María Fernanda Olvera Rebollar y Otros.

Expediente 669/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
669/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • María Fernanda Olvera Rebollar y Otros.
  • Valeria Pasos Olvera
  • María Fernanda Olvera Rebollar
  • Valeria Pasos Olvera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Archívese el presente asunto como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo..... se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos los escritos de cuenta. De acuerdo a su contenido, dígase al tercero interesado que en el presente expediente se encuentra transcurriendo el término que fija el artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo que una vez que este concluya se le remitirá a la autoridad responsable, copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de este año, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, por lo cual en su momento procesal oportuno se atenderá su petición. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, expídanse a costa del tercero interesado ******************** las copias certificadas que solicita, las cuales podrán ser recibidas por él o por sus autorizados, previa su identificación y constancia de recibo que otorguen en autos.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE SEIS Y VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LES SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO A LA TERCERA INTERESADA ***********, RESPECTIVAMENTE, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE VEINTIDÓS PASADO, EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 669/2017, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: En veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, el artículo 196 del ordenamiento en cita, señala que una vez que el órgano judicial de amparo reciba el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la quejosa y, en su caso, a los terceros interesados dentro del plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento y, dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés; además, precisa que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Adicionalmente, indica que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y una vez declarada cumplida, se ordenará el archivo del expediente, pues si no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el ocho de febrero de dos mil dieciocho; por auto de presidencia de trece de marzo del año en curso se declaró que en contra de la referida resolución no se interpuso recurso de revisión, y por oficio de la misma fecha, se requirió a la responsable su cumplimiento. Así, la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, mediante oficio 793, de veinte de marzo de dos mil dieciocho, manifestó que en la misma fecha dejó sin efectos la sentencia emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete; asimismo, solicitó se le concediera una prórroga de veinte días para dar cumplimiento al fallo protector. Petición que le fue concedida por auto de presidencia de veintidós siguiente. En ese tenor, por oficio 1168, de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la nueva resolución que emitió en cumplimiento al fallo protector. A continuación se procede a determinar si se dio o no cumplimiento exacto a tal ejecutoria. a) La sentencia concesoria que conlleva el cumplimiento se dictó el ocho de febrero de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la jueza responsable: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la aquí reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, reiterara lo que no fue materia de la concesión, y decida otorgar la guarda y custodia definitiva de la menor involucrada a su madre; 3. Como consecuencia de lo anterior, decida sobre los tratamientos psicológicos que estime pertinentes a que se deberán someter las partes para superar la conflictiva entre ellos, debiendo ponderar un régimen de convivencias entre padre e hija de forma paulatina e incluso supervisada, en función de la evolución del tratamiento psicológico de la menor para superar el temor y rechazo hacia su progenitor; debiendo decretarse, que ante la presencia de síntomas de manipulación psicológica de la niña atribuida a la madre custodia, terapias psicológicas específicas para que, por una parte, el enajenante comprenda que no es correcta su conducta aleccionadora y cese la misma; y, por otra, que el enajenado asimile que ha sido alienado y corrija el estado mental creado para que acepte la situación real que debe vivir y no rechace la convivencia con su progenitor; además, que busque normalizar su entorno familiar y que el perjudicado con la alienación aprenda técnicas de como advertir o distinguir los efectos del síndrome y sobre todo de que al concientizar el problema sea capaz de