María Félix Román Miranda

Expediente 184/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
184/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • María Félix Román Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la disconforme, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de diez de mayo del dos mil dieciséis, a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las once horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. El secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran, escrito inicial de demanda y anexos, auto admisorio de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, notificaciones realizadas a las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y cinco, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas: el secretario da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, mismas que anexó a su escrito inicial de demanda, consistentes en los originales de los recibos de pago con folios F 141014, F 141015, F 141016, F 141017 y F 141018, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis. El Juez acuerda: En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales antes relacionadas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que el delegado de la autoridad responsable, Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, los formuló, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional no realizó pedimento. El Juez acuerda: por cuanto hace los alegatos formulados, de ser procedentes serán tomados en consideración, asimismo, como no se cuenta con pedimento del fiscal federal adscrito, se concluye la presente diligencia y se procede a dictar sentencia. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 184/2016; promovido por María Félix Román Miranda, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado ese día a este Juzgado Segundo de Distrito, María Félix Román Miranda, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,. C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, . C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, . SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, . C. DIRECTOR DE INGRESOS DEL AYUNTAMIETNO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama: la discusión, aprobación y expedición de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2016, específicamente en lo que se refiere el artículo 15 de dicho ordenamiento, relativo al impuesto predial". 2. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda Municipal número 677, así como el decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la citada legislación, específicamente en lo que hace el artículo 10, relativo al impuesto predial." SEGUNDO. PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. La demanda de amparo se registró bajo el expediente número 184/2016, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; seguido el juicio por todos los trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo de acuerdo con el acta que obra en autos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, el diverso 12/2016 que lo modifica publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previamente a establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo al análisis integral del escrito de demanda, determinación que se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192097, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, se precisa que los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, lo constituyen: El proceso legislativo (aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación y orden de publicación) de la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en específico, el artículo 15; relativo al impuesto predial. El proceso legislativo (aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación y orden de publicación), a través de la liquidación y cobro, del artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número 677, por concepto de impuesto predial, contenido en los recibos F 141014, F 141015, F 141016, F 141017 y F 141018, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, expedidos a nombre de la quejosa María Félix Román Miranda. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que a las responsables se atribuye. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, y 117, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es, desde luego, la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, aunque más usual, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. A ese respecto, es de citarse la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con el número quinientos cincuenta y tres, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, tomo sexto, página trescientos sesenta y ocho, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Las autoridades responsables denominadas, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto que se le atribuye, consistente en la aplicación del artículo 10, de la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; así como la emisión de liquidación a cargo de la quejosa; por ende, la carga probatoria para desvirtuar tal negativa corresponde a la parte quejosa. De la lectura detallada de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que no obran medios de convicción que demuestren la existencia del acto que se reclamó a aquellas autoridades; además, del análisis que se efectúa a la legislación que se combate, se deduce que las responsables mencionadas no se encuentran legalmente facultadas para aplicar directamente el dispositivo impugnado de la Ley de Ingresos reclamada, ni de emitir liquidaciones por concepto de impuesto predial. Cierto, no es posible inferir que el entero de la contribución realizada por la parte quejosa y que consta en los citados recibos oficiales, se hubiere realizado en acatamiento a alguna orden de las autoridades aquí mencionadas. En efecto, acorde al sistema tributario mexicano las contribuciones se pueden enterar por propia determinación del particular, entre otros; luego, el que la quejosa hubiese allegado la documental enunciada, en forma alguna evidencia que su pago lo efectuó por orden de las aquí responsables, para tener por cierto el acto que de ellas reclama, al contrario, el entero de un tributo bien puede obedecer a que la impetrante del amparo realizó de manera espontánea el pago correspondiente -lo que hace valer como primer acto de aplicación de los imperativos legales que tilda de inconstitucionales en el presente juicio de amparo-, empero, ese acto no puede ser atribuido a las autoridades responsables de recibir el pago y expedir el comprobante respectivo; por tanto, su aplicación corrió a cargo de la propia quejosa. