María Frnanda Fernández Roldán

Expediente 946/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
946/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • María Frnanda Fernández Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    (6)...Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción al haberse negado la medida cautelar, dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Luego, en observancia el artículo 19, fracción II, inciso a), del instrumento normativo en referencia, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción dentro de los treinta días siguientes a que haya transcurrido los seis meses siguientes a la emisión de este auto.

  2. Principal

    (6)...Visto el estado que guarda el presente sumario, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés (fojas 23 a 25), en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído fuera de audiencia, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción I, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  3. Principal

    (6) Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, toda vez que en auto de veintinueve de julio de dos mil veintitrés (fojas 23 a 25), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  4. Incidental

    (6) I. Trámite del incidente. Vistas las fotocopias de la demanda, y, atento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión promovido por .., contra un acto del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo y otra autoridad. II. Informe(s) previo(s). Así las cosas, pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe previo, que deberá(n) rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole(s) al efecto fotocopia sin certificar de la demanda de amparo; por lo que, en caso de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá(n) por cierto(s) los actos reclamados y se le(s) impondrá(n) multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. III. Audiencia Incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan las nueve horas con siete minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Precisión de los actos reclamados. Conforme a los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado respecto del que la parte quejosa solicita se conceda la suspensión, en términos del análisis íntegro de la demanda de amparo, es el siguiente: a] La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral ./2022 del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo V. Requisitos para la concesión de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión del(los) acto(s) reclamado(s), los cuales a saber son: a) Que lo solicite el quejoso; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, No está por demás precisar que previo al análisis del posible perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público que conllevaría la concesión de la medida precautoria solicitada, se requiere como presupuesto lógico (1) que existan los actos reclamados, los que se presumirán como ciertos al proveerse sobre la suspensión provisional, con base a la protesta de decir verdad expuesta por la parte quejosa. Luego, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta (2) la naturaleza de los actos reclamados, de lo que se deriva la obligación de verificar si son susceptibles de suspenderse, para lo que deberán tomarse en consideración la clasificación que de los mismos ha hecho la jurisprudencia (consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera). Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007358 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Materia(s): (Común) Tesis: XXVII.3o. J/2 (10a.) SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Una vez que se determine la existencia de los actos reclamados en los términos apuntados, así como que estos sean susceptibles de ser suspendidos, debe determinarse si la parte quejosa (3) tiene derecho a obtener la medida precautoria solicitada, esto es, si cuenta con interés para ello y que, en caso de ser legítimo, deberá el inconforme acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue, y la importancia social que justifique su otorgamiento. Se cita en apoyo de lo anterior los siguientes precedentes: "Época: Décima Época Registro: 2005049 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.) Página: 430 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." "Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956 INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." VI. Negativa de la suspensión. En ese orden, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y negativa, respecto de los que es improcedente conceder la medida cautelar que solicita, pues equivaldría a ordenar a la autoridad responsable a actuar en el sentido solicitado por la parte impetrante y darle efectos restitutorios propios de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto. En efecto, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que, en su caso, conceda a la parte quejosa la protección solicitada, esto es, la suspensión no puede tener el efecto de invalidar el acto reclamado pues su finalidad se limita a paralizarlo temporalmente. La paralización temporal de que se trata consiste en impedir para el futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias del acto reclamado a partir de que se concede la suspensión. Esto determina que el acto reclamado debe ser susceptible de paralización, es decir, debe tratarse de un acto positivo que implique pronunciación, orden o ejecución. Esto es así, porque si se reclaman omisiones o negativas, en que la autoridad se abstiene a obrar en favor de la pretensión del gobernado, se darían a la suspensión efectos restitutorios al obligarle a actuar en el sentido que ordena el derecho fundamental correspondiente, cuestión que es propia de la sentencia que se dicta en el expediente principal del juicio constitucional, como se corrobora con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Como se ve, la protección constitucional que se confiere contra actos que implican negativas u omisiones, impone a la autoridad responsable la obligación de actuar en el sentido que ordena el derecho fundamental violado; luego, es claro que tal obligación únicamente puede derivar de la sentencia definitiva. Resulta a aplicable a lo anterior, el precedente siguiente: "Registro digital: 2025912 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/2 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO. Hechos: El quejoso solicitó, en el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de contestar su solicitud de pensión o jubilación. Criterio jurídico: Existe un impedimento jurídico para otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, porque la medida cautelar no otorgaría al quejoso un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Justificación: Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la suspensión del acto reclamado debe permitir que la parte quejosa alcance un beneficio transitorio, que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, cuando la violación alegada en el juicio de amparo está relacionada con el derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo." Al respecto, este juzgado de distrito, no desatiende la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2021263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Ni la tesis aislada de datos de localización, rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2004808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.1o.A.3 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1911 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión." Empero, por lo que hace a la primera de las citadas el Máximo Tribunal del país sostuvo que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, ya que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En esos términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que la naturaleza de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Por otra parte, en relación al segundo de los criterios referidos, tal como se ha precisado el numeral 147 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad que de resultar jurídica y materialmente factible, se restablezca de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, pues en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de naturaleza paralizadora, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como lo es en el caso de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, esto es que debe concederse la suspensión del acto reclamado cuando después de realizar un examen particular del caso, el juzgador de amparo advierte que no existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión para realizar ello, lo que en caso se traduce cuando se advierta una violación grave a los derechos fundamentales del quejoso, sin que dicha concesión, eventualmente deje sin materia el juicio de amparo principal del cual deriva la presente incidencia. Por tanto, en el presente caso no resulta factible conceder la suspensión respecto de los efectos o consecuencias del acto reclamado, que se traducen en la omisión de impartir justicia de manera pronta. Lo anterior es así pues, si bien a los actos omisivos puede dárseles efectos restitutorios a través de la medida cautelar de la suspensión, lo cierto es que ello no opera en todos los casos, sino que como se precisó con antelación, sólo en aquéllos en que se advierta que pueda causarse afectación a un derecho sustantivo, y no meramente procesal, atendiendo a la apariencia del buen derecho, y no como lo pretende el quejoso. No obstante lo anterior, en el caso, como se precisó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de realizar las gestiones necesarias a fin de efectuar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral ./2022 del índice del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, cuyos efectos se traducen en la omisión de impartir justicia de manera pronta, de cuyo análisis se advierte que el posible derecho que pudiera llegar a afectarse, es meramente procesal y no sustantivo, pues lo único que provocaría el acto reclamado en el caso es un retardo en la prosecución del juicio laboral, pero no se patentiza afectación a sus derechos sustantivos como por ejemplo a su libertad, a su vida, a su intimidad, a la inviolabilidad de su domicilio, a su patrimonio, a sus datos personales, o a su salud, entre otros. Aunado a lo anterior, tampoco es factible conceder la medida cautelar solicitada por la parte quejosa en los términos que la solicita, pues además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para conceder la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados con un efecto restitutorio, el juzgador de amparo debe considerar que la materia del juicio de amparo indirecto del cual deriva la incidencia correspondiente subsistirá cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa éste a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión, esto es que de concederse la medida cautelar el beneficio que se conceda, no sea uno de naturaleza no transitoria o definitiva que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro, texto, y datos de localización siguientes: "Registro digital: 2026730 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." De ahí que en el presente caso, en caso de concederse la suspensión del acto reclamado para que la autoridad responsable actué en la manera pretendida por la quejosa 1] se dejaría sin materia el juicio de amparo indirecto del cual deriva la presente incidencia, pues precisamente dicha materia versa en analizar si es constitucional o no el inactuar de la autoridad conforme al estado procesal que guardan el sumario de origen, y 2] los efectos de concesión de la suspensión resultarían de carácter permanente, pues no podrían restituirse a su forma original en caso de obtener una sentencia contraria a los intereses de la quejosa, esto es, no se podría dejar sin efectos el emplazamiento realizado a la parte demandada con motivo de la negativa o sobreseimiento del juicio de amparo indirecto del cual deriva la presente incidencia. Lo anterior, máxime que dicha situación se advierte de los propios criterios citados por la parte quejosa, en términos de las razones precisadas por este juzgado federal, y a pesar de que una de las tesis referidas no resulta obligatoria para este órgano constitucional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al constituir sólo una tesis y haber sido emitida por un Tribunal Colegiado perteneciente al Primer Circuito, y no a este Vigésimo Noveno Circuito, al que pertenece este juzgado, dicho juzgado comparte los razonamientos vertidos en ella, sin embargo, los mismos no pueden actualizarse en el caso en concreto al advertirse la naturaleza meramente adjetiva del derecho que se estima violado, ya que no debe pasarse por inadvertido que en dicha hipótesis la concesión de la suspensión solicitada obedecía a un acto omisivo (omisión de dar contestación a petición) que como consecuencia generaba que el quejoso se encontrara privado del correspondiente suministro de energía eléctrica, derecho que en el caso en particular, podría constituir una afectación a una prerrogativa sustantiva, y no adjetiva como en esta incidencia acontece. Es ilustrativa de lo antes expuesto, por las razones que informa en su parte conducente, la tesis de contenido siguiente: "Registro digital: 2017473 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.12o.C.6 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1623 Tipo: Aislada Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan graves pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión contra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces." La presente determinación subsiste hasta en tanto se resuelva en definitiva la suspensión solicitada por la parte quejosa. VII. Autorizados y domicilio ad litem. Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a .. por así solicitarse expresamente. De igual forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario "..". VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente incidente, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen.

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