asumir una conducta adecuada, esto es, la terapia deberá buscar eliminar la alienación y restablecer a la normalidad la relación paterno-filial; 4. En la medida en que se trata de la protección del interés superior de la menor quejosa, la autoridad responsable deberá establecer en la nueva resolución que emita, que tiene a su disposición las medidas de apremio que estime necesarias para el caso de que la madre evite injustificadamente presentar a la niña a los estudios psicológicos que resulten indispensables para la solución de la problemática planteada con su padre, así como en el eventual y paulatino régimen de convivencias, incluso supervisadas que se ordenen; 5. En virtud de la dificultad para compensar el tiempo en que la menor ha dejado de convivir con su padre, la autoridad responsable deberá asentar en la nueva resolución que emita, determinadas medidas que estime conducentes para dar seguimiento continuo a la evolución de las terapias psicológicas familiares y eventual convivencia paterno-filial; 6. Deberá pronunciarse sobre todas las prestaciones demandadas, incluyendo el régimen de visitas y convivencias, así como el pago de alimentos, y decidir lo demandado, también, en el procedimiento de violencia familiar; y, 7. Hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda. En la especie, por auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho se hizo del conocimiento de las partes la sentencia con la que la jueza responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en un término de diez días manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que ninguno así lo hiciera. Para una mejor comprensión del asunto y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORA: RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. A. Mediante oficio 793, de veinte de marzo de dos mil dieciocho, la jueza responsable manifestó que en la misma fecha dejó sin efectos la sentencia emitida el veintisiete de junio de dos mil diecisiete. 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, reiterara lo que no fue materia de la concesión, y decida otorgar la guarda y custodia definitiva de la menor involucrada a su madre. B. Determinación tomada por la juzgadora respecto del concubinato: ". desde agosto de dos mil catorce, ya ni siquiera hacían vida en común, siendo que cada una de las partes hacía su vida a parte con su menor hija, razón por la que paulatinamente llegó a su conclusión y acuerdo de separarse definitivamente, lo que ocurrió el veintisiete de febrero de dos mil quince, lo que la propia actora confiesa en su libelo de demanda en la prestación A) que se estudia, lo que se corrobora con el desahogo de la confesional a cargo de la actora, celebrada el día tres de septiembre de dos mil quince, quien al formularle la posición número 19 que dice 'que con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, acordó la absolvente con el C. ********** en terminar su relación de concubinato', contestando que 'sí', confesión con valor probatorio en términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, para tener por acreditado el hecho de que ambas partes dieron por terminada la relación de concubinato desde el veintisiete de febrero del dos mil quince, por mutuo acuerdo de las partes, por tanto, si no existe precepto que establezca qué procedimiento seguir para dar por terminado el concubinato; sin embargo, por ser una circunstancia de hecho que se origina por la voluntad de los involucrados, bastará con que ellos manifiesten su voluntad en ese sentido, para darlo por terminado, en virtud de que esa decisión no está supeditada a explicación alguna sino, simplemente, al deseo de ya no continuar con la relación de hecho, situación que ha quedado acreditada en autos con la confesión de ambos de que dicha relación se dio por terminada por .voluntad de ambos el veintisiete de febrero del dos mil quince, por tanto, al haber concluido por voluntad de ambos dicha pretensión resulta del todo improcedente, absolviendo al demandado de la misma". Por otra parte, referente a otorgar la guarda y custodia definitiva de la menor involucrada a su madre, la juez determinó lo siguiente: ".Por lo que, en ese orden de ideas, resulta que es más benéfico para la menor de iniciales **********.**********. **********. , que su guarda y custodia quede conferida de manera definitiva en favor de su progenitora ********** y a su vez conviva con su progenitor **********; determinaciones con las que se estima ambos padres habrán de cumplir cabalmente con los deberes que les impone la patria potestad, de velar por la seguridad de su hija e integridad corporal, el cuidado de dirigir su educación, vigilar su conducta, sus relaciones y correspondencia, y su formación. 3. Como consecuencia de lo anterior, decida sobre los tratamientos psicológicos que estime pertinentes a que se deberán someter las partes para superar la conflictiva entre ellos, debiendo ponderar un régimen de convivencias entre padre e hija de forma paulatina e incluso supervisada, en función de la evolución del tratamiento psicológico de la menor para superar el temor y rechazo hacia su progenitor; debiendo decretarse, que ante la presencia de síntomas de manipulación psicológica de la niña atribuida a la madre custodia, terapias psicológicas específicas para que, por una parte, el enajenante comprenda que no es correcta su conducta aleccionadora y cese la misma; y, por otra, que el enajenado asimile que ha sido alienado y corrija el estado mental creado para que acepte la situación real que debe vivir y no rechace la convivencia con su progenitor; además, que busque normalizar su entorno familiar y que el perjudicado con la alienación aprenda técnicas de como advertir o distinguir los efectos del síndrome y sobre todo de que al concientizar el problema sea capaz de asumir una conducta adecuada, esto es, la terapia deberá buscar eliminar la alienación y restablecer a la normalidad la relación paterno-filial. C. "A fin de que la violencia psicológica que ejerce ********** sobre su menor hija se elimine y se garantice a esta última un ambiente propicio para su sano desarrollo, se determina que las partes y la menor deberán someterse a terapias psicológicas específicas, con el propósito de que la progenitora comprenda que no es correcta su conducta aleccionadora y cese la misma; la menor reordene su estado psicopatológico para que acepte a su progenitor en su entorno familia social, esto es, asimile que ha sido manipulada, corrija su estado mental creado para que reconozca la situación real que debe vivir y no rechace la convivencia con su progenitor, además que busque normalizar su entorno familiar; y el progenitor aprenda técnicas de como advertir o distinguir los efectos de la manipulación y sobre todo que al concientizar el problema sea capaz de asumir una conducta apropiada. (.). .gírese oficio al Hospital Psiquiátrico Infantil '**********' (.), a efecto de que designe a un experto (a) en psicología que pueda brindar terapias psicológicas a las partes y a su menor hija **********. **********. **********.; apoyo psicológico que deberá ser específico sobre violencia psicológica ejercida por la progenitora en contra de la menor, esto es, la citada terapia deberá buscar eliminar la alineación (sic), que ejerce la madre sobre su hija y restablecer a la normalidad la relación paterno filial; es decir, el experto (a) deberá enfocar sus sesiones a que la progenitora comprenda que no es correcta su conducta aleccionadora y cese la misma; en relación con la menor a que asimile que ha sido alienada por su madre y corrija su estado mental creado, para que acepte la situación real que debe vivir y al final se obtenga el no rechazo de convivir con su progenitor y se logre normalizar su entorno familiar, y finalmente con el progenitor se le otorguen técnicas para que pueda advertir o distinguir los efectos del síndrome de alienación parental y una vez concretizado el problema sea capaz de asimilar una conducta adecuada; debiendo emitir un reporte mensual sobre los avances de la terapia (para emitir las determinaciones necesarias relativas a la convivencia de la menor con su padre) y hasta que sean dados de alta (para verificar si se ha eliminado la alineación y se ha restablecido a la normalidad la relación paterno filial), se emitan las determinaciones correspondientes para una convivencia definitiva y solo que la citada institución no se cuente con la experta o especialista en el tema que nos ocupa, deberá solicitarse el auxilio de cualquier otra dependencia de gobierno municipal, estatal o federal, que si cuenten con los experto idóneos para los fines indicados". 4. En la medida en que se trata de la protección del interés superior de la menor quejosa, la autoridad responsable deberá establecer en la nueva resolución que emita, que tiene a su disposición las medidas de apremio que estime necesarias para el caso de que la madre evite injustificadamente presentar a la niña a los estudios psicológicos que resulten indispensables para la solución de la problemática planteada con su padre, así como en el eventual y paulatino régimen de convivencias, incluso supervisadas que se ordenen D. En los puntos resolutivos DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO, la juzgadora determinó: "Esta autoridad podrá hacer también uso de las medidas de apremio que se estimen necesarias en el supuesto que la progenitora evada injustificadamente presentar a su menor hija a los estudios psicológicos que sean necesarios para la solución de la problemática planteada con su padre, así como en el eventual y paulatino régimen de convivencias, aunado que en caso de resistencia injustificada de la progenitora a las anteriores recomendaciones se podrá incluso separar a la menor temporal o definitivamente de su madre, considerando para ello, los reportes de terapias, la gravedad del incumplimiento y la reincidencia. DÉCIMO PRIMERO. En caso de que, la generadora de la violencia no de cumplimiento a las determinaciones tendientes a corregir su conducta manipuladora, con base en las facultades que se han precisado en el considerando cuarto de esta resolución se podrá determinar las medidas de protección, preventivas y civiles necesarias en beneficio de la menor y en protección de la familia". 5. En virtud de la dificultad para compensar el tiempo en que la menor ha dejado de convivir con su padre, la autoridad responsable deberá asentar en la nueva resolución que emita, determinadas medidas que estime conducentes para dar seguimiento continuo a la evolución de las terapias psicológicas familiares y eventual convivencia paterno-filial. E. ".Como se ve, los expertos coinciden en la importancia que tiene la convivencia entre la menor **********. **********. **********. y su progenitor, sin embargo, atendiendo a los sentimientos negativos que en este momento experimenta la menor hacia su padre, se estima prudente que el régimen de convivencia entre padre e hija se lleve en forma paulatina y supervisada, tomando en cuenta desde luego la evolución del tratamiento psicológico de la menor para superar el temor y rechazo hacia su progenitor, por ello, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, las partes deberán realizar los trámites que resulten necesarios para recibir terapia psicológica conforme (sic), de manera que se requerirá un primer informe del terapeuta en el que indique si la menor **********. **********. **********. está preparada para iniciar la convivencia con su progenitor. De ser favorable el informe, la convivencia entre **********. **********. **********. y su progenitor ********** se iniciará de forma supervisada en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, Estado de México, los sábados y domingos de cada quince días, en forma alternada; es decir, un fin de semana en sábado y al siguiente que corresponda será en domingo; en un horario de las diez a las catorce horas; régimen al que este juzgado deberá dar seguimiento oficioso requiriendo a la responsable de la visita en aquel centro para que rinda un informe mensual sobre cada una de las convivencias que se desarrollen, debiendo precisar en qué forma se llevan a cabo, cuál es la evolución de la relación paterno filial, si la menor mantiene una estabilidad emocional, si ambos progenitores dan cumplimiento al régimen establecido y cualquier incidencia que ponga en riesgo el ejercicio de derecho de convivencia de la menor, a fin de que este tribunal este en aptitud de dictar las medidas que salvaguarden el sano desarrollo de la menor en relación a la convivencia con su progenitor, procurando no generar molestia en la esfera jurídica y material de la infante. Una vez que el centro mencionado informe que se ha consolidado la relación entre la menor y su progenitor, podrán modificarse el régimen de convivencia; y por tanto, la convivencia se realizara dos fines de semana al mes, es decir el segundo y cuarto fin de semana, recogiendo a la menor en el domicilio en que habita con su progenitora el día sábado a las quince horas y la reintegrará al citado domicilio el día domingo a las dieciocho horas, así como el día del padre y el día del cumpleaños del progenitor si cae en fin de semana de las diez horas a las dieciocho horas, y el día de la madre o cumpleaños de la misma lo pasara con su progenitora en el mismo horario que el progenitor para el caso que le tocara convivencia al mismo, por cuanto hace a los periodos vacacionales de la menor dichos periodos se dividirán en dos correspondiéndole a cada parte un periodo, en el cual el periodo de semana santa que iniciara el progenitor, en el de verano iniciara la progenitora, el decembrino lo iniciara el progenitor y así sucesivamente; quedando obligado el progenitor a pasar por su menor hija y reintegrarla en el domicilio en que habite la menor con su progenitora; exhortando a las partes contendientes a proporcionar todas las facilidades necesarias a fin de que la convivencia se realice dentro de un ambiente agradable y de respeto siendo que el progenitor debe recoger a su menor hija respetando en todo momento el domicilio donde vive con su progenitora, lo anterior atendiendo el interés superior de su menor hija, haciéndoles de su conocimiento que la retención indebida de la menor así como la oposición injustificada a que se lleve a cabo la convivencia concedida, será sancionada en términos de ley, al Agente del Ministerio Público de la Adscripción". 6. Deberá pronunciarse sobre todas las prestaciones demandadas, incluyendo el régimen de visitas y convivencias, así como el pago de alimentos, y decidir lo demandado, también, en el procedimiento de violencia familiar. F. Respecto del régimen de visitas y convivencias, se resolvió lo siguiente: "Con las antepuestas consideraciones, se señala que en concreto, la guarda y custodia definitiva de la menor de iniciales **********. **********. **********. se confirió a favor de su progenitora **********; por tanto, en salvaguarda a su derecho de convivencia con su progenitor no custodio, corresponde fijar un régimen de visitas. Desde luego no se pasa desapercibido que con las pruebas que ya quedaron valoradas (pericial en psicología y escucha de la menor) quedó evidenciado que la infante siente angustia, temor y rechazo a su progenitor, lo cual exige de esta autoridad decretar aquellas medidas que salvaguarden la integridad física y psicológica de la menor, pero al mismo tiempo se garantizarse el ejercicio de su derecho de convivencia, máxime que en este caso, no se acreditó que la convivencia con el progenitor sea perjudicial para la menor y si en cambio, al desahogarse la pericial en psicología a cargo de los expertos **********, ********** y **********, los tres coincidieron en la necesidad de que la menor **********. **********. **********. conviva con su progenitor". Por otra parte, referente al pago de alimentos, la jueza determino: "2. PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE **********. En relación a la pretensión que sobre alimentos hace valer la actora ********** a su favor; debe decirse que en autos ya quedó demostrado que las partes dieron por terminada por voluntad propia su relación de hecho que tenían como marido y mujer libres de matrimonio, careciendo de legitimación para reclamarle alimentos; ni refirió reclamar alimentos como consecuencia de la terminación de la relación de hecho que mantuvo con el demandado ni que tuviera algún impedimento para allegarse de los satisfactores alimentarios, porque si bien refiere que tiene una enfermedad, también lo es que de la constancia que exhibe, se advierte que no tiene impedimento para allegarse de recursos alimentarios, además de que la misma se comprometió a pagar el **********por ciento de su propio peculio del costo de la renta del inmueble que actualmente habita con su menor hija, como se advierte de la confesión vertida por la actora al dar contestación a la posición al respecto formulada por su antagonista; por ello, carece de legitimación para reclamar alimentos, precisamente por haber desaparecido la fuente de su derecho, es decir, por el cambio de situación jurídica de concubina a no tener ese estado; siendo la legitimación en la causa un presupuesto necesario e indispensable para la procedencia de la acción, que cuando falta, el juzgador debe apreciarlo de oficio para desestimar la demanda, por no ser la actora la titular de la acción, pues al momento de la presentación de la demanda ya no tenía el derecho de concubina al haberse dado por terminada la relación de hecho el veintisiete de febrero de dos mil quince, por voluntad de ambas partes, por ello, se absuelve al demandado de dicha pretensión" Por otra parte, se estableció lo siguiente respecto de la menor: ". En consecuencia, se condena a********** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la menor **********. **********. **********., equivalente a TRES DÍAS de salario mínimo vigente en la región, por los días de mes, que deberá depositar los primeros cinco días de cada mes, para ser entregados a la progenitora, previo recibo correspondiente, apercibido que de no hacerlo, se procederá en su contra en la vía de apremio". Por lo que hizo al procedimiento violencia familiar, precisó la jueza: "En la legislación secundaria mexicana, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su numeral 13, fracciones VII y VIII, reconoce el derecho de los menores a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, y a que se proteja su integridad personal, asimismo, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, entre otras conductas, por descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual (artículos 46 y 47). La misma ley antes referida, en su artículo 193, fracciones V y VII, obliga a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a menores, a asegurar a estos un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia, para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad, a protegerlos contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión y abuso, y a abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física y psicológica, o de realizar actos que menoscaben su desarrollo integral, destacando que, el ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de menores, no puede ser justificación para incumplir esta última obligación. Los malos tratos en el seno familiar, evidentemente, pueden adoptar diversas formas: maltrato físico, psicológico, desatención, negligencia, maltratos verbales o una combinación de estos. En relación al psicológico, conforme al artículo 4.397 Fracción I, inciso a) del Código Civil, puede presentarse cuando un progenitor genera en sus menores hijos sentimientos de odio, desprecio o rechazo hacia el otro progenitor; cuya consecuencia será de entre otros para el generador de esa violencia la suspensión o pérdida de la guarda y custodia del menor. Precisar es conveniente en relación a este último tema que, en orden a su aplicación, el invocado precepto no debe ser entendido de una manera restringida, en el sentido de que, acreditada la violencia psicológica hacia los menores, indefectiblemente y de manera automática, en todos los casos, resulte procedente la sanción de la pérdida de la guarda y custodia de quien tiene a su cargo esa función. Pues en torno a ello, es necesario tener en cuenta lo dicho al abordar el tópico 'patria potestad'; y ahondar que su función elemental es en beneficio de los menores de edad y no meramente un derecho de los padres sobre estos; por tanto, la sanción civil de pérdida de guarda y custodia, no debe ser nunca vista ni aplicada como un castigo para quien incurrió en un quebranto de los deberes inherentes a esa función, sino que, su determinación debe estar basada en que, en el caso concreto de que se trate, dicha sanción extraordinaria sea la medida más idónea para la protección de los derechos del menor, conforme a su interés superior, es decir, que en el asunto específico que se juzgue, dicha consecuencia no resulte perjudicial al menor que se trate. En ese sentido, corresponde a los juzgadores, en los procesos jurisdiccionales respectivos, ejercer sus facultades de prudente arbitrio, para examinar las circunstancias de cada caso, y establecer si la violencia psicológica, justifica la necesidad de separarlo de quien ejerce sobre él la guarda y custodia (uno o ambos progenitores o de cualquier otra persona que legalmente realice esa función), por ser lo más benéfico para el infante, o bien, si en el marco de los demás derechos del niño, la privación de la prerrogativa del cuidado en favor de determinado progenitor no resulta la más idónea para el interés superior del niño y es factible establecer alguna otra medida, a efecto de remediar el daño causado y evitar que vuelva a inferirse al niño un acto de violencia, sin intervención oficial de su familia. Todos los anteriores precedentes se traen a colación, porque en este apartado ocupa el tema de quién de los progenitores deberá detentar la guarda y custodia definitiva de la menor de iniciales **********. **********. **********. en el entendido de que el demandado denunciante adujo que la madre no es idónea para detentar la guarda y custodia de su hija, porque ha ejercido en ella violencia psicológica, la que describió al narrar los hechos en que fundó su denuncia, mismos que han quedado transcritos en el cuerpo de este fallo. Ahora bien, una vez que han sido analizadas las constancias procesales a la luz de lo expuesto como preámbulo, en opinión de esta juzgadora el hecho de que el denunciante ********** haya acreditado que en efecto su contraria ********** ha desplegado conductas de violencia psicológica hacia la menor de iniciales **********. **********. **********., no justifican la necesidad de separarla de aquella, atento a que de una exégesis generosa del artículo 4.397 fracción I, inciso a) del Código Civil; se obtiene que, al armonizar el contenido de la citada norma y el límite de su alcance en el marco de los derechos de la citada infante (cuidado y protección), la privación de la guarda y custodia tiene una doble finalidad, por una parte su aplicación constituye una sanción para quien esté en ejercicio de dicha facultad y, por otra, es una medida de protección a futuro para el menor; porque si el legislador consideró que la actualización de determinada conducta de uno de los progenitores (violencia psicológica) trae como consecuencia la aplicación de tal medida (perdida de la guarda y custodia), esta debe operar siempre y cuando, con esa determinación no se afecte el sano desarrollo de la infante y con ello produzca un menoscabo en el interés superior del mismo, contenido en el artículo 4º Constitucional". Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento al fallo protector emitido por este tribunal. En esas condiciones y tomando en cuenta lo anterior, se concluye que la ejecutoria quedó cabalmente cumplida, sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe. "RÚBRICAS"

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