María Fernanda Torres Kleinman
Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Fernanda Torres Kleinman
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de la secretaria del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja ********************, y un legajo certificado, cuyo testimonio fue recibido por este órgano jurisdiccional el trece de los presentes, que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. Acúsese el recibo respectivo al tribunal colegiado oficiante, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, y el recurso de queja que se interpuso en contra de dicha determinación fue declarado infundado como se precisó en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de la fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el antepenúltimo párrafo del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Finalmente, por lo que hace al legajo de copias certificadas que devuelve el tribunal oficiante, en virtud de que el mismo se encuentra formado con copias de constancias que ya obran en autos; se hace la observación que dicho legajo, es susceptible de destrucción por este juzgado, por tratarse de expediente auxiliar, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción XXI y 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio del actuario judicial del Décimo Segundo ********************ribunal ********************olegiado en Materia ********************ivil del Primer ********************ircuito, por el que comunica el auto de diecisiete de mayo del año en curso, dictado por el tribunal de su adscripción, del que se advierte acusa recibo del oficio por el que se le remitió el informe justificado, así como el escrito de expresión de agravios y copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo, con motivo del recurso de queja interpuesto por ..., en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, asimismo, hace del conocimiento de este juzgado federal que admite a trámite el recurso de queja, quedando registrado como Q********************.- ********************/********************; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como lo pide la autoridad oficiante se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que realice las gestiones necesarias a efecto de permitir a dicho tribunal el acceso al expediente electrónico del presente asunto, lo que se ordena hacer del conocimiento del órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención al mismo, se le tiene acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************. ********************. ********************., contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar de Proceso Oral del ********************ribunal Superior de Justicia de la ********************iudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 478/2023-III, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. ********************onforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el Juez Séptimo de lo Familiar de Proceso Oral del ********************ribunal Superior de Justicia de la ********************iudad de México, por el que desechó el recurso de queja interpuesto en contra del auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó parcialmente la demanda interpuesta por la quejosa. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, puede advertirse que el juicio de origen se trata de una controversia del orden familiar, que la quejosa es parte actora en el juicio de génesis, que la quejosa promovió el juicio oral familiar en contra de José Manuel ********************endón Olivares, Luciano ********************endón Durán y ********************osaura María del ********************armen Olivares Otero; seguida la prosecución procesal, en auto de seis de marzo de dos mil vientres el juez de origen previno a la parte actora, es así que desahogó la prevención formulada y acordada en auto de quince de marzo del mismo año, se admitió a trámite la demanda interpuesta, asimismo desechó parcialmente dicha demanda; inconforme la parte quejosa con el desechamiento parcial de su demanda interpuso recurso de queja, el cual mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil vientres, el juez responsable determinó desechar el recurso de queja en contra del auto por el que se desechó parcialmente su demanda inicial, determinación que resulta ser el acto reclamado; que nuevamente inconforme con la determinación del juez de génesis interpuso recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, esta juzgadora considera que la determinación reclamada no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de los peticionarios de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, toda vez que el acto que reclama constituye un acto emitido dentro de juicio y la consecuencia del acto reclamado es que el juicio continúe y culmine con el dictado de una sentencia que puede ser favorable a los intereses de la hoy quejosa; con lo que quedarían reparadas las violaciones que por esta vía combate y si no lo es, su ataque deberá realizarlo a través del amparo que se promueva, si es que la sentencia definitiva que se pronuncie le es adversa en función de dichas violaciones; en este sentido, como quedó evidenciado, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación ya que se dará continuidad al juicio de origen, quedando por tanto el juez del conocimiento obligado a dictar la resolución correspondiente, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento los peticionarios de garantías puedan obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que dicho acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar; por tanto, se concluye que la demanda de garantías resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJE********************U********************IÓN I****************************************EPA********************ABLE, A****************************************OS DE (IN********************E********************P********************E********************A********************IÓN DEL A****************************************I********************ULO 114, F********************A****************************************IÓN IV, DE LA LEY DE AMPA********************O).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de arácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así como la jurisprudencia IV.2o.********************. J/2 (10a.), del Segundo ********************ribunal ********************olegiado en Materia ********************ivil del ********************uarto ********************ircuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, materia común, página 1539, de rubro y texto siguiente: "A****************************************OS DE IMPOSIBLE ********************EPA********************A********************IÓN. NO LO SON LAS VIOLA********************IONES P********************O********************ESALES, AUN ********************UANDO PUEDAN ********************ALIFI********************A********************SE ********************OMO DE G********************ADO P********************EDOMINAN********************E O SUPE********************IO********************, PA********************A EFE****************************************OS DE LA P********************O********************EDEN********************IA DEL AMPA********************O INDI********************E****************************************O (LEY DE AMPA********************O, PUBLI********************ADA EN EL DIA********************IO OFI********************IAL DE LA FEDE********************A********************IÓN DE 2 DE AB********************IL DE 2013). El Pleno de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. ********************XXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ********************omo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PE********************SONALIDAD. EN ********************ON****************************************A DE LA ********************ESOLU********************IÓN QUE DI********************IME ES********************A ********************UES********************IÓN, P********************EVIAMEN********************E AL FONDO, P********************O********************EDE EL AMPA********************O INDI********************E****************************************O (IN********************E****************************************UP********************IÓN PA****************************************IAL DE LA JU********************ISP********************UDEN********************IA PUBLI********************ADA BAJO EL ********************UB********************O 'PE********************SONALIDAD. EN ********************ON****************************************A DE LA ********************ESOLU********************IÓN QUE DESE********************HA LA EX********************EP********************IÓN DE FAL********************A DE PE********************SONALIDAD SIN UL********************E********************IO******************** ********************E********************U********************SO, ES IMP********************O********************EDEN********************E EL AMPA********************O INDI********************E****************************************O, DEBIENDO ********************E********************LAMA********************SE EN AMPA********************O DI********************E****************************************O ********************UANDO SE IMPUGNA LA SEN********************EN********************IA DEFINI********************IVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, ********************omo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PE********************SONALIDAD. EN ********************ON****************************************A DE LA ********************ESOLU********************IÓN QUE DI********************IME ES********************A ********************UES********************IÓN, P********************EVIAMEN********************E AL FONDO, P********************O********************EDE EL AMPA********************O INDI********************E****************************************O.