Maria Fernanda Urquiza Ledesma

Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
967/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Fernanda Urquiza Ledesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 967/2021, promovido por María Fernanda Urquiza Ledesma; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, María Fernanda Urquiza Ledesma, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Educación Pública Federal, y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de los artículos 1º, 3º, 5º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de 2001. Segundo. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito por lo que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno la admitió a trámite, la registró bajo el número de expediente 967/2021, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por sus trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman actos omisivos que tienen consecuencias dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda, el criterio antes mencionado y las constancias que obran en el sumario, se advierte que María Fernanda Urquiza Ledesma, por su propio derecho, reclama: La omisión de expedir y registrar su título y cédula profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas que cursó en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia. Acto que atribuyó a las autoridades siguientes: Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en Ciudad de México; Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán; y, Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, en su denominación correcta. La negativa verbal de realizar el examen de certificación de inglés TOEIC "Test of English for International Communication", y la omisión de realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Educación Pública, para entregarle su título y cédula profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas. Actos que reclama de las autoridades: Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia; y, Rectora de la mencionada institución educativa. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades Secretaría de Educación Pública Federal, con residencia en la Ciudad de México, y Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, (denominación correcta de la señalada como Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán), así como al Secretario de Educación Pública en el Estado de Michoacán, no obstante que esta última autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de que fue oportunamente notificada de la admisión de demanda como se desprende del sello que obra en la minuta relativa al oficio 17090. Para explicar la premisa anterior, es necesario traer a contexto lo que establecen los artículos 3º, fracciones IV y XXXI, 15 y 16 de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, que señalan: "Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: [.] IV. Cédula Profesional: Documento con efecto de patente para el ejercicio profesional que otorga la autoridad en materia de profesiones, a quien solicita el registro de su título; [.] XXXI. Título Profesional: Es el documento expedido por instituciones educativas, pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, a personas que hayan concluido sus estudios en términos de esta Ley. [.]" "Artículo 15. Instituciones y Organismos Autorizados para la expedición de títulos, diplomas y grados profesionales. Están autorizados para la expedición de títulos y diplomas profesionales: I. Las Escuelas, Facultades e Institutos dependientes del Gobierno Federal y Estatal, autorizadas por la Secretaría de Educación Pública; II. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, III. Las Universidades, Facultades, Escuelas e Institutos que obtengan reconocimiento o autorización de la Secretaria de Educación Pública o de la Secretaría de Educación en el Estado." "Artículo 16. Obtención de títulos, grados y diplomas. Para obtener un título, grado o diploma es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por la normatividad aplicable." Los preceptos transcritos establecen que el título profesional es el documento expedido por instituciones educativas, pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, a personas que hayan concluido sus estudios en términos de dicha Ley, en tanto que la cédula profesional es el documento con efecto de patente para el ejercicio profesional que otorga la autoridad en materia de profesiones, a quien solicita el registro de su título. Asimismo, que las Universidades, Facultades, Escuelas e Institutos que obtengan reconocimiento o autorización de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Educación en el Estado, entre otras, son las autorizadas para la expedición de títulos, diplomas y grados profesionales, siendo indispensable para ello acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por la normatividad aplicable. Lo expuesto permite concluir que, el título correspondiente a la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas que la quejosa aduce cursó y acreditó en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, no corresponde expedirlo a las autoridades señaladas en este apartado, en virtud de que no son estas sino la institución educativa donde se cursaron los estudios de referencia, la autorizada para realizar dicho trámite, una vez que la peticionaria de amparo acredite que ha cumplido los requisitos académicos previstos por la normatividad aplicable, como así lo establecen los preceptos legales 15 y 16 antes transcritos. A la misma conclusión se arriba respecto del registro de título y la expedición de la cédula profesional a nombre de la quejosa, correspondiente a la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas que aduce haber culminado, toda vez que de conformidad con lo que señala el numeral 4 de la propia Ley de Profesiones del Estado de Michoacán, la autoridad en materia de profesiones y su ejercicio, es la Secretaría de Educación del Estado, a través de la Dirección de Profesiones, misma que en términos del artículo 7 de la misma