María Fernanda Ávila Covarrubias

Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
703/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • María Fernanda Ávila Covarrubias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de dos tomos de pruebas que la autoridad responsable Secretaria de acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, remitió con su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, es apta para acreditar su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables, hicieran lo siguiente: ".A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que el Titular de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: Deje insubsistente la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación *** de su índice, por la que modificó la sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio de controversia del orden familiar ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, relativo al incidente de pago de alimentos retroactivos. Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, dicte otra en la que atienda a lo considerado en esta sentencia, esto es, conteste en su totalidad los agravios vertidos por la hoy quejosa y resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juzgado de Primera Instancia en mención; en virtud de no reclamarse por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo derivar como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora." Resolución que causo ejecutoria el treinta de septiembre del año en curso. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio *** de cuatro de octubre del año en curso el Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria informó que mediante auto de misma data había dejado insubsistente la resolución dictada el trece de mayo de dos mil veintidós en los autos del Toca de Apelación *** Posteriormente mediante comunicación *** de siete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, adjuntó resolución de la misma data. Analizadas las constancias remitidas queda de manifiesto que la responsable subsanó la falta de congruencia y exhaustividad en que incurrió, ya que dio respuesta a los agravios formulados por la aquí quejosa, al tenor siguiente: 1. Calificó parcialmente fundado el argumento relativo a que: ".para estimar las pensiones alimenticias retroactivas la juzgadora no debió considerar la existencia de las demás acreedoras durante todo el periodo de tiempo del reclamo de las pensiones alimenticias retroactivas", al establecer lo siguiente: - Determinó inexactas las manifestaciones de la apelante, en virtud de que las bases para determinar el monto de la pensión obedecen a los principios de proporcionalidad y equidad. - Relató que para fijar el monto de la obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, así como al entorno social en que se desenvuelven ya que los alimentos abarcan el poder cubrir también las necesidades vitales. - Plasmó que resulta indispensable considerar todas las circunstancias que rodean a las partes, incluso que el deudor tiene obligación con diversos acreedores. - Precisó que al deudor alimentario le concurren cinco acreedores por lo que si bien la temporalidad del reclamo de la aquí quejosa no coincidía con la totalidad de obligación de las diversas acreedoras, dicha afectación el día de hoy ocurre en concurrencia con las referidas. Por tanto, en atención al principio de proporcionalidad, tomó en consideración tal circunstancia al momento de fijar el monto de la pensión alimentaria retroactiva. - Analizó el contenido del numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Durango y sostuvo que si bien la Jueza de origen no fue exhaustiva al justificar el motivo por el cual no fue otorgado un porcentaje mayor de pensión, dicha circunstancia no modificaba el fondo del asunto. 2. Declaró infundado el argumento consistente en que: ".dado que esas diversas acreedoras no lo eran en el momento en que la suscrita nació, ni en los meses o años subsiguientes, sino que estás surgieron o se constituyeron como acreedoras del deudor alimentario en diferentes épocas o momentos, en principio, la cónyuge que refirió la juez pudiera considerarse acreedora a partir de la concertación de su matrimonio con el demandado en el juicio de origen, y las hijas de ambos, a partir de que vino aconteciendo cada uno de sus nacimientos, es decir, respecto de ellas en las fechas en que nacieron que es cuando surge la obligación alimentaria indiscutible", al sostener: -Plasmó que de conformidad con el artículo 306 del Código Civil del Estado de Durango, la suministración de alimentos debía ser proporcional a las posibilidades de las personas que deben darlos y a las necesidades de quién deba recibirlos. -Arribó a la conclusión que la capacidad de ministrar alimentos por parte del demandado resultaba limitada, ya que los ingresos del referido no habían sido mayores al salario mínimo vigente y tampoco tiene propiedades. -Al ser menores las diversas coherederas y, en atención al interés superior del menor, las decisiones que las involucran superan la visión de las personas adultas, sin que dicha acción resulte en un acto de discriminación toda vez que con el reclamo y otorgamiento de la pensión retroactiva se cumple con el derecho a recibirla. 