Maria Francisca Mercado Aguilar

Expediente 553/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
553/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Francisca Mercado Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo contra la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos; ". Efectos de la concesión. Se precisa que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, es para el efecto que el H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, en un término perentorio de quince días hábiles emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo CC. SIN. 281/2019.". Lo anterior, apercibida que de no hacerlo en un plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que recibas este oficio, se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". .Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.".

  2. Principal

    Único. La Justicia del Unión ampara y protege a la quejosa María Francisca Mercado Aguilar, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, por los motivos y para el efecto que se precisan, respectivamente en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Jefa del Departamento Contencioso por ausencia del Secretario del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados de su parte; agréguese al presente juicio de garantías, para que surta sus efectos legales. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la misma, por señalado domicilio para para oír y recibir notificaciones y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a los profesionistas que indica, dese vista a las partes con el informe que se agrega para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por María Francisca Mercado García, por su propio derecho, contra actos del Director de Ingresos del H. Consejo Consultivo Delegacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 553/2019-2B; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quién deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto citado en el párrafo que antecede, en relación con los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas del once de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas la prueba documental que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda; así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Por otra parte, el quejoso refiere que atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 24, último párrafo, 26, fracción IV, 30 y 31 fracción II y III de la Ley de Amparo, 77, 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio y no así se le realicen las notificaciones vía electrónica; asimismo, que para los efectos de lo previsto en el artículo 94 del citado acuerdo, manifiesta que los nombres de usuarios con el que ingresaron a registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: LuisJimenez yJENNYE78. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a Luis Javier Jiménez González y Jenny Elizabeth Medina Guzmán, con usuarios "LuisJimenez" y "JENNYE78", permiso para consultar y promover el presente juicio por la vía electrónica, no así para que se le realicen las notificaciones electrónicas. De igual manera, se les permite la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones en las oficinas del Área de Asesoría Jurídica Federal, ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos número 2213 norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Luis Javier Jiménez González, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Ylbielvart Valencia García, José Manuel Arredondo Lara, José Luis Delgado Vega, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Luis Manuel Oceguera de la Torre y Mario Nicolás Rojo Sañudo, así como para oír y recibir todo tipo de notificaciones a las Oficiales Administrativas licenciadas Blanca Alicia Álvarez Montiel, Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Adán Alberto Valdez León, Ana Pascasia Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Iván Humberto Pantoja Arredondo, Norma Angélica López González, Leticia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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