MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y Otros.
Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ y Otros.
- María Fernanda Hernández Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 385/2018, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 41 a 43), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Abogado General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guarda este expediente, se advierte que MARÍA ..... promovió el presente juicio de amparo contra un acto de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a sus escritos de petición de treinta de agosto y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, así como de seis de marzo de dos mil dieciocho; mediante los cuales, en esencia, pidió, la expedición de su certificado de estudios de preparatoria en esa institución educativa. Ahora, de la lectura del informe que se agregó en líneas precedentes, se conoce que la responsable, negó la existencia del acto que se le reclama, pues precisó que, previo diversas gestiones, el tres de mayo en curso, fue entregado el aludido certificado de estudios de preparatoria a Pedro Miguel Barrita López, en su calidad de representante legal de la quejosa; motivo por el cual, como la entrega de la mencionada documental fue realizada en fecha posterior a la de la presentación de la demanda de amparo (11 de abril de 2018), la negativa de la autoridad se desvirtúa, y, consecuentemente, se tiene por cierto, el acto que se le atribuye a dicha autoridad. Precisado lo anterior la suscrita juzgadora estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El anterior criterio deviene en ese sentido en virtud de que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el tres de mayo del actual el representante legal de la quejosa recibió, entre diversa documentación, el certificado de estudios con folio A/07647 firmado por el Rector y Secretaria General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, correspondiente al Bachillerato General Universitario en Ciencias y Humanidades con acentuación formativa en la Escuela Preparatoria Número Tres de la mencionada Universidad. Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (once de abril de dos mil dieciocho -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que el tres de mayo del actual le fue entregado al representante legal de la quejosa el certificado de estudios con folio A/07647 firmado por el Rector y Secretaria General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, correspondiente al Bachillerato General Universitario en Ciencias y Humanidades con acentuación formativa en la Escuela Preparatoria Número Tres de la mencionada Universidad, por lo que es evidente que se restituyó a la impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. Lo anterior, se encuentra robustecido con lo manifestado por la propia quejosa en su escrito recepcionado el cuatro del actual, y en el que se reservó proveer lo conducente; por lo que en el caso, se tiene a la parte quejosa haciendo las manifestaciones en el sentido de que han cesado los efectos del acto reclamado, sin emitir mayor pronunciamiento dado lo establecido en líneas precedentes, En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del catorce de mayo del actual (foja 14); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III-B. Notificación personal por lista. (Quejoso). San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Abogado General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guarda este expediente, se advierte que MARÍA ..... promovió el presente juicio de amparo contra un acto de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a sus escritos de petición de treinta de agosto y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, así como de seis de marzo de dos mil dieciocho; mediante los cuales, en esencia, pidió, la expedición de su certificado de estudios de preparatoria en esa institución educativa. Ahora, de la lectura del informe que se agregó en líneas precedentes, se conoce que la responsable, negó la existencia del acto que se le reclama, pues precisó que, previo diversas gestiones, el tres de mayo en curso, fue entregado el aludido certificado de estudios de preparatoria a Pedro Miguel Barrita López, en su calidad de representante legal de la quejosa; motivo por el cual, como la entrega de la mencionada documental fue realizada en fecha posterior a la de la presentación de la demanda de amparo (11 de abril de 2018), la negativa de la autoridad se desvirtúa, y, consecuentemente, se tiene por cierto, el acto que se le atribuye a dicha autoridad. Precisado lo anterior la suscrita juzgadora estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El anterior criterio deviene en ese sentido en virtud de que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el tres de mayo del actual el representante legal de la quejosa recibió, entre diversa documentación, el certificado de estudios con folio A/07647 firmado por el Rector y Secretaria General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, correspondiente al Bachillerato General Universitario en Ciencias y Humanidades con acentuación formativa en la Escuela Preparatoria Número Tres de la mencionada Universidad. Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (once de abril de dos mil dieciocho -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que el tres de mayo del actual le fue entregado al representante legal de la quejosa el certificado de estudios con folio A/07647 firmado por el Rector y Secretaria General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, correspondiente al Bachillerato General Universitario en Ciencias y Humanidades con acentuación formativa en la Escuela Preparatoria Número Tres de la mencionada Universidad, por lo que es evidente que se restituyó a la impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. Lo anterior, se encuentra robustecido con lo manifestado por la propia quejosa en su escrito recepcionado el cuatro del actual, y en el que se reservó proveer lo conducente; por lo que en el caso, se tiene a la parte quejosa haciendo las manifestaciones en el sentido de que han cesado los efectos del acto reclamado, sin emitir mayor pronunciamiento dado lo establecido en líneas precedentes, En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del catorce de mayo del actual (foja 14); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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