Maria Florentina Varguez Y Tejero
Expediente 1853/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1853/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Florentina Varguez Y Tejero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó y se concedió la definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos un disco óptico (DVD); que la autoridad responsable, Juez Especializada en Justicia Penal para Adolecentes del Sistema Acusatorio Oral del Estado, adjunto a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, para los fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE
- Incidental
Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y; S E R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA al menor de iniciales M.J.D.V., por conducto de su madre MARÍA FLORENTINA VÁRGUEZ Y TEJERO alias MARÍA FLORENTINA VÁRGUEZ TEJERO, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación en representación del Jefe de Grupo y del Director de dicha Institución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE al menor de iniciales M.J.D.V., por conducto de su madre MARÍA FLORENTINA VÁRGUEZ Y TEJERO alias MARÍA FLORENTINA VÁRGUEZ TEJERO, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLECENTES DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente el informe justificado rendido por la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, mediante el cual informó la situación jurídica del quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, y remitió copia certificada de la audiencia celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós, en la cual la referida Jueza, en la carpeta judicial 41/2022/J.C., dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, denunciado por Medardo Tejero, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado, y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo por el plazo de cinco meses. Ahora bien, se trae a colación que mediante demanda presentada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, María Florentina Várguez y Tejero alias María Florentina Várguez Tejero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de Mario Jesús Díaz Várguez, contra los actos que reclamó de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes en el Sistema Acusatorio y Oral y de otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión y detención que sufrió el directo quejoso, así como su ejecución. Ahora bien, la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclamó, esto es, haber emitido una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, sin embargo, también precisó que mediante audiencia el diez de agosto de dos mil veintidós, dictó auto de vinculación a proceso en contra del agraviado, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado, y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo por el plazo de cinco meses. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, que fueron adjuntas al informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, por cambio de situación jurídica prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Esto es así, porque de las constancias relativas al informe con justificación de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral se advierte, que en la carpeta judicial 41/2022/J.C., se dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado. Por lo que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, quedó sustituido con el dictado del auto de vinculación a proceso, y, por tanto, no puede ser analizada, por tratarse de un estado procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, al quedar legalmente substituida con la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar respectiva, por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable al caso, por analogía, la Jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." 3 Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." 4 3 Visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 4 Emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1017, Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Finalmente, vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de quince de agosto del año en curso, en el sentido de que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto a que no fue posible hacer entrega de los oficios dirigidos a las autoridades denominadas por la parte quejosa como "Fiscal General Investigador Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado y al Fiscal Investigador adscrito al Primer Distrito Judicial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado, ambos con residencia en esta ciudad", en virtud de que al constituirse la Actuaria de la adscripción en el departamento jurídico de la Fiscalía General del Estado, le informaron que dichas autoridades a la literalidad asentada no existen el organigrama de dicha Fiscalía; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, deja de tener como autoridades responsables en este juicio de amparo al ""Fiscal General Investigador Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado y al Fiscal Investigador adscrito al Primer Distrito Judicial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado, ambos con residencia en esta ciudad", suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente el informe justificado rendido por la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, mediante el cual informó la situación jurídica del quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, y remitió copia certificada de la audiencia celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós, en la cual la referida Jueza, en la carpeta judicial 41/2022/J.C., dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, denunciado por Medardo Tejero, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado, y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo por el plazo de cinco meses. Ahora bien, se trae a colación que mediante demanda presentada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, María Florentina Várguez y Tejero alias María Florentina Várguez Tejero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de Mario Jesús Díaz Várguez, contra los actos que reclamó de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes en el Sistema Acusatorio y Oral y de otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión y detención que sufrió el directo quejoso, así como su ejecución. Ahora bien, la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclamó, esto es, haber emitido una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, sin embargo, también precisó que mediante audiencia el diez de agosto de dos mil veintidós, dictó auto de vinculación a proceso en contra del agraviado, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado, y se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo por el plazo de cinco meses. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, que fueron adjuntas al informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, por cambio de situación jurídica prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Esto es así, porque de las constancias relativas al informe con justificación de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral se advierte, que en la carpeta judicial 41/2022/J.C., se dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Mario Jesús Díaz Várguez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado en los artículos 368, 369, fracción III, 378, 379, párrafo II, 380, fracción II, 381, 382 y 383, todos relacionados con el artículo 165 del Código Penal del Estado. Por lo que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, quedó sustituido con el dictado del auto de vinculación a proceso, y, por tanto, no puede ser analizada, por tratarse de un estado procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, al quedar legalmente substituida con la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar respectiva, por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable al caso, por analogía, la Jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." 3 Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." 4 3 Visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 4 Emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1017, Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Finalmente, vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de quince de agosto del año en curso, en el sentido de que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto a que no fue posible hacer entrega de los oficios dirigidos a las autoridades denominadas por la parte quejosa como "Fiscal General Investigador Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado y al Fiscal Investigador adscrito al Primer Distrito Judicial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado, ambos con residencia en esta ciudad", en virtud de que al constituirse la Actuaria de la adscripción en el departamento jurídico de la Fiscalía General del Estado, le informaron que dichas autoridades a la literalidad asentada no existen el organigrama de dicha Fiscalía; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, deja de tener como autoridades responsables en este juicio de amparo al ""Fiscal General Investigador Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado y al Fiscal Investigador adscrito al Primer Distrito Judicial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes del Estado, ambos con residencia en esta ciudad", suspendiéndose toda comunicación con las mismas. 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