María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López

Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
177/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López
  • María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López y Otros.
  • Dirección de Control de las Fiscalías Zona Centro, de la Vicefiscalía General Zona Centro de la Fiscalía General del EStado (Denominación correcta de la señalada como Director General de Fiscalías zona Centro)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    PRAL.177/2018-6A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Se declara consentido el cumplimiento. Vistos los autos y como de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López, interpusiera el recurso de inconformidad previsto en el diverso 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de agosto del año en curso (fojas 144 a 149), mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este expediente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, sin que lo hubiera hecho en ese plazo. En consecuencia, se declara consentido el referido auto; hágase saber tal circunstancia a las partes para los efectos legales consiguientes. Archivo del expediente. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil dieciocho. 1. Se declara consentido el cumplimiento. Vistos los autos y como de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López, interpusiera el recurso de inconformidad previsto en el diverso 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de agosto del año en curso (fojas 144 a 149), mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este expediente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, sin que lo hubiera hecho en ese plazo. En consecuencia, se declara consentido el referido auto; hágase saber tal circunstancia a las partes para los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del expediente. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.177/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Antecedentes. Vistos los autos, de los mismos se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 3 y 4), con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el 1) director General de Fiscalías Zona Centro, 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía I Auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previa y Procesos Dependiente de la Fiscalía General del Estado y 3) fiscal Investigadora de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos dependiente de la Fiscalía General del Estado, de quienes reclamó la omisión de acordar el escrito que fue presentado el veintinueve de enero de este año dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017. 2. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 17 a 22). 3. Mediante sentencia dictada el tres de mayo de esta anualidad, engrosada el nueve de ese mismo mes y año (fojas 78 a 92), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos (foja 90): ".1). Deje insubsistente el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho. 2) En su lugar, dicte otro, en el que, de resultarle cita a la referida quejosa dentro del legajo de investigación 5407/UAT-SM/2017, señale hora y fecha para que se presente ante esa representación social y, esencialmente, le haga saber el motivo de ello, tomando en cuenta que se había ordenado citarla mediante oficio 33 de ocho de enero de este año, por conducto del apoderado legal del Registro de Atención Pre hospitalaria, Servicios de Ambulancias, Terapia Intensiva "San José"; desde luego, cumpliendo con lo establecido en los numerales 14 y 16 constitucionales, así como 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, con base en ello, determine si es procedente o no darle intervención dentro de la carpeta de investigación, ya que sólo así podrá restituirse el goce de sus derechos vulnerados." 4. Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y en ese mismo proveído se requirió el cumplimiento de dicha resolución a la autoridad responsable, fiscal coordinadora encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado (fojas 102 a 104). 5. Mediante oficio 628/2018 (fojas 111 a 120), la fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, licenciada Cecilia Martínez Hernández, informó que dictó el auto de quince de junio de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 6. De dicho proveído se desprende que la fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, realizó lo siguiente (foja 112): Dejó insubsistente el proveído de doce de febrero de esta anualidad. b) Asimismo, asentó: "Sin considerar hasta el momento la necesidad de realizarle alguna cita a la referida quejosa por dicha determinación, dejando a salvo las facultades de la presente Autoridad para que se genere la cita en el momento que se considere oportuno (sic)" [foja 112]. 7. Por lo que en acuerdo de veinte de junio último (fojas 121 a 123), a efecto de calificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la referida responsable, para que dictara la determinación respectiva, en la que, de concluir en los términos del auto de quince de junio de este año, fundara y motivara si le resultaba cita o no a la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017; y, de señalar fecha para la intervención de la quejosa, debería atender los lineamientos referidos en la sentencia de amparo. 8. Por oficio de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 129), la licenciada Cecilia Martínez Hernández, fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, informó a esta autoridad que el veintisiete de ese mismo mes y año emitió un acuerdo dentro de la citada carpeta de investigación; de la que se advierte lo siguiente (foja 130): I) Reiteró el acuerdo de quince de junio pasado, y manifestó que si bien es cierto que desde la primera presentación que se pretendía realizar, la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López todavía no se encontraba bajo ninguna calidad, sólo se requería su presencia para que narrara los hechos que le constaban, los que pudo percibir o participó. Asimismo, señaló que de la investigación realizada por esa autoridad, se logró establecer la calidad de imputada dentro de la carpeta 5407/UAT-SM/2017, a la aquí quejosa, y conforme a las facultades que le otorga a dicha autoridad ministerial el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los actos de investigación en los que se señala que son estrictamente reservados, solamente podía tener acceso