3. Calificó infundado el argumento relativo a que: "la juzgadora de primer grado las equipara a la suscrita como acreedoras desde mi nacimiento cuando para entonces no lo eran, tan solo era la suscrita y en todo caso mi madre como su pareja, más no así las diversas acreedoras, de tal suerte que, al considerarlas como acreedoras desde mi nacimiento, cuando realmente no lo eran, evidentemente incidió en la voluntad del juzgador para señalar un porcentaje de alimentos muy inferior al que pudiera corresponderme si se hubiera tomado en cuenta que la suscrita era la única acreedora como hija del obligado", por lo siguiente: - Sostuvo que las manifestaciones vertidas carecen de razón ya que la obligación del deudor alimentario concurren con cinco acreedores -apelante, cónyuge y tres menores hijas-, por lo que sus derechos deben ponderarse al repercutir en la capacidad económica del deudor. -Fue correcta lo resuelto por la Jueza del conocimiento al fijar un porcentaje estimado en un diez por ciento, en aras de la protección del interés superior de las menores acreedoras. 4. Por lo que hace al cuarto y último agravio consistente en: "volver a reconsiderar en que momentos debe estimárseme como única acreedora para establecer un porcentaje mayor al no existir una concurrencia de demás acreedores, subsiguientemente, como fuera aconteciendo el matrimonio y nacimientos respectivos de las demás hijas, debería venirse modificando ese porcentaje, pero nunca considerarse, durante todo el periodo de reclamo de los retroactivos, como un solo porcentaje", lo declaró infundado por lo siguiente: -Resulta jurídicamente imposible retrotraer el tiempo al momento de que la apelante era la única acreedora alimentaria ya que al momento en que demandó las prestaciones en estudio -trece de mayo de dos mil dieciséis-, el deudor contaba con cuatro acreedoras alimentarias. - Analizó de nueva cuenta los cálculos correspondientes y determinó que el monto que debía pagar el deudor era de *** IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la mencionada la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, como ordenadora, cumplió a cabalidad con los efectos de la sentencia de amparo, dado que atendió a los agravios hechos valer por la parte apelante y aquí quejosa, pues con libertad de jurisdicción les dio respuesta. Por lo expuesto, se considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, en tanto que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, atendió los agravios hechos valer en el recurso de su conocimiento. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1 del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, el escrito aclaratorio, la sentencia el testimonio en el que resolvió el tribunal de alzada y el presente el acuerdo de archivo con su valoración, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del referido manual. VIII.- Incidente de suspensión. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. IX.- Se comunica adscripción. Por último, y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA Y AVISO PARTE TERCERA INTERESADA ACUERDO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables, hicieran lo siguiente: ".A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que el Titular de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: Deje insubsistente la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación *** de su índice, por la que modificó la sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio de controversia del orden familiar ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, relativo al incidente de pago de alimentos retroactivos. Posteriormente, con plenitud de jurisdicción, dicte otra en la que atienda a lo considerado en esta sentencia, esto es, conteste en su totalidad los agravios vertidos por la hoy quejosa y resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juzgado de Primera Instancia en mención; en virtud de no reclamarse por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo derivar como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora." Resolución que causo ejecutoria el treinta de septiembre del año en curso. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio *** de cuatro de octubre del año en curso el Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria informó que mediante auto de misma data había dejado insubsistente la resolución dictada el trece de mayo de dos mil veintidós en los autos del Toca de Apelación *** Posteriormente mediante comunicación *** de siete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, adjuntó resolución de la misma data. Analizadas las constancias remitidas queda de manifiesto que la responsable subsanó la falta de congruencia y exhaustividad en que incurrió, ya que dio respuesta a los agravios formulados por la aquí quejosa, al tenor siguiente: 1. Calificó parcialmente fundado el argumento relativo a que: ".para estimar las pensiones alimenticias retroactivas la juzgadora no debió considerar la existencia de las demás acreedoras durante todo el periodo de tiempo del reclamo de las pensiones alimenticias retroactivas", al establecer lo siguiente: - Determinó inexactas las manifestaciones de la apelante, en virtud de que las bases para determinar el monto de la pensión obedecen a los principios de proporcionalidad y equidad. - Relató que para fijar el monto de la obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, así como al entorno social en que se desenvuelven ya que los alimentos abarcan el poder cubrir también las necesidades vitales. - Plasmó que resulta indispensable considerar todas las circunstancias que rodean a las partes, incluso que el deudor tiene obligación con diversos acreedores. - Precisó que al deudor alimentario le concurren cinco acreedores por lo que si bien la temporalidad del reclamo de la aquí quejosa no coincidía con la totalidad de obligación de las diversas acreedoras, dicha afectación el día de hoy ocurre en concurrencia con las referidas. Por tanto, en atención al principio de proporcionalidad, tomó en consideración tal circunstancia al momento de fijar el monto de la pensión alimentaria retroactiva. - Analizó el contenido del numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Durango y sostuvo que si bien la Jueza de origen no fue exhaustiva al justificar el motivo por el cual no fue otorgado un porcentaje mayor de pensión, dicha circunstancia no modificaba el fondo del asunto. 