María Fernanda Guiot Manzo

Expediente 1010/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1010/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • María Fernanda Guiot Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta de noviembre de dos mil veinte, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.) con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se concede es para el efecto de la inaplicación, en la esfera jurídica de María Fernanda Guiot Manzo, hasta en tanto no exista un cambio legislativo, lo dispuesto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y. americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 112/99, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Con motivo de ello, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá realizar lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, ha quedado sin efectos el oficio 203300EL380025, de diez de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se resolvió en sentido negativo la solicitud de la quejosa para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, así como del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol y los actos necesarios como la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte para ese autoconsumo. 2. En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto de la quejosa María Fernanda Guiot Manzo, que implique una autorización a ésta para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "individual y personal" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que, además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa, con plena autonomía, deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a la quejosa. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de rubro: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD." Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata. No obstante, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos (.) ". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión R.A. 52/2021, de su índice, confirmó el citado recurso. En auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio registrado con el folio 10946, la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio CAS/DEREPSQ/3769/2021, en el que emitió la autorización sanitaria para realizar el uso regulado de marihuana a la parte quejosa, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, estableciendo los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, así como las restricciones correspondientes. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar las presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichos oficios una vez que reanuden sus labores. Notifíquese, y personalmente la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada el diez de junio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 52 2021, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Por las razones y para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA FERNANDA GUIOT MANZO, en contra del acto y la autoridad precisada en el resultando primero de esta sentencia. Acúsese recibo de estilo al tribunal oficiante por así solicitarlo; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se concede es para el efecto de la inaplicación, en la esfera jurídica de María Fernanda Guiot Manzo, hasta en tanto no exista un cambio legislativo, lo dispuesto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente cannabis sativa, índica y. americana o mariguana, su resina, preparados y semillas y del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 6a 10a, 6a 7, 7, 8, 9, 10, ?9 11 y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 112/99, de rubro: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. Con motivo de ello, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá realizar lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, ha quedado sin efectos el oficio 203300EL380025, de diez de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se resolvió en sentido negativo la solicitud de la quejosa para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, así como del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol y los actos necesarios como la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte para ese autoconsumo. 2. En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto de la quejosa María Fernanda Guiot Manzo, que implique una autorización a ésta para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "individual y personal" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que, además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa, con plena autonomía, deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a la quejosa. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de rubro: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD." Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata. No obstante, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, en su carácter de superior jerárquico, de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de cinco días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero y 194, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 10a., sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas vía interconexión y se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión, quedando registrado bajo el toca RA 52/2021; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, quedando en espera de la determinación. Notifíquese.

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