Maria Flora Gámez Espinoza y Otros.
Expediente 3/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2017
Partes del expediente
- Maria Flora Gámez Espinoza y Otros.
- Maria Flora Gámez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Queda firme el auto de veinte de enero pasado. Archivese este asunto como totalmene concluido
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en funciones de Magistrado, con residencia en esta ciudad. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, el quejoso reclama de autoridad responsable, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de la autoridad responsable la transgresión y vulneración del artículo 80, fracción VI de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California." Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el dieciséis de enero del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente dentro del juicio contencioso administrativo 111/2016, del índice de la responsable. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, la posible violación de los derechos humanos alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, de modo que se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto que se reclama y, de esta forma, es inconcuso que el acto ya no agravia a la parte quejosa, pues efectivamente de lo que se dolía era de la omisión de la responsable de dictar la sentencia correspondiente dentro del juicio contencioso administrativo 111/2016. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita por ser aplicable, por el espíritu que la rige, la Jurisprudencia CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el recurso de inconformidad 282/2013, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, cuyo rubro y texto dicen (lo subrayado es nuestro): "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LO QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN LA CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función el acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstas en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013" En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal, y conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta MARÍA FLORA GÁMEZ ESPINOZA, contra actos de la autoridad PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 3/2017. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 6°, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías; sin que sea el caso abrir incidente de suspensión por no haber sido solicitado en la demanda de amparo; y, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En consecuencia, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir de que tenga conocimiento de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del asunto; se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, como lo establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Se fijan las DIEZ HORAS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), 115 y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, proceda la Actuaria adscrita a este Juzgado, mediante oficio y con copia de la demanda de amparo, a emplazar al presente juicio a las tercero interesadas DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, JUNTA DIRECTIVA, todas estas del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), todas con residencia en esta ciudad, así como a dicho INSTITUTO. De conformidad con lo que establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para que comuniquen DE INMEDIATO a este Juzgado de Distrito cuando haya ocurrido alguna causa de sobreseimiento; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, lo anterior en base al artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 251 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se autoriza a los Secretarios del juzgado a firmar los oficios que se generen en el presente juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Colón 1145, entre Calle C y D, Colonia Nueva de esta ciudad y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Guillermo Eugenio Rivera Millán, Leonel de la Peña Chaboya, Rafael Maximiliano Zúñiga Ruiz, Felipe Rafael Salazar Ruiz, Rosa Leyiana de la Peña Molina y José Luis Cummings Bernal, asimismo autorizando para oír y recibir notificaciones a los pasantes de derecho Tania Pamela Pizarro Herrera, Manuel Magdaleno Cárdenas Rodríguez, Alejandra González Hernández, Claudia Marylin Tarín Maciel y María Fernanda Cabrera Rocha y únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a Francisco Javier Jiménez de la Peña y Juan Fernando Estrada Márquez. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes
- María Fernanda Robles Roque929/2021
- María Fernanda Robles Roque1394/2021
- María Fernanda Robles Roque33/2023
- María Fernanda Robles Roque601/2023
- Maria Fidelfa Rivas Campos506/2016
- Maria Flora Gamez Espinoza348/2017
- Maria Flora Uriarte López y Otros.30/2017
- María Francisca Cruz Zaragoza1311/2023
- Maria Gabriela Sandoval Gonzalez160/2019
- María Gloria Basilio Sotelo514/2018
- María Graciela Jiménez González y Otros.553/2020
- Maria Guadalupe Abrajan Castro y Otros.375/2015