María Fernanda Parabeles García

Expediente 377/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
377/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • María Fernanda Parabeles García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de abril de dos mil veintidós(fojas 54 a 58 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Sub Unidad de Boca del Río, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen los dos tomos de pruebas que se formaron, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 377/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de veintisiete de abril de dos mil veintidós(fojas 54 a 58 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Sub Unidad de Boca del Río, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen los dos tomos de pruebas que se formaron, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del dos al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/5520/2022 signado por la Secretaria Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, mediante el cual informa sobre la imposibilidad de notificar de manera personal al tercero interesado Ernesto Israel Carrillo Chávez, la sentencia de veintidós de noviembre del presente año, por la razón expuesta en la constancia actuarial de mérito; por lo anterior, se ordena realizar la notificación de dicho auto, así como las subsecuentes incluidas las personales, por medio de la lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal. En consecuencia, como se encuentra ordenado líneas anteriores, con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado la sentencia engrosada el veintidós de noviembre del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 377/2022 promovido por María Fernanda Parabeles García. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el once de abril de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-15). SEGUNDO. Trámite. En proveído de dieciocho de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional y, se reservó proveer respecto de la existencia de terceros interesados, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe (fojas 16-23). En auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Subunidad de Boca del Río, Veracruz (fojas 28-40). El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se emplazó de manera personal al presente juicio al tercero interesado (foja 196). Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio 6791/2022, en el que se tuvo a la Fiscal Quinta adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Boca del Río, Veracruz, haciendo mención que se actualizaba la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo (fojas 157-162). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional (fojas 215-217) quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un actos dictados dentro de un proceso penal, que se dice son susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados que forman parte de él, tal como el debido proceso y acceso a una justicia pronta y expedita, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que el acto reclamado se materializa en el lugar que se tramita el proceso, el cual corresponde a la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Fijación de acto. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable, se aprecia que dicho acto es: La omisión del Fiscal Tercero de la Unidad de Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII, Veracruz, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Subunidad de Boca del Río, Veracruz, de citar a la quejosa para comparecer dentro de la carpeta de investigación SUIPJ/D-XVII/FC3/442/2022 para que fuera tomada su declaración, puesto que por su estado de salud no pudo comparecer el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, abril del 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Subunidad de Boca del Río, Veracruz, negó categóricamente el acto reclamado, refiriendo entre otras cosas que en la carpeta de investigación de su índice UIPJ/D-XVII/F3C/442/2022, fue citada la quejosa mediante oficio 2133-2022 de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, a la que no asistió, que la quejosa presentó una promoción el treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que argumentó no haber podido comparecer por problemas de salud, sin justificar dicha circunstancia; y que con fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, se ejerció acción penal en su contra, remitiendo el asunto al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, por lo que vario su situación jurídica. Sin embargo, contrario a lo que informa, de las constancias autorizadas que en auxilio de las labores de esa fiscalía, remitió la diversa Fiscal Quinta adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, en Boca del Río, Veracruz, constantes en copias certificadas de la carpeta de investigación UIPJ/D-XVII/F3C/442/2022, así como de las que remitió a través de oficio 7571/2022, se advierte que en auto de veinte de junio de dos mil veintidós, agregó el escrito que presentó la quejosa de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, señalando fecha y hora para que compareciera dentro de la carpeta de investigación a rendir declaración en relación a los hechos investigados; compareciendo la quejosa el día dos de agosto de dos mil veintidós. De ahí, que dicha negativa queda desvirtuada, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.; por lo que debe tenerse por cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, puesto que así se advierte de las constancias antes reseñadas al acordar hasta el veinte de junio de dos mil veintidós, el escrito de la quejosa presentado por la quejosa el treinta de marzo del año en cita. Constancias que a las que se otorga valor probatorio en términos del numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, remitidos a través de medios electrónicos oficiales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Debe resaltarse, que ante la negativa de la autoridad responsable la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer medios de prueba idóneos tendientes a controvertir las manifestaciones de la autoridad y demostrar, no sólo que el acto reclamado existe, sino además que es violatorio de sus derechos fundamentales, pues constituye una prerrogativa probatoria para la parte quejosa, la cual se desprende de la interpretación sistemática realizada de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia se originó con anterioridad a la Décima Época, aún es aplicable a la Ley de amparo vigente, atento a que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Así como tiene aplicación al caso la tesis Aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito con texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata. . SUBSUNCIÓN En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión del Fiscal Tercero de la Unidad de Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII, Veracruz, Comisionado a la Fiscalía Cuarta en la Subunidad de Boca del Río, Veracruz, de citarla a comparecer dentro de la carpeta de investigación SUIPJ/D-XVII/FC3/442/2022 para que le fuera tomada su declaración, petición que realizó mediante escrito de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós. Omisión que si bien es cierto la autoridad responsable no reconoció expresamente, sin embargo, de las constancias que adjuntó la misma al rendir su informe justificado se advierte que mediante oficio 7571/2022, en auxilio a las labores de esa fiscalía, la Fiscal Quinta Adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Boca del Río, Veracruz (el cual obra a fojas ciento setenta y cuatro de autos) remitió copia del acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, en el que se dio contestación a la solicitud de la quejosa con la finalidad de fijar fecha y hora para su comparecencia, así como, remitió copias autorizadas de la entrevista o declaración del imputado en la que la parte quejosa compareció el dos de agosto de dos mil veintidós, en compañía de su abogado particular; e indicó que hasta ese momento no se contaba con fecha de audiencia inicial en el proceso penal 359/2022. (fojas 174 a 186). Constancias que a las que se otorga valor probatorio en términos del numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, remitidos a través de medios electrónicos oficiales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales condiciones, si la parte quejosa en su escrito de demanda presentado ante este Juzgado Federal el once de abril de dos mil veintidós, señaló como acto reclamado la omisión de citarla para comparecer dentro de la carpeta de investigación SUIPJ/D-XVII/FC3/442/2022 y que le fuera tomada su declaración, pero de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que posteriormente el veinte de junio de dos mil veintidós, le acordó favorable su petición, y el dos de agosto de dos mil veintidós, compareció en la citada carpeta de investigación acompañada de su defensor particular, señalando que su nombre correcto es María Fernanda Perabeles García identificándose con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral (fojas 181-184). Por lo antes expuesto, se aprecia que las consecuencias del acto omisivo reclamado quedó sin efectos. Lo anterior impide el estudio de fondo del asunto, en virtud de que el objeto de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, es evitar examinar la constitucionalidad de un acto que ya no afecta la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, puesto que, en el caso particular, ya se corrigió la falta de cita para comparecer reclamada. En consecuencia, resulta incuestionable que cesaron totalmente los efectos de los actos reclamados, pues se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que si bien, en el presente juicio de garantías la parte quejosa dijo llamarse María Fernanda Parabeles García, al tener a la vista las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que al comparecer dentro de la carpeta de investigación su nombre correcto es María Fernanda Perabeles García, sin que exista manifestación alguna al respecto; por lo que no resulta necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo cual impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los 61 fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Fernanda Parabeles García, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, y póngase a disposición para su consulta pública de acuerdo a lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos se advierte que en proveído de nueve de septiembre de la presente anualidad, se señaló audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, como el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, según autorización fue aprobada por oficio número CCJ/ST/4464/2022 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y el suscrito como encargado del despacho no está autorizado para resolver en definitiva, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.

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