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa, a las autoridades responsables antes citadas, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Apoya esta conclusión la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 284 apareció publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables que a continuación se indican en el ámbito que a su competencia refiere, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Lo anterior, aunado a que la certeza de la conducta de naturaleza legislativa se acredita plenamente con la propia ley controvertida que no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por aplicación de la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, página 205 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, correspondiente a Febrero de 1995, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, negó el acto que se le reclama, empero, su negativa se ve desvirtuada con la existencia de los recibos de pago, por tanto, se le presumen ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, que deberá analizarse de oficio conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las responsables Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado, manifestaron que en el asunto que nos ocupa, es improcedente, pues aducen que no existe el acto reclamado, ya que de los recibos no se desprende que se haya aplicado los artículos 1, 2, 7 y 10 de la Ley de Hacienda Municipal 677. Lo anterior, a juicio de quien resuelve es infundado, en razón de las consideraciones siguientes. La parte quejosa relaciona el artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal 677, con el diverso numeral 15 de la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, relativo al impuesto predial, mismo que se advierte de los recibos de pago F 141014, F 141015, F 141016, F 141017 y F 141018, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, que exhibió la parte quejosa que sí se le aplicó. Así, de dichas documentales, cuyo valor probatorio quedó asentado en párrafos precedentes, se desprende la aplicación en su perjuicio del precepto que en esta instancia reclama como inconstitucional, por ende, contrario a lo aducido por la citada responsable, no se actualiza la causal de improcedencia que invoca, pues basta imponerse del contenido de aquellas documentales para colegir que se ha aplicado en perjuicio de la parte quejosa la disposición que tilda de inconstitucional, circunstancia que, de manera indudable le causa un perjuicio en su esfera jurídica, de ahí lo infundado de la citada causa de improcedencia. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el hecho de que la referida responsable al aducir la citada causa de improcedencia vierta manifestaciones con las que pretende demostrar la constitucionalidad del precepto impugnado, ya que ello, en todo caso, será materia de estudio del fondo del presente asunto, no así del análisis de la citada causa de improcedencia. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia P./J- 135/2001, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XV, Enero de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Luego, al no existir diversa causal de improcedencia se procede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó como concepto de violación el que se contiene en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlo, ya que no hay precepto legal que establezca la obligación de hacerlo; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión a la promovente del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de impugnar la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de ésta; máxime, que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto combatido. Resulta aplicable la jurisprudencia. 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto y siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. CALIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Ahora bien, la impetrante de la tutela constitucional básicamente hace depender su motivo de disenso en el hecho de que la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, no se refrendaron por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y que por ende, se transgrede el artículo 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado de Guerrero, respectivamente y, por consiguiente, el derecho de legalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse emitido dicha ley en contravención al proceso legislativo aplicable. La quejosa sustenta su demanda, en la jurisprudencia del rubro siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO."; y Es infundado ese planteamiento porque, contrario a lo que se aduce por la quejosa, no es un requisito de validez que los decretos promulgatorios reclamados requieran el refrendo del Secretario de Administración y Finanzas, en términos de los artículos 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y 6º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del mismo Estado. Para evidenciar lo infundado del concepto de violación, se estima pertinente transcribir el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, vigente en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, en que se publicó la Ley de Hacienda Municipal, el cual, establece: "ARTICULO 76. Las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador promulgue, expida o autorice, deberán para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario de Gobierno y por el titular del ramo a que el asunto corresponda. Cuando ésta sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las mismas." Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente a la fecha en que se emitió la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que a la letra dice: "ARTICULO 90.- Todo servidor público de la administración pública estatal será responsable de los actos, omisiones y resoluciones emitidos que no se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 1. Para su validez y observancia, las leyes promulgadas por el Gobernador deberán refrendarse por el Secretario General de Gobierno; y, 2. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos. Asimismo, el artículo 91, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, (vigente a la fecha en que se emitió la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis), enumera las atribuciones del Ejecutivo Estatal, entre las que destaca, la de ordenar la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso, el cual es del tenor siguiente: "ARTICULO 91.- El Gobernador tiene las siguientes atribuciones: I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen; II. Ordenar la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado en los plazos dispuestos en la ley, y la publicación de los bandos y reglamentos que acuerden los Ayuntamientos, cuando no cuenten con sus propios órganos de difusión oficial; (.)" Por su parte, el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, a la letra dice: "ARTICULO 6. El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, una vez refrendados, serán de carácter obligatorio y de observancia general. Cuando el asunto sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las mismas." De tales preceptos deriva la obligación del "refrendo" por parte del Secretario de Gobierno y "por el titular del ramo a que el asunto corresponda", en función de la intervención administrativa que tengan en el decreto que corresponda. Es necesario tener en cuenta que el artículo 47 de la Constitución del Estado de Guerrero, vigente en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, en que se publicó la Ley de Hacienda Municipal, aplicable al caso concreto, el cual establece: "Artículo 47. Son atribuciones del Congreso del Estado: I.- Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . . ." Por su parte, el artículo 74 de la misma Carta Fundamental Local, dispone: "Artículo 74. Son atribuciones del gobernador del Estado: I.- Iniciar ante el Congreso del Estado todas las Leyes que considere necesarias. II.- Publicar las Leyes y Decretos Federales y hacerlos cumplir. III.- Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado. IV.- Ejercitar la facultad reglamentaria que le compete, para desarrollar y hacer efectivas las Leyes que expida el Congreso del Estado. . . ." Conforme a lo anterior, es claro que existen dos tipos de ordenamientos, a saber: a) Las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que surgen del Congreso del Estado, y b) Los decretos y acuerdos de carácter administrativo que emanan de la facultad del titular del Ejecutivo. También se desprende que el ejecutivo del Estado tiene, entre otras, estas dos atribuciones: Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado; y Ejercitar la facultad reglamentaria que le compete, para desarrollar y hacer efectivas las Leyes que expida el Congreso del Estado. Depende entonces de la clase de ordenamiento de que se trate, para concluir el tipo de refrendo que requiera; es decir, si se trata de un refrendo promulgatorio de leyes expedidas por el Congreso, o bien, si se trata del refrendo de ordenamientos reglamentarios expedidos por el Gobernador, ya que en el primer supuesto, al Gobernador sólo le compete la promulgación de la norma legal aprobada por el Poder Legislativo respecto de leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que surgen del Congreso del Estado, para lo cual sólo requiere, para su validez, de la firma y/o refrendo del Secretario de Gobierno; en cambio, en el segundo de los supuestos, relativo a la promulgación de los decretos y acuerdos de carácter administrativo que emanan de la facultad del titular del Ejecutivo, sí se requiere, además del refrendo del Secretario de Gobierno, el refrendo del titular del ramo. En el caso, el refrendo de los decretos promulgatorios reclamados consisten únicamente en dar a conocer o publicar, por parte del Gobernador, la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, para su observancia, a través del medio de publicación que es el Periódico Oficial del Estado, por lo que es evidente que dicho actuar sólo corresponde al Gobernador asistido del Secretario de Gobierno, según el artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, el cual establece que la Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: "Refrendar, para que sean obligatorios, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto". Luego entonces, para la obligatoriedad de un decreto emitido por el Congreso del Estado, como lo son la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y Ley de Hacienda Municipal Numero 677, no se requieren que deban ser refrendados por el Secretario de Administración y Finanzas, como pretende la parte quejosa. Por ende, los supuestos de refrendo a que aluden los artículos 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado de Guerrero, son los relativos a los decretos y acuerdos de carácter administrativo que emanan de la facultad del titular del Ejecutivo, los cuales, como se dijo, sí requieren de la