María Gabriela Romero Topete
Expediente 761/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/07/2021
Partes del expediente
- María Gabriela Romero Topete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, --, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 761/2020, promovido por María Gabriela Romero Topete, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. María Gabriela Romero Topete, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que precisados quedaron en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previa aclaración, dictó proveído el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 761/2020; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que se combaten disposiciones legales de naturaleza fiscal, cuya aplicación tuvo verificativo en el territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: La iniciativa, promulgación, y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto a los artículos 111 fracción IV y 113-A fracción III. El proceso legislativo que dio origen al sistema normativo compuesto por la totalidad la sección III, denominada De los ingresos por la enajenación de bienes o la presentación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria: La aplicación de los preceptos en el inciso a) y b) que anteceden. Las Reglas con numeral 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y de la Regla con numeral 12.3.12 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados del Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues así lo señalaron al rendir su informe justificado, además, los dispositivos legales cuya inconstitucionalidad se reclaman, queda acreditado plenamente su existencia, pues, por su naturaleza, es de conocimiento general, al haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y, por consiguiente, no son objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 56, en la página setenta y tres, tomo VI, común, sección jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y de interés general, no se necesita acuerdos probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo Por su parte, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, además, es suficiente para corroborar su existencia que se encuentre publicado en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, bajo el link de internet: Regla 12.3.8 - Portal de trámites y servicios - SAT Regla 12.3.9 - Portal de trámites y servicios - SAT Regla 12.3.2 - Portal de trámites y servicios - SAT Lo anterior, porque esa difusión constituye un hecho notorio, acorde a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la información publicada en documentos de redes informáticas oficiales forma parte del conocimiento público. Son aplicables las tesis: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada internet, del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular Época: Novena Época. Registro 168124. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Materias Común. Tesis XX.2o. J/24. Página 2470. PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. Época Décima Época. Registro 2004949. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis Aislada. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2. Materia s Civil. Tesis: I.3o.C.35 K 10a.. Página: 1373. CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Al respecto, en la primera de las causales de inejercitabilidad invocadas por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales 5, de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, señala que es procedente el sobreseimiento del juicio con sustento en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, en razón de que la quejosa debió demostrar que presentó la declaración de pago provisional del impuesto sobre la renta de personas físicas que obtienen ingresos, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, para determinar si existe o no afectación a su esfera jurídica. Es infundada la causal de inviabilidad sintetizada. Toda vez que la parte quejosa sí acreditó que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas a partir del primero de junio de dos mil veinte, dado que exhibió la constancia de situación fiscal, con sello digital que permite verificar su autenticidad y, en consecuencia, que a la fecha de presentación de la demanda tiene la obligación de ingresar a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, de acuerdo con la guía de llenado de la declaración que para tal efecto se publica en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, debe entenderse que probó el interés jurídico para combatir el sistema normativo formado por las reglas con numeral 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y de la Regla con numeral 12.3.12 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como el Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto a los artículos 111 fracción IV y 113-A fracción III, y el sistema normativo compuesto por la totalidad la sección III, denominada De los ingresos por la enajenación de bienes o la presentación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues le producen un perjuicio con su sola vigencia, en razón de que integran un sistema normativo que permite cumplir con la obligación establecida en el Código Tributario indicado. Efectivamente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, establecen Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia De los anteriores preceptos se colige que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Luego, tratándose de un juicio de amparo contra leyes, el perjuicio provendrá ante todo, de que la norma o normas jurídicas que se reclamen, incidan en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que ocurrirá cuando la hipótesis legal que prevean le resulte aplicable, por lo cual, dicha parte tiene la obligación de acreditar en el procedimiento que se ubica en los supuestos de los artículos que combate. Es decir, si estos se reclaman con motivo del inicio de su vigencia, o que dichos numerales le fueron aplicados, cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación; pues, de no ser así, carecerá de interés jurídico para reclamar en sede constitucional aquellos numerales en cuyos supuestos no comprobó estar o que le fueron aplicados. Es aplicable la tesis INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideran afectados por la ley que impugna de inconstitucional deben demostrar que están comprendidos por los supuestos de dicha ley. La comprobación puede hacerse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, y si no aparece alguna que demuestre que los quejosos están bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo. Época: Octava Época, Registro: 206492, Instancia Segunda Sala, Tipo de Tesis Aislada, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materias Común, Tesis Página 181. Además, es conveniente precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un criterio útil para distinguir entre dichos tipos de leyes es el que se basa en el concepto de individualización incondicionada. Así, cuando la ley requiere de un acto o hecho jurídico para individualizarse, es decir, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que establece requieren para su nacimiento de un acto diverso, se estará frente a una norma de individualización condicionada o heteroaplicativa. En cambio, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, sin que sea necesario que se actualice condición ajena alguna para producir un perjuicio, se estará frente a una ley de individualización incondicionada o autoaplicativa. Es aplicable la jurisprudencia LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HEEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Época Novena Época, Registro: 198200, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis Jurisprudencia, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materias Constitucional, Común, Tesis P./J. 55/97, Página 5. De igual forma, el Pleno referido ha reconocido que existen disposiciones legales íntimamente relacionadas entre sí que pudieran ser de naturaleza heteroaplicativa, pero que al formar un sistema normativo complejo pueden reclamarse de forma conjunta cuando se acredite el acto de aplicación de una de ellas, o en su caso, que el gobernado se ubicó en el supuesto jurídico que le irroga un menoscabo en su esfera de derechos desde su vigencia. Resultan aplicables las tesis PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RESPECTIVA Y SU REGLAMENTO CONTIENEN UN SISTEMA NORMATIVO DESTINADO A REGULAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de sistemas normativos complejos es innecesario que el gobernado se sitúe en cada uno de los supuestos del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no debe esperar el impacto del acto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Así, por una parte, de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y su Reglamento deriva un sistema normativo en virtud del cual los titulares de establecimientos mercantiles en la entidad deben hacer cumplir la prohibición de fumar en espacios cerrados y, por la otra, las diversas categorías de sujetos contempladas por la Ley están vinculadas a respetar las distintas prohibiciones de fumar, sin que para ello medie condición alguna, lo que autoriza a sus destinatarios a impugnar en amparo todas las disposiciones que les sean aplicables o que eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Esto es así, pues si bien algunas de las obligaciones que conforman el sistema son autoaplicativas, otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, por lo que una clasificación pormenorizada entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas que componen al ordenamiento generaría la carga para el gobernado de promover una diversidad de juicios de amparo conforme se vayan actualizando los distintos supuestos previstos por la norma, lo que podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas frente a las leyes estimadas inconstitucionales. Época Décima Época. Registro 160510. Instancia Pleno. Tipo de Tesis Aislada. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Materia Común. Tesis P. LXIV/2011 9a.. Página: 553. AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas. Época Novena Época. Registro 169558. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. Materia Común. Tesis 2a./J. 100/2008. Página 40. Así, el problema jurídico que debe resolverse consiste en determinar si la parte quejosa demuestra que se ubicó en el supuesto previsto en el sistema normativo controvertido por su sola vigencia, es decir, si le causa un perjuicio por su entrada en vigor, en razón de que regulan la forma en que se dará cumplimiento a la obligación de realizar el pago del impuesto sobre la renta al ser contribuyente persona física con actividad empresarial que enajena bienes o presta servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos; los cuales deberán ingresar de forma mensual a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Entrando en materia, como se anticipó, se reclama la unidad normativa conformada por las reglas las reglas con numeral 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y de la Regla con numeral 12.3.12 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como el Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto a los artículos 111 fracción IV y 113-A fracción III, y el sistema normativo compuesto por la totalidad la sección III, denominada "De los ingresos por la enajenación de bienes o la presentación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares", del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los cuales disponen Regla 12.3.8 Personas que ya tributan en el RIF que además obtienen ingresos por operaciones a través de plataformas tecnológicas. Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo, fracción VI, en relación con el 113-A de la Ley del ISR y 18-J, fracción II de la Ley del IVA, las personas físicas que tributan en el RIF y que además perciban ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios u otorgamiento de hospedaje, en operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, a que se refiere la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán continuar tributando en el RIF por los ingresos distintos de los obtenidos a través de las citadas plataformas, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos para ello en este régimen. Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán tributar en términos de la Sección I, conforme a lo establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, por los ingresos obtenidos a través de dichas plataformas. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto establecido en los párrafos anteriores, deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes del ISR a los ingresos obtenidos por salarios, actividades empresariales y profesionales, RIF, arrendamiento e intereses y con las que, en su caso, les correspondan de conformidad con la Ley del IVA. Para efectos del monto de ingresos de 2 millones de pesos anuales a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, se deberá considerar el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, además de los ingresos que, en su caso, obtengan de los señalados en los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR Regla 12.3.9 Acreditamiento de la retención del ISR efectuada conforme a la regla 3.11.11., a las personas físicas con actividades empresariales que obtienen ingresos por operaciones a través de plataformas tecnológicas. Las personas físicas que, a partir del 1 de enero de 2020, estén sujetas al esquema de retención del ISR establecido en la regla 3.11.11. y que no hayan optado por considerar dicha retención como pago definitivo, y que a partir del 1 de junio de 2020 por los ingresos que obtengan a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por la realización de las actividades empresariales de enajenación de bienes, prestación de servicios o por otorgamiento de hospedaje, deban aplicar lo dispuesto en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán considerar como acreditable el ISR que les hubieran retenido en términos de la regla 3.11.11. para determinar los pagos provisionales mensuales o pagos definitivos bimestrales, así como la declaración anual correspondiente Regla 12.3.2 Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el apartado B, fracción II del CFF; 29 fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 113-A, primer párrafo de la Ley del ISR y 18-K de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, contenida en el Anexo 1-A., señalando las actividades económicas realizadas a través de plataformas tecnológicas Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno de los copropietarios como representante común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta Sección. Párrafo reformado DOF 18-11-2015 Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI de este Título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección VI. Las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la Sección III de este Capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Fracción adicionada DOF 09-12-2019 Sección III De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Sección adicionada DOF 09-12-2019 Artículo 113-A. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta Sección, los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención previstas en las siguientes tablas: Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $5,500 2 Hasta $15,000 3 Hasta $21,000 4 Más de $21,000 8 Tratándose de prestación de servicios de hospedaje. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $5,000 2 Hasta $15,000 3 Hasta $35,000 5 Más de $35,000 10 III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $1,500 0.4% Hasta $5,000 0.5% Hasta $10,000 0.9% Hasta $25,000 1.1% Hasta $100,000 2.0% Más de $100,000 5.4% Las cantidades establecidas en moneda nacional contenidas en las tablas previstas en el párrafo anterior, se actualizarán en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta Ley. Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 Artículo 113-B. Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior, podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen conforme a la presente Sección, en los siguientes casos: Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113-A de esta Ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de trescientos mil pesos. Las personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago definitivo la retención a que se refiere esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite mencionado. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá optar por lo establecido en este artículo. Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior que además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI de este Título. Las personas físicas que ejerzan la opción establecida en este artículo estarán a lo siguiente: No podrán hacer las deducciones que correspondan por las actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto calculado con las tasas previstas en esta Sección. Deberán conservar el comprobante fiscal digital por Internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los bienes y servicios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos, y las retenciones efectuadas. Deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban, en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior. Para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que se establezcan mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita dicho órgano desconcentrado, un aviso en el que manifiesten su voluntad de optar porque las retenciones que se les realicen en términos del artículo anterior, sean consideradas como definitivas, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de las contraprestaciones por las actividades a que se refiere esta Sección. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo ésta no podrá variarse durante un período de cinco años contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el inciso d) de este artículo. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla. Adicionalmente, los contribuyentes personas físicas a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, deberán proporcionar a las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, la información a que se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones que establece el último párrafo de dicha fracción. Esta obligación será independiente al ejercicio de la opción establecida en este artículo. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 Artículo 113-C. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y de entidades o figuras jurídicas extranjeras, deberán cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones I, VI y VII del artículo 18-D e inciso d), fracción II del artículo 18-J, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. II. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicha fracción. IV. Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 113-A de esta Ley, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectúo la retención. En el caso de que los contribuyentes no proporcionen su clave del Registro Federal de Contribuyentes prevista en el inciso b de la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá retener el impuesto que corresponda por los ingresos a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, aplicando la tasa del 20% sobre los ingresos referidos. V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente. Las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV y V de este artículo, deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 De los artículos insertados y de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, se corrobora la obligación de realizar el pago del impuesto sobre la renta al ser contribuyente persona física con actividad empresarial que enajena bienes o presta servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos; los cuales deberán ingresar de forma mensual (a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago) a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria En consecuencia, por una parte, se ratifica que la unidad normativa combatida tiene como objeto establecer los lineamientos y parámetros para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 113-A, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que sí conforma un sistema normativo complejo de naturaleza autoaplicativa, dado que con su sola entrada en vigor, ubica a los contribuyentes obligados en el supuesto normativo relativo, pues los vincula a tomar todas las previsiones contables, programáticas, informáticas y legales para acatar con del deber legal de pagar el impuesto sobre la renta y declararlo mensualmente a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria por su sola vigencia. De otro lado, la impetrante sí acredita que se ubica en el supuesto normativo indicado por su sola entrada en vigor, dado que como se dijo, exhibió: Constancia de situación fiscal con sello digital. Por ende, demuestra que se encuentra inscrita en el régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas, con la obligación de presentar declaraciones provisionales mensuales de impuesto sobre la renta y de cumplir el deber impuesto en el artículo 113-A, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; en consecuencia, también se encuentra vinculada a acatar los lineamientos y parámetros formales establecidos en las Reglas reclamadas, de lo que se confirma que acredita el perjuicio en su esfera jurídico producido con la sola vigencia de la unidad normativa impugnada. Documentales que hacen prueba plena acorde a lo establecido en el artículo 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que contienen sello digital que permite autentificar su veracidad. Son aplicables por analogía las tesis: EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008). Conforme a las reglas de carácter general establecidas por el Servicio de Administración Tributaria para enero de 2008, la declaración y, en su caso, el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única debían realizarse a través de los medios electrónicos autorizados al efecto por dicho órgano desconcentrado, por ello, es innegable que con el recibo emitido por las instituciones de crédito, con el sello digital que permite autentificar la operación efectuada y el pago correspondiente, la quejosa acredita haberse ubicado en el supuesto de las normas reclamadas, lo que produce una afectación a su esfera jurídica. Por ello, aun cuando se trata de un acto de autoaplicación de las normas respectivas, se considera como el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha autoaplicación trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y generó consecuencias, desde el momento en que las autoridades fiscales reciben el pago provisional correspondiente, conforme a las mencionadas reglas. Época Décima Época. Registro 160862. Instancia Segunda Sala. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2. Materia Común. Tesis: 2a./J. 162/2011 9a.. Página: 1160 DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella Época Novena Época. Registro 170349. Instancia Segunda Sala. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008. Materia Administrativa. Tesis 2a./J. 24/2008. Página 530. Sin que resulte necesario que acredite la existencia de acto alguno de aplicación, como sostiene la autoridad responsable, dado que como se vio, no comparece por autoliquidación o ejecución alguna, sino por la sola vigencia del sistema normativo controvertido. En esa tesitura, se ratifica la ineficacia de la causal de improcedencia controvertida, pues la parte quejosa exhibió las documentales con sello digital que acreditan que se ubica en el supuesto normativo combatido. Por otra parte, se procede al examen de la segunda causal que esgrime el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, aduce que es improcedente el juicio de amparo, ya que en contra del acto reclamado debió agotarse el principio de definitividad, siendo que contra éste procede el juicio de nulidad en términos del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es infundado el reseñado motivo de improcedencia, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 91/2017 (10a), sostuvo que es innecesario cumplir con el principio de definitividad cuando se reclaman disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. Efectivamente, se tipificó una excepción al principio de definitividad en los términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y en esa medida la impetrante no tenía la obligación de acudir al medio ordinario de defensa. Máxime que se insiste, la Segunda Sala indicada ya resolvió que la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de Tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades. Es aplicable la jurisprudencia PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. De la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., y 107, fracciones I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo, en relación con el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades, y si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -sean de la jerarquía que sean- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga. Época Décima Época. Registro 2014976. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II. Materia Común. Tesis: 2a./J. 91/2017 (10a.). Página 1121. Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 Por su parte, la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos en representación del Presidente de la República, aduce que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sobre la premisa de que los planteamientos del quejoso se encaminan a demostrar un perjuicio de naturaleza económica en su patrimonio y no la afectación jurídica que pudieran ocasionarle las normas reclamadas. Dicha causal de improcedencia es infundada, se afirma que los preceptos legales en comento no solamente generan una afectación económica, sino jurídica a la solicitante del amparo, pues contrario a lo aducido por la autoridad responsable, las disposiciones reclamadas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obligan a la quejosa a ingresar a un régimen de actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que previamente ejercía mediante el régimen de incorporación fiscal (que le otorgaba descuentos temporales. Luego, el sujeto pasivo del impuesto queda supeditado a un régimen de deducibilidad que implica cambios en su esquema contable y fiscal que habrá de repercutir en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que, al margen de que las normas reclamadas pudiesen generar a la impetrante una afectación de naturaleza económica, también generan consecuencias jurídicas que le producen un perjuicio de naturaleza jurídica impugnable a través del juicio de amparo indirecto. En efecto, si bien los preceptos reclamados pueden afectar económicamente a la quejosa, ello no significa que la inconstitucionalidad planteada únicamente deba analizarse dese tal óptica; máxime que en su demanda de amparo, la parte quejosa expresó varios argumentos encaminados a demostrar que las normas reclamadas afectan su esfera de derechos, mismas que, en todo caso, podrían ser materia del análisis del fondo del asunto; de ahí que lo procedente sea desestimar la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 66, Primera Parte, página 43, con número de registro 233072, cuyo rubro y contenido son los siguientes: INTERES JURIDICO Y PERJUICIO ECONOMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de garantías, pues bien puede afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jurídica de los quejosos, éstos carecen