María Fernanda Gutiérrez Sánchez

Expediente 53/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
53/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • María Fernanda Gutiérrez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que firma el Actuario Judicial de la Subsecretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa, así como la revisión adhesiva formulada, comunicado que se ordena agregar para que obre como corresponda y se toma nota que se registro como amparo en revisión 01282/2017. Notifíquese.- Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Rodrigo Guzmán López, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/RGL/prox

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que en el toca de queja número 26/2018 de su índice, se dictó un auto en cuyo punto único resolutivo se determinó desechar por improcedente el citado recurso. Hágase del conocimiento del peticionario de amparo lo anterior para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López. Doy fe. LAPT/ICL/mf

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de enero de dos mil dieciocho. Analizadas que son las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa promovido por Carlos Alberto Corona Barba, en su carácter de representante legal del Losmor Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, este Juzgador somete a consideración de la Superioridad, el posible impedimento para conocer del presente asunto, al tenor del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, en razón de que el suscrito juzgador mantiene una relación de amistad con la persona de nombre Luis Fernando de Jesús Ortiz Álvarez quien ostenta el cargo de presidente auxiliar de la junta señalada como responsable. Es oportuno precisar que los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Juez en determinado asunto, es un aspecto íntimamente vinculado con la competencia subjetiva y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para que, siendo titular de un órgano jurisdiccional pueda resolverlo, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales; deber al que corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales. Ahora bien, la exigencia del Estado al cumplimiento, por parte del servidor público, de las funciones atribuidas, y esa obligación correlativa para con el Estado, de cumplirlas sufre a su vez limitaciones, ya que en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, a consideración de las partes contendientes se alegue que aquel que desempeña la función se encuentre impedido para cumplir dicha función respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de inidoneidad constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, o de titulares de las funciones jurisdiccionales que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; por otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia, la Ley de Amparo establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. El artículo 51 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por un hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se observa que es promovida por Carlos Alberto Corona Barba, en su carácter de representante legal del Losmor Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, cuyo Presidente Auxiliar mantiene una relación de amistad con el Titular de este Órgano Jurisdiccional. Por tanto y considerando que los Jueces de Distrito tienen la obligación indefectible de declararse impedidos, en los casos en que se actualice alguna de las hipótesis del numeral antes transcrito de la ley de Amparo y que de no hacerlo lo pudiera invocar alguna de las partes contendientes en el juicio en que se actúa; ello, bajo la premisa de que la imparcialidad del juzgador es un principio y objetivo formal, que se debe observar insoslayablemente en los juicios del conocimiento de los juzgadores federales. Lo anterior es de considerarse así, pues al existir un lazo de amistad con la persona que funge como el Presidente Auxiliar de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es indiscutible que con ello podría incurrir en una causa de responsabilidad imputable a quien ahora resuelve. Por tanto, y con el único propósito de que se califique el posible impedimento planteado, en atención a la relación de amistad a que se ha hecho referencia, se somete a consideración tal circunstancia. Manifestación que se estima suficiente, acorde a lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se origina la excusa planteada. Así, la justificación del impedimento planteado por el suscrito Juzgador Federal, corresponde en gran medida, al ámbito subjetivo, por ser precisamente quien debo estar desprovisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de mi actuación jurisdiccional, y que así lo pudiera apreciar cualquiera de las partes interesadas en el contencioso constitucional. Por ello es que se estima que las manifestaciones formuladas con anterioridad, de la existencia de la relación de amistad con quien ostenta el cargo del Presidente Auxiliar de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, licenciado Luis Fernando de Jesús Ortiz Álvarez, y que pudiera considerarse por las partes en el juicio influencia en el ánimo del Juzgador, y constitutivas de impedimento, no requieren de prueba adicional alguna a lo vertido. Sirve de apoyo a todo lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, tomo XV, mayo de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO." De igual forma sirve de sustento a las anteriores consideraciones, por analogía, la tesis XI.2o.27 K visto en la página 513 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO DE JUEZ DE DISTRITO POR AMISTAD ÍNTIMA CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA DE LAS PARTES. De conformidad con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene impedimento para conocer del juicio de garantías cuando tiene amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, es suficiente que el titular del órgano jurisdiccional manifieste encontrarse en alguna de esas circunstancias para que se califique de legal su impedimento, en mérito a la credibilidad de la que goza, actualizándose el impedimento de carácter subjetivo que se invocó, toda vez que aquella amistad puede influir en su ánimo a la hora de resolver el negocio planteado por el postulante." (lo destacado es propio). En atención a lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, es conveniente manifestar la citada causa de impedimento; por tanto, con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, a fin de que tenga a bien calificarlo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Hágase la anotación correspondencia en el libro de gobierno respectivo. Por lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se encuentra señala para el día de hoy. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Rodrigo Guzmán López. Doy fe. LAPT/RGL/agh

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