María Gabriela Cabrera Sigala
Expediente 385/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Gabriela Cabrera Sigala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 385/2023-VI, promovido por *******, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y recibido en este juzgado, el diez siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró vulnerados los contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 28, último párrafo, 31, fracción IV, y 115 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 385/2023-VI, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Congreso del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación y expedición del DECRETO No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. mediante el cual se expide la Ley Estatal de Derechos del Chihuahua; y específicamente el artículo 29, fracciones: l, II, IV, y V de la citada legislación. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de la normatividad impugnada. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, aceptaron los actos que les fueron endilgados, de modo que se tienen por ciertos. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que, para que se origine tal perjuicio -como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto- precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar que tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. Respecto a la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal; pues, para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, esto es, individualización incondicionada, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, es decir, individualización condicionada, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el DECRETO No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. mediante el cual se expide la Ley Estatal de Derechos del Chihuahua; y específicamente el artículo 29, fracciones: l, II, IV, y V de la citada legislación; todos con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas; los cuales establecen lo siguiente: Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, entendiéndose que la inscripción incluye la permanente publicidad de los actos y hechos jurídicos inscritos para surtir sus efectos frente a terceros, garantizando su conservación, preservación y organización, conforme a las disposiciones correspondientes, permitiendo su reproducción y consulta de manera indefinida e inmediata, proporcionando seguridad jurídica, así como la eventual responsabilidad subsidiaria del Estado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs. II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. ................ 167.3734 UMAs . IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley.167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio.167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. . 0.8554 UMAs Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, la solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención la documental en vía de informe a cargo del Notario Público número veintiocho para el Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de la que se desprenden dos certificados de pago con numero de operación ******* y *******, en cuya descripción contiene las leyendas "ART. 29 FRACCIÓN X. C/CANCELACIÓN DE CRÉDITOS Y C/NOTA MARGINAL EN LIBROS O AL CALCE DEL REGISTRO DE DCTOS. Cantidad Importe *******" y "ART. 29 FRACC VI. ASENTAR LAS INSCRICPIONES NECESARIAS DE LA DIVISIÓN DE LA COPROPIEDAD SIEMPRE QUE ALGUNA DIVISIONES . Cantidad Importe *******.", respectivamente. Documentales de las que se advierte que se le aplicaron -únicamente- las fracciones VI y X, de artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad; y por cada cancelación de créditos otorgados por Instituciones de Crédito u organismos de vivienda del Sector Público y por cada nota marginal en los libros o al calce del registro de documentos derivada de dicha cancelación o que se asiente por cualquier otro concepto; así como el artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Documentales que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, las anteriores documentales evidencian la aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracciones VI y X, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua; y artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; no así respecto del numeral 29, fracciones I, II, IV, y V de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que impugna. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, no se advierte la impugnación ni de las fracciones VI y X, del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, aplicadas; ni del artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en tanto que la quejosa no acreditó el acto concreto de aplicación de las fracciones I, II, IV y V del artículo 29 y que regulan el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos; inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; inscripción de condominio; toda vez que, como se afirmó, no se demostró que le fueron aplicadas. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 3a. LII/91 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de mil novecientos noventa y uno, página cincuenta, con registro 207025, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo. Asimismo, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 285, visible en la página 338, Tomo I, Constitucional, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, con registro 900285, cuyo texto y rubro son: INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVII/96, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Constitucional, Común, que se consultó en la página 124, con registro 200149, de rubro y texto siguiente: LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte solicitante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, con registro 214593, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 5º, 61, fracción XII, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 385/2023, promovido por *******, respecto de la norma general analizada que atribuyó al Congreso del Estado de Chihuahua y a la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, dada la actualización de la causa de improcedencia estudiada en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y Agente del Misterio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta presentado por el licenciado ***, Notario Público Número Veintiocho para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase al fedatario en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de julio pasado, informando la fecha en que la que como auxiliar de la administración pública recaudó la contribución de la quejosa ***, relativa al pago de derecho de registro público de la propiedad. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.CRMR
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del informe rendido por el Notario Público número Veintiocho para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, no se advierte la fecha en la que como auxiliar de la administración pública recaudó o retuvo la contribución de la quejosa María Gabriela Cabrera Sígala, relativa al pago de derecho del registro público de la propiedad. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al citado fedatario, a fin de que dentro del término de tres días, computado legalmente, informe a este juzgado la anterior circunstancia. Apercibido de que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Consecuentemente, fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta data y se señalan las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio al Notario Público número Veintiocho para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
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