María Gabriela Lozada Reyna

Expediente 1171/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1171/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
03/09/2018

Partes del expediente

  • María Gabriela Lozada Reyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Presidente y la Actuaria ambas adscritas a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: en el término de setenta y dos horas siguientes al en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dicte todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para ejecutar el laudo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral D-6/591/2014, hasta lograr que se reinstale a la trabajadora, aquí quejosa, y se cubra la totalidad de la condena económica impuesta, o bien, determine que es imposible cubrir alguna de ellas. Debiendo informar a este Juzgado de Distrito el trámite que vaya dando hasta el total cumplimiento del laudo. Asimismo, mediante oficio recibido el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el veinticuatro de agosto y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copias certificadas del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, diligencia de reinstalación de veintinueve de junio del año en curso, diligencia de requerimiento de pago y embargo de once de julio de la presente anualidad, escrito de la parte quejosa y oficio dirigido al Registrador Público de la Propiedad, para que realizara la inscripción del bien inmueble embargado. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidente y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días den cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando cuarto de la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a las responsables que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo,. Asimismo, se comunica a las responsables requeridas que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo.

  3. Principal

    agréguese a los autos el escrito suscrito por la parte quejosa Gabriela Lozada Reyna, visto su contenido, dígasele a la promovente que una vez que la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho cause ejecutoria, este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto del cumplimiento del referido fallo protector.

  4. Principal

    ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE.

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