Maria Fernanda Palma Alberico
Expediente 1184/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Fernanda Palma Alberico
Actuaciones
- Principal
AVISO.- MESA IV.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Gobernador Constitucional del Estado y otras autoridades. Radicación Con el original de la demanda, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1184/2020-IV-B y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procedencia de la demanda. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 35 y 37 y 112, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver acerca de la admisión o no de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado. Causal de improcedencia. Analizando que es la demanda de amparo, tenemos que la parte quejosa reclama del Gobernador Constitucional y otras autoridades, la expedición, refrendo y publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán la cual contiene los artículos señalados como Inconstitucionalidad del Secretario de Seguridad Pública y del Agente de la Secretaría de Seguridad Pública la imposición de la boleta de infracción número 53428 de dieciocho de Octubre del año en curso. De estas manifestaciones, este juzgado federal considera que existe una causal de improcedencia que provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Para tal efecto, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los juzgados de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones, mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, debe desecharse en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - - No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. - - - Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. - - - En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. - - - Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento'. En ese tenor, se debe precisar que la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, que le fue impuesta una multa en la boleta de infracción señalada, con motivo de una falta administrativa estando al volante de su vehículo, el día dieciocho de octubre próximo pasado, y que incluso estuvo bajo arresto administrativo en la cárcel pública de Kanasín, Yucatán; y que fue hasta el día veintiuno de ese mismo mes y año cuando pudo pagar la sanción pecuniaria. Evidentemente, desde la misma fecha de la emisión de la boleta de infracción la quejosa ya tenía conocimiento de la misma, afirmando que ese día fue sábado y por eso no laboraron las oficinas administrativas de la autoridad expedidora, por lo que fue hasta el día veintiuno que realizó el pago, incluso del documento de la boleta exhibida por la quejosa, en el rubro de infractor, aparece una signatura que presuntivamente es quien cometió la infracción, y la que josa reconoció que dicha medida correctiva está dirigida a ella. Así pues, en virtud que la promovente de la demanda se ostentó sabedora del acto reclamado desde el propio día dieciocho de octubre de esta anualidad, el plazo para presentar su demanda de amparo empezó a contar el día siguiente hábil, que lo fue el diecinueve de octubre próximo pasado; luego entonces, el plazo para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió del diecinueve de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte, sin que se computen los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre y uno, siete y ocho del mes en curso, todos del año en curso, por ser días sábado y domingo, decretados inhábiles por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el día veintisiete de octubre el cual se decretó inhábil con motivo del fenómeno natural "ZETA", por el Consejo de la Judicatura, ni el día dos de noviembre del año en curso, por ser considerado inhábil por el Consejo de la Judicatura Federal, no corriendo los pazos en esas fechas. En tanto que, la presentación de la demanda de amparo ante la autoridad responsable, fue hasta el día veintitrés de los corrientes, es decir, cuando ya había fenecido el plazo de quince días que la ley contempla sobre el particular. En este tenor, la parte quejosa dejó correr sin aprovechar el plazo de quince días que en su favor prevé el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor, para plantear esta tercera demanda de amparo, en contra de un acto administrativo, que no se encuentra en alguno de los casos de exclusión que establece el arábigo citado. Y se dice lo anterior, que desde luego no encuadra en ninguno de los casos especiales que dispone el artículo 17 de la ley de la materia en vigor, por lo que la demanda de amparo que ahora ocupa nuestro estudio debió promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir de que se actualizó alguno de los supuestos que dispone el citado arábigo, a saber, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Numeral que dispone: 'El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo'. Y al ser un acto administrativo, no se encuentra en el caso de exclusión de limitación del plazo que establece el numeral en cita, porque el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición; ni es de naturaleza penal; ni se priva a la quejosa de sus derechos agrarios y tampoco reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sentido que debe hacerse extensivo respecto de la expedición, refrendo y publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en concreto los artículos 326 y 327, fracción IV, en virtud de que al resultar improcedente la demanda respecto del acto señalado como el primero de aplicación de los preceptos legales tildados inconstitucionales; por ende, se decreta también la improcedencia del juicio de amparo por las normas tildadas de inconstitucionales, pues no se reclaman por sí mismas, sino que dependen del acto aplicable; esto es así, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia: Época: Séptima Época, Registro: 232361, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Tesis: Página: 251. LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Desechamiento. Por tanto, se concluye que su presentación resulta ser extemporánea, por ello, con fundamento en el artículo 113, del aludido ordenamiento, se impone desechar la demanda. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados Se tiene como autorizados en los amplios términos que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., en virtud de que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y con las limitaciones a que se refiere dicho numeral a Aida Alondra Escalante Acosta y Alixi Yirhe Figueroa Tinal toda vez que el presente asunto versa en materia administrativa. Por otra parte, conforme a la Circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal y en atención a su contenido se acuerda: tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Por otro lado, como también se advierte de la certificación secretarial de cuenta, el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente Electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. NOTIFÍQUESE personalmente.