2. Declaró infundado el argumento consistente en que: ".dado que esas diversas acreedoras no lo eran en el momento en que la suscrita nació, ni en los meses o años subsiguientes, sino que estás surgieron o se constituyeron como acreedoras del deudor alimentario en diferentes épocas o momentos, en principio, la cónyuge que refirió la juez pudiera considerarse acreedora a partir de la concertación de su matrimonio con el demandado en el juicio de origen, y las hijas de ambos, a partir de que vino aconteciendo cada uno de sus nacimientos, es decir, respecto de ellas en las fechas en que nacieron que es cuando surge la obligación alimentaria indiscutible", al sostener: -Plasmó que de conformidad con el artículo 306 del Código Civil del Estado de Durango, la suministración de alimentos debía ser proporcional a las posibilidades de las personas que deben darlos y a las necesidades de quién deba recibirlos. -Arribó a la conclusión que la capacidad de ministrar alimentos por parte del demandado resultaba limitada, ya que los ingresos del referido no habían sido mayores al salario mínimo vigente y tampoco tiene propiedades. -Al ser menores las diversas coherederas y, en atención al interés superior del menor, las decisiones que las involucran superan la visión de las personas adultas, sin que dicha acción resulte en un acto de discriminación toda vez que con el reclamo y otorgamiento de la pensión retroactiva se cumple con el derecho a recibirla. 3. Calificó infundado el argumento relativo a que: "la juzgadora de primer grado las equipara a la suscrita como acreedoras desde mi nacimiento cuando para entonces no lo eran, tan solo era la suscrita y en todo caso mi madre como su pareja, más no así las diversas acreedoras, de tal suerte que, al considerarlas como acreedoras desde mi nacimiento, cuando realmente no lo eran, evidentemente incidió en la voluntad del juzgador para señalar un porcentaje de alimentos muy inferior al que pudiera corresponderme si se hubiera tomado en cuenta que la suscrita era la única acreedora como hija del obligado", por lo siguiente: - Sostuvo que las manifestaciones vertidas carecen de razón ya que la obligación del deudor alimentario concurren con cinco acreedores -apelante, cónyuge y tres menores hijas-, por lo que sus derechos deben ponderarse al repercutir en la capacidad económica del deudor. -Fue correcta lo resuelto por la Jueza del conocimiento al fijar un porcentaje estimado en un diez por ciento, en aras de la protección del interés superior de las menores acreedoras. 4. Por lo que hace al cuarto y último agravio consistente en: "volver a reconsiderar en que momentos debe estimárseme como única acreedora para establecer un porcentaje mayor al no existir una concurrencia de demás acreedores, subsiguientemente, como fuera aconteciendo el matrimonio y nacimientos respectivos de las demás hijas, debería venirse modificando ese porcentaje, pero nunca considerarse, durante todo el periodo de reclamo de los retroactivos, como un solo porcentaje", lo declaró infundado por lo siguiente: -Resulta jurídicamente imposible retrotraer el tiempo al momento de que la apelante era la única acreedora alimentaria ya que al momento en que demandó las prestaciones en estudio -trece de mayo de dos mil dieciséis-, el deudor contaba con cuatro acreedoras alimentarias. - Analizó de nueva cuenta los cálculos correspondientes y determinó que el monto que debía pagar el deudor era de *** IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la mencionada la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, como ordenadora, cumplió a cabalidad con los efectos de la sentencia de amparo, dado que atendió a los agravios hechos valer por la parte apelante y aquí quejosa, pues con libertad de jurisdicción les dio respuesta. Por lo expuesto, se considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, en tanto que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, atendió los agravios hechos valer en el recurso de su conocimiento. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1 del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, el escrito aclaratorio, la sentencia el testimonio en el que resolvió el tribunal de alzada y el presente el acuerdo de archivo con su valoración, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del referido manual. VIII.- Incidente de suspensión. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. IX.- Se comunica adscripción. Por último, y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 1056, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias remitió la resolución de fecha siete de octubre del año en curso, con la que la autoridad responsable da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente.

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