María Fernanda García García

Expediente 1494/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1494/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María Fernanda García García

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve María *******, por propio derecho, en contra de las autoridades responsables y por los actos que enseguida se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Lic. Juan Fernández Albarrán" ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso, dictado en la causa de control 1801/2023, de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en contra de la quejosa, por el delito robo. La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra de la quejosa en la audiencia de control de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control 1801/2023. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente 1494/2023-VI. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. ADMISIÓN DE DEMANDA Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Pídase a las autoridades señaladas como responsables: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Lic. Juan Fernández Albarrán" Sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al que deberán acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviarlos debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir sus informes sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE ORIGEN Con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la autoridad judicial que conozca del proceso penal Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución definitiva que se dicte en el presente juicio de amparo. REMISIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO En la contradicción de tesis 2/2020 el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión ordinaria virtual de uno de diciembre de dos mil veinte, emitió el siguiente criterio jurisprudencial: CRITERIO JURÍDICO: El Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, atendiendo al derecho al debido proceso, a la naturaleza del proceso penal acusatorio y oral, así como a los instrumentos a través de los cuales deben desahogarse las actuaciones judiciales que conforman sus etapas procesales, delimitados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de Tesis 506/2019, considera que conforme al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso debe emitirse de manera oral y por escrito (pieza papel) dentro de las veinticuatro horas siguientes. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame como acto, la vinculación a proceso y ésta solo se emitió oralmente y no por escrito; entonces, analizará ésta última versión y de no advertir trasgresión a derechos fundamentales, concederá la protección constitucional solicitada para el único efecto de que sin dejar insubsistente el auto de plazo constitucional emitido oralmente, no implique se realice una nueva audiencia, sino únicamente el juez de Control deberá emitir la versión escrita de aquél la cual no podrá exceder los alcances de la pronunciada oralmente. Asimismo, el propio Pleno estableció como justificación del citado criterio lo siguiente: JUSTIFICACIÓN: Lo anterior, porque el dispositivo procesal contiene una regla que por contradictoria que parezca con la esencia del sistema oral, debe ser cumplida por el juez de Control, para que el justiciable pueda ejercer una adecuada defensa en contra de las resoluciones dictadas en audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio y oral, esto es, debe tener acceso a la totalidad de las constancias que exige la norma, como son las videograbaciones y constancias escritas excepcionales que se hayan tomado en consideración para emitirlas. En consecuencia, en atención al citado criterio jurisprudencial y su justificación, requiérase al juez de control responsable para que al momento de rendir su informe justificado remita la versión escrita del auto de vinculación a proceso, dictado dentro de la carpeta administrativa de origen. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional las nueve horas con veinte minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés. OBLIGACIÓN DE INFORMAR RESPECTO DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso y a las autoridades responsables, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen, de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; debiendo indicar el número de expediente bajo el que se tramita ese juicio, e indicar qué órgano jurisdiccional conoció de éste. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCEROS INTERESADOS Toda vez que el promovente no proporciona datos precisos del tercero interesado, se reserva proveer lo conducente en torno a su emplazamiento, hasta en tanto, se cuente con el informe justificado de la responsable. DOMICILIO Dado que el promovente solicita se le realicen las notificaciones vía electrónica, para lo cual proporciona el nombre de usuario "susanadlg"; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido de que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la oficial judicial "A" SISE, para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona el promovente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la oficial judicial "A" SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que estas cuentan con su cédula profesional inscrita en el Sistema de Registro de Cédula Profesional. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa, y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y atento a lo ordenado en el cuaderno principal de donde deriva la presente incidencia, procédase a proveer lo atinente a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo 1494/2023-VI, promovido por ******************** por propio derecho, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Lic. Juan Fernández Albarrán" ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso, dictado en la causa de control ******************** el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en contra de la quejosa, por el delito robo. La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra de la quejosa, en la audiencia de control de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control ******************** SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídanse a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo. Al efecto, remítaseles copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Es menester señalar que la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Si las autoridades responsables incurren en tal omisión se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las diez horas con dos minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer los actos reclamados respecto de los cuales se solicita la medida cautelar que, en esencia, consisten en los siguientes: El auto de vinculación a proceso, dictado en la causa de control ******************** el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en contra de la quejosa, por el delito robo. La medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada dictada en contra de la quejosa en la audiencia de control de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa de control ******************** Sentado lo anterior, se procede al estudio de la procedencia de la suspensión provisional respecto de los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado por la responsable en contra de la quejosa y de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, que por su orden son: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. De acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados, tienen el carácter de positivos. En principio, debe precisarse que de acuerdo a sus características, el auto que determina la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es susceptible de suspenderse, ello es así, pues se advierte que, a partir de su emisión, se actualiza una afectación temporal a la libertad del imputado, pues provoca que se le sujete a la jurisdicción del Juez de Control, bajo los efectos de la medida cautelar determinada, lo que se considera afecta la libertad personal. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realicen las personas que vean afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, el juez responsable impuso al directo quejoso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual debe derivar forzosamente de un auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso por el delito de robo con modificativa (agravante de haberse cometido con violencia), por lo que sus efectos consistentes en mantener privado de la libertad al quejoso, se postergaran. Por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en su órbita de derechos. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Este requisito se estima cumplido, dado que con la suspensión del acto reclamado no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la sola concesión de la medida no genera impunidad ni evita el sometimiento de la parte quejosa al procedimiento del que emana el acto reclamado. En consecuencia, al haberse satisfecho los requisitos de la medida cautelar, se concede la suspensión provisional, respecto de los actos reclamados: auto de vinculación a proceso dictado por la responsable en contra del quejoso y de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Toda vez que la quejosa manifiesta que se encuentra recluida, en virtud de la medida precautoria impuesta por el juez responsable consistente en la prisión preventiva justificada por el delito de robo, con fundamento en el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para los siguientes efectos: Por lo que hace al auto que provee respecto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para que la quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentra recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En lo que respecta al auto de vinculación a proceso, para que la autoridad responsable que conozca del proceso penal suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución definitiva que se dicte en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.25/2023 (11a.), con número de registro 2026437 de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Así como la diversa del registro 2027280 de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Tomando en cuenta el peligro inminente de que se lleven los actos reclamados con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, conforme a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, el primero de los efectos de la suspensión provisional decretada subsistirá hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas. Se hace saber a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes. GARANTÍA Con fundamento en el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo, en la especie no es factible establecer garantía económica alguna, dado los efectos para los cuales se concedió la suspensión provisional. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su costa las copias certificadas por duplicado que solicita la quejosa, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal; en la inteligencia que, si dicha constancia no obra en original, no será posible expedir copia certificada de dicho documento. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa, y por oficio a las autoridades responsables.

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