de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio En la última de las causales de improcedencia que hace valer el Presidente de la República, sostiene que en el supuesto de una concesión del amparo no se podrían concretar los efectos de la protección constitucional. La hipótesis de inejercitabilidad resumida es infundada. Sobre el tema, el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que cuando se controvierten actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia será el de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se efectuara la violación cometida; esto es, se dejará insubsistente el acto reclamado. Mientras que en los de carácter negativo, el efecto de la sentencia de amparo será obligar a la autoridad a efectuar una conducta en estricto respeto a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 237687, de rubro EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Ahora bien, cuando el acto reclamado lo constituyan leyes o disposiciones de carácter general, los efectos de las sentencias que concedan el amparo, serán los de declarar la invalidez de la norma o disposición en relación con el quejoso, así como el impedir su aplicación presente y futura. Sobre leyes de carácter fiscal, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para precisar los efectos de las sentencias de amparo, deberá atenderse, ante todo, al contenido normativo y a la clase de elemento que se encuentre previsto en la norma tributaria, ya que tratándose de elementos esenciales -los cuales se aplican a todos los contribuyentes- los efectos de la sentencia serán los de desincorporar dicha norma de la esfera jurídica del quejoso, lo que acarrearía la inaplicación de todo el mecanismo de tributación; mientras que tratándose de elementos variables, el efecto de la sentencia que conceda el amparo tendrá como objeto, eliminar el vicio de inconstitucionalidad sin afectar todo el tributo, permitiendo una aplicación congruente del sistema de determinación del impuesto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 62/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195159, cuyo rubro dice CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA En el caso, el sistema normativo combatido establece el régimen de actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en el que obliga al contribuyente al pago del impuesto sobre la renta respecto de dichas actividades y a su declaración de forma mensual. Por tanto, de estimarse que el sistema controvertido resulta inconstitucional, los efectos de la sentencia de amparo serían desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de introducirse a dicho régimen fiscal y continuar con el diverso régimen de incorporación fiscal que ya tributaba, sin que ello invada la esfera de atribuciones del Servicio de Administración Tributaria, pues no se generaría un régimen de excepción. Son aplicables las tesis P./J. 44/2004, 2a./J. 177/2006 y 2a. CXXXIII/2007, del Pleno y de la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, con registros 181334, 173723 y 171066, con los rubros siguientes: EXENCIÓN PARCIAL DE UN IMPUESTO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LA PREVÉN, AUN CUANDO NO SE IMPUGNEN LOS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE TRIBUTACIÓN, PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA y RENTA. EFECTOS DEL AMPARO OTORGADO CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN LXXXVI, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, QUE TRANSGREDE EN PERJUICIO DE LOS ACUICULTORES EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Por lo que al sí estar en aptitud de poder concretizar los efectos del amparo que en su caso llegue a concederse, es infundada la causa de improcedencia invocada. Finalmente, el Presidente de la República refiere que respecto del artículo 113-C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se actualizan las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción V y 108, fracción VIII de la Ley de Amparo, dado que aduce la quejosa no formuló conceptos de violación en su contra; además, que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción II, con relación al diverso 5, fracción I, con relación al 63, fracción V, porque considera que no fue acreditado el interés legítimo, ni perjuicio para impugnarlo, toda vez que tiene la calidad de persona física y tal artículo resulta aplicable a las personas morales, por lo que no es destinataria de la norma que impugna. Tales argumentos resultan infundados¸ pues como ya se dijo en párrafos anteriores, la parte quejosa promueve el juicio de amparo contra el sistema normativo formado por las reglas con numeral 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, y de la Regla con numeral 12.3.12 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como el Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto a los artículos 111 fracción IV y 113-A fracción III, y el sistema normativo compuesto por la totalidad la sección III, denominada De los ingresos por la enajenación de bienes o la presentación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues le producen un perjuicio con su sola vigencia, en razón de que integran un sistema normativo que permite cumplir con la obligación establecida en el Código Tributario indicado; siendo que el multicitado artículo 113-C se encuentra inmerso en este último acto reclamado, máxime que en su demanda de amparo, la parte quejosa expresó varios argumentos encaminados a demostrar que las normas reclamadas afectan su esfera de derechos, mismas que, en todo caso, podrían ser materia del análisis del fondo del asunto; de ahí que lo procedente sea desestimar la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Tomo XXVII, Junio de 2008 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 169558, de rubro y texto siguiente AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas. Luego, al no existir diversas causas de improcedencia que estudiar, se procede al examen de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Los motivos de queja resultan infundados. Por razón de técnica en el juicio de amparo, los planteamientos de inconstitucionalidad se analizarán en un orden diverso al propuesto; sin que lo anterior resulte contrario a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, pues del citado precepto legal se advierte como única condición, que el juzgador analice todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, del tenor literal siguiente CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. En el primer concepto de violación, el quejosa señala que el artículo 111, fracción IV y 113-A, fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, vulneran en su perjuicio el principio de retroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligan a cambiar de régimen dentro del cual tributaba, por aquel que entró en vigor el primero de junio del año dos mil veinte; pues señala que el régimen de incorporación fiscal que se incorporó a la Ley del Impuesto Sobre la Renta por medio de la reforma del año dos mil catorce, contaba con una serie de beneficios, entre ellos, la posibilidad de presentar sus declaraciones de manera bimestral; así como los descuentos otorgados al impuesto sobre la renta durante la duración de dicho régimen, el cual es de diez años, sin posibilidades de extenderse; por lo que considera que contaba ya con un derecho adquirido, sobre los referidos beneficios que se extendían a diez años; lo que dice, al incorporarse al nuevo régimen tributario le impide continuar con tales beneficios, lo que se traduce en su perjuicio. Los argumentos reseñados son ineficaces, como habrá de quedar evidenciado a continuación. El primero de los tópicos reseñados, consistente en la pretendida vulneración al principio de retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional, es inoperante, toda vez que con relación a ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció al respecto y estableció el criterio de que en materia fiscal los contribuyentes no tienen el derecho a tributar de forma indefinida de la misma manera, o bien, sobre la misma base o tasa, ya que contribuir al gasto público es una obligación consignada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no un bien que ingrese al patrimonio del contribuyente. En efecto, la Superioridad ha establecido que el legislador no se encuentra obligado a dejar intocadas las bases y condiciones conforme a las cuales los gobernados han tributado a lo largo del tiempo o en un periodo determinado, como acontecía en tratándose de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, ya que en el ámbito tributario esa situación no se traduce en un derecho adquirido que no pueda modificarse o alterarse posteriormente, mucho menos cuando dichos cambios atiendan al cumplimiento de políticas fiscales trazadas por el Estado. El criterio mencionado, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 105/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 27, que señala CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. Esta garantía, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que una ley no puede contener disposiciones que regulen hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o afectar derechos adquiridos; el Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad tributaria que la propia Constitución le confiere, anualmente determina las contribuciones del año fiscal correspondiente, y cuando las incrementa hacia el futuro, es claro que no afecta situaciones anteriores y los particulares no pueden alegar violación a dicha garantía, porque no tienen el derecho adquirido para pagar siempre sobre una misma base o tasa, ya que contribuir al gasto público es una obligación de los mexicanos consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, y no un bien que ingrese al patrimonio del contribuyente. Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis 2a. LII/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1699, que establece: RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS QUE CUESTIONAN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL aRTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR SER CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD, DE LOS DERECHOS HUMANOS LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014. Este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que en materia fiscal los contribuyentes no tienen el derecho a tributar de forma indefinida de la misma manera, o bien, sobre la misma base o tasa, ya que contribuir al gasto público es una obligación consignada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no un bien que ingrese al patrimonio del contribuyente. De lo anterior se sigue que resultan inoperantes los argumentos en los que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé los requisitos para deducir los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, por transgredir el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, de los derechos humanos, pues el Estado, como se estableció, no tiene la obligación de dejar intocadas las bases y condiciones conforme a las cuales los gobernados han tributado a lo largo del tiempo o en un periodo determinado, ya que en el ámbito tributario esa situación no se traduce en un derecho adquirido el cual no pueda modificarse o alterarse posteriormente, mucho menos cuando dichos cambios, como sucede en el caso de dicho precepto, atiendan al cumplimiento de políticas fiscales trazadas por el Estado. Énfasis añadido En ese orden de ideas, las alegaciones que la quejosa vierte para tratar de demostrar que las normas reclamadas vulneran el principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, son inoperantes y de estudio innecesario, dado que las tesis precitadas les dan respuesta cabal y, además, al ser de observancia obligatoria, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, impiden resolver en sentido diverso a los criterios plasmados en ellas. Al respecto se cita la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/9 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Octubre de 2016, página 2546, con número de registro digital 2012829, que consagra CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella. Por otra parte, en el segundo concepto de violación el quejoso plantea que es inconstitucional el sistema normativo que contempla el Impuesto Sobre la Renta, en cuanto a la sección III, denominada De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares" del Capítulo II, del Título IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conformada por los artículos 113-A, 113-B y 113-C, los cuales considera transgreden el principio de equidad tributaria, contemplado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues señala que se le está dando un trato diferenciado al que reciben aquellos contribuyentes que optan por realizar las mismas actividades fuera de las plataformas digitales, ocasionando una diferencia patente. Dicho motivo de disenso es infundado. Para justificar lo anterior, es necesario señalar en principio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de equidad tributaria radica en que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una situación idéntica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas, arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Lo anterior con apoyo en las tesis de jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, cuyos rubros y datos de localización son los siguientes EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. De las jurisprudencias transcritas, se desprende la existencia de varios elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, en los términos siguientes a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, d) Para que la diferenciación tributaria sea acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. En ese sentido, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el