ley, cuenta con las facultades siguientes: "Artículo 7. Atribuciones de la Dirección de Profesiones. La Dirección tendrá las facultades y obligaciones siguientes: [.] II. Realizar el registro de títulos profesionales o diplomas; [.] IV. Expedir las cédulas profesionales con efectos de patente, necesarias para el ejercicio profesional; [.]" Luego, como se precisó anteriormente, la autoridad responsable Secretario de Educación Pública en el Estado de Michoacán, fue omisa en rendir el informe solicitado, y conforme a lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos. Sin embargo, debe considerarse inexistente la omisión relativa al registro del título y expedición de cédula profesional reclamada, ya que como quedó establecido en párrafos precedentes, el título de la quejosa no ha sido expedido por la institución educativa en la que señala se cursaron los estudios inherentes a la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas y en ese sentido, la Secretaría de Educación en el Estado no está en condiciones de llevar a cabo el registro del título correspondiente. Así como tampoco está en aptitud legal de expedir a favor de la quejosa la cédula necesaria para el ejercicio profesional de la indicada Licenciatura, pues dicho documento que expide la autoridad en cita a través de la Dirección de Profesiones, autoriza el ostentarse como poseedor de un título obtenido con motivo del grado académico orientado al ejercicio profesional, el cual, se reitera, no ha sido expedido a favor de la quejosa. De ahí que proceda tener por inexistentes los actos omisivos atribuidos a las autoridades señaladas en esta consideración. Como sustento a lo antes determinado, se invoca la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018, publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos atribuidos a la Secretaría de Educación Pública Federal, con residencia en la Ciudad de México, al Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, (denominación correcta de la señalada como Delegación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán), y al Secretario de Educación Pública en el Estado de Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio por lo que se refiere a los actos atribuidos a dichas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridades responsables Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia; y a la Rectora de la mencionada institución educativa, consistentes en la omisión de realizar el examen de certificación de inglés TOEIC, así como de realizar los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente, a fin de que se expida a favor de la quejosa su título y cédula profesional de la carrera de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas que cursó en esa institución. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado en forma conjunta, -a través de su apoderada jurídica- hayan negado la existencia de dichos actos, pues también señalaron que contrario a lo que sostiene la peticionaria del amparo, esta no ha cumplido con los diversos requerimientos que aceptó al ingresar a estudiar, para que esa institución educativa esté en condiciones de iniciar el procedimiento de tramitación de su certificado y título profesional. Asimismo, refirieron que el motivo principal para no efectuar el examen de inglés, se debe a la pandemia ampliamente conocida, y a que las autoridades municipal y estatal así como las educativas, prohibían que la institución realizara actividades presenciales en el campus y de manera masiva; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, la apoderada legal de las autoridades Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, y Rectora de la mencionada institución educativa, aduce que el presente amparo es improcedente porque dada la naturaleza del acto reclamado, su representada no puede ser considerada como autoridad para efectos de este juicio. La causal invocada es la prevista en los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, misma que resulta fundada. En efecto, dichos numerales disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los particulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento lo anterior, se colige que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a las autoridades de la institución educativa señalada como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, el acto reclamado consiste toralmente en la negativa de llevar a cabo el examen de certificación de inglés TOEIC "Test of English for International Communication", así como la omisión de realizar los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente, a fin de que se expida a favor de la quejosa su título y cédula profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, toda vez que aduce la quejosa ya cursó y acreditó dicha licenciatura en el ciclo 2018-2020, para lo cual adjuntó como imagen electrónica y anexó copia cotejada de diversas documentales consistentes en una constancia de terminación de estudios expedida por la Apoderada Legal de la Universidad demandada; una constancia de acreditación de servicio social y una carta de terminación de dicho servicio, así como una impresión que se titula resumen de cuenta y una de historial de inscripción en la institución educativa UNID. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación con motivo de un contrato bilateral de prestación de servicios, en la que la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, no tiene calidad de autoridad, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública de la institución de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Tan es así, que el reclamo en este juicio lo constituye la negativa de llevar a cabo un examen de inglés, el cual refiere la solicitante de amparo que, aun cuando no constituye un requisito de titulación, la rectora de la Universidad demandada, verbalmente, se niega a realizar las gestiones correspondientes a la certificación TOEIC de inglés, que significa "Test of English for International Communication" por no existir condiciones para ello, y la omisión de realizar ante la autoridad correspondiente, los trámites necesarios para que se le entregue su título y cédula profesional, de acuerdo al artículo 235 del Reglamento General de Alumnos del Sistema Unid. Por su parte, señala la apoderada de las autoridades responsables, que la quejosa no ha cumplido con los diversos requerimientos que aceptó al ingresar a la institución, los cuales aceptó tácitamente al formalizar el contrato bilateral al que se sometió con la institución educativa, dado que reconoce que no ha realizado el examen de inglés y este es un requisito para proceder con su titulación. Asimismo, refiere que dicha peticionaria no ha cumplido con el Reglamento de la Universidad, ya que de acuerdo los numerales 162, 174, 188, 190, 191, 192, el alumno debe primero concluir satisfactoriamente con los requisitos de su plan de estudios y posteriormente, realizar el pago del trámite para que la institución pueda iniciar con el procedimiento de tramitación de su certificado y título profesional, por lo que una vez que la alumna cumpla con el total de requerimientos establecidos en el citado Reglamento, se podrá girar oficio para la validación del certificado y enseguida, la expedición del título. De igual manera, indica que en cuanto a la tramitación de la cédula profesional, su representada no tiene facultades para expedirla, pues dicho trámite corresponde a la quejosa realizarlo de manera personal ante la Dirección General de Profesiones y finalmente, que respecto a la certificación de inglés, se trata de una certificación por parte de organismos distintos y únicamente se efectúa de manera presencial y por campañas, pues los organismos certificadores envían a un aplicador al campus para realizar dicha prueba, misma que, derivado de la pandemia ampliamente conocida, las autoridades municipal y estatal prohibieron a la institución realizar actividades presenciales y de manera masiva. Por lo que si en el caso acontece que la aquí quejosa María Fernanda Urquiza Ledesma, promovió el juicio de amparo en cuanto alumna de la citada institución y el acto reclamado lo constituye la negativa verbal de la institución para realizar el examen de certificación de inglés correspondiente a la certificación TOEIC, así como la omisión de realizar los trámites ante la autoridad correspondiente para entregarle su título y cédula profesionales, respecto de lo cual la institución demandada refiere que no existe tal negativa verbal, así como tampoco la omisión reclamada pues la quejosa no ha cumplido con los requerimientos que aceptó al formalizar el contrato bilateral de prestación de servicios, para estar en condiciones de proceder a la validación de estudios y expedición del certificado correspondiente, es evidente que, aunque la Universidad mencionada pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por ésta, o aquéllos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad, pues no tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando actúe en términos del contrato de prestación de servicios educativos fijado por las partes de común acuerdo. Lo anterior no puede ser de otra manera, porque en el caso en estudio los actos reclamados no se realizan en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad, virtud a que la exigencia de cumplir el requerimiento relativo a la certificación de inglés TOEIC, para proceder a realizar la validación de estudios y expedición de certificado, así como el correspondiente trámite de titulación, acordados previamente en el contrato bilateral de prestación de servicios, surte efectos en un plano de coordinación entre particulares; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas de los actos de autoridad. En ese orden de ideas, los actos que se reclaman no quedan comprendidos como aquéllos de supra a subordinación, puesto que éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación de coordinación que sostiene la peticionaria del amparo con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, pues incide en el contrato bilateral de prestación de servicios celebrado de común acuerdo, en específico en que no se realice el examen de certificación de inglés cuyo requisito es indispensable para iniciar el trámite de validación de estudios y expedición de certificado, así como en forma posterior, el trámite relativo a la obtención del título profesional. Apoya lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 65/2018, visible en la página 647 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, registro digital 2017394, del epígrafe y texto siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En este punto es pertinente precisar que no se pierde de vista que la naturaleza de los actos de que se duele la peticionaria de amparo reviste de omisiva; sin embargo, esa circunstancia no es suficiente para que dichos actos puedan considerarse para la procedencia del amparo, porque la cuestión relativa a no realizar el examen de certificación de inglés y no realizar los trámites para que se expida el título a la quejosa, está íntimamente vinculada con la relación contractual de prestación de servicios institución-alumno, lo cual es susceptible de resolver con base en su normativa interna y no a través del amparo. En esas condiciones, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en esta consideración. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otro lado, no se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables señaladas en este apartado, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Fernanda Urquiza Ledesma, por su propio derecho, por los actos, autoridades y razones contenidas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 31 de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del once de enero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-967/2021-M. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da nueva cuenta con la documental allegada por la parte quejosa. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado

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