María Fernanda Fonseca Montes

Expediente 427/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
427/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • María Fernanda Fonseca Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y atento a su contenido, como lo solicita, devuélvanse las constancias que indica, como se encuentra ordenado en el auto por el que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos. Por otra parte, toda vez que obran las diversas constancias que remitió el Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México al momento de rendir su informe justificado, por carecer de utilidad, devuélvanse a dicha autoridad. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta proveniente de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, atento a su contenido, como lo solicita, se le informa que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por ************, y en tal virtud se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese por oficio a la Sala responsable y por lista a las demás partes, con excepción de la diversa autoridad responsable.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por ***************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver al Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron al momento de rendir su informe justificado, requiriéndoles para que a la brevedad posible, se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA.- V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 427/2020-I, promovido por ***************, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto se advierte que se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, del mismo ordenamiento, interpretado a contrario sensu, porque SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN QUE NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con relación a los actos de que tengan una ejecución de imposible reparación, deben entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica Así se desprende de la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo XXIX, Junio de 2009, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica." En el presente asunto la parte quejosa, quien figura como parte demandada, en la controversia del orden familiar, alimentos y guarda y custodia 602/2017, y actora en el incidente de modificación del convenio de cinco de junio de dos mil diecisiete, respecto al régimen de visitas y convivencias provisional, acude a la presente instancia constitucional reclamando la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, dictada en el Toca 377/2020, que revocó el auto dictado en audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada por el Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de modificación de convenio y, en su lugar, tuvo a la quejosa por desistida de su acción incidental y la condenó al pago de costas y daños a favor de su contraparte, en los términos siguientes: "Por otra parte, conforme a lo ordenado en el último párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece que el desistimiento de la acción, obligan al que lo hizo a pagar costas y los daños y perjuicios a la contraparte, salvo convenio en contrario, visto que el desistimiento de la apelante lo hizo valer posteriormente al emplazamiento y el apelado contestó la demanda incidental, sin que en autos exista convenio entre las partes respecto de las costas, es por lo que se condena a la apelante señora ****************, al pago de costas y daños en favor del señor *************, mismas que se contabilizaran en ejecución de sentencia." Ahora bien, de la relación de constancias realizada, se advierte que, en la controversia del orden familiar, alimentos y guarda y custodia 602/2017, se encuentra en etapa probatoria, por lo que aún no se ha dictado la sentencia que le ponga fin. En esas condiciones, se estima, la resolución reclamada no es de imposible reparación, puesto que, no se afecta directamente algún derecho sustantivo de las partes o alguna cuestión relacionada con la menor hija de las partes, ya sea, en su integridad física, guarda y custodia, alimentos o convivencia con los progenitores, ya que, solo se determinó que era procedente revocar el auto apelado, conforme a lo ordenado en el último párrafo del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y tener a la quejosa por desistida de la acción respecto del incidente de modificación del convenio de cinco de junio de dos mil diecisiete, respecto al régimen de visitas y convivencias provisional, por lo que debía condenársele al pago de costas y daños en favor de Raúl Martínez Alamillo, MISMAS QUE SE CONTABILIZARÍAN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, sin que se advierta que ya se hayan cuantificado o se haya ordenado su ejecución. Por tanto, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en la controversia de origen, ya que puede acontecer que de oficio el juzgador realice la compensación de las costas correspondientes a dicho incidente con las del fondo del negocio o de cualquier otra incidencia, en caso de que proceda alguna condena por ese concepto. Además, que su cuantificación se ordenó se realizará en ejecución de sentencia, esto es, en la etapa de ejecución de la sentencia que ponga fin a la controversia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2151, de la Décima Época, que dice: "COSTAS. PARA QUE SU CONDENA EN UN INCIDENTE SEA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, DEPENDE DE QUE LA MATERIA DEL FONDO DE AQUÉL HAGA PROCEDENTE DICHO JUICIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 77, de rubro: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA.", establece que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente. En ese sentido, la ausencia de condena en costas no hace procedente por sí misma el juicio de amparo indirecto, debido a que no afecta directamente un derecho sustantivo, ya que puede acontecer que aquella condena se decida al momento de resolver en definitiva el fondo del juicio, donde incluso, de oficio el juzgador realice la compensación de las costas correspondientes a dicho incidente con las del fondo del negocio, en cuyo supuesto podrá reclamarse en amparo directo como una violación procesal o en una formal, según el caso; de ahí que el amparo indirecto será procedente únicamente cuando exista condena en costas en el incidente cuya materia no sea reclamable mediante dicho juicio, pero éstas traten de ejecutarse." Al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo conducente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Tercero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y por lista a la quejosa, en cumplimiento al auto de siete de octubre de dos mil veinte y personalmente al tercero interesado.

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