María Fernanda Fraga Rodríguez

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México
  • María Fernanda Fraga Rodríguez
  • A.P. A. F.
  • María Fernanda Fraga Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, así como de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el trece de junio del dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia. En ese contexto, se tiene que no obra constancia de que las autoridades responsables foráneas Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; y, Presidente del Consejo de Salubridad General, todos con sede en la Ciudad de México, hayan sido notificadas de la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, se está en condiciones de emitir el pronunciamiento que legalmente procede y que es relativo a causar ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, porque en términos del artículo 87 de la Ley de amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y, es el caso, que en el presente asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Sentencia causa ejecutoria. En ese sentido, y vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitivas solicitadas, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones de autoridad responsable foránea. Agréguense los oficios de cuenta, signados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, en suplencia por ausencia del Presidente de dicho Consejo, con sede en la Ciudad de México; a través de los cuales, hace diversas manifestaciones en relación a la concesión de la suspensión definitiva, informando que el citado Consejo de Salubridad, no tiene facultades ni competencia para la aplicación de la vacuna requerida, toda vez que las acciones para atender la emergencia sanitaria dentro de la cual está comprendida la campaña de vacunación contra el virus SARS CoV2 (COVID-19) corresponde a la Secretaría de Salud; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 103/2022. RESULTANDO PRIMERO. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, María Fernanda Fraga Rodríguez en representación de la menor de iniciales A.P.A.F., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad, los que estimó violatorios de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Este Juzgado de avocó al conocimiento del asunto; y, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la quejosa se duele de actos y omisiones de autoridad suscitados en la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Resguardo de identidad de menor. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán; debe tomarse en consideración que en el caso interviene una menor de edad, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hará referencia a él en esta sentencia como el menor de edad o por las iniciales de su nombre y apellidos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 11/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA". TERCERO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado, el cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que consisten en lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE MÉXICO Omisa 2 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Omisa 3 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Omisa 4 TITULAR DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Inexistente 5 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Negó 6 SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Omisa ACTO RECLAMADO: La omisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, a los niños de 12 a 13 años, para que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer, con sus DOS DOSIS, ante el regreso de forma presencial durante el presente el ciclo escolar 2021-2022. La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales. La discriminación sin sustento, contraviniendo el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y a la salud; y la consecuente violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales, POR NO INCLUIR EN EL PROGRAMA Y CALENDARIZACIÓN DE VACUNACIÓN NACIONAL A LOS NIÑOS, mayores de 12 y menores de 13 años; medida que resulta por demás discriminatoria, porque no existe una causa que razonablemente justifique la no aplicación de la vacuna a ese grupo etario. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Consejo de Salubridad General, con residencia en la ciudad de México al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, dicha negativa se ve desvirtuada con las manifestaciones vertidas en su propio informe. Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Republica, Secretario de Salud, titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, todos con residencia en la Ciudad de México y Secretario de Saludo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificadas de los oficios por los que se les requirió el mismo; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Además, la existencia de la omisión reclamada se acredita con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV- 2, para la prevención de la COVID-19 en México, publicada en la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-deconsulta/ , que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse publicada en la página de la Secretaría de Salud, de la que se aprecia que los menores de 12 a 17 años de edad sin comorbilidades no están contemplados en la aludida Política de vacunación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las responsables negaron la existencia de los actos reclamados, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema de vacunación completo con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a la menor A.P.A.F., de doce años, la suscrita juzgadora estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado, que opera cuando los efectos del acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del veintiocho del mes y año citados, se iniciaría el registro para los adolescentes de doce a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder a ser inoculados contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec; lo anterior, fue anunciado en diversos medios de comunicación como lo es en la información que como hecho notorio se invoca: "Vacunación contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años Ha llegado el momento de vacunar contra el COVID-19 a los y las adolescentes, especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. Las y los adolescentes con enfermedades que debilitan su sistema inmunológico son más vulnerables a que la COVID-19 pueda presentar complicaciones graves que ameriten hospitalización, ingreso a unidades de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica o condiciones que aumentan el riesgo de morir. Por esto, es importante que se vacunen y que además de la vacuna, sigan las medidas de higiene, sana distancia y utilizar el cubreboca de manera correcta para proteger su salud. Seguridad y eficacia de la vacuna La vacuna que se aplicará es la Pfizer-Biontech, la cual mostró resultados de seguridad y eficacia del 75 % después de la 1ª dosis y del 95% 7 días después de la 2ª dosis." "En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que padres, madres y tutores podrán ingresar los datos de las personas menores en la página mivacuna.salud.gob.mx. "Se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también niñas y niños sanos de 12 años en adelante; ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban". Dicha información constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, además de que se trata de información obtenida a través de una página oficial de la Secretaría de Salud Federal. De tal suerte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, existía el impedimento para que los menores quejosos pudieran ser vacunados; no obstante, en la actualidad dicho obstáculo ha sido nulificado por las propias autoridades, dando la apertura al registro para tal fin y, posteriormente, procediendo a la aplicación del biológico solicitado. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues la omisión legal para aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, quedó sin efectos, al haber sido aperturado el registro para la aplicación de la primera y segunda dosis de la citada vacuna a dicho sector poblacional; con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de las autoridades restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, pues a partir del momento en que las autoridades sanitarias del país incluyeron a los menores entre doce y diecisiete años, sin comorbilidades, en el programa de vacunación contra la COVID-19, cesó la omisión reclamada. Aunado a lo anterior, mediante el oficio acordad en la audiencia constitucional, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán remitiendo copia de los consentimientos informados sobre la aplicación de las dos dosis de la vacuna a la menor, mismos que se efectuaron el dieciséis de marzo y seis de abril de dos mil veintidós; los que constituyen elementos que suman a llegar a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional. Por lo tanto, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados precisados en este considerando; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María Fernanda Fraga Rodríguez en representación de la menor de iniciales A.P.A.F., por las razones dadas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a la parte quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Manifestaciones autoridad. Agréguese, el escrito de cuenta signado por Noé Díaz Munguía, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, por sí y en cuanto a superior jerárquico de dichas autoridades; a través del cual, por segunda ocasión pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veintisiete de mayo del presente año. Sin embargo, de la constancia que adjunta, de nueva cuenta, se advierte que el consentimiento que remite corresponde a la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, el día seis de abril del año en curso; MAS NO ASÍ de la SEGUNDA DOSIS que se le ha estado requiriendo en varias ocasiones y que corresponde al VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. En ese contexto, requiérase por TERCERA OCASIÓN a la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que en el TÉRMINO DE TRES DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado el consentimiento informado relativo a la aplicación de la SEGUNDA DOSIS de la vacua anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, aplicada a la menor quejosa de iniciales A.P.A.F., el VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apercibido que en caso de ser omiso, con fundamento en el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano