María Fernanda Guerrero Martínez
Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Fernanda Guerrero Martínez
Actuaciones
- Principal
I... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase conforme a ello.
- Principal
I... Vista la demanda de amparo promovida por María Fernanda ...
- Principal
I... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 244/2022-I, el cual es del tenor: Proveído 04/Marzo/2022.- "... Vista la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho; contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 244/2022-I. Ahora bien, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el presente asunto la quejosa señala como acto reclamado, la dilación procesal, consistente en la omisión de radicación de la demanda interpuesta. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último interpretado a contrario sensu1, por las consideraciones siguientes: El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y el ya señalado 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. En ese tenor, si bien la peticionaria de amparo aduce como derecho violado, el protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, siendo que éste regula el derecho de acceso a la justicia; no obstante éste debe encontrarse armonizado con las disposiciones del ordenamiento secundario aplicable al caso, el cual establece el plazo máximo para proveer lo relativo a la omisión reclamada. Luego, los artículos 685, 686, 736 y 838 de la Ley del Trabajo aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios3, substancialmente establecen diversas bases en relación al trámite de los asuntos respectivos. Así, el primer numeral señala los principios que caracterizan el proceso del derecho del trabajo (público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte), por lo cual las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; y prevén la suplencia de la queja cuando la demanda planteada sea incompleta o irregular. El segundo precepto, indica que los procesos que se regulan deben realizarse en los términos que señale la misma norma, debiendo corregir cualquier irregularidad u omisión en el trámite. El tercer numeral, señala que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles; y, el último precepto establece que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la misma norma. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. En el particular, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintisiete de enero de dos mil veintidós, presentó demanda laboral contra los terceros interesados, reclamando indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones con motivo del despido injustificado de la que fue objeto. Entonces, si el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios dispone lo siguiente:... ... Se colige que la Sala Auxiliar cuenta con tres días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, para pronunciarse respecto a la radicación de la misma; por tanto, si presentó la demanda el veintisiete de enero de la presente anualidad, en la especie los 45 días naturales a que se hizo referencia, deben computarse a partir del dos de febrero de dos mil veintidós. Luego, si la demanda que se provee, fue recibida en el buzón judicial el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, es incuestionable que no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días desde la fecha en que la autoridad estaba obligada legalmente a la emisión del auto de radicación de la demanda de mérito. De ahí que, este atraso, de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación se encuentra dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2ª./.J. 33/2019 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 2817 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 201,Tomo IV, Décima Época, Materia Común, Laboral, que establece: ... ... En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida, se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, en concordancia con los diversos 61 fracción XXIII y artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO QUEJOSA. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala la quejosa en su escrito de demanda, para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en la dirección indicada y le notifique personalmente esta determinación; asimismo, le requiera para que dentro de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto; en caso de ser necesario, practíquese la diligencia en dicho domicilio conforme lo establece el numeral 21, último párrafo, de la referida ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el fedatario judicial adscrito practique cualquier diligencia ordenada en este sumario. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que indica, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treita de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria; por lo que se tiene oponiéndose a la publicación de sus datos cuando se realice la publicación de que se habla; además, para la aplicación de la Ley citada, dicha petición será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..." Lo anterior en atención al citatorio de fecha siete de marzo de dos mil veintidós.
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