Maria Fernanda Alvaro Cruz

Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
478/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Maria Fernanda Alvaro Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Fernanda Álvaro Cruz, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve María Fernanda Álvaro Cruz, contra la omisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí y de otra autoridad; que estima es violatorios de los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 478/2019-II. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, en el apartado relativo del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir en: "IIV. -ACTO RECLAMADO.- De la Autoridades Responsables reclamo la falta de administración del servicio de Alumbrado Público en la calle de San Agustín Fracc. Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí." Asimismo, del examen integral de la demanda, se advierte que tal "solicitud" cuyo objetivo era que las autoridades responsables atendieran el reporte realizado por la quejosa a efecto de que se repare el alumbrado público de la calle de San Agustín, número 905, Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, fue formulada por la quejosa (a las responsables) de manera verbal, habiendo recaído a la misma una respuesta de la misma forma (verbal), pues al efecto, dicho reporte lo realizó vía telefónica como lo refiere en los antecedentes del acto reclamado al aducir lo siguiente: "3.- Con fecha 7 de enero de 2019 hice el reporte telefónico en las oficinas de Atención Ciudadana pertenecientes al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí quedando registrado con Número de Reporte AL192910 y diciéndonos que se iba a resolver el asunto en días posteriores. 4.- Al notar que el H. Ayuntamiento no había resuelto el problema, fue en el mes de abril de 2019, procedí nuevamente a marcar y hacer el reporte, dándome por respuesta "que esa dirección no pertenecía directamente a Municipio de San Luis Potosí, sino a la Delegación de Villa de Pozos San Luis Potosí, por lo que tendría que hacer el reporte directamente con ellos ya que ellos no podían atender el problema del Alumbrado Público en esa Zona" proporcionándome un número para comunicarme a la Delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí. 5. Con Fecha 15 de abril del presente año me comuniqué a las oficinas de Atención Ciudadana de la Delegación Villa de Pozos, perteneciente al Municipio de San Luis Potosí atendiéndome una persona del sexo femenino la cual me dijo que había realizado el reporte correspondiente y que había quedado registrado como Reporte Número: 365, respondiéndome que se iba a tomar atención en el asunto y resolver a la brevedad. 6. Sin embargo hasta la fecha no se ha arreglado el Alumbrado Público porque todo este tiempo las RESPONSABLES han sido omisas en realizar dicho arreglo de las luminarias, comunicándome en reiteradas ocasiones, y me ponen diferentes excusas, echándose la culpa de una autoridad a otra." Sobre tales bases, el suscrito advierte que respecto de las omisiones reclamadas se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues las omisiones atribuidas a las autoridades responsables al hacerlas derivar de una solicitud verbal y de respuestas igualmente verbales, no configuran actos de autoridad para efectos del juicio amparo, pues no se advierte que tengan su nacimiento en la ley. En efecto, puede decirse que la omisión que reclama la quejosa, por parte de las autoridades responsables consistente en la falta de "administración" del servicio de alumbrado público en la calle de San Agustín Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, debido a que no atendió los reportes formulados verbalmente vía telefónica, no configura omisión de autoridad para efectos del juicio amparo, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de una petición desformalizada y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, pues ante una solicitud realizada de esa manera (verbal), no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta favorable de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, los hoy quejosos tienen que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8° Constitucional. Máxime que en términos de los artículos 1, 2, 20, 21, 182 y 183, del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, los cuales son aplicables al caso por los motivos que enseguida se expondrán, establecen que dicha normatividad es de orden e interés público y de observancia obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y tiene por objeto establecer los procedimientos para la actuación, entre otras, de las autoridades administrativas. Asimismo, los procedimientos administrativos serán aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal centralizadas, y de los organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o el municipio presten de manera exclusiva; y a los contratos de derecho público que los particulares celebren con los mismos. En la misma tesitura, a efecto de que una autoridad perteneciente a la administración pública estatal o municipal, -como lo son tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí, como la Delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí- emita una respuesta