examen de la constitucionalidad de una ley desde el punto de vista de la garantía de equidad tributaria, es necesario valorar determinados pasos lógicos, de manera escalonada, de forma tal que si se incumple con alguna de las condiciones de que se trate será suficiente para estimar que existe una violación a dicha garantía constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás. Los pasos referidos, para determinar si se ha producido un trato inequitativo, son los siguientes Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable. En caso de que exista dicha situación comparable, debe analizarse si la distinción legislativa obedece a una finalidad legítima. De reunirse los requisitos anteriores, se estudiará si la distinción constituye un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar. De cumplirse esas tres condiciones, se analizará si la distinción es necesaria o no para lograr el objetivo perseguido por el legislador, y en ese sentido se debe advertir que la norma no afecte de manera desproporcionada o desmedida a los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/2007, cuyo rubro y texto señalan EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga); 2) de existir esa situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); 3) de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitucionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria precisa de la valoración de determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás. Ahora bien, del contenido de los artículos 113-A, 113-B y 113-C que se encuentran ubicados en la sección III, denominada "De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares" del Capítulo II, del Título IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se desprende -en lo que al caso interesa- lo siguiente Se trata de un esquema de retenciones a las cuales se podrán considerar como pagos provisionales o definitivos aplicable a las personas físicas, que en el desarrollo de su actividad empresarial, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet, por medio o en uso de plataformas tecnológicas, aplicables informáticas o similares, que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros. Las retenciones hacia las personas físicas, serán realizadas por las personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Asimismo, la retención del Impuesto Sobre la Renta se realizará sobre el total de los ingresos que perciban efectivamente por conducto de los citados medios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, teniendo dicha retención el carácter de pago provisional, siempre que se observe lo siguiente: Si el total de ingresos no excede de trescientos mil pesos anuales, podrá optar por pagar el impuesto mediante retención como pago definitivo; además podrían ejercer esta opción quienes obtengan otros ingresos siempre que sean por salarios e intereses. Si los ingresos son superiores de trescientos mil pesos anuales u obtiene además otros ingresos diferentes de salarios e intereses, se propone que la retención se considere pago provisional, siendo acreditable en el cálculo de los pagos provisionales correspondientes, y en su caso, en el cálculo del impuesto del ejercicio. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención previstas en el artículo 113-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dependiendo de que se traten de prestaciones del servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, de prestación de servicios de hospedaje y tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. Así, las personas físicas podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen cuando Únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113-A del citado ordenamiento legal. En el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de trescientos mil pesos. Inicien actividades, siempre que estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto. Obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y IV del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La retención, será mediante declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención respecto de cada persona física que preste servicios o enajene bienes a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Por su parte, el artículo 113-C contempla las obligaciones de las personas morales residentes en México o residentes en el Extranjero con o sin establecimiento permanente en el País, así como las entidades o figuras extranjeras. Ahora, como lo manifiesta la propia quejosa, es una persona física que tributa bajo el régimen de incorporación fiscal, que se incorporó a la Ley del Impuesto Sobre la Renta por medio de la reforma del año dos mil catorce, que contaba con una serie de beneficios, entre ellos, la posibilidad de presentar sus declaraciones de manera bimestral; así como los descuentos otorgados al impuesto sobre la renta durante el término de diez años, sin posibilidades de extenderse. En ese contexto, del contenido de los artículos 111 a 113 del Código Fiscal de la Federación, se encuentran ubicados en el Título IV DE LAS PERSONAS FÍSICAS, Capítulo II DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Sección II RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, se desprende -en lo que al caso interesa- que pueden optar por tributar bajo el régimen de incorporación fiscal, los contribuyentes que cumplan con los siguientes requisitos Sean personas físicas. Que realicen únicamente actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Asimismo, entre las principales características del régimen de incorporación fiscal se encuentran las siguientes: 1) Se calcula y entera el impuesto en forma bimestral, aplicando la tarifa prevista para ello, mediante declaración y bajo el carácter de pago definitivo. 2) Para determinar el impuesto, los contribuyentes de este régimen considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. En otras palabras, se tributa bajo un esquema de flujo de efectivo. 3) Una vez determinado el impuesto y solo durante un lapso de diez años consecutivos, es aplicable una reducción del tributo a pagar, la cual corresponderá al 100% en la primer anualidad, disminuyéndose esa proporción de reducción en un 10% por cada uno de los años subsecuentes, hasta llegar a un 10% en el último de los años del periodo en comento. 4) Los contribuyentes que opten por aplicar el régimen de incorporación fiscal sólo podrán permanecer en éste durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta. De lo anterior se advierte que sólo las personas físicas que, además, cumplan con los requisitos referidos, podrán tributar bajo el régimen de incorporación fiscal y gozar de sus beneficios, entre ellos, la reducción del tributo en un periodo de diez años consecutivos, bajo la proporción de aminoración que corresponda a cada una de esas anualidades. Así, del nuevo régimen tributario que se reclama denominado De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, no se advierte disposición en la que se otorgue a los contribuyentes la posibilidad de realizar reducción alguna del impuesto determinado; de lo cual se aprecia que efectivamente existe una diferencia de trato entre personas físicas que realizan la misma actividad, por medio de las plataformas tecnológicas y las que no lo realizan por esa vía. En ese orden de ideas y conforme a la metodología mencionada, que debe emplearse para determinar si una norma viola el principio de equidad tributaria, verificada la diversidad de trato, debe establecerse si los sujetos que se analizan se encuentran en una situación comparable. En el caso la quejosa es una persona física del régimen de incorporación fiscal, mientras que los sujetos con quienes se compara son las personas físicas que cumplen con los requisitos para tributar bajo el régimen denominado De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en los que el quejoso precisa realizan la misma actividad, y la diferencia entre uno y otro es la utilización de dichos medios electrónicos. Al respecto, se tiene que sí estamos ante una situación comparable, ahora bien, para determinar si esa distinción legislativa obedece a una finalidad legítima es necesario tomar en consideración la justificación expresada por el legislador para realizar la reforma fiscal del año dos mil veinte, por lo que ve a los artículos 113-A, 113-B, 113-C, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece el "De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares", la cual encontramos en la exposición de motivos, a fin de desentrañar la voluntad del legislador. El ocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuya parte conducente establece 13. Tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Conforme a la Acción 1 del Plan de Acción BEPS, la economía digital se caracteriza por basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, así como el uso masivo de datos especialmente los de carácter personal, por la adopción general de modelos comerciales de varias facetas, los cuales aprovechan el valor de las externalidades que se generan por la provisión de los servicios gratuitos, y por la dificultad de determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor. Según la OCDE, el hecho de que las nuevas maneras de hacer negocio puedan resultar en una reubicación de las funciones comerciales esenciales y, en consecuencia, en una diferente distribución de los derechos impositivos, puede conducir a una baja imposición que no es, per se, un indicador de los defectos del sistema actual. Por lo anterior, es importante examinar el modo en el que las empresas de la economía digital añaden valor y obtienen beneficios para determinar si es preciso, y hasta qué punto lo es, adaptar las normas para tener en cuenta las características específicas de esas actividades económicas y evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En este contexto, la Acción 1 Abordar los desafíos fiscales planteados por la economía digital, tiene como propósito Identificar las principales dificultades que plantea la economía digital de cara a la aplicación de las actuales normas fiscales internacionales y concebir medidas exhaustivas para hacer frente a dichas dificultades, adoptando a tal fin una visión panorámica y considerando tanto la imposición directa como la indirecta. Entre las cuestiones objeto de examen se incluyen, entre otras, la posibilidad de que una empresa tenga una presencia virtual significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a gravamen debido a la inexistencia de un «nexo» con arreglo a las normativa internacional vigente, la atribución del valor creado a partir de la generación de datos comercializables geolocalizados mediante el uso de productos y servicios digitales, la calificación de las rentas procedentes de nuevos modelos de negocio, la aplicación de normas relativas a la fuente y la forma de garantizar la recaudación efectiva del IVA/IBS en lo que respecta al suministro transfronterizo de bienes y/o servicios digitales. Dicha labor precisará de un análisis exhaustivo de los distintos modelos de negocio en este sector. Con motivo de la cumbre celebrada en San Petersburgo en septiembre de 2013, los líderes del G20 aprobaron en su totalidad el Plan de acción BEPS y crearon el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital GEFED, como órgano auxiliar del Comité de Asuntos Fiscales CAF para elaborar un informe, antes de septiembre de 2014, que identificase los problemas planteados por la economía digital y las posibles medidas o acciones para resolverlos. En la primera reunión del GEFED los delegados territoriales debatieron sobre el alcance del trabajo, escucharon las presentaciones de expertos de la economía digital y discutieron sobre la trascendencia de la labor realizada en el pasado en este ámbito centrándose en las conclusiones de la Conferencia Ministerial sobre Comercio Electrónico celebrada en 1998 en la ciudad de Ottawa, en la cual los Ministros asistentes acogieron favorablemente el informe elaborado por el CAF denominado Comercio electrónico Condiciones Tributarias Marco CTM, que establece principios fiscales aplicables al comercio electrónico, entre los que se encuentra el principio de neutralidad, a saber Neutralidad. Los sistemas tributarios deben tratr de ser neutrales y equitativos entre las distintas formas de comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional o tradicional. Las decisiones comerciales deben estar motivadas por consideraciones económicas y no ya tributarias. Aquellos contribuyentes en situaciones análogas, que efectúen operaciones similares, deben estar sometidos a niveles impositivos parejos. Ahora bien, uno de los principales cimientos en que se ha sustentado la economía digital en años recientes, sin duda ha sido el denominado consumo colaborativo que conforme a las fuentes bibliográficas se define como aquellas situaciones en las que las personas que necesitan acceso a un recurso, entran en contacto con otras que disponen de dicho recurso y que los tienen infrautilizados, para que estos últimos se los presten, regalen, intercambien, alquilen, etc., produciendo como efectos la reducción de los costos económicos asociados a la utilización o titularidad de determinados bienes o servicios. Lo novedoso de este tipo de consumo es su crecimiento exponencial, atribuible a las tecnologías de la información y comunicación TIC, realidad que ha redefinido algunos de los modelos de producción, consumo y prestación de servicios tradicionales. Un aspecto común a esta nueva realidad es la eliminación o sustitución de los prestadores tradicionales del servicio empresas, profesionales o empresarios autónomos por particulares. Determinados factores interrelacionados han contribuido a facilitar nuevas formas de consumo que han derivado en modelos disruptivos de negocios, es decir, aquellos que suponen una ruptura en relación con