María Feliza Najera Juárez

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • María Feliza Najera Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la diligencia de devolución de billete de depósito, en la cual se hace constar que la quejosa ********** y su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo **********, recibieron el billete de depósito número N 885100, expedido a nombre de **********, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos, 00/100 M.N.), el cual se puso a disposición de la parte quejosa el veintinueve de junio del actual; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión dado que se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su depuración, por lo que deberá conservase la demanda de amparo, el presente acuerdo, el auto por el que se concedió la suspensión provisional y la interlocutoria, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos con el expediente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, consistente en el expediente original 355/2018 de su índice en dos tomos, misma que adjuntó a su informe justificado, de la cual se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado identificados con lo número I y II. Notifíquese.

  3. Principal

    A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 735/2021, promovido por Yoni Grande Herrera, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado al día siguiente a este Órgano Jurisdiccional, Yoni Grande Herrera, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad. Diligenciaria asignada a los asuntos Par del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: El auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual radica la sección de lanzamiento del juicio de desocupación y providencia de lanzamiento 200/2021. La omisión de atender su escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Admisión, Ampliación y audiencia constitucional. En proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Una vez recepcionados los informes justificados, se tuvo a la parte quejosa ampliando su escrito inicial de demanda por cuanto hace al: ACTO RECLAMADO: Acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno dictado en la sección de lanzamiento, mediante el cual atendió el escrito presentado por la parte quejosa en veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Y su notificación. En proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno se tuvo por ampliada la demanda de amparo y en ese sentido se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: El auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual radica la sección de lanzamiento del juicio de desocupación y providencia de lanzamiento 200/2021. La omisión de atender su escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno dictado en la sección de lanzamiento, mediante el cual atendió el escrito presentado por la parte quejosa en veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Y su notificación. TERCERO. Certeza del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil de Desocupación con Providencias de Lanzamiento por Falta de Pago de Rentas y Terminación de Contrato de Arrendamiento 200/2021, mismo que obra glosado al expediente físico en el cual se actúa, y que se tienen a la vista para resolver el presente asunto. Copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO.- Causal de improcedencia del juicio ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO DENTRO DE LA SECCIÓN DE LANZAMIENTO 200/2021, TITULADO RADICACIÓN DE SECCIÓN DE LANZAMIENTO. Esta juzgadora Federa estima que por cuanto hace al acto reclamado antes precisado se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 ambos de la Ley de Amparo. En esa línea se tiene que la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, misma que fuera analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis antes referida, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a).- La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b).- La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 14, y 16 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de un acto autónomo al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que está dentro del mismo; por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 8/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Ahora, en el caso la parte quejosa se duele del auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, en el cual: El juez responsable ordenó formar la sección de lanzamiento 200/2021, derivado del juicio ordinario civil de pago de rentas, y ordenó a la diligenciaria adscrita a dicho juzgado a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada, emplazara y requiriera a efecto de que al momento de la diligencia justificara con recibos correspondientes estar al corriente del pago de las rentas vencidas, y que en caso de no justificarlo se le previniera para que en el término de treinta días procediera a la desocupación del inmueble materia del asunto, apercibido de lanzamiento a su costa. Sin embargo esta juzgadora federal considera que dicho acto no es de aquellos considerados de imposible reparación, como a continuación se explica. Según lo expuesto en los párrafos que anteceden, para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, como ejemplo de lo anterior, puede señalarse la admisión y desahogo de la prueba pericial en genética, actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, pues dada su especial naturaleza esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En esta tesitura, la resolución reclamada al tratarse de una cuestión meramente procesal que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado y que tutela la Constitución; o bien, establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte no es reclamable a través del juicio de amparo. Así, como se indicó en el acuerdo reclamado se ordenó la radicación de sección de lanzamiento 200/2021, y requerir al quejoso demostrar estar al corriente en los pagos derivados del arrendamiento, por lo que, siguiendo las consideraciones del Máximo Tribunal del País, el acto reclamado no cumple las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, dado que el actuar de la responsable no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no impedirle el libre ejercicio de alguna prerrogativa, toda vez que como se desprende del mismo los efectos del acto reclamado son meramente procesales, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por lo expuesto, se concluye que al no lesionar los actos reclamados ningún derecho sustantivo tutelado por la Constitución, no se actualiza la hipótesis de eventos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo. Apoya a los argumentos esgrimidos por identidad de razones, la Tesis: X.1o.32 C, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Cite de Justicia de la Nación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1575, de rubro y texto siguiente: "LANZAMIENTO. EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 581 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 581 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad dispone: "Auto de ejecución. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, el juzgador dictará auto mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de treinta días, si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta días, si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa días, si fuere rústico, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de nueve días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley."; por tanto, el proveído dictado en términos del precepto de mérito, no causa un perjuicio irreparable a su destinatario, porque sólo se trata de un acto procesal que ordena la realización voluntaria de una conducta, dentro de un plazo determinado, según el destino que se dé al inmueble arrendado, conducta que de no realizarse ocasionará que se haga efectivo el apercibimiento por su contumacia y que se lleve a cabo el lanzamiento, lo que implica que hasta en tanto no se realice éste no existe afectación a los derechos sustantivos del demandado atento que uno de los derechos fundamentales o sustantivos, que de ser lesionados justifican la procedencia del juicio de amparo indirecto, es la posesión, y será hasta que se cumpla con la desocupación ordenada, una vez ejecutada material o jurídicamente, cuando podrá estimarse que existe un acto de imposible reparación que haga procedente el amparo, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CUANTO HACE A LA OMISIÓN DE ATENDER EL ESCRITO PRESENTADO POR LA PARTE QUEJOSA EN VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO DENTRO DE LA SECCIÓN DE LANZAMIENTO 200/2021. Por el acto reclamado antes precisado, esta Juzgadora Federal considera actualizada la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello pues el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Lo anterior se considera así pues, la fracción en comento establece que el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, y acontece lo anterior cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o bien, a la que se hubiera concedido la protección de la justicia federal, y se hubiera restituido al quejoso en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad. Así se está, ante la presencia de una cesación de efectos cuando la autoridad ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, porque ha cesado su actuación, y desaparecido totalmente los efectos de lo reclamado, de ahí la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser reparada por el otorgamiento de la protección solicitada. En el caso en particular se tiene que, la parte quejosa de inició solicitó el amparo y la protección de la justicia federal entre otro acto, contra la omisión por parte del Juzgado responsable, de acordar su escrito de petición de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. El Juzgado responsable en apoyo a su informe justificado remitió copia certificada de constancias que integran la sección de lanzamiento 200/2021, de las cuales destaca que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, atendió la petición elevada por la parte quejosa. Ahora impuesta de dichas constancias se advierte que la parte ahora quejosa solicitó: 1.- Se oponía a la prevención realizada para que desocupara el inmueble materia del negocio. 2.- Que no se le podía requerir estar al corriente de sus pagos de rentas al no existir contrato de arrendamiento y que por tanto no se le podía requerir estar al corriente ni prevenir para desocupar el inmueble. 3.- Que se actualizaba la extinción del derecho sustantivo pues la parte actora ya había intentado la acción de desocupación, basándose de los mismos hechos y documentos, y que se desistió de la acción. Así en dos de septiembre de dos mil veintiuno la responsable atendió el escrito presentado por la ahora quejosa y lo desechó por considerarlo notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, numeral que establece que los jueces y magistrados no admitirán promociones notoriamente improcedentes y las desecharán de plano. Conforme a lo anterior se tiene que, por cuanto hace al acto reclamado precisado anteriormente, sobreviene la causal de improcedencia analizada ello pues la autoridad responsable se pronunció respecto al escrito presentado a su consideración por la parte demandada ahora quejosa, por tanto al haber cesado en sus efectos dicho acto, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN REALIZADA DEL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN LA SECCIÓN DE LANZAMIENTO 200/2021. Quien aquí resuelve estima que por cuanto hace a los actos reclamados ya precisados, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo la cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales respecto de las cuales la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, dicha fracción contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado, previamente al ejercicio de la acción constitucional, acuda a las instancias comunes a promover los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación y produzcan la insubsistencia del acto reclamado. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Así contra en contra de la notificación realizada del auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno dictado en la sección de lanzamiento 200/2021, procede el incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 109, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Lo anterior pues dicho numeral establece que es procedente el reclamar en la vía incidental, entre otras, las notificaciones que se realizaran en forma distinta a la prevenida, mismas que podrán ser declaradas nulas. Así las cosas, la notificación que en esta vía se reclama, debió ser impugnada a través del respectivo incidente de nulidad de notificaciones. Por tanto, al no haber promovido el incidente de nulidad respecto a la misma, es patente que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues con éste se puede nulificar el acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/30 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, página 376, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD." ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO DICTADO EN LA SECCIÓN DE LANZAMIENTO 200/2021. El acto reclamado con anterioridad se considera consentido tácitamente, ello toda vez que el mismo fue notificado a la parte quejosa en siete de septiembre de dos mil veintiuno por estrados, surtiendo efectos la notificación el miércoles ocho de septiembre y comenzó a correr el término que prevé el artículo 17 de la ley de Amparo para la promoción del presente juicio el jueves nueve de septiembre y feneció el martes cinco de octubre siguiente y el escrito de demanda se presentó el siete de octubre siguiente, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, esto es fuera del término legal de quince días que disponía para hacerlo. Por ende se considera que desde que tuvo conocimiento del auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, estuvo en aptitud de defenderse; sin embargo, no acudió a defender el derecho que consideraba vulnerado; por lo que, debe entenderse que consintió esa circunstancia. Suponer lo contrario equivaldría permitir a la parte quejosa que impugnara en cualquier tiempo los actos contra los que no se inconformó oportunamente. En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al diverso acto reclamado a la diversa autoridad responsable ejecutora, lo anterior, puesto que no se combate el acto a ella reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto que reclamó a la autoridad ordenadora. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24, tercera parte, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa gravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yoni Grande Herrera, por propio derecho contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo de acuerdo al análisis del acto reclamado en el juicio. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo. CUARTO. Acorde a lo estimado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, en los términos indicados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad correspondiente. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín , Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 19191/2022, dirigido a la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República con residencia en la ciudad de México, de ocho de junio del año en curso, a través del cual se requiere un nuevo perito oficial; sin embargo, el citado oficio, se encuentra en tránsito hacia su destino tal y como se desprende de la siguiente imagen digitalizada. En las relatadas circunstancias, y a efecto de dar oportunidad a la debida entrega del citado oficio que permita la aceptación de cargo, la audiencia programada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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