VÍCTOR MATEO MARTÍNEZ, 7. HILARIA CRUZ GONZÁLEZ, 8. CARMEN CERVANTES GARCÍA, 9. EVELIA HERNÁNDEZ GAMEZ, 10. VICTORIA GARCÍA GUTIÉRREZ, 11. ADELINA HERNÁNDEZ GAMEZ, 12. MÓNICA SÁNCHEZ GARCÍA, 13. ANGELA GAMEZ JINEZ, 14. JOEL GARCÍA DOMINGUEZ, 15. JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA, 16. PEDRO MATEO MARTÍNEZ, 17. FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ, 18. CATALINA RAMÍREZ GARCÍA, 19. MARÍA GARCÍA ARIAS, 20. ANA GARCÍA RAMÍREZ, 21. GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 22. MARÍA DE LA LUZ TERA ARIAS, 23. ASUNCIÓN CERVANTES HERNÁNDEZ, 24. CIRILO SALAZAR OLMEDO, 25. SUSANA GARCÍA RAMÍREZ, 26. LEONARDO GARCÍA CERVANTES, 27. MARINA SANDOVAL MATEO y 28. REYNA DOMÍNGUEZ CERVANTES, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 365/2021. Háganse las anotaciones correspondientes y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN Se tiene como representante común a ALEJANDRO CERVANTES JIMÉNEZ, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que posteriormente hagan la designación los quejosos. PREVENCIÓN El artículo 114 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 108, de la propia normatividad dispone lo siguiente. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y, en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendría por no presentada. En ese sentido, de la lectura del escrito de demanda se advierte que los promoventes reclaman en esta instancia constitucional lo siguiente: ".UNA POSIBLE ORDEN DE DESALOJO, QUE SE HAYA TRAMITADO MEDIANTE UN JUICIO CIVIL, EN DONDE NO FUIMOS OÍDOS NI VENCIDOS EN JUICIO." Ahora, de la lectura de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narran los impetrantes de amparo, se advierte lo siguiente: ".QUE CON FECHA 11 DE MAYO DE LOS CORRIENTES, UN GRUPO DE PERSONAS SE CONSTITUYERON EN LA COMUNIDAD DE COXCOAPAN, PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE CATEMACO, VERACRUZ, PREGUNTÁNDONOS EN CALIDAD DE QUE TENEMOS LA POSESIÓN DEL PREDIO, UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO PENÍNSULA DE MORENO DEL MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ, CON UNA SUPERFICIE DE 115-75-65.183 HECTÁREAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: PO EL LADO NORTE EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON EL RÍO YAHUALTAJAPAN, POR EL SUR EN 5.11.901 METROS COLINDA CON EL SEÑOR GILBERTO SANDOVAL MATEO; POR EL LADO ESTE EN 1,907.102 METROS LINEALES Y COLINDA CON EL SEÑOR DOROTEO ACOSTA SOLANO; Y POR EL LADO OESTE ES TRES LÍNEAS QUEBRADAS Y COLINDA CON EL RÍO YAHUALTAJAPAN Y EL SEÑOR ADOLFO MORENO OLIVEROS, POSESIÓN QUE DETENTAMOS DESDE EL 9 DE FEBRERO DE 1987, MISMA QUE ACREDITAMOS CON LA COPIA SIMPLE DE LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, RADICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 62/2018 DEL ÍNDICE DEL EXTINTO JUZGADO MIXTO MENOR DE LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, AL MANIFESTARLE LO ANTERIOR A LAS PERSONAS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIEMRA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, NOS MANIFESTARON QUE YA EXISTÍA UNA ORDEN JUDICIAL DE DICHO JUZGADO, ARGUMENTANDO DE MANERA TAJANTE QUE YA HABÍA UN JUICIO CONCLUIDO Y POR OBVIAS RAZONES YA EXISTÍA UNA ORDEN DE DESOCUPACIÓN O DESALOJO, PERO NO NOS PROPORCIONARON NINGÚN TIPO DE DOCUMENTOS, ES POR ELLO QUE DEBIDO A LA FALTA DE CERTEZA, ZOZOBRA Y A QUE SOMOS PERSONAS CON UN NIVEL EDUCATIVO BAJO, TENEMOS EL TEMOR FUNDADO DE QUE SE NOS PRIVE DE LA POSESIÓN QUE DETENTAMOS DESDE EL AÑO DE 1987 SOBRE DICHO PREDIO." En las relatadas condiciones, se impone prevenir a la parte quejosa para que dentro del improrrogable plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, desahogue el siguiente punto: ÚNICO: En caso como se advierte que acuden al amparo en defensa de un bien inmueble sobre del cual estiman tener algún derecho, los promoventes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuál es el origen del derecho que ostentan sobre el bien en cuestión. Ello puesto que, la posesión que es objeto de tutela a través del juicio de amparo puede conceptualizarse de dos maneras, a saber, según su origen o según su causa. Si por su naturaleza jurídica la tenencia de la cosa faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de ella, se trata pues de una posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata entonces de la posesión derivada en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Véase entonces que cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, deben reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer) o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él) por ello, es evidente que la simple tenencia material de una cosa no es la posesión tutelada por el derecho humano de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, ya que para ello es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que los promoventes deben contar con una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, pues de ello deriva la exigencia de que cuenten con un título que justifique la causa generadora de esa posesión. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En la inteligencia de que, al presentar su escrito de aclaración, deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento con la prevención de mérito dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del arábigo 114, de la Ley de Amparo; significándole que si con el propósito de obtener una ventaja procesal afirma hechos falsos, incurriría en una conducta criminal sancionada con una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 261, fracción I de la citada ley. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita en su escrito de demanda, toda vez que no acreditaron la calidad de licenciados en Derecho, al no tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, toda vez que señaló como domicilio procesal los estrados de este juzgado; por lo tanto, se ordena a las actuarias adscritas a este Juzgado hacer las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue presentado físicamente, y a que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al efecto permita que las notificaciones le sean practicadas por la vía electrónica. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita. Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte promovente, así por estar ordenado en autos.
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