María Fernanda Hernandéz Morales
Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Fernanda Hernandéz Morales
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos el escrito firmado por ***, por el cual interpone recurso de queja y expresa agravios, en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por lo que, se ordena agregar una copia de tal escrito a este expediente, y remítase el informe sobre la materia de la queja interpuesta al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación de ese medio de impugnación, al cual se adjuntará: 1) El expediente principal de este juicio de amparo 1018/2023 y, 2) El escrito de interposición y expresión de agravios del recurso de queja, y una copia. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas. Con independencia de ello, se instruye al oficial judicial "A", para que haga disponible el presente expediente para su consulta electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que el Tribunal de Alzada pueda vincularlo al expediente respectivo e imponerse de las constancias electrónicas, si así lo considera necesario. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que la quejosa ********************, ratificó su escrito de demanda presentado en este juzgado el dieciséis de octubre del año en curso (fojas 2 a 5); en consecuencia, se provee: Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En relación a la citada causa de improcedencia es necesario precisar que el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, consiste en un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así pues, se trata de una figura intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que si bien no se exige la afectación a un derecho subjetivo, tampoco consiste en que cualquier persona esté legitimada para promover el juicio de amparo. De esta forma, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En suma, para promover el juicio de amparo, existen tres categorías en que una persona puede situarse frente a los actos de autoridad, a saber: a) interés jurídico, b) interés legítimo e c) interés simple. Para la procedencia del juicio de amparo, únicamente los dos primeros, otorgan legitimación a las personas; lo que tiene concordancia con el propósito constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de normas generales y actos, al principio de división de poderes, para que solamente sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo con un parámetro jurídico. Esto implica que para acudir al juicio de amparo aduciendo tener un interés legítimo, es necesario que el quejoso exponga, en un primer momento, lo siguiente: 1) qué norma constitucional establece o tutela el interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2) que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3) que el quejoso pertenece a esa colectividad que se encuentra en una posición distinta al resto de la población. Pues de lo contrario, el promovente solo tendría un interés simple, como el que cualquier persona tuviera en el asunto; el cual no legitima para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598, del Libro 64, marzo de 2019, tomo II, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2019456, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente" Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se colige que la quejosa ********************, sustancialmente reclama la omisión de incluir en el Sistema de Información en materia ambiental el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; e invoca un interés legítimo para promover el presente juicio. Al respecto, la quejosa aduce que cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo, debido a que vive en el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca y que por este lugar pasa el río Salado que está contaminado y por ello, está interesada en obtener información ambiental para ejercer su derecho a la participación ambiental. Bajo esa línea de pensamiento, este juzgador considera que contrario a lo que señala la parte quejosa, en el caso, no cuenta con interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, pues la quejosa debió acreditar que existan actos reales y actuales en su esfera jurídica que vulneraron tales derechos fundamentales y no solamente manifestar que tiene interés legítimo, derivado de que vive en San Sebastián Tutla, Oaxaca, lugar en donde pasa el rio Salado que está contaminado. De ahí, que no existe un vínculo entre los derechos invocados y una probable afectación a la quejosa, pues no la coloca en una situación especial frente al acto reclamado, distinto al en que se encuentra el resto de los integrantes de la sociedad. Pues se requiere que la promovente del amparo se encuentre en una situación especial ya sea individual o colectiva, distinta al de cualquier otro ciudadano que puede ser objeto de vulneración al derecho humano; esto es, la acreditación de tener un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, de tal relevancia que la concesión del amparo produciría efectos positivos en su esfera jurídica. En efecto, de la lectura integral de la demanda, no se advierte que la aquí quejosa haya solicitado información a alguna de las autoridades responsables, relativa al listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización y que derivado de ello, se esté afectando su derecho humano de acceso a la información ambiental, así como a la participación ciudadana, ante la falta de información. Sino que únicamente sostiene que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó el Quinto informe de labores de la Semarnat y que en tal documento no aparece que se haya construido el Sistema de información en materia ambiental en el cual contenga el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; no obstante tal omisión que aduce de ninguna manera le genera una afectación actual y real, pues ni siquiera ha elevado algún tipo de solicitud a efecto de obtener la información de la cual aduce no ha sido generada por las responsables; ello con el fin de verificar si las autoridades han incumplido al Acuerdo de Escazú que refiere. De este modo, el interés que la solicitante del amparo dice tener es insuficiente para considerarlo como un interés legítimo, al no advertirse cuál es la afectación que le causa el acto reclamado y cuál es el beneficio que obtendría con una sentencia favorable a su interés; de ahí que, su interés resulta ser el mismo que puede tener cualquier otra persona. Por lo que, al contar todas las personas con un interés simple, la quejosa debió acreditar que existiera actos reales y actuales en su esfera jurídica de los que fue objeto y que la dejaron en estado de indefensión, sin que pudiera contar con los elementos de defensa debido a la omisión de la autoridad responsable de crear el sistema de Información en materia ambiental. Así, el interés que la solicitante de amparo dice tener es insuficiente para considerarlo como un interés legítimo, porque al no advertirse cuál es la afectación que le causa el acto reclamado, y cuál es el beneficio que obtendrían con una sentencia favorable, su interés resulta el mismo que puede tener cualquier otra persona en que se cumplan con las disposiciones legales. Como sustento de todo lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 38/2016, 4 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Además, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.),6 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, se desecha de plano, la demanda de amparo promovida por ********************, por notoriamente improcedente. Aunado a ello, a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en detrimento de la parte quejosa. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de lo contrario se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que la promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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