participación tanto del Secretario de Gobierno como del Secretario del Ramo correspondiente. Para hacer más evidente lo ya advertido, debe tenerse en cuenta, además, el contenido del artículo 6º, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el cual dispone lo siguiente: "ARTICULO 6o. El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, una vez refrendados, serán de carácter obligatorio y de observancia general. Cuando el asunto sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las mismas." Como se advierte, tal precepto distingue entre los decretos expedidos por el Gobernador, en uso de su facultad de regular la organización y funcionamiento de la administración pública central y paraestatal del Estado, de los decretos promulgatorios de leyes y demás disposiciones de carácter general que surgen del Congreso del Estado, toda vez que textualmente refiere: "El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones . . ." Por tanto, es obligado concluir que los decretos que contienen la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y Ley de Hacienda Municipal Numero 677, reclamadas, contrario a lo expuesto por la quejosa, no contravienen lo dispuesto en los artículos 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 6° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, al corresponder a decretos promulgatorios de leyes emanadas del Congreso del Estado, respecto de las cuales es necesario, solamente, el refrendo del Secretario de Gobierno del Estado. Lo anterior tiene sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia cuatrocientos veintisiete, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos noventa y tres, del tomo I, atinente a la Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917 a 2000, del texto y rubro siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.- En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco cuyos rubros son los siguientes: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS" y "REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL.". Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que enseguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: "Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.". A su vez, el artículo 92 dispone: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.". De conformidad con el primero de los numerales reseñados, el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente ...", es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema." A manera de mayor abundamiento, se importante destacar que en el derecho mexicano se distinguen como etapas en la elaboración de una ley, a saber, las siguientes: Iniciativa Discusión Aprobación Sanción Publicación Dentro del procedimiento de creación de una norma, las tres primeras etapas corresponden al Poder Legislativo, en tanto que las últimas dos, al Ejecutivo. La promulgación de la ley tiene los siguientes efectos: 1. Atestiguar la existencia de la regularidad de la ley; 2. Ordenar su aplicación; y 3. Dar a los agentes de la ley, un mandamiento de ejecución. Ahora bien, el derecho de iniciar leyes, compete a los Diputados del Congreso Local y al Gobernador, entre otros órganos, lo anterior de conformidad con el numeral 65 de la Constitución Local, que reza: "ARTICULO 65.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los Diputados del Congreso del Estado; Al Gobernador del Estado quien, además, podrá presentar durante el transcurso de los diez primeros días de inicio de cada periodo ordinario de sesiones hasta dos iniciativas de ley o decreto con el carácter de preferente o señalar, con tal carácter, hasta dos que hubiere presentado en los periodos anteriores, las cuales seguirán el trámite en Comisiones y deberán ser votadas en el Pleno antes de que concluya el periodo respectivo. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Al Tribunal Superior de Justicia, en lo relacionado con la Ley Orgánica del Poder Judicial; A los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia; A los Órganos Autónomos, en lo relativo a su Ley Orgánica; y, A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa popular, con excepción de las materias penal y tributaria, en los términos que establezca la ley." Por su parte, el artículo 61 de la Constitución Local, establece las atribuciones del Congreso, el cual dispone: "ARTICULO 61.- Son atribuciones del Congreso del Estado: Aprobar, reformar, derogar y abrogar las leyes o decretos, de conformidad con sus atribuciones; Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; Emitir las leyes del Estado cuya expedición haga obligatoria la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; . . ." Ahora bien, de los artículos en mención se desprende que el Gobernador tiene, tratándose de la creación de normas, una doble función; Una, materialmente legislativa, pero formalmente administrativa; y Otra, de órgano auxiliar del Legislativo. En efecto, tratándose de leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, deben ser refrendados para su validez y observancia, tanto por el Secretario General de Gobierno como por el Secretario del Despacho a que el asunto corresponda; es decir, se refiere a leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, en su función meramente administrativa, en uso de sus facultades reglamentarias, materialmente legislativas, al emitir decretos, reglamentos, leyes, etcétera, para lo cual requiere, necesariamente, del refrendo del Secretario General de Gobierno y del Secretario del Ramo. En cambio, cuando su función es en mero auxilio del Legislativo, en el proceso de creación de la norma, el Ejecutivo Estatal debe ordenar la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso, para lo cual sólo requiere del refrendo del Secretario General de Gobierno. Esto es, en su función del proceso de creación de la norma, el ejecutivo debe en auxilio del Poder Legislativo, promulgar y publicar las leyes y decretos que éste expida. En relación con el tópico jurídico que nos ocupa, se transcriben a continuación las partes conducentes de los decretos afectos a la reclamación constitucional: "LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677 TEXTO ORIGINAL. Ley publicada en el Alcance al Número 1 del Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el martes 3 de enero de 1984. EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER, Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado lo siguiente: EL HONORABLE QUINCUAGESIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677 TITULO PRIMERO De los ingresos CAPITULO I De los impuestos SECCION PRIMERA Impuesto Predial ARTICULO 1o.