María Fernanda Pinkus Aguilar

Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
715/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • María Fernanda Pinkus Aguilar
  • Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por lo que se declara que ha quedado firme, sin que en el expediente en que se actúa exista diligencia pendiente que desahogar, ni acto que cumplimentar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con el punto Vigésimo Primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente juicio de garantías, en virtud de que no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero, a saber: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda y la sentencia respectiva, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito en que la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en atención a la vista ordenada en proveído de nueve de mayo del año en curso, manifiesta que la autoridad responsable cumplió sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito tomando conocimiento de su contenido. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de catorce de marzo del año en curso, dictada por este Jugado Federal, que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: (.) que la autoridad responsable, Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en su denominación actual y correcta), dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (atendiendo a la naturaleza de obligación que deben cumplir), deberán demostrar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión RR.IP. 5242/2019. 2) Dictar otra, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que legalmente proceda en relación a los argumentos contenidos en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, de conformidad con el artículo 125, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. (.) .... En ese orden de ideas, este órgano judicial considera atendidos los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón que se acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector, toda vez que se dejó insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión RR.IP. 5242/2019 y se dictó otra, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia dictada en el presente asunto, atendiendo los argumentos contenidos en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, de conformidad con el artículo 125, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, por lo que se concluye que la quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Notifíquese y de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, exhibe las constancias con la cual aduce se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, con copia de la promoción de referencia y de su anexo, se ordena dar vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la autoridad responsable, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de catorce de marzo de dos mil veintidós, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] que la autoridad responsable, Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en su denominación actual y correcta), dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (atendiendo a la naturaleza de obligación que deben cumplir), deberán demostrar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión RR.IP. 5242/2019. 2) Dictar otra, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que legalmente proceda en relación a los argumentos contenidos en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, de conformidad con el artículo 125, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. [.] En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, REQUIERASE al PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de TRES DIAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: 1) Deje insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión RR.IP. 5242/2019. 2) Dicte otra, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que legalmente proceda en relación a los argumentos contenidos en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, de conformidad con el artículo 125, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a la autoridad requerida, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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