María Fernanda Carsolio Angel

Expediente 363/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
363/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
10/04/2017

Partes del expediente

  • María Fernanda Carsolio Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se declara que la sentencia en el presente juicio ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión provisional, el original de dicha incidencia es susceptible de depuración. El duplicado de dicho expediente es susceptible de destrucción. Se reexpiden diversos oficios.

  2. Incidental

    RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva que solicitó xxx, por propio derecho, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables y por los motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

  3. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los informes previos del Director de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General, Coordinador de Gestión Jurídico Administrativa de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro y Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control; con su contenido dese vista a las demás partes para los efectos legales que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los oficios de las autoridades responsables Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Coordinador de Gestión Jurídico Administrativa de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, mediante los cuales rinden sus in informes justificados. Del contenido del informe de la Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control se advierte que en nueve de marzo de dos mil diecisiete, pronunció auto de VINCULACIÓN A PROCESO de la hoy quejosa xxx por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo, y remite las constancias que acreditan tal circunstancia. Constancias al que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. Ahora bien, la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: A. Audiencia inicial en el procedimiento penal de origen en la causa judicial 82/2017. B. La orden de aprehensión y/o detención y/o cualquier otro acto privativo a la libertad. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias exhibidas por el órgano jurisdiccional responsable se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.) De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia es el denominado "cambio de situación jurídica", mismo que se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a), el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, la carpeta judicial 82/2017-II. Asimismo, se actualiza el elemento señalado en el inciso b), pues al promoverse el amparo, la parte quejosa se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión y/o detención y/o privativa de la libertad o respecto de la audiencia inicial en el procedimiento penal de origen. De igual forma, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica, ya que fue sustituida por el auto de VINCULACIÓN A PROCESO de nueve de marzo de dos mil dieciséis. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del auto de VINCULACIÓN A PROCESO; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e) también se actualiza, ya que existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de amparo -La Audiencia inicial en el procedimiento penal de origen en la causa judicial 82/2017 y la orden de aprehensión y/o detención y/o cualquier otro acto privativo a la libertad- y la nueva resolución dictada en el procedimiento - determinación de auto de VINCULACIÓN A PROCESO -, pues este último sustituye al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a los actos reclamado por la parte quejosa y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de vinculación a proceso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Lo ordenado encuentra fundamento también en la tesis aislada número XVII.1o.P.A.51 P, registro 167786, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo de Circuito, marzo de 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, foja 2687, que se transcribe: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así también, es aplicable a esta determinación la jurisprudencia por analogía de razón la 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia. Sobreseimiento fuera de audiencia que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se reclama de la autoridad ejecutora Director de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado, pues al rendir su informe justificado negó los actos que por esta vía se le reclaman; sin embargo su negativa queda desvirtuada con base en la certeza del acto reclamado a la autoridad ordenadora; luego, como aquélla fue señalada como ejecutora, se considera que su participación es inminente, ya que al sobreseerse respecto a la autoridad ordenadora, también debe fallarse en el mismo sentido en cuanto a aquélla, pues no se atribuyen vicios propios a sus actos de ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible a página 434, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que versa: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO, LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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