María Fernanda Said Pretelini

Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • María Fernanda Said Pretelini
  • Gerardo Said Pretelini
  • Diego Said Pretelini

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que en atención al requerimiento formulado en autos, indica que realizó el cálculo y determinó la cantidad actualizada susceptible de ser devuelta en relación con la cuenta predial ***********, en los términos señalados por el tribunal colegiado, asimismo, solicita diversa información bancaria con la finalidad de realizar la transferencia electrónica, así como el nombre de quien deberá emitir el documento crediticio que expida. Ahora, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con copia del oficio que se atiende dese vista a los quejosos por conducto de su representante común y requiérasele para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: a) Manifieste lo que a su derecho convenga con la cantidad propuesta por la autoridad vinculada en cumplimiento a la sentencia de amparo. b) Remita datos de la institución bancaria, número de cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE) necesariamente a nombre del quejoso ******** quien funge como representante común en este juicio y registro federal de contribuyentes (RFC), para que el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la mencionada secretaría, se encuentre en aptitud de realizar la transferencia electrónica bancaria de la cantidad actualizada a devolver. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que una vez trascurrido el plazo otorgado y de no desahogar estos requerimientos se le tendrá por conforme con la cantidad determinada por la autoridad vinculada en el oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/PLI/08110/2023 de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, con base en esa cantidad se formulará el requerimiento de cumplimiento de sentencia y se requerirá a la autoridad obligada para que el monto sea devuelto mediante aviso de pago, lo que traerá como consecuencia retraso en el cumplimiento. Finalmente, dígasele a la autoridad oficiante que el documento crediticio que expida deberá ser a nombre del representante común de los quejosos *********** Notifíquese y vía electrónica a los quejosos con copia del oficio con folio 21741.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que informa que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo es la Administración Tributaria en Parque Lira de la propia secretaría, de lo que se toma conocimiento. Por tanto, remítase copia de la sentencia, testimonio de la ejecutoria de amparo y del oficio de cuenta a la Administración Tributaria en Parque Lira de la citada secretaría y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérasele como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de esta determinación, acredite el cumplimiento de la sentencia en relación con la cuenta predial ************, esto es, efectúe el cálculo y autorice el dictamen de la cantidad a devolver con su actualización. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 540/2023 de su estadística y los autos del juicio de amparo citado al rubro, sin que sea necesario acusar el recibo respectivo por así haberlo solicitado. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del séptimo considerando de esta ejecutoria, respecto del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******* en términos y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta ejecutoria. Notifíquese; [.]" De lo que se toma conocimiento, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, a este cuaderno principal. Requerimiento de cumplimiento Ahora, resulta necesario precisar los efectos del amparo en revisión 540/2022 para los cuales se concedió la protección constitucional en este asunto: "[.] DÉCIMO. EFECTOS DEL AMPARO. Para determinar el monto a pagar por concepto del impuesto predial, las autoridades fiscales competentes deberán ceñirse al procedimiento siguiente: a) Las autoridades fiscales competentes del Gobierno de la Ciudad de México deben ubicar a la parte quejosa en el rango que le corresponde de la tabla establecida en la fracción I del artículo130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con base en el valor catastral de su inmueble, siguiendo la mecánica del tributo, obtener el impuesto a cargo y del resultado del monto a pagar se le deberá descontar el 25% -veinticinco por ciento-, correspondiente al subsidio previsto para el rango G del inciso b) del artículo segundo del acuerdo reclamado; y, b) La cantidad obtenida se restará al monto del tributo que pagó el resultado será el monto a devolver, debidamente actualizado En las relatadas condiciones, al resultar esencialmente fundados los agravios expresados por la parte quejosa e ineficaces los de las autoridades recurrentes adherentes, lo procedente es, en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones y para los efectos precisados en la presente ejecutoria. [.]" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, (autoridad vinculada), así como a la mencionada secretaría (superior jerárquico), para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados. Asimismo, se requiere a la citada Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral relativo al inmueble de los quejosos ubicado en calle ********** y que tributa con la cuenta predial ***************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión citado, remítaseles copia simple de la resolución, así como del pago de impuesto predial del inmueble materia de este juicio. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado Federal no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aún cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Finalmente, toda vez que por oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y vía electrónica a los quejosos.