- Es objeto de este Impuesto: I.- La propiedad de predios urbanos. II.- La propiedad de predios rústicos catastrados. III.- La posesión de predios urbanos o rústicos catastrados en los siguientes casos: a) Cuando no se conozca el propietario. b) Cuando se derive de contratos de compraventa con reserva de dominio y certificados de participación inmobiliaria, mientras estos contratos estén en vigor y no se traslade el dominio del predio. c) Cuando se trate de predios propiedad de la Federación, del Estado o de sus municipios que estén en poder de instituciones descentralizadas con personalidad jurídica y patrimonios propios, o en poder de particulares, por contrato, concesión, permiso, o por cualquier otro título, para su uso, goce o explotación. IV.- La propiedad o la posesión de las construcciones permanentes ubicadas en predios urbanos, rústicos, ejidales y comunales. V.- La propiedad de bienes raíces donde se ubiquen plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, así como sus instalaciones en los términos del artículo 23 de la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería. ARTICULO 2o.- Son sujetos de este impuesto: I.- Los propietarios de predios urbanos o rústicos catastrados. II.- Los poseedores de predios urbanos o rústicos catastrados. III.- Los propietarios o poseedores de construcciones ubicadas en predios urbanos, rústicos, ejidales y comunales. IV.- Los que se encuentren en las hipótesis previstas en el artículo 28 de la presente Ley. V.- Los propietarios de bienes raíces donde se ubiquen plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, en los términos del artículo 23 de Fomento a la Minería. ARTICULO 3o.- Son sujetos por responsabilidad objetiva, los adquirientes por cualquier título, de predios urbanos o rústicos catastrados. ARTICULO 4o.- Son sujetos por responsabilidad solidaria, los propietarios de predios que hubiesen prometido en venta o hubieren vendido con reserva de dominio. ARTICULO 5o.- Son sujetos por responsabilidad sustituta de este impuesto: a) Los empleados del H. Ayuntamiento que dolosamente formulen certificados de no adeudo del impuesto predial. b) Los Notarios Públicos que otorguen escrituras sin cerciorarse previamente que el pago del impuesto se encuentre al corriente. ARTICULO 6o.- Las personas que adquieran predios urbanos ó rústicos regidos por las disposiciones de esta Ley, serán solidariamente responsables de los adeudos fiscales que afecten a los mismos, los cuales deberán pagar antes de realizarse el traslado de dominio. ARTICULO 7o.- Se tendrá como base del impuesto: I.- El valor catastral del predio y de las construcciones, o apartamento o local en condominio determinado de acuerdo con los lineamientos previstos por la Ley del Catastro Municipal. II.- El valor de la operación, en caso de que el predio sea objeto de contrato, convenio o de algún acto jurídico y siempre que el valor resulte superior a las bases registradas o determinadas conforme a la fracción anterior. III.- El valor fiscal registrado en los padrones de contribuyentes. ARTICULO 8o.- La base del impuesto, se modificará: a) Cuando se realice alguna de las causas que previene la Ley del Catastro Municipal, debiéndose practicar nuevo avalúo. b) Cuando por cualquier circunstancia la base con que se está tributando sea inferior al valor que le correspondería al predio en una libre transación (sic) comercial. ARTICULO 9o.- La base modificada surtirá efectos: I.- A partir del bimestre siguiente a aquel en que se produzca el hecho, acto o contrato que le dé origen. II.- A partir del bimestre siguiente al en que se notifique el nuevo avalúo, cuando éste sea efectuado por haber transcurrido el plazo de tres años. ARTICULO 10.- El impuesto se causará conforme a la tarifa que fije al efecto la Ley de Ingresos Municipal. ARTICULO 11.- Quedan exentos del pago de este impuesto únicamente los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios. ARTICULO 12.- Las exenciones señaladas en el artículo anterior tendrán vigencia hasta en tanto no cambien las circunstancias que las originaron. ARTICULO 13.- Cuando en virtud de una Ley especial el Presidente Municipal declare exención total o parcial del impuesto predial por un plazo determinado, al vencimiento del plazo se procederá al cobro del impuesto de acuerdo con el avalúo que a esa fecha practique el Departamento de Catastro y en tanto no se hiciere, el impuesto se cobrará con base al valor con que fiscalmente se encuentre registrado. ARTICULO 14.- La Tesorería Municipal determinará el monto del impuesto a pagar, de conformidad con el avalúo asignado al inmueble y con aplicación de la tarifa que al efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal. ARTICULO 15.- En los casos de excedencia (sic) o de predios no empadronados, de construcciones, reconstrucciones o de ampliaciones no manifestadas, la liquidación comprenderá cinco años anteriores a la fecha de su descubrimiento por cualquier causa o motivo, salvo que el contribuyente compruebe que tales hechos u omisiones datan de fecha posterior. ARTICULO 16.- El pago del impuesto deberá hacerse en las Tesorerías Municipales o agencias autorizadas al efecto. ARTICULO 17.