María Félix Palma Sierra
Expediente 1193/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Félix Palma Sierra y Otros.
- María Félix Palma Sierra
- Fiscal Regional en Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de mayo de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 312/2022, que se giró para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se notificara a los directos quejosos ****************** y *********************, el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales enviadas que se maneja en este juzgado federal. En razón de lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De conformidad con lo establecido en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, expedido en agosto de dos mil veinte, se hace constar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a la demanda de amparo, la resolución del otorgamiento de la suspensión de plano y, en su caso, violación a la misma; consecuentemente, transcurrido el periodo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación para su depósito. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de abril de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual exhibe el acuse de recibo de la comunicación oficial 033/2022, por la que remitió al Fiscal Regional en Acapulco, copia certificada de las actuaciones que integran este juicio de amparo, a fin de que se inicie la carpeta de investigación respecto a los hechos denunciados por los quejosos en el sentido de que fueron objeto de tortura; de lo que queda enterada la suscrita para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de marzo de dos mil veintidós. Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista; la razón levantada por Maricela Rendón Hernández, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de marzo actual, toda vez que en la demanda de amparo se señaló como domicilio procesal el ubicado en colonia Pescadillo, parte alta, callejón Heroína de Tixtla, en Ometepec, Guerrero. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda que se constituya en el referido domicilio y en el Centro de Reinserción Social, lugar en el que se encuentran recluidos los directos quejosos José Alberto Hernández Palma y Fernando García Martínez, y les notifique el acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, corriéndoles traslado con copia del mismo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga libertad de jurisdicción para que provea las medidas que estime conducentes para el desahogo de lo solicitado, y hecho lo anterior, tenga a bien remitir las constancias a la brevedad posible. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 1177/2021, que se giró para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se requiriera a los directos quejosos José Alberto Hernández Palma y Fernando García Martínez, para que manifestaran si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor por María Félix Palma Sierra; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales enviadas que se maneja en este juzgado federal. Ahora bien, tomando en consideración que de lo asentado por el Secretario Actuario adscrito al juzgado requerido, en la razón de nueve de marzo del año en curso, se advierte que los directos quejosos José Alberto Hernández Palma y Fernando García Martínez, manifestaron que ratifican la demanda de amparo promovida en su favor por María Félix Palma Sierra; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la misma. No obstante ello, de lo informado por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con competencia y jurisdicción en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con sede en Ometepec, Guerrero, y de las constancias que remitió MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 consistentes en copia certificada de la carpeta judicial C-145/2021, se aprecia que el veintidós de diciembre del año pasado, se ejecutó la orden de aprehensión dictada en contra de los impetrantes, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Isaías Trinidad Esteban; que en la audiencia de veintitrés del mes y año en cita, se impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y el veintiocho de diciembre siguiente, se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Documentales públicas cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°. Por tanto, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI Contra actos consumados de un modo irreparable." Se ha interpretado en diversas tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación que se está ante la presencia de actos consumados de modo irreparable, cuando éstos habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado al otorgarse la protección constitucional, como lo establece el artículo 77 del ordenamiento de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, dado que el acto reclamado en este sumario se hizo consistir en la detención de José Alberto Hernández Palma y Fernando García Martínez, y de las constancias remitidas por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con competencia y jurisdicción en los Distritos Judiciales de MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? Abasolo, Altamirano y Allende, con sede en Ometepec, Guerrero, se advierte que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en la aludida carpeta judicial C-145/2021, en la que además se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; es evidente que se actualiza la aludida causal de improcedencia, puesto que el acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los impetrantes, quedó consumado de modo irreparable, toda vez que ya se realizaron todos sus efectos y consecuencias; por tanto, ya no se pueden restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de su vinculación a proceso. Resulta aplicable la tesis I. 3º. A. 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325, Tomo XIV- diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En ese tenor, debe precisarse que el sobreseimiento puede decretarse desde el auto inicial, lo que se denomina procesalmente auto de desechamiento, durante el trámite del juicio, y en sentencia, conteniendo puntos en común dichas resoluciones pero guardando ciertos matices que les irrogan características propias. Para poder invocar algún motivo de improcedencia dentro de la substanciación del juicio, se requiere que la citada causa goce de dos cualidades, que sea manifiesta e indudable, por la primer característica se entiende que se debe advertir en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. En primer término es necesario señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos humanos imputada por el quejoso a las autoridades responsables, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. Es factible que el juzgador decrete el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de las pruebas que pueda aportar al juicio el impetrante no se altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Lo anterior es así, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal de improcedencia, además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, pues aun cuenta con el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Así, como ya se dijo, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia esta instancia constitucional. Finalmente, tomando en consideración que en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, los directos quejosos José Alberto Hernández Palma y Fernando García Martínez, manifestaron que fueron objeto de tortura; en consecuencia, con copia certificada de todo lo actuado en este expediente, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Mayo de 2014, Tomo I, Libro 6, Página 561). Notifíquese personalmente.
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