a la misma, cuando se encuentre detenida y sea citada para comparecer como imputada; agregó que la ahora quejosa no se encuentra dentro de las hipótesis señaladas en el numeral antes indicado. Por lo que no estimó conveniente para el éxito de la investigación, citar a la imputada María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López (aquí quejosa), por el momento, para generarle un citatorio, dejando a salvo las facultades de la autoridad ministerial para generar la cita correspondiente cuando lo considere oportuno. Documentales que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cumplimiento de la ejecutoria. Ahora, con base en lo anterior, se advierte que la licenciada Cecilia Martínez Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, en el acuerdo de veintisiete de junio de este año, realizó lo siguiente (foja 130): 1) Dijo que María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López tiene el carácter de imputada en la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017. 2) Que no estimaba conveniente, ni existía ningún supuesto por el cual se le debía citar para el éxito de la investigación, dejando a salvo las facultades de la autoridad generar la cita correspondiente cuando lo considere oportuno, fundando su determinación en lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) Agregó que existía el amparo 172/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López, contra la orden de aprehensión librada en su contra, el siete de febrero de dos mil dieciocho, por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet (foja 130). En ese tenor, se determina que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, pues en ella se limitó a establecer que de resultarle cita a la referida quejosa, señalara hora y fecha para que se presentara ante esa representación social; y en el caso, la autoridad no estimó conveniente hacerlo para el éxito de la investigación (foja 130); de lo que se deduce que hasta en tanto sea citada, se le dará acceso a la carpeta de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, atento a las relatadas consideraciones, la tutela constitucional quedó satisfecha; por tanto, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en su totalidad, por no existir, además, excesos ni defectos en su cumplimiento. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.9o.P.172 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1958, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2015566, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley." No es inadvertido que la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López en su escrito presentado el diez de julio de esta anualidad (fojas 138 a 140), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aduzca que en el acuerdo de veintisiete de junio del año en curso se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque, agrega, no existía concordancia en la denominación de la autoridad, ya que, asegura, que quien firmó el acuerdo lo fue la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos y, además, calza un sello que se lee: "Fiscalía General del Estado de Oaxaca" y al calce otro que dice: "Dirección General de Fiscalías Zona Centro"; en tanto que la autoridad por quien se le concedió el amparo fue la fiscal Investigadora de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a ello, debe decirse que la precisión de la autoridad que debía dar cumplimento con la ejecutoria de amparo, no se estableció como efecto destacado en la sentencia de amparo, ya que quien dictó el auto lo fue la licenciada Cecilia Martínez Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público, encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos; aunado a que, tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas sobre el grado de precisión necesario para identificarla. Así que sus solas manifestaciones no son suficientes para demeritar que fue ella quien emitió el auto de veintisiete de junio de este año, dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017; o que no cuenta con facultades para hacerlo (foja 130). Finalmente, tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 177/2018 Acuerdo: PRAL.177/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Antecedentes. Vistos los autos, de los mismos se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 3 y 4), con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el 1) director General de Fiscalías Zona Centro, 2) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía I Auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previa y Procesos Dependiente de la Fiscalía General del Estado y 3) fiscal Investigadora de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos dependiente de la Fiscalía General del Estado, de quienes reclamó la omisión de acordar el escrito que fue presentado el veintinueve de enero de este año dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017. 2. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 17 a 22). 3. Mediante sentencia dictada el tres de mayo de esta anualidad, engrosada el nueve de ese mismo mes y año (fojas 78 a 92), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos (foja 90): ".1). Deje insubsistente el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho. 2) En su lugar, dicte otro, en el que, de resultarle cita a la referida quejosa dentro del legajo de investigación 5407/UAT-SM/2017, señale hora y fecha para que se presente ante esa representación social y, esencialmente, le haga saber el motivo de ello, tomando en cuenta que se había ordenado citarla mediante oficio 33 de ocho de enero de este año, por conducto del apoderado legal del Registro de Atención Pre hospitalaria, Servicios de Ambulancias, Terapia Intensiva "San José"; desde luego, cumpliendo con lo establecido en los numerales 14 y 16 constitucionales, así como 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, con base en ello, determine si es procedente o no darle intervención dentro de la carpeta de investigación, ya que sólo así podrá restituirse el goce de sus derechos vulnerados." 4. Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y en ese mismo proveído se requirió el cumplimiento de dicha resolución a la autoridad responsable, fiscal coordinadora encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado (fojas 102 a 104). 