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley ********************eglamentaria de los Artículos 103 y 107 ********************onstitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así como la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5, del Primer ********************ribunal ********************olegiado de ********************ircuito en Materia Administrativa Especializado en ********************ompetencia Económica, ********************adiodifusión y ********************elecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la ********************epública, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 16, marzo de 2015, tomo III, materia común, página 2317, de contenido siguiente: "A****************************************OS DE EJE********************U********************IÓN I****************************************EPA********************ABLE O DE IMPOSIBLE ********************EPA********************A********************IÓN. SUS ********************A********************A****************************************E********************ÍS********************I********************AS PA********************A EFE****************************************OS DE LA P********************O********************EDEN********************IA DEL JUI********************IO DE AMPA********************O INDI********************E****************************************O (LEGISLA********************IÓN VIGEN********************E A PA****************************************I******************** DEL 3 DE AB********************IL DE 2013). El Pleno de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En otras palabras, los efectos del acto que por esta vía combate, se actualizan hasta el dictado del fallo definitivo del juicio de origen, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de dicha determinación se vulneran las defensas del afectado, esto es, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que el acto reclamado, será impugnable mediante amparo directo como violación procesal. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia, visible en el libro 85, abril de 2021, tomo II, página 1558, de la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital, 2023042, que dice: "JUI********************IO DE AMPA********************O INDI********************E****************************************O. NO P********************O********************EDE ********************ON****************************************A EL DESE********************HAMIEN********************O PA****************************************IAL DE LA DEMANDA, AL NO SE******************** UN A****************************************O DE IMPOSIBLE ********************EPA********************A********************IÓN [APLI********************A********************IÓN SIS********************EMÁ********************I********************A Y ANALÓGI********************A DE LAS JU********************ISP********************UDEN********************IAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLI********************ABILIDAD DE LA DIVE********************SA 2a./J. 55/2002].- En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. ********************on apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo ********************ribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. ********************on base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." Así como la jurisprudencia, visible en el libro 85, abril de 2021, tomo II, página 1561, de la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital, 2023041, que dice: "JUI********************IO DE AMPA********************O INDI********************E****************************************O. NO P********************O********************EDE ********************ON****************************************A EL DESE********************HAMIEN********************O PA****************************************IAL DE LA DEMANDA, ********************ONFO********************ME A LA JU********************ISP********************UDEN********************IA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLI********************ABILIDAD DE LA JU********************ISP********************UDEN********************IA 2a./J. 55/2002].- El Pleno de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal." Aunado a que en la demanda de amparo, la parte quejosa manifiesta que interpuso recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, auto que hace consistir en su acto reclamado combatido por esta vía; manifestación que hace prueba plena en su contra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200, del ********************ódigo Federal de Procedimientos ********************iviles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, toda vez que el recurso de apelación que interpuso la peticionaria de amparo puede tener por efecto, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por lo que al haber interpuesto la quejosa el medio ordinario de defensa aludido, el cual se encuentra pendiente de resolución; en consecuencia, se excluye el ejercicio simultaneo de la acción constitucional, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, al hablar de que se está tramitando algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 144/2000, visible a foja 15, del pleno de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, tomo XII, diciembre de 2000, que dice: "IMP********************O********************EDEN********************IA. LA ********************AUSAL P********************EVIS********************A EN LA F********************A****************************************IÓN XIV DEL A****************************************Í********************ULO 73 DE LA LEY DE AMPA********************O ********************EQUIE********************E QUE EL ********************E********************U********************SO O DEFENSA LEGAL P********************OPUES********************O SE HUBIE********************A ADMI********************IDO, SE ES********************É ****************************************AMI********************ANDO AL ********************ESOLVE********************SE EL AMPA********************O Y SEA EL IDÓNEO PA********************A OB********************ENE******************** LA ********************EVO********************A********************IÓN O MODIFI********************A********************IÓN DEL A****************************************O ********************E********************LAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXIII, y en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica en el escrito de cuenta, como lo solicita vía electrónica, y que solicita expresamente la consulta del presente expediente de la misma manera, y como proporciona el nombre del usuario "********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del ********************onsejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio ********************onsejo, se autoriza la consulta y notificación del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se tienen por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema ********************omputarizado para el ********************egistro Único de Profesionales del Derecho, ante los ********************ribunales de ********************ircuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del ********************onsejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio ********************onsejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quienes también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del ********************onsejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente, no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados al quejoso, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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