formalizada, la petición respectiva deberá ser presentada por escrito, en sus oficinas autorizadas para tales efectos, la cual no podrá ser rechazada. En efecto, de conformidad con la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí-, el Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento, y entre sus obligaciones se encuentra el hacer que recaiga un acuerdo a todas las peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el artículo 92 del mismo cuerpo normativo, dispone que en las delegaciones municipales la autoridad será ejercida precisamente por un Delegado Municipal, entre cuyas obligaciones, de conformidad con la fracción V del precepto 96 de la misma legislación, se encuentra el promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos municipales, así como llevar su administración coordinadamente con las estructuras del Ayuntamiento conforme a lo previsto en esa ley. Sobre tales bases es evidente que tanto el Presidente Municipal como el Delegado de Villa de Pozos, San Luis Potosí, al constituir autoridades administrativas, las cuales forma parte de la administración pública municipal, deviene inconcusa la aplicación de la norma referida. Frente a tal contexto normativo, si en contraste con lo anterior, la quejosa ha realizado el reporte verbal respectivo vía telefónica relativo a la falta de "administración" del servicio de alumbrado público en la calle de San Agustín Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, sin que presentara por escrito una solicitud en tales términos. Luego, es manifiesto e indudable que ante tal solicitud de información desformalizada, y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley (en el caso en términos de los artículos 8 Constitucional, 21 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí) de la que surja un acto unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de algún particular, como lo dispone el artículo 1, fracción I, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos. Ergo, la información que se le hizo del conocimiento de manera verbal -vía telefónica- (i) el siete de enero de dos mil diecinueve, (ii) "en el mes de abril", así como (iii) el quince de abril de dos mil diecinueve, no puede configurar omisión de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por consiguiente resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de que se trata. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Samuel Medina Rodriguez, quien cuenta con su cédula profesional número 10266116, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a Carlos Alejandro García Hernández, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa la determinación de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve que dice: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve María Fernanda Álvaro Cruz, contra la omisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí y de otra autoridad; que estima es violatorios de los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 478/2019-II. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, en el apartado relativo del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir en: "IIV. -ACTO RECLAMADO.- De la Autoridades Responsables reclamo la falta de administración del servicio de Alumbrado Público en la calle de San Agustín Fracc. Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí." Asimismo, del examen integral de la demanda, se advierte que tal "solicitud" cuyo objetivo era que las autoridades responsables atendieran el reporte realizado por la quejosa a efecto de que se repare el alumbrado público de la calle de San Agustín, número 905, Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, fue formulada por la quejosa (a las responsables) de manera verbal, habiendo recaído a la misma una respuesta de la misma forma (verbal), pues al efecto, dicho reporte lo realizó vía telefónica como lo refiere en los antecedentes del acto reclamado al aducir lo siguiente: "3.- Con fecha 7 de enero de 2019 hice el reporte telefónico en las oficinas de Atención Ciudadana pertenecientes al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí quedando registrado con Número de Reporte AL192910 y diciéndonos que se iba a resolver el asunto en días posteriores. 4.- Al notar que el H. Ayuntamiento no había resuelto el problema, fue en el mes de abril de 2019, procedí nuevamente a marcar y hacer el reporte, dándome por respuesta "que esa dirección no pertenecía directamente a Municipio de San Luis Potosí, sino a la Delegación de Villa de Pozos San Luis Potosí, por lo que tendría que hacer el reporte directamente con ellos ya que ellos no podían atender el problema del Alumbrado Público en esa Zona" proporcionándome un número para comunicarme a la Delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí. 5. Con Fecha 15 de abril del presente año me comuniqué a las oficinas de Atención Ciudadana de la Delegación Villa de Pozos, perteneciente al Municipio de San Luis Potosí atendiéndome una persona del sexo femenino la cual me dijo que había realizado el reporte correspondiente y que había quedado registrado como Reporte Número: 365, respondiéndome que se iba a tomar atención en el asunto y resolver a la brevedad. 