- El impuesto a que se refiere la presente Ley se pagará por bimestres adelantados, a más tardar el día último de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, para los contribuyentes de este impuesto cuyas bases de tributación sean superiores a $ 25,000.00. ARTICULO 18.- El hecho de ser aceptado el pago anual anticipado no impide el cobro de diferencias que proceda hacerse por cambio en las bases de tributación. ARTICULO 19.- El pago anticipado de una anualidad deberá hacerse durante el primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente y gozará del descuento que establezca la Ley de Ingresos Municipal. ARTICULO 20.- Los contribuyentes cuyos predios tengan asignado un valor catastrado o no catastrado hasta de $ 25,000.00, pagarán el impuesto anual en una sola exhibición durante los primeros 20 días del mes de enero de cada año. ARTICULO 21.- Los sujetos de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I.- Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o rústicos que sean de su propiedad o posean, en los términos que dispone la Ley del Catastro Municipal. II.- Proporcionar al personal debidamente autorizado los datos e informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. III.- Dar aviso de sus cambios de domicilio. Si no lo hicieren, se tendrá como tal el que hubieren señalado anteriormente y, en su defecto, el del predio mismo. ARTICULO 22.- En el caso de apartamentos o locales sujetos al régimen de condominio, los propietarios o poseedores, en su caso, deberán empadronarse por separado. ARTICULO 23.- Los notarios, la Oficina del Registro Público, corredores y funcionarios autorizados por la Ley para dar fé pública, y los jueces que actúen en funciones de notario, no autorizarán ni inscribirán ningún cotrato (sic) o escritura de compra-venta, hipoteca, cesión o cualquier otro que tenga por objeto la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales, si no se les demuestra por medio de los correspondientes recibos oficiales, que el predio está al corriente del pago del impuesto a que se refiere la presente Ley. ARTICULO 24.- Por lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones relativas al impuesto predial y para conocer de las reclamaciones a que dé lugar dicha aplicación, es autoridad competente el Tesorero Municipal en la forma y términos que establezca el Código Fiscal Municipal. ARTICULO 25.- Cuando la Tesorería Municipal o alguna de sus Dependencias consideren que existe falsedad en las declaraciones o manifestaciones presentadas por los contribuyentes de este impuesto, podrán ordenar la práctica de una investigación, para fines de rectificación. ARTICULO 26.- Las infracciones al presente capítulo serán sansionadas (sic) de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal Municipal. (.) T R A N S I T O R I O S ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número veintisiete del treinta de junio de mil novecientos cincuenta y uno y todas las disponsiciones (sic) que se le opongan. D A D A en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. DIPUTADO PRESIDENTE. PROFRA. ALICIA BUITRON BRUGADA. DIPUTADO SECRETARIO. MATEO AGUIRRE LOPEZ. DIPUTADO SECRETARIO. TEODORO CALIXTO DIAZ. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO. EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ." Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, texto original: De lo antes inserto, se advierte que la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se crearon únicamente por el Honorable Quincuagésimo y Sexagésima Primera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, respectivamente, por lo que, atendiendo a lo expuesto en líneas que anteceden, al Ejecutivo únicamente le corresponde ordenar su promulgación y publicación, ya que éstas se encuentran dentro de sus atribuciones que la misma constitución le confiere, para cuya obligatoriedad sólo requiere de la asistencia del Secretario General de Gobierno, como así se hizo. Es decir, la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no se crearon por el Ejecutivo Estatal, sino por el Congreso del Estado, en cuyo caso no precisa que aquéllas deben ser refrendadas por el titular de la Secretaría o dependencia del ramo, como se aduce en el concepto de violación. Luego, el hecho de que la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, y Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no se hayan refrendado por el Secretario del Ramo, no es un requisito indispensable de validez de esas normas jurídicas, como lo pretende la quejosa, dado que los decretos emanaron del poder legislativo, y no del ejecutivo. Dicho de otro modo, los decretos promulgados por el Gobernador, sí deben ser firmados por el Secretario General de Gobierno y por los Secretarios de Despacho respectivos, pero sólo cuando la ley, decreto o reglamento haya sido expedido por el Gobernador, no así por el Poder Legislativo. De esa guisa, este órgano jurisdiccional considera que los numerales 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aplicables al caso concreto de vigencia de cada ley, no pueden servir como fundamento para afirmar que todas las leyes o decretos, emitidos por la Legislatura de esta Entidad Federativa, deben ser refrendadas por el Secretario General de Gobierno y por el Secretario del Despacho del ramo correspondiente, toda vez que, se insiste, en este caso, el acto de promulgación y publicación, corresponde únicamente al Ejecutivo Estatal, asociado del Secretario General de Gobierno. En consecuencia, es evidente que los decretos promulgatorios por el que se emitió la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, satisfacen los requisitos para la formación válida del acto legislativo, como lo es que hayan sido promulgadas y publicadas por el Ejecutivo Estatal, de conformidad con los numerales 90 (vigente) y 