Maria Gabriela Tellez Ramirez
Expediente 2621/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Maria Gabriela Tellez Ramirez
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE SEITE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: "Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 5350/2015 y sus acumulados, promovido por **********, por conducto de su representante legal, contra actos del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la ampliación de demanda de amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual modo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Ahora bien, como se desprende de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda de cuenta, en el caso se reclaman la disposición legal siguiente: Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la emisión de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus anexos 1-A y 24, referentes a la contabilidad en medios electrónicos´. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar en perjuicio de la quejosa los efectos y consecuencias que se señala como acto reclamado en la ampliación de demanda respecto de la que se solicita la ampliación por lo que respecta al Anexo 24 reclamado para que se logre el objetivo integral de la suspensión, sin limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictamente planteados por la quejosa. Sin que pase desapercibido que la suspensión de los actos es solicitada en los siguientes términos: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 130 y demás relativos de la Ley de Amparo, solicito a ese H. Juzgado de Distrito conceda a la quejosa la suspensión provisional y, en su oportunidad, la suspensión definitiva de todos los efectos y consecuencias legales de la ejecución de los actos reclamados en el juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, con registro digital 2019200, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." De igual manera es aplicable la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen el del Anexo 24, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se desprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. 3) Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora bien, aun cuando el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, lo cierto es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiesta la peticionaria de amparo. En mérito de lo expuesto, lo procedente es, verificar si se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del Anexo 24, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Ahora bien, del análisis de ampliación de demanda se advierte que el quejoso presenta su ampliación relativa al Anexo 24, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Es importante precisar que en la Modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil dieciséis bajo el rubro ´CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus anexos 1-A y 24.´, y que entró en vigor el uno de noviembre de dicho año, conforme al artículo primero transitorio de dicha Regla, se menciona (se transcribe la parte relativa): Modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 Contabilidad en medios electrónicos Contenido El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el Artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. En el presente Anexo se hace referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica. La información es la siguiente: A. Catálogo de cuentas a) Código agrupador del SAT. B. Balanza de Comprobación. C. Pólizas del periodo. D. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales E. Auxiliares de cuenta y subcuenta. F. Catálogo de monedas. G. Catálogo de bancos. H. Catálogo de métodos de pago. [.] La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites. De lo que se advierte que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis desarrolla la obligación establecida en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, y prevé la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML y su remisión a través del buzón tributario. Asimismo, que el Anexo 24 impugnado forma parte instrumental del sistema normativo que regula la contabilidad electrónica, por lo que para efecto de proveer sobre su suspensión no es indispensable reclamar otros preceptos que establecen la obligación de enviar la contabilidad por la vía electrónica. Por tanto, si bien es cierto la parte quejosa solicitó la medida cautelar, existe criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establece que con el otorgamiento de la medida suspensional se causa perjuicio de interés y se contravienen disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de enviar mensualmente su información contable a través del buzón tributario. Circunstancia que afectaría la implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte, facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes. Además, es criterio del alto Tribunal que por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle alguna desventaja o bien, para procurarle la satisfacción de necesidad o algún beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o le evite un trastorno; por lo que, se considera que se afecta el orden público y el interés social cuando con el otorgamiento de la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En esta línea argumentativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que no procede conceder la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, así como del Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, en tanto se afectaría el interés de la colectividad en el sentido de que se cumplan las disposiciones de orden público en torno a los términos y formas que establece la autoridad fiscal para contribuir al gasto público. En efecto, de otorgarse la medida cautelar, se contravendría el interés general de la colectividad en la aplicación y cumplimiento del nuevo procedimiento de fiscalización electrónica, conforme al cual la autoridad hacendaria podrá ejercer sus facultades de comprobación con la información y documentación que obre en su poder; de ahí que su ejecución se considere trascendente para el interés social y el orden público. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para para 2016, pues han cesado las razones técnicas que en su momento llevaron al máximo tribunal a conceder el amparo y protección de la justicia federal, ello en tanto que, ya no subsisten los motivos que originaron que el contribuyente estuviera impedido para conocer los términos y formas para enviar y formular archivos XML. Es aplicable al caso la Jurisprudencia fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 115/2017 (10a.), Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 719, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y EL ANEXO 24 DE LA CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016. Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo promovido contra los anexos referidos, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de enviar mensualmente su información contable a través del buzón tributario, lo que afectaría la implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte, facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. Máxime que dichos anexos no incurren en el vicio de inconstitucionalidad detectado en el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015." En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal." NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación de la autoridad responsable Presidente de la República, por medio del cual solicita copia simple de la ejecutoria dictada dentro del cuaderno auxiliar 175/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza derivado del amparo en revisión 293/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, remítase la copia que solicita la autoridad oficiante. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En otro orden, como lo solicita, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, se autoriza las notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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