6. Sin embargo hasta la fecha no se ha arreglado el Alumbrado Público porque todo este tiempo las RESPONSABLES han sido omisas en realizar dicho arreglo de las luminarias, comunicándome en reiteradas ocasiones, y me ponen diferentes excusas, echándose la culpa de una autoridad a otra." Sobre tales bases, el suscrito advierte que respecto de las omisiones reclamadas se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues las omisiones atribuidas a las autoridades responsables al hacerlas derivar de una solicitud verbal y de respuestas igualmente verbales, no configuran actos de autoridad para efectos del juicio amparo, pues no se advierte que tengan su nacimiento en la ley. En efecto, puede decirse que la omisión que reclama la quejosa, por parte de las autoridades responsables consistente en la falta de "administración" del servicio de alumbrado público en la calle de San Agustín Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, debido a que no atendió los reportes formulados verbalmente vía telefónica, no configura omisión de autoridad para efectos del juicio amparo, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de una petición desformalizada y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, pues ante una solicitud realizada de esa manera (verbal), no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta favorable de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, los hoy quejosos tienen que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8° Constitucional. Máxime que en términos de los artículos 1, 2, 20, 21, 182 y 183, del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, los cuales son aplicables al caso por los motivos que enseguida se expondrán, establecen que dicha normatividad es de orden e interés público y de observancia obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y tiene por objeto establecer los procedimientos para la actuación, entre otras, de las autoridades administrativas. Asimismo, los procedimientos administrativos serán aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas estatal y municipal centralizadas, y de los organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o el municipio presten de manera exclusiva; y a los contratos de derecho público que los particulares celebren con los mismos. En la misma tesitura, a efecto de que una autoridad perteneciente a la administración pública estatal o municipal, -como lo son tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí, como la Delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí- emita una respuesta formalizada, la petición respectiva deberá ser presentada por escrito, en sus oficinas autorizadas para tales efectos, la cual no podrá ser rechazada. En efecto, de conformidad con la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí-, el Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento, y entre sus obligaciones se encuentra el hacer que recaiga un acuerdo a todas las peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el artículo 92 del mismo cuerpo normativo, dispone que en las delegaciones municipales la autoridad será ejercida precisamente por un Delegado Municipal, entre cuyas obligaciones, de conformidad con la fracción V del precepto 96 de la misma legislación, se encuentra el promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos municipales, así como llevar su administración coordinadamente con las estructuras del Ayuntamiento conforme a lo previsto en esa ley. Sobre tales bases es evidente que tanto el Presidente Municipal como el Delegado de Villa de Pozos, San Luis Potosí, al constituir autoridades administrativas, las cuales forma parte de la administración pública municipal, deviene inconcusa la aplicación de la norma referida. Frente a tal contexto normativo, si en contraste con lo anterior, la quejosa ha realizado el reporte verbal respectivo vía telefónica relativo a la falta de "administración" del servicio de alumbrado público en la calle de San Agustín Fraccionamiento Los Molinos, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí, sin que presentara por escrito una solicitud en tales términos. Luego, es manifiesto e indudable que ante tal solicitud de información desformalizada, y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley (en el caso en términos de los artículos 8 Constitucional, 21 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí) de la que surja un acto unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de algún particular, como lo dispone el artículo 1, fracción I, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos. Ergo, la información que se le hizo del conocimiento de manera verbal -vía telefónica- (i) el siete de enero de dos mil diecinueve, (ii) "en el mes de abril", así como (iii) el quince de abril de dos mil diecinueve, no puede configurar omisión de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por consiguiente resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de que se trata. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Samuel Medina Rodriguez, quien cuenta con su cédula profesional número 10266116, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a Carlos Alejandro García Hernández, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.

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