- Principal
MESA IV.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Gobernador Constitucional del Estado y otras autoridades. Radicación Con el original de la demanda, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1184/2020-IV-B y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procedencia de la demanda. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 35 y 37 y 112, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver acerca de la admisión o no de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado. Causal de improcedencia. Analizando que es la demanda de amparo, tenemos que la parte quejosa reclama del Gobernador Constitucional y otras autoridades, la expedición, refrendo y publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán la cual contiene los artículos señalados como Inconstitucionalidad del Secretario de Seguridad Pública y del Agente de la Secretaría de Seguridad Pública la imposición de la boleta de infracción número 53428 de dieciocho de Octubre del año en curso. De estas manifestaciones, este juzgado federal considera que existe una causal de improcedencia que provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Para tal efecto, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los juzgados de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones, mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, debe desecharse en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - - No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. - - - Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. - - - En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. - - - Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento'. En ese tenor, se debe precisar que la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, que le fue impuesta una multa en la boleta de infracción señalada, con motivo de una falta administrativa estando al volante de su vehículo, el día dieciocho de octubre próximo pasado, y que incluso estuvo bajo arresto administrativo en la cárcel pública de Kanasín, Yucatán; y que fue hasta el día veintiuno de ese mismo mes y año cuando pudo pagar la sanción pecuniaria. Evidentemente, desde la misma fecha de la emisión de la boleta de infracción la quejosa ya tenía conocimiento de la misma, afirmando que ese día fue sábado y por eso no laboraron las oficinas administrativas de la autoridad expedidora, por lo que fue hasta el día veintiuno que realizó el pago, incluso del documento de la boleta exhibida por la quejosa, en el rubro de infractor, aparece una signatura que presuntivamente es quien cometió la infracción, y la que josa reconoció que dicha medida correctiva está dirigida a ella. Así pues, en virtud que la promovente de la demanda se ostentó sabedora del acto reclamado desde el propio día dieciocho de octubre de esta anualidad, el plazo para presentar su demanda de amparo empezó a contar el día siguiente hábil, que lo fue el diecinueve de octubre próximo pasado; luego entonces, el plazo para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió del diecinueve de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte, sin que se computen los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre y uno, siete y ocho del mes en curso, todos del año en curso, por ser días sábado y domingo, decretados inhábiles por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el día veintisiete de octubre el cual se decretó inhábil con motivo del fenómeno natural "ZETA", por el Consejo de la Judicatura, ni el día dos de noviembre del año en curso, por ser considerado inhábil por el Consejo de la Judicatura Federal, no corriendo los pazos en esas fechas. En tanto que, la presentación de la demanda de amparo ante la autoridad responsable, fue hasta el día veintitrés de los corrientes, es decir, cuando ya había fenecido el plazo de quince días que la ley contempla sobre el particular. En este tenor, la parte quejosa dejó correr sin aprovechar el plazo de quince días que en su favor prevé el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor, para plantear esta tercera demanda de amparo, en contra de un acto administrativo, que no se encuentra en alguno de los casos de exclusión que establece el arábigo citado. Y se dice lo anterior, que desde luego no encuadra en ninguno de los casos especiales que dispone el artículo 17 de la ley de la materia en vigor, por lo que la demanda de amparo que ahora ocupa nuestro estudio debió promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir de que se actualizó alguno de los supuestos que dispone el citado arábigo, a saber, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Numeral que dispone: 'El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo'. Y al ser un acto administrativo, no se encuentra en el caso de exclusión de limitación del plazo que establece el numeral en cita, porque el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición; ni es de naturaleza penal; ni se priva a la quejosa de sus derechos agrarios y tampoco reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sentido que debe hacerse extensivo respecto de la expedición, refrendo y publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en concreto los artículos 326 y 327, fracción IV, en virtud de que al resultar improcedente la demanda respecto del acto señalado como el primero de aplicación de los preceptos legales tildados inconstitucionales; por ende, se decreta también la improcedencia del juicio de amparo por las normas tildadas de inconstitucionales, pues no se reclaman por sí mismas, sino que dependen del acto aplicable; esto es así, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia: Época: Séptima Época, Registro: 232361, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Tesis: Página: 251. LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Desechamiento. Por tanto, se concluye que su presentación resulta ser extemporánea, por ello, con fundamento en el artículo 113, del aludido ordenamiento, se impone desechar la demanda. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados Se tiene como autorizados en los amplios términos que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., en virtud de que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y con las limitaciones a que se refiere dicho numeral a Aida Alondra Escalante Acosta y Alixi Yirhe Figueroa Tinal toda vez que el presente asunto versa en materia administrativa. Por otra parte, conforme a la Circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal y en atención a su contenido se acuerda: tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Por otro lado, como también se advierte de la certificación secretarial de cuenta, el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente Electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. NOTIFÍQUESE personalmente.
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