Maria Fernanda Aldana Córdoba
Expediente 617/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Fernanda Aldana Córdoba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexo de cuenta, enviados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en términos del artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrense en formato impreso. En ese tenor, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite el testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de uno de julio del año en curso, en la queja de trabajo 177/2021 de su índice, del que se advierte que el citado Tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, en acatamiento a lo manifestado por la superioridad SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE ORIGEN, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, acúsese recibo al Tribunal oficiante, hágase lo anterior del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente, y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). RESERVAS Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que mediante proveídos de tres y diez de diciembre de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente respecto de las promociones ahí destacadas; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento en relación a las mismas, en virtud que se desechó de plano la demanda de amparo. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento Laboral de los Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de apoderado y representante legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita se modifique o revoque la suspensión de plano concedida a la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se procede al análisis y resolución de plano de la modificación o revocación de la suspensión de plano planteada, al tenor de las consideraciones siguientes. HIPOTESIS NORMATIVA Los artículos 66 y 154 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." De los artículos transcritos se advierte que el Juez de Distrito tiene la facultad para determinar atendiendo a las circunstancias del caso, resolver de plano las cuestiones incidentales a que se refiere la Ley de Amparo, en el caso específico, para modificar o revocar el auto en el que haya concedido o negado la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando ocurra un hecho superveniente. Atento a ello conviene destacar que por hecho superveniente debe entenderse aquel acto material que acontece en fecha posterior a la resolución dictada en el juicio de amparo, que cambia la situación jurídica existente en un principio y que sea de tal naturaleza que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la modificación o revocación de la suspensión concedida para determinado efecto. En ese orden, para la procedencia de la modificación o revocación de la suspensión de plano por hecho superveniente a que se refiere el artículo 154 invocado, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la emisión de la resolución, cuya modificación o revocación se pretende. b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se concedió la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo que se trate. Los anteriores requisitos, se encuentran establecidos en el criterio siguiente, el cual es aplicado por analogía al presente asunto: Época: Novena Época Registro: 182756 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.C.2 K Página: 1024 SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE O NIEGA. Para la procedencia del incidente de revocación o modificación de la suspensión definitiva por hecho superveniente, previsto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se negó la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión tal como fueron planteados en la demanda de garantías que motivó el juicio del que deriva el incidente respectivo, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva, toda vez que la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente consiste en demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión definitiva." Además, para la calificación del hecho superveniente no deben tenerse en cuenta los actos reclamados ni el capítulo de suspensión como fueron planteados en la demanda de amparo respectiva, sino únicamente la situación jurídica que creó la resolución en la que se resolvió sobre la suspensión de plano, pues la finalidad que se persigue con la tramitación del incidente por hecho superveniente es demostrar que el hecho acarrea como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la concesión o negativa de dicha suspensión. Es importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que además de los hechos supervenientes, una medida cautelar puede modificarse o revocarse -de manera excepcionalpor acontecimientos anteriores al dictado de la resolución que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y que éstos resulten ser de tal magnitud que provoquen la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Asimismo, en relación con los alcances del artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido se encuentra actualmente en el 154 de la Ley de Amparo, con respecto al tipo de suspensión a la que se refiere y a qué debe entenderse por hecho superveniente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al resolver la contradicción de tesis 23/1999-PL, por sesión de fecha veintidós de febrero de dos mil uno, estableció lo siguiente: Que Hecho superveniente es aquel que viene a alterar los requisitos legales de procedencia de la suspensión, lo cual puede suceder en dos formas distintas: a) La ausencia de tales requisitos con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva; o, b) La presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado; ya que fuera de estos dos casos, los Jueces Federales no están capacitados para revocar sus propias determinaciones. No debe confundirse