los procesos, productos y servicios existentes hasta el momento y pautas de consumo novedosas que van más allá de lo que se ha denominado consumo colaborativo, hasta el punto de acuñar el término economía colaborativa. Esta realidad no se entendería si dichos factores no se concretasen a la aparición de distintas empresas que proporcionan a los consumidores acceso a una amplia gama de bienes o servicios a través de una plataforma tecnológica, actuando en muchos casos como intermediarios para facilitar las transacciones. Actualmente, al amparo del consumo colaborativo se realizan intercambios comerciales y nuevos modelos de negocios. De ahí que la intermediación es la que permite la prestación de servicios y el consumo en masas, por tanto, la que propició el interés en transacciones que, antes de la aparición de las TIC tenían un carácter marginal, o su control y fiscalización resultaba difícil. Por estas razones, esta nueva realidad se define mejor bajo el concepto de economía colaborativa, al incluir a todo nuevo modelo disruptivo caracterizado por la aparición de plataformas digitales que actúan como conectores e intermediarios entre particulares. La Comisión Europea ha definido el concepto de economía colaborativa como aquel que se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La economía colaborativa implica tres categorías de agentes i) prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias; ii) los usuarios de dichos servicios; e iii) intermediarios que a través de una plataforma en línea conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos. De esta manera, surgen diversas plataformas tecnológicas o informáticas que, a través de Internet, interconectan a las personas para poder realizar un intercambio comercial de bienes y servicios a partir de esta noción de consumo colaborativo. Así, las plataformas interconectan a las personas para que puedan enajenar bienes o prestar algún servicio específico, por ejemplo, transporte privado de personas, reparto de bienes o comida, incluso la prestación del servicio de hospedaje. En ese sentido, aun cuando las personas que interactúan a través de estas plataformas de intermediación de consumo colaborativo, tienen la obligación de pagar el impuesto correspondiente por los ingresos que perciben por las actividades económicas que realizan a través de esta plataforma, es claro que el modelo de negocio colaborativo supone un volumen de negocio tan significativo que requiere de mayor atención y vigilancia en cuanto a su fiscalidad. En el caso de nuestro país, como una medida que permite tener un control sobre la recaudación del ISR e IVA de los participantes de la economía colaborativa a través de medios digitales, el SAT emitió la regla 3.11.12 de la RMF 2019, con objeto de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recaudar de manera eficiente el ISR e IVA que se causa por la prestación de servicios como el transporte terrestre de pasajeros y la entrega de alimentos preparados a través de plataformas digitales, de forma tal que las plataformas digitales residentes en México y residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país tienen la obligación de retener y enterar el impuesto. Sin duda esta medida ha representado un gran avance de nuestro país en la implementación de mecanismos que permiten a los contribuyentes cumplir de manera eficiente con sus obligaciones fiscales. Es importante precisar que el objetivo de la RMF no fue regular los aspectos técnicos o jurídicos de la economía digital, sino únicamente implementar un mecanismo que pudiera facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas que participan en dicho sector y que al mismo tiempo coadyuvara con las autoridades fiscales en la labor de la recaudación del impuesto por la obtención de dichos ingresos. Por otra parte, con motivo de la propuesta de adición que se detalla previamente en esta exposición de motivos, que consiste en adicionar una Sección III al Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, relativos al tratamiento fiscal aplicable a los ingresos que obtengan las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, es necesario excluir en forma expresa a dichos ingresos del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), considerando que el nuevo esquema de retención ya no es compatible con las reglas de operación del RIF al hacer prácticamente imposible que las plataformas conozcan la evolución del pago de los impuestos de las personas físicas sujetas al RIF y por lo tanto, los descuentos o reducciones aplicables. Lo anterior, sin afectar otro tipo de ingresos permitidos en el RIF que seguirán tributando conforme al esquema de reducciones graduales. El objetivo del RIF fue facilitar a quienes realizan actividades en los modelos de negocio tradicionales; no fue diseñado para los participantes del modelo de negocio de economía colaborativa dentro de la economía digital. En este sentido, la medida se justifica considerando las diferencias que existen en el modelo de negocio, ya que la obtención de estos ingresos se encuentra subsumida a la economía digital y el consumo colaborativo. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista las razones de política fiscal, económica y social que motivaron la implementación del RIF, las cuales estaban encaminadas a fomentar la formalidad de aquellas personas físicas que realizan únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, por lo que en la exposición de motivos de 2013, se puntualizó lo siguiente: "este tipo de contribuyentes, por la propia naturaleza de sus funciones requieren una mayor simplicidad para el cálculo y el entero de sus impuestos" Sin embargo dichas razones no se actualizan tratándose de la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, pues como se señaló, implican aspectos relacionados con características específicas del modelo de negocio de la economía colaborativa, por ejemplo la participación de un participante tecnológico (plataforma) o el volumen de operaciones que se llevan a cabo mediante este medio. Además de lo anterior, en la propuesta de adición de la Sección III De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, se implementó un nuevo esquema de retención, el cual no es compatible con las reglas de operación del RIF, pues en todo caso las citadas plataformas no tendrían medio o mecanismo para obtener la información relativa a la evolución del pago de los impuestos de las personas físicas que tributan en términos del RIF, concretamente el año de tributación y el porcentaje de descuento que le correspondiera. Por lo anterior, es claro que no resulta jurídicamente posible establecer el mismo régimen para fuentes de ingreso distintas, dadas las características principales del modelo de negocio y el carácter cedular o analítico del ISR para personas físicas. Asimismo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en fecha 17 de octubre de 2019, al emitir el Dictamen a discusión, manifestó lo siguiente: Dictámenes a discusión De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación. Por tratarse de igual materia y tener el mismo tema común, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 81, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, incorpora en el análisis del dictamen las iniciativas referidas en el apartado de ANTECEDENTES. Sin embargo, se toma como base para integración del presente instrumento, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. De los motivos expuestos, se advierte que ante la nueva realidad bajo el concepto de economía corporativa, al incluir a todo nuevo modelo disruptivo caracterizado por la aparición de plataformas digitales que actúan como conectores e intermediarios entre particulares, los legisladores se dieron a la tarea de implementar un mecanismo que pudiera facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas que participan en dicho sector y que al mismo tiempo coadyuvara con las autoridades fiscales en la labor de la recaudación del impuesto por la obtención de dichos ingresos, lo que se vio reflejado la adición en el Capítulo II, De los ingresos por actividades empresariales y profesionales, del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Sección III, De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares Asimismo, se advierte que la propuesta de segregar del Régimen de Incorporación Fiscal, los ingresos que obtengan las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes a través de plataformas tecnológicas, se dio toda vez que al constituir un modelo de negocios diferente no se les puede dar el mismo tratamiento que a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes de servicios en el mercado tradicional. En efecto, el legislador consideró excluir a este tipo de ingresos del Régimen de Incorporación Fiscal, porque su esquema de negocios deriva de una economía digital, a través de un consumo colaborativo, esto es, se da la intervención de distintas empresas que prestan al servicio de plataforma tecnológica digital y se encargan de unir a dos o más grupos de personas, por una parte o consumidores de productos y usuarios de servicios y por otra a los proveedores, proporcionando a estos grupos el acceso a una amplia gama en la oferta de bienes o servicios a su vez, proporciona a los proveedores un mercado muy amplio para ofertar dichos bienes o servicios, lo que facilita las transacciones comerciales. Lo anterior, se torna importante porque la dinámica comercial de las personas físicas para quienes se dirigió el Régimen de Incorporación Fiscal, se base en el mercado tradicional, en donde los proveedores de pequeños negocios se centran en ofertar sus bienes y servicios a un número limitado de clientes, que por lo regular se constriñen al área geográfica en donde se ubica la negociación, por tal motivo su crecimiento es lento y requiere de los beneficios que proporciona dicho régimen, para que en un máximo de diez años puedan obtener la madurez fiscal para tributar conforme al régimen general de actividades empresariales. En cambio, las plataformas tecnológicas o informáticas a través de internet, interconectan a las personas para poder realizar un intercambio comercial de bienes y servicios a partir de esta noción de consumo colaborativo. Además, el objeto del Régimen de Incorporación Fiscal, fue facilitar a quienes realizan actividades en los modelos de negocios tradicionales, el cual no fue diseñado para los participantes del modelo de negocios de economía colaborativa dentro de la economía digital. Es por ello, que la reforma que se reclama se justifica, considerando las diferencias que existen en el modelo de negocios, ya que la obtención de ingresos se encuentra subsumida en la economía digital. Asimismo, debemos recordar que los motivos de política fiscal y economía que dieron origen en su momento la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal, fue la de fomentar la formalidad de aquellas personas físicas que realizaban únicamente actividades empresariales, que enajenaran bienes o prestaran servicios, por lo que no se requería para su realización un título profesional. Entonces, dichos motivos no se actualizan tratándose de la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, pues como se señaló, implican aspectos relacionados con características específicas del modelo de negocios de la economía colaborativa, por ejemplo, la participación de un participante tecnológico (plataforma) o el volumen de operaciones que se llevan a cabo mediante este medio. Así las cosas, con el objeto de simplificar el pago del Impuesto Sobre la Renta, en el caso de que las plataformas de intermediación también procesen los pagos que realizan los demandantes de bienes y servicios a los oferentes de los mismos, se propuso que el impuesto se pague mediante un esquema de retención que se efectúe por las personas morales residentes en México; las personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país y, las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Lo anterior, fue justificado por los legisladores, al analizar que las referidas plataformas tiene el control y registro de las transacciones que se llevan a cabo entre sus usuarios (enajenantes, prestadores de servicios y sus clientes), por lo que sin duda se facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de dichas plataformas. En ese mismo orden de ideas, la retención se efectuará sobre el total de los ingresos que perciban efectivamente por conducto de los citados medios las personas físicas sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, teniendo el carácter de pago provisional, debiendo enterar la mencionada retención mediante declaración que se presentará a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención respecto de cada persona física que preste servicios o enajene bienes a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Además, cuando las personas físicas reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquéllos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto por dichos ingresos aplicando las tasas de retención al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, debiendo acreditar el impuesto que, en su caso, les hubiera retenido, en este supuesto se considerará como pago definitivo. Adicionalmente, las tasas de retención previstas en el artículo 113-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se calcularon considerando un coeficiente de utilidad implícito para cada actividad económica, de forma que el impuesto que resulta de su aplicación es equivalente al Impuesto Sobre la Renga promedio que se obtendría de gravar los ingresos sobre una base neta aplicando la tarifa del Impuesto Sobre la Renta, permitiendo de esta forma determinar el impuesto de una manera simplificada. Aunado a lo anterior, las tasas de retención del Impuesto Sobre la Renta propuestas para los tres diferentes tipos de actividad económica representan un