María Fernanda Guzmán Bailón

Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
126/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • María Fernanda Guzmán Bailón

Actuaciones

  1. Principal

    MESA X. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Síndico del Ayuntamiento de Puente Ixtla, Morelos, por medio del cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita se vincule al Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que se cumpla con la misma. En ese sentido, se reitera que la sentencia emitida el nueve de julio de dos mil diecinueve, la cual fue revocada mediante ejecutoria de amparo en revisión dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, a efecto de que las autoridades del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, cumplan la misma que la obliga a: [...] Ahora bien, por lo que hace a que este juzgado determine vincule al Gobierno del Estado de Morelos, dígasele que no ha lugar toda vez que es la autoridad quien deberá realizar las gestiones necesarias a fin de acatar el pleno cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Por tanto con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades del Ayuntamiento de Puente Ixtla, Morelos, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, realicen las gestiones pertinentes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias con que acrediten que se han realizado los pagos correspondientes al quejoso en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA VI.- Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 126/2022-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO [...] Ahora bien, la parte quejosa precisa en su demanda que el acto reclamado sustancialmente es lo siguiente: El acuerdo de quince diciembre dos mil veintiuno, en que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos se declara incompetente para conocer del juicio ***, de su índice. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes... En ese tenor, en lo que concierne al acto reclamado, este aún no tiene el carácter de definitivo que alude nuestro máximo tribunal para que en su contra proceda el juicio de amparo, ya que del análisis de él se advierte que la autoridad responsable declina la competencia; empero la Junta a la cual se le declinó aún no tiene conocimiento de ello; por lo cual resulta evidente que aún no puede considerarse un acto definitivo que afecte derechos sustantivos, en tanto que, aun no se ha ocasionado una lesión a la esfera jurídica de la quejosa, al no establecerse en definitiva a quien corresponde conocer del asunto, por lo que el acto reclamado no es definitivo para ser combatido por esta vía, por lo que no se está dentro de la hipótesis que establece la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo; lo que lo torna improcedente. De lo expuesto se obtiene que el auto reclamado no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó carecer de competencia. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada, lo cual en el caso no ha acontecido, pues del ocurso de cuenta se advierte que la Junta a la que se remite dicha competencia, aún no cuenta con antecedentes del juicio de origen. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que señala, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. HACM

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