el hecho superveniente con la prueba superveniente, lo cual suele acontecer con cierta frecuencia en la práctica, pues aun cuando la prueba superveniente puede constituir un hecho superveniente, también es cierto que puede haber un hecho superveniente que no suponga prueba superveniente, incluso, en un incidente de hecho superveniente, eventualmente podrán presentarse pruebas pre-existentes. En consecuencia, no se debe confundir el aspecto de hecho con el aspecto de prueba, ya que hecho es cualquier acontecimiento que pueda traer como consecuencia un enfoque diverso por parte del Juez de Distrito para tomar una decisión que produzca una solución distinta a la que se había tomado antes de conocer la nueva situación, aunque tal hecho sí debe ser posterior al dictado de la resolución, al menos como regla general, aunque existen excepciones. Que el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada, ahora 154 de la Ley de Amparo consagra, de manera simultánea, el hecho superveniente en sí mismo considerado como algo que acaece con posterioridad, y el hecho superveniente como ficción jurídica. La existencia del hecho superveniente como ficción jurídica, radica primordialmente en que no solamente los hechos que suceden con posterioridad al dictado de la resolución suspensional pudieran dar motivo a manejar un incidente de modificación o revocación, tal como sucede con la prueba superveniente, ya que ésta se constituye como una de las modalidades de hecho superveniente como ficción jurídica. La prueba superveniente constituye un hecho superveniente como ficción jurídica en la medida que el Juez no la tomó en consideración al momento de resolver la medida cautelar, aunque dicha prueba existía antes del dictado de dicha medida, pero que, por circunstancias ajenas a él, no pudo tener a su alcance; es decir, desconocía su existencia, toda vez que el quejoso no estuvo en aptitud de presentarla u ofrecerla. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia que dice: Época: Décima Época Registro: 2002562 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 159/2012 (10a.) Página: 1190 JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión. HECHOS En el caso, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil viente se concedió la suspensión de plano para el efecto que las autoridades responsables autoricen a la quejosa no asistir a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y con goce de sueldo, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto, acorde con las consideraciones siguientes: En ese contexto, atento a las manifestaciones expuestas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, las cuales constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y las pruebas que ofreció, las cuales concatenadas con sus manifestaciones cuentan con valor probatorio de indicio en términos de los artículos 197 y 207 del Código aplicado, se estima que la parte quejosa se ubica dentro del grupo de personas vulnerables ante el virus COVID-19, pues se encuentra en periodo de lactancia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo y en términos de lo que dispone el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, SE CONCEDE LA MEDIDA SUSPENSIONAL DE OFICIO Y DE PLANO, para el efecto que las autoridades responsable autoricen a la quejosa no asistir a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y con goce de sueldo, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto. En la inteligencia que, de ser posible, las autoridades responsables podrán encomendarle realizar labores de trabajo desde su hogar. Así, debe decirse que el referido numeral 126 de la Ley de Amparo, en el que se funda la suspensión concedida, prevé que ésta se concederá de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. Cabe precisar que tal medida suspensional, tiene como objetivo, no sólo preservar la materia de la litis en el juicio, mientras se resuelve en definitiva, sino evitar que se cause un daño irremediable a valores máximos, como la vida. Por tanto, en atención a la finalidad de la medida cautelar y a los valores que se preservan, de no conceder la suspensión y permitir que la autoridad obligue a la parte quejosa, para que se presente a laborar físicamente a su centro de trabajo, sin considerar el factor de grupo vulnerable ante el periodo de lactancia en el que se encuentra, se pondría en peligro su vida. Máxime que la sentencia de fondo, aun de ser favorable, no tendría el efecto de reparar una posible afectación en la salud y vida de la quejosa y su menor hijo, pues de no conceder la medida podría resultar inútil la protección constitucional que eventualmente se pudiera otorgar. De esta manera, considerando que la medida cautelar, en general, tiene como finalidad evitar que durante la tramitación del juicio se produzcan daños graves o perjuicios de difícil o imposible reparación para asegurar el resultado hipotético de una sentencia favorable, al mantenerse protegido el más alto valor que representa la vida misma de la persona." MANIFESTACIONES DE LA AUTORIDAD Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable manifiesta en esencia lo siguiente: 1. Que la concesión de la suspensión de plano se originó dado que el Estado de Veracruz se encontraba en el mes de noviembre de 2020 de acuerdo al semáforo epidemiológico vigente en color naranja; no obstante a la fecha, conforme a lo consultado en la plataforma electrónica del Gobierno Federal, que se ubica en el sitio web https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ el día dos de junio dos mil veintiuno, se desprende que el mismo está en semáforo verde, que corresponde a un nivel de riesgo epidémico bajo. 2. Que resulta improcedente siga surtiendo efectos la suspensión de plano tomando en consideración que al estar actualmente en el Estado de Veracruz en semáforo verde, de acuerdo a los criterios para las poblaciones en vulnerabilidad, puede regresar a su trabajo en áreas de no atención a pacientes contacto con SARSCoV2. 3. Que la suspensión de plano fue otorgada -en su momento- a efecto de salvaguardar la salud del menor hijo gestante de la directa impetrante del amparo; sin embargo, las condiciones de salubridad general han cambiado actualmente, inclusive, que a la fecha ya no puede estimarse que la quejosa se encuentra en periodo de lactancia, por el tiempo natural que dura dicho periodo, el cual refiere la Ley Federal del Trabajo consigna hasta por seis meses siendo que a la fecha y de acuerdo a los antecedentes del caso, es de apreciarse que el menor hijo de la quejosa ya supera los 6 meses de edad." CONCLUSIÓN En virtud de lo precedente se concluye que el incidente de modificación a la suspensión de plano es INFUNDADO, atento a las siguientes consideraciones. Como se expuso en párrafos que anteceden la procedencia de la modificación o revocación de la suspensión de plano a que se refiere el artículo 154 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la emisión de la resolución, cuya modificación o revocación se pretende. b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos o, en su caso, con aquellos por los que se concedió la medida cautelar; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo que se trate. Ahora bien, en razón de lo precisado en el inciso a), este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza el hecho posterior a que se ha hecho referencia, ya que la autoridad oficiante manifiesta que al momento de resolver respecto de la procedencia de la suspensión de plano se tomó como referencia que el Estado de Veracruz se encontrara en el denominado "semáforo naranja", y que actualmente se encuentra en semáforo verde" lo que corresponde a un nivel epidémico bajo; sin embargo, como se transcribió en párrafos precedentes en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte al concederse de plano la suspensión, únicamente se consideró que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con número de matrícula ********** y que se desempeña como ********** y derivado de ello se expone al contagio del virus "SARSCoV2", por cuanto a su persona y de su menor hijo lactante y al efecto se citaron los diversos ordenamientos administrativos de los cuales se desprendía que se encontraba considera dentro de un grupo vulnerable que ameritaba su resguardo domiciliario, sin perjuicio que pudieran asignársele labores a desempeñar desde su domicilio. En efecto, al otorgarse la suspensión de plano no se consideró el estado del semáforo epidemiológico a que se ha hecho referencia, y por tanto, en el evento que hubiera variado no resulta un hecho superviniente a la emisión de la resolución, cuya modificación o revocación se pretende; además, de la consulta a la página electrónica https://coronavirus.gob.mx/semaforo/", se advierte que del siete de junio al veinte de junio de dos mil veintiuno el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentra en un nivel medio y no verde como lo argumenta la autoridad responsable, situación que denota que la variabilidad en dicha medición por parte de las autoridades de salud, pudiera poner en riesgo a la aquí quejosa y por ende a su menor hijo, máxime que al trátese de personal que labora en una institución de la salud se estima que pueda tener mayor grado de riesgo de contagio que el personal de otras dependencias del estado ajenas a dicho rubro. En otro orden de ideas, respecto a las manifestaciones sintetizadas en el inciso 3) que antecede supralíenas, también resultan infundadas en razón que si bien se argumenta que el menor involucrado ha superado los seis meses de edad y por ende ha terminado su periodo de lactancia materna; sin embargo, dichas manifestaciones no se encuentran robustecidas con medio probatorio alguno, si no que únicamente parten del supuesto que los seis meses resultan suficientes para la sana alimentación del menor; por tanto, constituyen apreciaciones subjetivas que no encuentra sustento en documento alguno y hasta la fecha en autos no se aprecia prueba fehaciente de la que pueda desprenderse que el menor lactante ya no se encuentre recibiendo nutrición por parte de su progenitora aquí quejosa; aunado a ello, de la consulta a la página electrónica http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/lactancia", se advierte que para un sano crecimiento del menor se recomienda brindarle lactancia exclusiva, alimentándolo únicamente de leche materna, desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida y que después de ese tiempo, y hasta los dos años, se complementa su nutrición combinando leche materna con otro alimento, esto es, el plazo alimentario sigue latente según lo expuesto por el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, ya que de autos se advierte que a la fecha el menor cuenta con la edad de once meses, y catorce días; de ahí que se considere que no han cambiado las situaciones jurídicas que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte no haya variado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 168124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Común Tesis: XX.2o. J/24 Página: 2470 HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Por tales motivos es infundado el incidente a la modificación a la suspensión de plano por hecho superviniente planteado por el Jefe del Departamento Laboral de los Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de el Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, ante este órgano jurisdiccional en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, por las razones establecidas. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano constitucional que la autoridad responsable manifieste además que la concesión de la suspensión de plano es contraria al interés social en términos de los estipulado por el artículo 129, fracción V de la Ley de Amparo; no obstante, a pesar que tal situación no constituye un hecho superviniente para modificar o revocar la medida cautelar, contrario a lo argumentado, no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público conforme a los artículos 125, 128, 129 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sociedad está interesada en garantizar el derecho a la salud de las personas; máxime que está de por medio el bienestar no sólo de la madre quejosa, sino de su menor hijo, especialmente la salud y cuidado del menor, puesto que subyacen de manera transversal los derechos de la infante a la alimentación, salud, convivencia familiar y desarrollo integral; máxime que tal situación fue dirimida en el presente asunto al resolverse la queja 176/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: Registro digital: 2022091 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: XVII.2o.12 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 990 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE LA NEGATIVA DE EXTENDER LA LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA. SU OTORGAMIENTO NO AFECTA EL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Conforme a los artículos 125, 128, 129 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo exige la concurrencia de que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por ello, si la quejosa reclama la negativa de extender su licencia con goce de sueldo por lactancia materna, como médico en un hospital de atención completa a pacientes de la enfermedad conocida como COVID-19 e invoca el derecho de su menor hija a la salud y a recibir una lactancia segura sin riesgo de contagio, es procedente conceder la suspensión provisional, pues en atención a su naturaleza negativa con efectos positivos y sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, la medida cautelar no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en garantizar el derecho a la salud de las personas. Con mayor razón cuando quien acude al juicio de amparo es la madre de una infante, quien demanda la protección federal en nombre propio y en favor de su menor hija, pues en relación con el tema, en su resolución 1/2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia; en el caso específico de mujeres como grupo en especial situación de vulnerabilidad, ofrecer atención diferenciada a las mujeres profesionales de salud que trabajan en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19 y, respecto a los niños y niñas como grupo en especial situación de vulnerabilidad, la Corte Interamericana consideró reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios. Sobre esas bases, este órgano colegiado considera que en el caso se surten los requisitos para el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, pues no existe un perjuicio al interés social ni se contravendrían disposiciones de orden público, dado que la sociedad está interesada en garantizar el derecho a la salud no sólo de la madre (quejosa), sino también de la menor de quien se pretende tenga el derecho a la lactancia, puesto que subyacen de manera transversal los derechos de la infante a la alimentación, salud, convivencia familiar y desarrollo integral. Así, de negarse la suspensión provisional, hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, podría causarse mayor perjuicio al interés social y al orden público por estar de por medio la obligación del Estado de armonizar el interés general y público de proteger el derecho a la salud de las personas ante una contingencia sanitaria. De ahí que resulta evidente que la sociedad y el Estado tienen en ese aspecto un interés social, público y constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables, a través del cual invoca diversa causa de improcedencia del juicio de amparo y solicita se decrete el sobreseimiento; al respecto resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se reanude el procedimiento en el presente asunto. Notifíquese.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vistas las promociones de cuenta enviadas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos del artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrense en formato impreso. Ahora bien, téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta copia certificada de la resolución dictada en la queja ********** de su índice, de la que se advierte que el citado Tribunal, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por 1) **********, Titular de Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz, y 2) **********, Jefe de Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz, por conducto de su delegado y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz-Norte, contra el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, en el que se otorgó a la parte quejosa la suspensión de plano del acto reclamado. En consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E) y, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, se tiene por recibido el diverso con el que la Secretaria Habilitada de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por 1) **********, Titular de Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz, y 2) **********, Jefe de Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz, por conducto de su delegado y apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz-Norte, con base en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el veinticinco de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; en consecuencia, estese en espera que la Superioridad remita copia certificada de la resolución que dicte en el toca ********** de su índice, para estar en posibilidad de proveer lo conducente. Notifíquese.
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