76 (vigente en mil novecientos ochenta y cuatro), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.11/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 803, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Si bien conforme a lo previsto en los artículos 50 y 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Gobernador del Estado tiene dentro de sus facultades las de promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y hacer observaciones a éstas, y para su validez es requisito indispensable estar firmadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda, lo cierto es que el referido artículo 46 no puede servir como fundamento para la determinación tocante a que todas las leyes emitidas por la Legislatura de dicha entidad federativa, deben estar refrendadas no sólo por el Secretario General de Gobierno, sino también por el Secretario del despacho del ramo correspondiente, pues el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece de manera expresa que corresponde únicamente al primero de los mencionados. En este sentido, resulta indudable que no puede sostenerse que las leyes emitidas por la Legislatura Estatal, para ser obligatorias, deban indefectiblemente estar refrendadas por el Secretario del despacho que corresponda al ramo, pues esta última obligación sólo está referida a las disposiciones que emita el Gobernador del Estado, y no a los actos del Congreso." Cabe señalar, que la jurisprudencia 11/2016 (10a.), antes inserta, se aprobó por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en sesión privada del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que se publicó el viernes diecinueve de febrero de este año, a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes veintidós de febrero del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por lo que, este órgano de control constitucional, de conformidad con el numeral 217 de la Ley de Amparo, acata su obligatoriedad, y atendiendo a su contenido se aparta del criterio que se había sustentado con anterioridad a esa fecha. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.139/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 391, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." Luego entonces, se concluye que sólo corresponde al Gobernador y al Secretario General de Gobierno refrendar la leyes y decretos del Congreso del Estado, como lo fue en el caso la Ley de Hacienda Municipal Numero 677, reclamada, y la Ley de Ingresos número 134 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, y por tanto, no puede seguirse sosteniendo, como se venía haciendo hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 2a./J.11/2016, anteriormente transcrita, que las leyes emitidas por la Legislatura Estatal, para ser obligatorias, deben indefectiblemente estar refrendadas por el secretario del despacho que corresponda al ramo, pues esta última obligación, se insiste, sólo está referida a las disposiciones que emita el Gobernador del Estado en ejercicio de su función reglamentaria, pero no a los actos del Congreso. Sin que pase inadvertido para quien resuelve la jurisprudencia 2a./J. 95/2011, en que sustenta la quejosa su demanda de amparo, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente, "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO", dado que, en la parte subrayada, se advierte claramente que los decretos promulgatorios del Gobernador del Estado, en uso de sus facultades, deberán estar firmados por el Secretario del despacho a que el asunto corresponda, más nada dice respecto de la Leyes emanadas del Congreso que el Gobernador promulgue, por lo que dicha jurisprudencia es inaplicable al caso que ahora nos ocupa. Igual sucede con la jurisprudencia 84/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2013, consultable en la página mil cuatrocientos ochenta y siete, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DEL RAMO RELATIVO", así como de la jurisprudencia 168/2015, que sustentó la propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 149/2015, visible en la página mil cuatrocientos setenta y tres, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DEL RAMO AL QUE EL ASUNTO CORRESPONDA"; pues es claro que estas jurisprudencias resuelven el tema de los decretos promulgatorios del titular del ejecutivo, más no de los decretos promulgatorios del Poder legislativo, por lo que no resultan aplicables al caso que ahora nos concierne. En esas condiciones, como se adelantó, es infundado el concepto de violación, en cuanto sostiene que fue incompleto el proceso legislativo del que surgieron los decretos que se reclaman, razón por la cual, ante lo infundado del mismo, y al no estarse en alguno de los presupuestos que para suplir la queja deficiente que enumera el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni advertirse violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa a la quejosa, lo procedente es negar a María Félix Román Miranda, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOVENO. Finalmente se hace constar que la parte quejosa en este juicio constitucional no se opuso a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Asimismo, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción I, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto y autoridades mencionadas en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Félix Román Miranda, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsable, precisados aquéllos y éstas, en el considerando segundo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del delegado de la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual hace valer una causa de improcedencia, sin embargo, esta será analizada cuando se emita la sentencia, toda vez que debe actualizarse de manera manifiesta e indudable sin que ninguna prueba la desvirtúe.

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