María Fernanda Rule Castro
Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
- María Fernanda Rule Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito informa que en proveído de veintidós de mayo del año en curso dictado en el amparo en revisión ******************** del índice de ese tribunal, se admitió el recurso de revisión que el tercero interesado ******************** hizo valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se está a la espera de la resolución que al respecto emita el Tribunal Colegiado. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que las partes quedaron notificadas del auto de ocho de mayo del año en curso, en el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que el tercero interesado***, hizo valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, remítanse el escrito de agravios, el cuaderno principal y los medios de convicción aportados durante el trámite del juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Asimismo, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente cuadernillo electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 140/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. ANTECEDENTES De las constancias allegadas al sumario se tiene acreditado que ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el juicio familiar ********************. Dicho asunto lo promovió ********************, quien demandó de Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, la disolución del vínculo matrimonial; el pago de una pensión alimenticia provisional a favor de los menores hijos; y, demás cuestiones de índole familiar. Radicado el asunto, emplazado el demandado y seguida la secuela procesal del juicio, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia preliminar en la que comparecieron ambas partes. En audiencia, las partes llegaron a un convenio por lo que va a los alimentos. Es la cláusula sexta la que dispone lo relativo, es del tenor siguiente: "SEXTA. Ambos comparecientes acuerdan que el ciudadano Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, otorgará en forma mensual por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos de identidad reservada E.C.R. y M.C.R. la cantidad de VEINTIDÓS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL correspondiendo a cada menor once mil pesos cero centavos moneda nacional, cantidad que deberá depositar al número de tarjeta [.] de la institución BANCOPPEL, siendo la titular la señora ********************, los días uno de cada mes, o el día siguiente hábil, para el caso que el día uno sea inhábil. Dicho numerario que irá incrementando de acuerdo al aumento que sufra el salario mínimo vigente de la zona. [.]" Posteriormente, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós a petición de la actora y una vez otorgada vista a la demandada, el juez familiar requirió a Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, el incremento de la pensión alimenticia de los años 2021 y 2022. Correspondiendo un aumento del 15% al año 2021 y un 22% al año 2022. Inconforme con esa determinación el demandado interpuso recurso de revocación. Su agravio toral versó que el juez familiar no debió incluir el monto independiente de recuperación (MIR) dentro del salario mínimo general vigente para actualizar el incremento de la pensión alimenticia. En resolución de doce de diciembre de dos mil veintidós, el juez familiar revocó el auto impugnado al declarar fundado el argumento del demandado. (Determinación que constituye el acto reclamado). TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO María Fernando Rule Castro, por propio derecho, depositó un escrito el diez de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. Señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y se registró bajo el número 140/203. En proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama del titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: La determinación de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar ********************, la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El titular del juzgado responsable al rendir su informe de ley, aceptó el acto reclamado; por ende, ese reconocimiento es suficiente y se debe tener por cierto el acto sometido a estudio constitucional. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con las copias certificadas del expediente familiar ********************, las cueles remitió en apoyo a su informe de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DEL ASUNTO En principio es dable precisar que en todos los casos donde estén involucrados derechos o intereses de menores de edad, tal como acontece en el supuesto que ahora se examina, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio constitucional están obligados a velar por su interés superior. Sin que para ello se atienda a la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, ya que lo trascendente es la minoría de edad, de modo que ante el riesgo de que en un juicio de amparo puedan resultar afectados directa o indirectamente los intereses o el bienestar físico y mental de un menor de edad o incapaz, procede aplicar la institución de la suplencia de la queja a efecto de salvaguardar su interés. Lo anterior, con independencia de la materia sobre la que verse el asunto, ya que no existen limitantes para la intervención oficiosa de los Tribunales que conocen del amparo. Postura que se fija, en virtud de que al tratarse de cuestiones que pueden afectar al orden y la estabilidad de la familia y particularmente en aquellas que atañen a menores o incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres del menor o incapaz, sino la sociedad en su conjunto tiene un interés primordial en que la situación de los hijos quede perfectamente definida, con el objeto de asegurar la protección de un interés que, se insiste, resulta preponderante: el que corresponde a un menor de edad o incapaz. Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 1a./J.191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, correspondiente al mes de mayo de 2006, Tomo XXIII, Materia Civil, registro 175053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora, resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación hechos valer por la parte promovente del amparo, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. El argumento de disenso toral hecho valer por la parte quejosa refiere que el numeral 158 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, es claro al precisar que la pensión alimenticia que se haya fijado por convenio o sentencia judicial tendrá un incremento inmediato y equivalente al que tenga el salario mínimo general de la zona económica. Indica que el juez familiar vulnera derechos fundamentales de los acreedores alimentarios al realizar el cálculo del aumento de la pensión en la forma en que lo hizo y no conforme a lo resuelto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un incremento del 15% para el año 2021 y un incremento del 22% para el año 2022. Debemos recordar los antecedentes del juicio familiar, en lo que aquí interesa son los siguientes: En audiencia preliminar comparecieron ambas partes, en la cual pactaron un convenio. Por lo que va a los alimentos, la cláusula sexta dispone lo que sigue "SEXTA. Ambos comparecientes acuerdan que el ciudadano Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, otorgará en forma mensual por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos de identidad reservada E.C.R. y M.C.R. la cantidad de VEINTIDÓS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL correspondiendo a cada menor once mil pesos cero centavos moneda nacional, cantidad que deberá depositar al número de tarjeta [.] de la institución BANCOPPEL, siendo la titular la señora ********************, los días uno de cada mes, o el día siguiente hábil, para el caso que el día uno sea inhábil. Dicho numerario que irá incrementando de acuerdo al aumento que sufra el salario mínimo vigente de la zona. [.]" Posteriormente, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós a petición de la actora y una vez otorgada vista a la demandada, el juez familiar requirió a Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, el incremento de la pensión alimenticia de los años 2021 y 2022. Correspondiendo un aumento del 15% al año 2021 y un 22% al año 2022. Inconforme con esa determinación el demandado interpuso recurso de revocación. En resolución de doce de diciembre de dos mil veintidós, el juez familiar revocó el auto impugnado al declarar fundado el argumento del demandado. El juez de origen para calcular el aumento referido, fijó el monto de la pensión alimenticia; sumó el monto independiente de recuperación (MIR); y, agregó el aumento por fijación correspondiente a cada año (2021 y 2022), conforme a las publicaciones emitidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Conforme a los referidos antecedentes del juicio familiar de origen y el motivo de disenso hecho valer por la inconforme, se advierte que el problema a dilucidar consiste en determinar ¿la actualización de la pensión alimenticia con base al salario mínimo general vigente debe incluir el monto independiente de recuperación (MIR)? La respuesta a la interrogante es si; empero, no de la forma en lo realizó el juez familiar responsable. Se explica. Para arribar a dicha afirmación es necesario especificar a) interés superior del menor; b) alimentos; c) fundamento constitucional de actualización del salario mínimo; y, d) autoridad que actualiza salario mínimos. Interés superior del menor. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los infantes consagrados en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Bajo esta lógica, se ha enfatizado reiteradamente que la plena observancia de dicho principio exige, entre otras cosas, tomar en cuenta los aspectos dirigidos a proteger y garantizar el desarrollo de los menores y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores en el proceso de elaboración de leyes, diseño de políticas públicas y aplicación de las normas concernientes a la infancia. Así, es necesario reconocer que la configuración del interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. El interés superior del menor no puede definirse a priori y de forma unívoca y definitiva para todos los casos; esto porque cumple con varias dimensiones o funciones normativas: como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. En el ámbito jurisdiccional, este principio se proyecta como un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor de edad en el caso en concreto o que pueda afectar sus intereses. En virtud de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que el interés superior del menor ordena a todos los órganos jurisdiccionales la realización de una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez. Por lo que, frente a medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Lo que implica que su participación en los procesos jurisdiccionales tenga un mínimo de garantías para que sea breve y necesaria. Apoya lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." Alimentos. Los alimentos son los satisfactores que, en virtud de un vínculo reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe proporcionar a otra que se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo necesario para subsistir y vivir con dignidad. Los cuáles van más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. Lo anterior, en atención a que el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectividad del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. La Constitución Federal establece en su artículo cuarto, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Ahora, la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. En ese orden, la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos e hijas y el correlativo derecho de éstos a percibirlos es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales orientados a la protección y tutela integral de los niños, niñas y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura se encuentran: la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos e hijas; el derecho de los niños y niñas a acceder a un nivel de vida digna y adecuada; el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. Del mismo modo, la institución jurídica de los alimentos surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, se concluye que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y, (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Fundamento constitucional de actualización del salario mínimo. El fundamento constitucional de la actualización del salario mínimo general establecido en la fracción VI, apartado A, del ordinal 123. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones." De lo anterior, se desprende -en lo que interesa- que los salarios mínimos serán generales y regirán en las áreas geográficas que se determinen. Salario que se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Autoridad que actualiza salario mínimos. Así, la autoridad encargada de actualizar el salario mínimo general es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Organismo Público Descentralizado creado mediante la reforma a la fracción VI, del arábigo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, cuyo objetivo es establecer las bases y elementos para que la Fijación de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales eleven el nivel de vida de las y los trabajadores que lo perciben y de sus familias, de manera que los factores de la producción validen el derecho de los trabajadores a una vida digna. La Comisión antes de concluir cada año, emite su resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación relativa a los aumentos de los salarios mínimos. Ahora, a partir del proceso de fijación de los salarios mínimos generales y profesionales que entraron en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete, el Consejo de Representantes introdujo una innovación en el procedimiento de fijación de dichos salarios, el Monto Independiente de Recuperación (MIR). Este concepto ha sido creado e instaurado en todas las latitudes del país mexicano con la intención de apoyar y ayudar a los trabajadores que apenas perciben el salario mínimo general. El MIR para que no afecte a las empresas, patrones y en general, la economía del país, debe ser instaurado de una manera en la que no tenga repercusión directa sobre los precios de los diferentes bienes y servicios que son necesarios para la subsistencia de cualquier familia en donde al menos, un integrante, perciba el salario mínimo general. Por lo tanto, el Monto Independiente de Recuperación es progresivo y anualmente se incrementa un poco, mediante estudios económicos se determina un porcentaje que sirve cada una de las partes (empleados, patrones y en general, la sociedad). El MIR se tipifica de la manera siguiente: Es una cantidad absoluta en pesos; Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo; No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales, y demás salarios del sector formal); y, El MIR podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial prevista en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. El propósito del MIR es hacer posible que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo. El Consejo de Representantes acordó continuar con el mecanismo del MIR en la nueva fijación de los salarios mínimos generales y profesionales, tal como consta en la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En ese orden, -en lo que importa- para el año dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, determinó que para efectos de la fijación de los salarios mínimos se integrarían de tres componentes: El monto del salario mínimo vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno; Un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, Un factor de aumento por fijación igual a nueve por ciento que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR. Así, los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del primero de enero de dos mil veintidós, se incrementarán en un veintidós por ciento; por tanto, sería -para el resto del país- el salario mínimo general de 172.87 pesos diarios, por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento se compone de $16.90 de MIR más 9% de aumento por fijación. Estos montos serán los que figuren en la Resolución de ese Consejo, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores. Determinación en estudio. El juez familiar al resolver el recurso de revocación determinó revocar el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, bajo las consideraciones torales siguientes: Tomó en consideración para el incremento de la pensión alimenticia las publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, relativas a los años 2021 y 2022. Empero, interpretó el Monto Independiente de Recuperación, el cual lo sumó al monto original a pagar por concepto