importante avance en términos de simplificación, que permite determinar el impuesto sobre una utilidad presunta manteniendo la progresividad del Impuesto Sobre la Renta personal. Asimismo, para simplificar el cumplimiento de la obligación de pago del Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas que obtienen ingresos por las actividades económicas que realizan a través de las plataformas de intermediación, se propuso que en el caso de dichas personas con ingresos derivados de estas actividades de hasta trescientos mil pesos anuales, puedan considerar la retención efectuada como pago definitivo, siempre que además de estos ingresos sólo obtengan ingresos por salarios e intereses. En tanto que las personas físicas con ingresos superiores al límite mencionado en el párrafo anterior o que obtengan además otros ingresos diferentes de salarios e intereses se propone que la retención sea provisional, siendo acreditable en el cálculo de los pagos provisionales correspondientes y en su caso en el cálculo del impuesto del ejercicio. En ese contexto, por lo que respecta a la opción para que los contribuyentes personas físicas con ingresos de hasta trescientos mil pesos puedan optar por considerar la retención como pago definitivo, dicha medida constituye una facilidad administrativa para dichos contribuyentes, toda vez que el costo de cumplimiento que les representaría cumplir por su propia cuenta la obligación de realizar el cálculo de los pagos mensuales provisionales del Impuesto Sobre la Renga y definitivos del Impuesto al Valor Agregado. Por ello, el legislador arribó a la conclusión de que era necesario excluir de forma expresa a los ingresos del Régimen de Incorporación Fiscal, ya que el nuevo esquema de retención, ya no son compatibles con las reglas de operación del primero de ellos, al hacer prácticamente imposible que las plataformas conozcan la evolución del pago de los impuestos de las personas físicas sujetas al mismo, respecto delos descuentos o reducciones aplicables, lo cual afectaría la mecánica del impuesto que se sustenta en retención que llevan a cabo las plataformas digitales. En ese orden de ideas, se puede evidenciar que los motivos torales de la creación del nuevo régimen de tributación abordados por los legisladores, fueron por una parte, para identificar las principales dificultades que plantea la economía digital de cara a la aplicación de las actuales normas fiscales internacionales y concebir medidas exhaustivas para hacer frente a dichas dificultades, adoptando a tal fin una visión panorámica y considerando tanto la imposición directa como la indirecta; entre las cuestiones objeto de examen se incluyen, entre otras, la posibilidad de que una empresa tenga una presencia virtual significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a gravamen debido a la inexistencia de un «nexo» con arreglo a las normativa internacional vigente, la atribución del valor creado a partir de la generación de datos comercializables geolocalizados mediante el uso de productos y servicios digitales, la calificación de las rentas procedentes de nuevos modelos de negocio, la aplicación de normas relativas a la fuente y la forma de garantizar la recaudación efectiva del IVA/IBS en lo que respecta al suministro transfronterizo de bienes y/o servicios digitales. Es por todo lo anterior, que se encuentra legalmente justificada las medidas adoptadas por el legislador, al evidenciar las diferencias que existen en el modelo de negocios entre el comercio tradicional regulado por el Régimen de Incorporación Fiscal y el nuevo régimen reclamado, ya que la obtención del tipo de ingresos por medio de esta última, se encuentra subsumida en la economía digital y el consumo colaborativo; pues las empresas que manejan plataformas digitales por su propia naturaleza ya es un negocio en marcha en el cual se puede acceder a un mercado más amplio de acuerdo a los modelos de negocio de economía colaborativa dentro de la economía digital, además, pueden adaptar mejor su oferta, al proporcionar los productos adecuados a cada cliente; por lo que las empresas que utilizan dichas plataformas también pueden modificar su estrategia de fijación de precios, lo que no es propio del modelo tradicional de negocios. Entonces, como se ha venido desarrollando, nos encontramos frente a dos tipos de negocios (tradicional que no utiliza plataformas de internet y el modelo de negocios de la economía colaborativa, en que sí interviene la participación de un participante tecnológico -plataformas digitales) y en cada uno de ellos implican aspectos relacionados con características específicas; por ello, el trato fiscal que le ha otorgado el legislador es distinto y no puede por ello, considerarse un trato inequitativo, pues las diferencias entre uno y otro, aun cuando la actividad empresarial pudiera ser la misma, su desarrollo no va por la misma vía, como ya se explicó. Además, cabe aclarar que aun cuando la quejosa alega que se ofertan productos y servicios similares, tanto en el mercado tradicional como en plataformas digitales, ya que la distinción que hizo el legislador es mantener el el Régimen de Incorporación Fiscal aquellos ingresos percibidos por contribuyentes que tienen pequeños negocios y necesitan el apoyo de incentivos para posicionar sus productos y servicios en el mercado tradicional y de forma gradual enterar el impuesto, lo cual resulta innecesario en las plataformas digitales ya que sus ventas se realizan en un mercado con mucha exposición con lo cual hace redituable su negocio en breve tiempo, tan es así, que de no contar con esos beneficios estas personas físicas no estarían en condiciones de pagar las comisiones que cobran las empresas que prestan el servicio de plataformas digitales. Por ello, el tratamiento diferenciado se encuentra plenamente justificado, en la inteligencia de que las personas físicas que realizan actividades empresariales no se encuentran en una situación comparable con las personas físicas que enajenan bienes o servicios mediante una plataforma digital y, por tanto, no existe una razón jurídica válida para que sean trabados de la misma manera por la legislación fiscal y las normas reclamadas no violan el principio de equidad tributaria. Al respecto, son aplicables la tesis aislada 1a. CLXXI/2007 y la jurisprudencia 2a./J. 174/2004, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de 2002, se advierte una distinción entre las personas morales y las físicas con actividades empresariales, con base en la cual se justifica el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. Lo anterior es así, ya que el establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las personas físicas con actividades empresariales implica el acatamiento a las intenciones de ampliar la base de contribuyentes y permite alentar el crecimiento económico de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual, adicionalmente, se vio alentado con el establecimiento de tarifas progresivas. Por tanto, la circunstancia de que en el proceso legislativo que dio lugar a las reformas en vigor a partir de 2005 no se precisen las razones que justifiquen el trato diferenciado, no conlleva la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que aquéllas pueden dimanar de una disposición de la Constitución Federal, de otras disposiciones ordinarias o, en su caso, haberse expuesto previamente en la ley tributaria. De esta manera al no encontrarse en la misma hipótesis, las personas morales que tributan en el régimen general y las personas físicas con actividad empresarial, es evidente que no se viola el principio de equidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas como son: las personas físicas responden con su patrimonio de manera total; cuentan con patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada; cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica. Así también, es aplicable por las razones que informa, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 399 del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 171343, de rubro y texto siguiente RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de 2002, se advierte una distinción entre las personas morales y las físicas con actividades empresariales, con base en la cual se justifica el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. Lo anterior es así, ya que el establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las personas físicas con actividades empresariales implica el acatamiento a las intenciones de ampliar la base de contribuyentes y permite alentar el crecimiento económico de la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual, adicionalmente, se vio alentado con el establecimiento de tarifas progresivas. Por tanto, la circunstancia de que en el proceso legislativo que dio lugar a las reformas en vigor a partir de 2005 no se precisen las razones que justifiquen el trato diferenciado, no conlleva la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que aquéllas pueden dimanar de una disposición de la Constitución Federal, de otras disposiciones ordinarias o, en su caso, haberse expuesto previamente en la ley tributaria. De esta manera al no encontrarse en la misma hipótesis, las personas morales que tributan en el régimen general y las personas físicas con actividad empresarial, es evidente que no se viola el principio de equidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas como son: las personas físicas responden con su patrimonio de manera total; cuentan con patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada; cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica. Asimismo, es aplicable la tesis del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 34, del Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 206013, de rubro y texto siguiente RENTA, PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA. No puede estimarse que el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (reforma del 28 de abril de 1986, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 30 del mismo mes y año), viole el principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por el hecho de que establezca la obligación para las personas morales de efectuar pagos provisionales mensuales, cuando el artículo 111 del mismo cuerpo de normas prevé que las personas físicas que se dediquen a actividades empresariales deben realizar dichos enteros provisionales cuatrimestrales, pues siendo sujetos pasivos desiguales, la equidad implica que se les dé un trato desigual. Así, las personas físicas con actividades empresariales se encuentran bajo un régimen legal diferente, cuando para sus fines utilizan plataformas digitales y, por ello, se encuentra justificado el trato diferenciado que les otorgó el legislador, lo cual evidencia que no se quebranta el principio de equidad tributaria; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Igual criterio siguió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la revisión principal 1022/2015, por unanimidad de cinco votos, en sesión de cinco de octubre de dos mil dieciséis, de la cual emanó la tesis 2a. XXI/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1399, con número de registro digital 2013886 RENTA. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN TRATO FISCAL DIVERSO AL RÉGIMEN GENERAL APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto legal mencionado se ubica en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que regula el régimen de incorporación fiscal, el cual es optativo y transitorio, además de que sólo es aplicable a personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, así como que los ingresos que obtuvieron en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de dos millones de pesos. Los contribuyentes de este régimen (entre otros aspectos) calculan y enteran el impuesto en forma bimestral, el cual tiene el carácter de pago definitivo, además el monto a pagar es susceptible de disminución durante un periodo de diez años (en el primer año la reducción es de 100%, la cual se disminuirá 10% en cada uno de los subsecuentes, hasta llegar a 10%). Por su parte, las personas morales que calculan el gravamen en términos del régimen general que establece el Título II de la propia ley, no cuentan con el beneficio de reducción del impuesto determinado. Ahora, la anterior diferencia se justifica sobre la base de que ambas categorías de contribuyentes poseen características propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) que impiden considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad económica y actualicen el mismo hecho imponible, ya que las personas físicas responden con su patrimonio de manera total, cuentan con un patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad adoptada); cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica. Adicionalmente, en la composición legal de la base gravable de las personas físicas y morales, se tiene en cuenta que entre ellas existe distinta aptitud contributiva de la riqueza, pues mientras que aquéllas tributan conforme a un régimen cedular, atendiendo a las distintas fuentes de sus ingresos, estas últimas son gravadas conforme a un régimen global, según el cual, la obtención de sus ingresos está delimitada por la ejecución de su objeto social. Tales características justifican que el legislador ordinario haya decidido someter a las personas físicas y morales a diseños tributarios distintos y, por ende, el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la quejosa en su tercer concepto de violación sostiene que al carecer la sección III, conformado por los artículos 113-A, 113-B y 113-C, del nexo necesario para u compresión en lo relativo al Título IV del Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, específicamente el artículo 152, tiene como consecuencia que ocasione a la quejosa inseguridad jurídica, derivada de la falta de regulación