5. Mediante oficio 628/2018 (fojas 111 a 120), la fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, licenciada Cecilia Martínez Hernández, informó que dictó el auto de quince de junio de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 6. De dicho proveído se desprende que la fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, realizó lo siguiente (foja 112): Dejó insubsistente el proveído de doce de febrero de esta anualidad. b) Asimismo, asentó: "Sin considerar hasta el momento la necesidad de realizarle alguna cita a la referida quejosa por dicha determinación, dejando a salvo las facultades de la presente Autoridad para que se genere la cita en el momento que se considere oportuno (sic)" [foja 112]. 7. Por lo que en acuerdo de veinte de junio último (fojas 121 a 123), a efecto de calificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la referida responsable, para que dictara la determinación respectiva, en la que, de concluir en los términos del auto de quince de junio de este año, fundara y motivara si le resultaba cita o no a la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017; y, de señalar fecha para la intervención de la quejosa, debería atender los lineamientos referidos en la sentencia de amparo. 8. Por oficio de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 129), la licenciada Cecilia Martínez Hernández, fiscal Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, informó a esta autoridad que el veintisiete de ese mismo mes y año emitió un acuerdo dentro de la citada carpeta de investigación; de la que se advierte lo siguiente (foja 130): I) Reiteró el acuerdo de quince de junio pasado, y manifestó que si bien es cierto que desde la primera presentación que se pretendía realizar, la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López todavía no se encontraba bajo ninguna calidad, sólo se requería su presencia para que narrara los hechos que le constaban, los que pudo percibir o participó. Asimismo, señaló que de la investigación realizada por esa autoridad, se logró establecer la calidad de imputada dentro de la carpeta 5407/UAT-SM/2017, a la aquí quejosa, y conforme a las facultades que le otorga a dicha autoridad ministerial el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los actos de investigación en los que se señala que son estrictamente reservados, solamente podía tener acceso a la misma, cuando se encuentre detenida y sea citada para comparecer como imputada; agregó que la ahora quejosa no se encuentra dentro de las hipótesis señaladas en el numeral antes indicado. Por lo que no estimó conveniente para el éxito de la investigación, citar a la imputada María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López (aquí quejosa), por el momento, para generarle un citatorio, dejando a salvo las facultades de la autoridad ministerial para generar la cita correspondiente cuando lo considere oportuno. Documentales que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cumplimiento de la ejecutoria. Ahora, con base en lo anterior, se advierte que la licenciada Cecilia Martínez Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, en el acuerdo de veintisiete de junio de este año, realizó lo siguiente (foja 130): 1) Dijo que María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López tiene el carácter de imputada en la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017. 2) Que no estimaba conveniente, ni existía ningún supuesto por el cual se le debía citar para el éxito de la investigación, dejando a salvo las facultades de la autoridad generar la cita correspondiente cuando lo considere oportuno, fundando su determinación en lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) Agregó que existía el amparo 172/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López, contra la orden de aprehensión librada en su contra, el siete de febrero de dos mil dieciocho, por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet (foja 130). En ese tenor, se determina que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, pues en ella se limitó a establecer que de resultarle cita a la referida quejosa, señalara hora y fecha para que se presentara ante esa representación social; y en el caso, la autoridad no estimó conveniente hacerlo para el éxito de la investigación (foja 130); de lo que se deduce que hasta en tanto sea citada, se le dará acceso a la carpeta de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, atento a las relatadas consideraciones, la tutela constitucional quedó satisfecha; por tanto, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en su totalidad, por no existir, además, excesos ni defectos en su cumplimiento. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.9o.P.172 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1958, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2015566, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley." No es inadvertido que la quejosa María Gabriela Cruz o Gabriela Cruz López en su escrito presentado el diez de julio de esta anualidad (fojas 138 a 140), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aduzca que en el acuerdo de veintisiete de junio del año en curso se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque, agrega, no existía concordancia en la denominación de la autoridad, ya que, asegura, que quien firmó el acuerdo lo fue la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos y, además, calza un sello que se lee: "Fiscalía General del Estado de Oaxaca" y al calce otro que dice: "Dirección General de Fiscalías Zona Centro"; en tanto que la autoridad por quien se le concedió el amparo fue la fiscal Investigadora de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a ello, debe decirse que la precisión de la autoridad que debía dar cumplimento con la ejecutoria de amparo, no se estableció como efecto destacado en la sentencia de amparo, ya que quien dictó el auto lo fue la licenciada Cecilia Martínez Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público, encargada de la Fiscalía Investigadora I de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos; aunado a que, tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas sobre el grado de precisión necesario para identificarla. Así que sus solas manifestaciones no son suficientes para demeritar que fue ella quien emitió el auto de veintisiete de junio de este año, dentro de la carpeta de investigación 5407/UAT-SM/2017; o que no cuenta con facultades para hacerlo (foja 130). Finalmente, tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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