de pensión y posteriormente agregó el aumento por fijación correspondiente al año. Bajo esa premisa, se advierte fundado aunque suplido en su deficiencia el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, toda vez que el numeral 158 del Código Familiar del Estado de Oaxaca de manera alguna hace un distingo entre los componentes del salario, sino que únicamente precisa que los alimentos tendrán una actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general. De ahí que conforme al principio general del derecho, donde la ley no hace distingo no cabe hacerlo el juzgador. Sobre esa línea, si la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó que los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, se incrementarán en un quince por ciento, mientras que a partir del primero de enero de dos mil veintidós, se incrementarán en un veintidós por ciento, es incuestionable que la actualización de la pensión alimenticia debe ajustarse a ese incremento sin desmenuzar sus componentes. Además, si el uno de enero de dos mil diecisiete, el Consejo de Representantes introdujo el Monto Independiente de Recuperación (MIR) para innovar el procedimiento de fijación de dichos salarios, el cual si bien contiene las características de que es una cantidad absoluta en pesos, es una parte integrante del todo -salario-; y, tiene solamente como objetivo única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo no así el de las pensiones alimenticias, que son cuestiones totalmente distintas. No debe perderse de vista que sobre el concepto MIR cabe señalar que, del contenido de la resolución antes referida, se advierte que, ese concepto fue establecido con el objeto de apoyar la recuperación del poder adquisitivo del salario, única y exclusivamente, de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general, no así sobre las pensiones alimenticias. Por ello, si los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, los que tendrán una actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general y, si la autoridad facultada para ello, emitió resolución para que su aumento fuera del quince y veintidós por ciento respectivamente; ese aumento debe ser a la pensión alimenticia fijada con anterioridad, y no como es establecida en la determinación reclamada. De lo reseñado, es incuestionable que el Monto Independiente de Recuperación de manera alguna debe ser excluido del aumento de la pensión alimenticia, pues en atención al interés superior del menor, y en vista de la observancia general 14 del Comité de los Derechos del Niño, se debe privilegiar -como derecho sustantivo- que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial; -sobre interpretación fundamental- que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño; y, -norma de procedimiento- siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un menor en concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. Esto último conlleva además la obligación constitucional de todas las autoridades del Estado de adoptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes vean satisfechas sus necesidades de manera integral, completa y adecuada. Dicho mandato, interpretado bajo la óptica del interés superior del menor de edad y el deber de protección integral de la infancia, autoriza la adopción de medidas reforzadas de tutela que atiendan a la situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran. Así, la Primera Sala ha reconocido que en las controversias en materia de alimentos es admisible una litis abierta, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución. Bajo ese contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27, prevé el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; asimismo que las personas encargadas del niño o niña son responsables de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Por ende, este Juzgado Federal privilegia tal cuestión, y con base a la interpretación integral del arábigo 158 del código sustantivo del estado de Oaxaca, la pensión alimenticia se actualizará conforme al aumento que emita la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sin excluir el MIR o desmenuzar sus componentes, ya que este último pertenece al aumento. DECISIÓN Al resultar fundado el concepto de violación de la parte quejosa, suplido en su deficiencia en términos del numeral 79, fracción II de la Ley de Amparo, es dable conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra un acto del titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, en el último considerando de la sentencia que conceda la protección constitucional, se procede a determinar con precisión los efectos de la concesión del amparo, especificando las medidas que la autoridad deba adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho violado. En ese sentido, una vez que cause ejecutoria la presente resolución el titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar ********************. Dicte otra en la que, tome en consideración los lineamientos precisados en esta sentencia de amparo en relación al Monto Independiente de Recuperación (MIR) para la actualización de la pensión alimenticia con base al salario mínimo general vigente, es decir la actualización de la pensión alimenticia debe ajustarse a lo determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para cada año en específico, ese incremento sin desmenuzar sus componentes; y, Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra un acto del titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de esta resolución. Para los efectos precisados en el diverso apartado IX. Notifíquese.
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