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, quejoso en el presente asunto, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo en su entero perjuicio y solicita que su comparecencia para ratificar su desistimiento sea vía videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", y al efecto señala los correos electrónicos *****, a fin de que por conducto de los mismos se señale fecha y hora para llevar a cabo la ratificación. Ahora bien, atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", que dispone que resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. En esas condiciones, dado que en términos de Acuerdos Generales 21/2020 y 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, y con el objeto de respetar el derecho de las partes en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; así como los diversos artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, y 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta al Consejo de la Judicatura Federal para emitir normatividad y los criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicios al público, tal como lo reconoce el Consejo de la Judicatura Federal, el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Así, con el fin de impartir una justicia pronta y expedita, los órganos jurisdiccionales pueden emplear en sus audiencias y sesiones colegiadas el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia", para garantizar los principios relacionados con el aseguramiento de la presencia de las y los jueces, o magistrados y todos los intervinientes en las salas de audiencia (presencial o virtual), y hacer frente a cualquier contingencia, ya sea por situación de urgencia, emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, a cualquiera otra situación que a consideración del titular del órgano jurisdiccional impida o dificulte el desahogo presencial de las audiencias que establezca la Ley, o cuando se procure mejorar el acceso a la justicia para las personas justiciables. En consecuencia, requiérase a *****, quejoso en el presente juicio de amparo para que comparezca vía electrónica, a través de videoconferencia de la aplicación "Cisco Webex", a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; por lo que se solicita contar con identificación oficial que pueda ser visible para exhibirla en ese momento, así mismo deberá remitir previamente copia de dicha identificación de manera electrónica al correo institucional jesus.gonzalez.flores@correo.cjf.gob.mx, a efecto de integrarla a los presentes autos. Por tanto, remítase la invitación, a los correos electrónicos fsandino@fernandezdecevallos.mx y arely.dager@hotmail.com, para que el quejoso asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 en relación con el diverso 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional antonia.villanueva.ayala@correo.cjf.gob.mx, de la Licenciada Antonia Villanueva Ayala, Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para la ratificación de mérito y la implementación de la logística operacional. Se hace de su conocimiento que está a su disposición el correo institucional jesus.gonzalez.flores@correo.cjf.gob.mx (file:// jesus.gonzalez.flores@correo.cjf.gob.mx/) para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes. Bajo el apercibimiento que de no comparecer vía videoconferencia para los efectos indicados el día y hora señalados para tales efectos, se continuará con la secuela procesal hasta la conclusión del presente asunto. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el cuaderno principal se encuentra en grado de revisión, el cual conoce el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el toca de revisión 342/2021, de su índice; en consecuencia, una vez que se ratifique el escrito de desistimiento de cuenta, envíese el citado ocurso y ratificación al Tribunal de alzada a efecto de que acuerde lo conducente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 2/2021 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023624, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉL, POR LO QUE DEBE REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE, DE SER PROCEDENTE, REVOQUE LA SENTENCIA Y DECRETE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cuál es la situación jurídica que prevalece cuando una vez dictada la sentencia por el Juez de Distrito, la parte quejosa presenta escrito de desistimiento, previo a la interposición del recurso de revisión correspondiente, siendo que un Tribunal Colegiado consideró correcto que el juzgado sobreseyera fuera de audiencia, mientras que el otro órgano colegiado estimó que precluye la facultad del juzgador para pronunciarse y, por tanto, no puede emitir pronunciamiento alguno. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una vez dictada la sentencia, el Juez de Distrito carece de facultades para pronunciarse sobre el desistimiento de la parte quejosa y, por ende, lo procedente es remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, junto con el escrito de desistimiento y la ratificación respectiva, para que éste, previo al estudio de los agravios, analice el desistimiento y, de ser procedente, revoque la sentencia del juzgador federal y sobresea en el juicio. Justificación: El desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Así, una vez dictada la sentencia en el juicio de amparo, el Juez de Distrito consuma la facultad que tenía para resolver y pronunciarse sobre el asunto, pues las diversas etapas del proceso se desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, de manera que imposibilita el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados. En ese sentido, si una vez emitida la sentencia se presentara el desistimiento de la parte quejosa, el juzgador federal se encuentra imposibilitado para dictar el sobreseimiento, pues aún se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición del recurso de revisión y, en caso de que se interponga, el Juez de Distrito únicamente deberá remitir al Tribunal Colegiado en turno todas las constancias de autos, incluyendo el escrito de desistimiento y su ratificación, para que éste proceda conforme a su competencia." Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo dictado el seis de agosto de dos mil veinte.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano