María Fernanda Hernández Rangel Muñoz
Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2019
Partes del expediente
- María Fernanda Hernández Rangel Muñoz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no obran los acuses de los oficios 54186/2018, 54187/2018, 54188/2018, 56952/2018, 56953/2018 y 56954/2018, dirigidos a las autoridades responsables, con los que se les notificó la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, así como el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Requerimiento. Por tanto, toda vez que este juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Administrador de Correos Número 6 "Santa Teresita", de Correos de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación realizada, informe a este Juzgado de Distrito el tratamiento dado, a las piezas postales relativas a los oficios 54186/2018, 54187/2018, 54188/2018, 56952/2018, 56953/2018 y 56954/2018, con números de guía ---, depositadas el seis y veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Audiencia celebrada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se celebró a las nueve horas con doce minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual puso fin a la secuela procesal del juicio de amparo. Resérvese. En tal virtud, resérvese proveer lo que corresponda, respecto al oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hasta en tanto concluya la audiencia constitucional, ya que no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas una vez iniciada, pues acorde al principio de unidad es necesario que ésta concluya. Orienta sobre el particular, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 170855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C.48 K Página: 1678 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." Notifíquese.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deje insubsistente la multa impuesta al Presidente del Municipio de Cihuatlán, Jalisco, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado en el juicio laboral */2008-A1. La Oficina de Recaudación Fiscal Foránea 18 en Cihuatlán, del Estado de Jalisco, así como el Notificador Ejecutor fiscal adscrito, dejen insubsistente la orden de requerimiento de pago y embargo con folio F917018000069, así como su ejecución". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Tribunal responsable el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la multa impuesta al Presidente del Municipio de Cihuatlán, Jalisco, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil catorce, en el juicio laboral */2008-A1; además, el Subprocurador Fiscal del Estado, dejó sin efectos el requerimiento de pago F917018000069. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de enero de dos mil diecinueve. Se requieren constancias. Tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra autorizado para allegarse de todas las pruebas que estime necesarias para mejor proveer dentro del presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copias certificadas completas y legibles de los exámenes de control y confianza realizados al aquí quejoso Elliot Adán Ibarra Guerrero. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.
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