María Gabriela Garay Otero

Expediente 769/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
769/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • María Gabriela Garay Otero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia por la que se determinó NEGAR el amparo solicitado por Ma XXXXXXXXX. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de abril dos mil veintidós. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Así, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los ??????????????? Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.

  2. Principal

    SENTENCIA. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 769/2021-IV, promovido por ***********, contra acto del Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, C O N S I D E R A N D O: (...) QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Algunos conceptos de violación, se analizarán de manera conjunta, dada su estrecha vinculación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo2. En primer término, debe decirse que los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. De este modo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1348 del Código de Comercio, el Juez, como director del proceso, está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun en el supuesto que no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla. Por ello, el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Así, respecto de los motivos de disenso identificados como uno y dos, resultan infundados, ya que, si bien la quejosa objetó el informe rendido por la institución bancaria **********, lo cierto es que tal objeción la realizó respectó a la firma de quien emitió dicho informe, pero no objetó el estado de cuenta certificado por el contador facultado por tal institución financiera en cuanto a su contenido, por lo que debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, tal y como lo señaló el Juez responsable. En estas condiciones, fue legalmente dictada la determinación del Juez responsable respecto de tomar en consideración y dar calor probatorio al certificado contable a efecto de precisar las cantidades que se deberían cubrir primero a la beneficiaria preferente y a la actora, en términos de lo juzgado en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, ya que así se estableció en la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, puesto que se tuvo como cantidad base respecto de la que, en ejecución de sentencia, se debía realizar la partición que le correspondiera a la demandada pagar a la beneficiaria preferente y a la actora. Así, la circunstancia que refiere la quejosa respecto a que pagó una cantidad de anticipo del crédito que le fue concedido para comprar el bien objeto del contrato de seguro base de la acción en el juicio de origen, no puede tomarse en consideración para efectos de realizar una operación aritmética y sea tomado dicho anticipo para que la demandada proceda al pago que hasta el interés le corresponda a la beneficiaria preferente como a la actora, respecto de la suma de *********. Lo anterior, ya que para determinar la condena que decretó en la sentencia definitiva el Juez responsable, atendió a la cantidad del valor factura del vehículo, por lo que dicho valor es sobre el que se debe liquidar en ejecución de sentencia, conforme a lo establecido en tal ejecutoria, más no es acertado que en ese procedimiento de ejecución, la quejosa pretenda que se le tomen en consideración los pagos que realizó como anticipo del crédito que se le otorgó para comprar el vehículo siniestrado, ya que esas erogaciones no fueron materia de análisis en el procedimiento natural. De igual forma, respecto a que se le descuenta el diez por ciento y a la beneficiaria preferente nada, es incorrecta tal apreciación, ya que por una parte dicho porcentaje se aplicó al monto total del valor factura del bien siniestrado y por otra, tal circunstancia fue motivo de la sentencia definitiva que se pretende ejecutar, por lo que no procede analizarla en la presente instancia constitucional, al ser cosa juzgada. Asimismo, de la diferencia que refiere que existe entre el valor factura del vehículo y de la condena decretada en sentencia ejecutoria dictada en el procedimiento natural, tampoco procede abordar su estudio en esta instancia constitucional, máxime que en el incidente de ejecución de sentencia y liquidación de intereses no fue donde se ponderó tal circunstancia, ya que, como se dijo, eso forma parte de la sentencia definitiva que constituye cosa juzgada. Por lo que hace a la inconformidad señalada en el concepto de violación identificado como tres, también resulta infundada. En primer lugar, debe establecerse que para que se cumpla con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación las razones particulares y circunstancias especiales e inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo además de haber una adecuación entre los motivos y las normas legales aplicables al caso concreto. Por otra parte, tenemos que si bien toda resolución debe estar fundada y motivada, en materia civil, se tendrá por cumplido dicho requisito si los razonamientos que la sustentan son jurídicos y atienden a la controversia planteada, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, ello siempre y cuando del estudio de la misma se advierte que es jurídicamente correcta, al resultar sus razonamientos legales y conducentes al caso concreto, por lo que aun cuando no hayan sido citados los artículos que la sustentan, resulta que sí fueron cabalmente respetados y en consecuencia, la resolución se encuentra, debidamente fundada, en virtud que el juez responsable, al dictar la interlocutoria reclamada, se adecuó a lo establecido en los artículos 81, 402 y 426 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México ya que precisó que la base para liquidar los intereses moratorios era la cantidad de **********, que es la que le corresponde a la actora por concepto de indemnización por el robo del vehículo asegurado. En esta guisa, no debe perderse de vista que en la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen, se señaló que primero debería establecerse la cantidad que le correspondería a la beneficiaria preferente y por su parte a la actora, para después sobre esta base, se cuantificaran los intereses moratorios que a cada una de ellas tendría que pagar la demandada; por tanto, es congruente la determinación del juez responsable respecto de que declarar infundada la planilla presentada, atento a que no se partió de la cantidad líquida que le corresponde a la ahora quejosa como indemnización por el robo del vehículo asegurado. Por tanto, es inexacto lo que alude la quejosa, ya que el juez responsable se pronunció respecto de la planilla de liquidación de intereses que ella presentó, sin que ésta desvirtúe lo decretado por el juzgador natural. Así, y al no haberse acreditado que el acto reclamado resulte violatorio de derechos humanos ni de garantías individuales, y al no estar en el caso de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra el acto reclamado al Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, consistente en la interlocutoria de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de ejecución de sentencia y liquidación de intereses, deducido del juicio oral mercantil 278/2019. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto atribuido al Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba del oficiante las documentales que acompaña a su informe justificado, las cuales se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. En consecuencia, con el contenido del informe justificado y las constancias remitidas, dese vista a las partes para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga. Téngase por agregadas como parte de actuaciones las constancias remitidas y con la finalidad de tener un mejor manejo de las mismas, se ordena formar un cuaderno por cuerda separada, identificado como tomo II. Notifíquese vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción, y por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda la constancia de notificación de cuenta, de la que se advierte que la Actuaria de la adscripción, llevó a cabo el emplazamiento de la tercera interesada *************, a la presente instancia constitucional. Notifíquese vía electrónica al Agente del ministerio Público Federal de la adscripción y por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.

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