necesaria en la antes referida sección. Precisa la quejosa que la referida Sección legislativa que combate, establece que todos aquellos ingresos provenientes de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, y sus análogos, estarán sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta a través de retenciones efectuadas por las mismas plataformas tecnológicas, mismas que podrán tener el carácter de pagos provisionales, o pagos definitivos, lo cual se encuentra determinado mediante los distintos supuestos que se plantean al interior de estos mismos artículos; sin embargo, refiere que jamás se establece si aquellos contribuyentes que se encuentren adheridos al régimen para plataformas tecnológicas deberán de presentar su declaración anual, sino que únicamente se menciona de manera muy superficial que los contribuyentes tendrán la posibilidad de determinar sus retenciones como pagos definitivos si se perciben en un monto inferior a trescientos mil pesos provenientes de la plataformas tecnológicas. Además, hace referencia que el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, habla de las Secciones I y II del Capítulo II; sin embargo, en ningún momento se señala la sección III, por lo cual los contribuyentes pertenecientes a esta sección desconocen la manera en la cual deben de proceder en lo relacionado a la declaración anual. Así, en el cuarto concepto de violación, la quejosa señala que la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2020, con fecha 28 de diciembre de 2019, y dentro de la cual se encuentran las reglas con número 12.3.8 y 12.3.9 y la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, con fecha del 24 de julio de 2020, dentro de la cual se encuentra la regla 12.3.12, encargadas de satisfacer las lagunas que se encuentran dentro de los artículos 113-A, 113-B y 113-C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, son violatorios en función de que transgrede el principio de reserva de ley , consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos conceptos de violación serán analizados en su conjunto, dada su estrecha relación. Ahora bien, en principio, es importante traer a colación los preceptos y reglas de miscelánea fiscal reclamadas, que en lo que aquí interesa disponen: "Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno de los copropietarios como representante común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta Sección. Párrafo reformado DOF 18-11-2015 Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI de este Título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: VI. Las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la Sección III de este Capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Fracción adicionada DOF 09-12-2019 Sección III De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Sección adicionada DOF 09-12-2019 Artículo 113-A. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta Sección, los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención previstas en las siguientes tablas: Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $5,500 2 Hasta $15,000 3 Hasta $21,000 4 Más de $21,000 8 Tratándose de prestación de servicios de hospedaje. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $5,000 2 Hasta $15,000 3 Hasta $35,000 5 Más de $35,000 10 III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta $1,500 0.4% Hasta $5,000 0.5% Hasta $10,000 0.9% Hasta $25,000 1.1% Hasta $100,000 2.0% Más de $100,000 5.4% Las cantidades establecidas en moneda nacional contenidas en las tablas previstas en el párrafo anterior, se actualizarán en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta Ley. Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 Artículo 113-B. Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior, podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen conforme a la presente Sección, en los siguientes casos: Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113-A de esta Ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de trescientos mil pesos. Las personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago definitivo la retención a que se refiere esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite mencionado. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá optar por lo establecido en este artículo. Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior que además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI de este Título. Las personas físicas que ejerzan la opción establecida en este artículo estarán a lo siguiente: No podrán hacer las deducciones que correspondan por las actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto calculado con las tasas previstas en esta Sección. Deberán conservar el comprobante fiscal digital por Internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los bienes y servicios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos, y las retenciones efectuadas. Deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban, en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior. Para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que se establezcan mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita dicho órgano desconcentrado, un aviso en el que manifiesten su voluntad de optar porque las retenciones que se les realicen en términos del artículo anterior, sean consideradas como definitivas, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de las contraprestaciones por las actividades a que se refiere esta Sección. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo ésta no podrá variarse durante un período de cinco años contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el inciso d) de este artículo. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla. Adicionalmente, los contribuyentes personas físicas a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, deberán proporcionar a las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, la información a que se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones que establece el último párrafo de dicha fracción. Esta obligación será independiente al ejercicio de la opción establecida en este artículo. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 Artículo 113-C. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y de entidades o figuras jurídicas extranjeras, deberán cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones I, VI y VII del artículo 18-D e inciso d), fracción II del artículo 18-J, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. II. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicha fracción. IV. Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 113-A de esta Ley, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectúo la retención. En el caso de que los contribuyentes no proporcionen su clave del Registro Federal de Contribuyentes prevista en el inciso b) de la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá retener el impuesto que corresponda por los ingresos a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, aplicando la tasa del 20% sobre los ingresos referidos. V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente. Las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV y V de este artículo, deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Artículo adicionado DOF 09-12-2019 Regla 12.3.8 Personas que ya tributan en el RIF que además obtienen ingresos por operaciones a través de plataformas tecnológicas. Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo, fracción VI, en relación con el 113-A de la Ley del ISR y 18-J, fracción II de la Ley del IVA, las personas físicas que tributan en el RIF y que además perciban ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios u otorgamiento de hospedaje, en operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, a que se refiere la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán continuar tributando en el RIF por los ingresos distintos de los obtenidos a través de las citadas plataformas, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos para ello en este régimen. Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán tributar en términos de la Sección I, conforme a lo establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, por los ingresos obtenidos a través de dichas plataformas. Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto establecido en los párrafos anteriores, deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes del ISR a los ingresos obtenidos por salarios, actividades empresariales y profesionales, RIF, arrendamiento e intereses y con las que, en su caso, les correspondan de conformidad con la Ley del IVA. Para efectos del monto de ingresos de 2 millones de pesos anuales a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, se deberá considerar el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, además de los ingresos que, en su caso, obtengan de los señalados en los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR. Regla 12.3.9 Acreditamiento de la retención del ISR efectuada conforme a la regla 3.11.11., a las personas físicas con actividades empresariales que obtienen ingresos por operaciones a través de plataformas tecnológicas. Las personas físicas que, a partir del 1 de enero de 2020, estén sujetas al esquema de retención del ISR establecido en la regla 3.11.11. y que no hayan optado por considerar dicha retención como pago definitivo, y que a partir del 1 de junio de 2020 por los ingresos que obtengan a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por la realización de las actividades empresariales de enajenación de bienes, prestación de servicios o por otorgamiento de hospedaje, deban aplicar lo dispuesto en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán considerar como acreditable el ISR que les hubieran retenido en términos de la regla 3.11.11. para determinar los pagos provisionales mensuales o pagos definitivos bimestrales, así como la declaración anual correspondiente. Regla 12.3.2 Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el apartado B, fracción II del CFF; 29 fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 113-A, primer párrafo de la Ley del ISR y 18-K de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones", contenida en el Anexo 1-A., señalando las actividades económicas realizadas a través de plataformas tecnológicas. De los artículos transcritos se destaca que estarán obligados al pago del impuesto, aquellas personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten o enajenen bienes o servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicho impuesto, se pagará mediante retención que efectuarán las personas orales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. La retención del impuesto, se debe efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento en el país, que proporcionen el uso de las plataformas digitales, sin incluir el impuesto al valor agregado. Dicha retención tendrá el carácter de pago provisional. Además, refieren que cuando las personas físicas reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubiera retenido. El impuesto que se pague en términos de ese párrafo se considerará como pago definitivo. Entonces, el artículo 113-A del Impuesto Sobre la Renta, contrario a lo señalado por la parte quejosa, sí establece que las retenciones que se le efectúen a la quejosa, se le podrá dar el carácter de pago provisional o definitivo, el cual queda a elección del contribuyente, sin perder de vista que únicamente se le dará a los efectos definitivos, a aquellos pagos que reciban directamente de los usuarios o los adquirentes de los bienes o servicios, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, siempre que no excedan de trescientos mil pesos anuales, y podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubiera retenido. Además, del artículo 113-B de la Ley de referencia, se establece que las personas físicas que obtengan ingresos a través de plataformas digitales, podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen, lo que implica que no tendrá la obligación de presentar declaración anual, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: El total de los ingresos en el ejercicio inmediato anterior que perciba por conducto de las plataformas tecnológicas, no exceda de $300,000.00. Obtener únicamente ingresos relacionados con la prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas, salarios e intereses. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria un aviso en el que manifiesta la voluntad de optar porque las retenciones efectuadas sean consideradas como definitivas, dentro de los treinta días siguientes aquel en que se perciba el primer ingreso por el pago de una contraprestación. Conservar los CFDI proporcionados por las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares correspondiente a los ingresos efectivamente cobrados y a las retenciones efectuadas. Expedir CFDI que acrediten los integrantes percibidos a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. De lo anterior, se tiene que contrario a lo señalado por el quejoso, no se viola en su perjuicio el principio de seguridad jurídica, pues ha quedado demostrado que los contribuyentes que obtienen ingresos por la enajenación o prestación de servicios mediante plataformas digitales, pueden elegir el esquema de tributación siguiente Pagos definitivos: Si se obtiene o se estima que los ingresos anuales que se reciban mediante plataformas tecnológicas son o serán menores de trescientos mil pesos, se puede elegir esta opción y ese estará exento de presentar declaraciones provisionales o definitivas, tanto para el Impuesto Sobre la Renga por los ingresos mediante plataformas tecnológicas. Pagos provisionales: Si los ingresos anuales que se obtienen mediante plataformas tecnológicas son o serán mayores de trescientos mil pesos, la retención de impuestos que realice la plataforma tecnológica tendrá el carácter de pago provisional, por lo que se deberá presentar las declaraciones provisionales y definitivas en materia del Impuesto Sobre la Renga e Impuesto al Valor Agregado de forma mensual y podrá aplicar las deducciones que corresponda cuando se presente la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio correspondiente. También se podrá elegir esta opción si es voluntad del contribuyente realizar pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, aun y cuando estime que sus ingresos no excederán de trescientos mil pesos anuales. Entonces, se puede concluir que sí el contribuyente decide que las retenciones que le realice la plataforma digital sean de carácter definitivo, estará exenta de presentar la declaración anual; por otra parte, si el contribuyente decide optar por realizar sus pagos provisionales, tendrá la obligación de presentar sus declaraciones provisionales y su declaración anual, conforme lo prevé el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ahora bien, es válido que las Reglas 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, establezcan que las personas físicas que a partir del primero de enero del año dos mil veinte, estén sujetas al esquema de retención del Impuesto Sobre la Renta y que no hayan optado por considerar dicha retención como pago definitivo, y que a partir de esa fecha por los ingresos que obtengan a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por la realización de las actividades empresariales de enajenación de bienes, prestación de servicios o por otorgamiento de hospedaje, deban aplicar lo dispuesto en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán considerar como acreditable el Impuesto Sobre la Renta que les hubieran retenido para determinar los pagos provisionales mensuales o pagos definitivos bimestrales, así como la declaración anual correspondiente. Lo anterior, ya que la finalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal conforme al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación es facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, lo que de forma alguna trasciende a los elementos esenciales del impuesto. Para asumir lo anterior es necesario traer a colación las consideraciones vertidas por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 1012/2014, donde, en lo que conducente se dijo OCTAVO. En torno a tal cuestión, la quejosa argumenta precisamente la "necesidad de recurrir a legislación secundaria para su implementación". Al respecto, se observa que es importante precisar que debido a la necesidad de hacer operativa la norma contenida en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 3, fracción XXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Jefe de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidió la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece, en cuya regla I.3.3.1.16, incluyó el procedimiento de referencia. La disposición administrativa mencionada, señala Se transcribe Como se ve, la regla I.3.3.1.16 desarrolla el mecanismo que podrán aplicar los contribuyentes (patrones) para determinar si en el ejercicio de que se trate disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para estos últimos, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a fin de conocer -en términos del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, si el monto no deducible de dichas erogaciones será del 53 y el restante 47 podrá deducirse, o bien, si el monto no deducible será del 47 y el 53 restante podrá deducirse. Conforme al procedimiento contenido en dicha regla, deben obtenerse dos cocientes, uno relativo al ejercicio de que se trate y otro al inmediato anterior, los cuales reflejan la proporción en que los contribuyentes otorgan prestaciones a sus trabajadores que para éstos son ingresos exentos, en relación con el total de remuneraciones que aquéllos pagan en cada ejercicio a favor de estos últimos. Una vez obtenidos los cocientes mencionados, se hace una comparación entre ambos si el cociente relativo al ejercicio de que se trate es menor al del inmediato anterior, se entenderá que existió una disminución en las prestaciones que los contribuyentes pagan a sus trabajadores que para éstos sean ingresos exentos, de manera que no podrá deducirse el 53 de dichos pagos, siendo deducible sólo el 47 restante. Lo anterior significa, por inferencia, que si el cociente relativo al ejercicio de que se trate es igual o mayor al del inmediato anterior, se entenderá que no hubo una disminución en las prestaciones aludidas, de manera que el monto no deducible será del 47 de los pagos efectuados a los trabajadores que para éstos sean ingresos exentos, siendo deducible el restante 53. Pues bien, tomando en consideración que la regla I.3.3.1.16 reclamada, fue emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de las facultades y competencias que la normatividad respectiva le confiere y en atención a la necesidad de proveer un instrumento operativo conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción XXX, reclamado, este Tribunal Pleno considera que dicha disposición administrativa no transgrede el principio de legalidad tributaria ni, por ende, el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes. Lo anterior es así, porque siguiendo los parámetros contenidos en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la regla miscelánea no hace más que precisar la forma en que los contribuyentes podrán determinar si en el ejercicio fiscal de que se trate, las prestaciones otorgadas a los trabajadores que para éstos signifiquen ingresos exentos, disminuyeron en relación con las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior, a fin de saber si en términos de ese precepto legal, el monto no deducible de los pagos correspondientes será del 53, o bien, del 47 por la aplicación del factor de 0.53 o el de 0.47, según el caso. En tal sentido, la regla miscelánea recoge puntualmente los componentes definidos a nivel de ley, esto es, una proporción del 53% no deducible (que es lo mismo que el factor de 0.53, así como la condición a que se sujeta la aplicación de dicho porcentaje que disminuyan las prestaciones otorgadas a los trabajadores que para éstos sean ingresos exentos), y sólo establece un método acorde con dichos parámetros, necesario para saber en qué casos disminuyen (o no) esas prestaciones. Así, resulta patente que habiéndose definido en el artículo 28, fracción XXX, de la ley reclamada, las bases sobre las que deberá diseñarse el procedimiento mediante el cual, los contribuyentes podrán determinar si las prestaciones de que se trata disminuyeron respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior, la autoridad administrativa solamente proveyó de una técnica específica (comparación de cocientes) para verificar si disminuyen o no tales prestaciones y, en caso de que así suceda, resulte como no deducible un 53 de los pagos correspondientes (o bien, en caso contrario, se obtenga como no deducible un 47, a fin de concretar las proporciones que en términos de aquel precepto legal serán no deducibles y correlativamente deducibles. Tal proceder no le está vedado a la autoridad administrativa emisora de la regla miscelánea impugnada en términos del principio de reserva de ley relativa, porque no crea o define dicho procedimiento bajo su laxo criterio sin estar legitimada para ello. Por el contrario, se observa que tan sólo actuó dentro de sus facultades al establecer una técnica específica para verificar si disminuyen o no las prestaciones de que se trata, respetando los principios básicos que estableció el legislador en el diseño del procedimiento señalado. Bajo esa óptica, se corrobora que las disposiciones impugnadas no contravienen el principio de reserva de ley relativa ni provocan inseguridad jurídica, porque en una ley en sentido formal y material artículo 28, fracción XXX), se establecen los componentes que inciden en la determinación de la base gravable, así como los principios que regirán el procedimiento para definir el factor aplicable; mientras que en una norma administrativa regla I.3.3.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, sólo se desarrolla a nivel técnico-operativo un procedimiento específico cuyas bases se encuentran delineadas en la ley, sin regular por sí, la base del impuesto o los componentes que tienen incidencia en ella. En síntesis, el Alto Tribunal consideró que la regla I.3.3.1.16, no transgrede el principio de legalidad tributaria ni el de seguridad jurídica, pues fue emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de las facultades y competencias que la normatividad respectiva le confiere, y en atención a la necesidad de proveer un instrumento operativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción XXX, reclamado, el cual se ha evidenciado que resulta acorde al orden constitucional. Estos argumentos dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J. 182/2016 (10ª.), visible a página 690, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice RENTA. LA REGLA I.3.3.1.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA NI EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La disposición administrativa indicada desarrolla el mecanismo que podrán aplicar los contribuyentes (patrones) para determinar si en el ejercicio de que se trate disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que, a su vez, sean ingresos exentos para estos últimos, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a fin de conocer -en términos del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta-, si el monto no deducible de dichas erogaciones será del 53% o del 47%. Conforme a ese procedimiento, deben obtenerse dos cocientes, uno relativo al ejercicio de que se trate y otro al inmediato anterior, los cuales reflejan la proporción en que los contribuyentes otorgan prestaciones a sus trabajadores que para éstos son ingresos exentos, en relación con el total de remuneraciones que aquéllos pagan en cada ejercicio a favor de estos últimos. Una vez obtenidos los cocientes mencionados, se hace una comparación entre ambos: si el cociente relativo al ejercicio de que se trate es menor al del inmediato anterior, se entenderá que existió una disminución en las prestaciones que los contribuyentes pagan a sus trabajadores que para éstos sean ingresos exentos, de manera que no podrá deducirse el 53% de dichos pagos, siendo deducible sólo el 47% restante. Por tanto, tomando en consideración que la regla I.3.3.1.16. aludida, fue emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de las facultades y competencias que la normatividad respectiva le confiere, y en atención a la necesidad de proveer un instrumento operativo conforme al citado artículo 28, fracción XXX, dicha disposición administrativa no transgrede el principio de legalidad tributaria ni, por ende, el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes, pues siguiendo los parámetros contenidos en el precepto legal referido, la regla miscelánea no hace más que precisar la forma en que los contribuyentes podrán determinar si en el ejercicio fiscal de que se trate, las prestaciones otorgadas a los trabajadores que para éstos signifiquen ingresos exentos, disminuyeron en relación con las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior, recogiendo para ello de manera puntual los componentes definidos por la propia ley. Dicho lo anterior, este Juzgado hace suyas las consideraciones y fundamentos contenidos en la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1012/2014, así como de la jurisprudencia 2a./J. 182/2016 (10a.), y con base en ellas llega a la conclusión de que los argumentos planteados por la quejosa en los conceptos de violación que se analizan son infundados, sin que obste que en este asunto se reclamen las reglas con números 12.3.8 y 12.3.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil veinte y la diversa 12.3.12 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, ya que aplican las mismas razones en ambos casos, para establecer que no se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica (reserva de la Ley como lo aduce la impetrante), que derivan del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como ya quedó sustentado por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, las reglas de la miscelánea fiscal en comento constituyen el instrumento operativo de un procedimiento derivado de un precepto legal, del cual no se ha determinado que transgreda principio constitucional alguno. En consecuencia, este Juzgador Federal estima prudente negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, por los motivos y consideraciones vertidas con anterioridad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Gabriela Romero Topete, contra los actos atribuidos a las autoridades precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia derivada por el Virus Covid-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, en los términos indicados en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente; se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea",
- Principal
Visto el estado procesal que guardan, así como de la certificación de cuenta que antecede, se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por emergencia Covid-19" y para lo cual emitió la CIRCULAR SECNO/1/2021 de esa misma fecha, en la que entre otras, se precisa que se deberá seguir los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, emitido en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, por tanto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en los términos indicados en dicho acuerdo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia constitucional. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo preceptuado en el ACUERDO GENERAL 22/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19.
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