Maria Gabriela Graciano Galindo

Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
701/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Maria Gabriela Graciano Galindo
  • Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por María Gabriela Graciano Galindo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en su caso, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veinte. En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las once horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo ********************, promovido por ********************. Enseguida, se declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Primero, se da lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. El Juez declara abierto el período probatorio, en que el Secretario da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable al rendir informe con justificación. A lo que se acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, se abre y cierra la fase de alegatos, en virtud de que no existen que reproducir. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente: S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, ******************** promovió juicio de amparo contra acto de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de siete de octubre del año en curso, se registró la demanda de amparo con el número ********************, se admitió la demanda, ordenando dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la demanda fue presentada dentro de la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado es la omisión de la Junta responsable de acordar la solicitud formulada por la apoderada legal de la parte actora en la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el seis de marzo de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/4/2014. Apoya a tal precisión, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado, por así reconocerlo la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir el informe justificado; además, remitió copia certificada de diversas actuaciones que obran en el juicio de origen, documentales que tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última. No se analizará el acto que la impetrante califica de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." La quejosa acudió en demanda de protección constitucional el cinco de octubre del presente año, reclamando la omisión de la Junta responsable de acordar la solicitud formulada por su apoderada legal en la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el seis de marzo de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/4/2014. Por su parte, la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir informe justificado remitió copia certificada de los oficios 947/4/2020 y 948/4/2020 librados el veintinueve de octubre del año en curso, por los cuales, en atención a la solicitud de la apoderada legal de la parte actora en la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el seis de marzo de dos mil veinte, requirió a las instituciones bancarias BBVA Bancomer, Sociedad Anónima y Banco Mercantil de Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a fin de verificar si las cuentas respectivas se encuentran a nombre de la parte demandada. De ahí que se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en razón de que la Junta responsable al haber atendido la solicitud de la parte actora realizada en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se dejó de afectar la esfera jurídica de la agraviada, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que la quejosa sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable rindiendo su INFORME JUSTIFICADO correspondiente y anexo que acompaña, que se relacionarán en la audiencia constitucional de este juicio para ser tomados en consideración en su oportunidad; con dichas constancias dése vista a las partes mediante notificación por lista para que expongan lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...se admite la demanda de amparo promovida por MARIA GABRIELA GRACIANO GALINDO, contra acto de PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. ...Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva...

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