María Felix Nieves Domínguez
Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Felix Nieves Domínguez
Actuaciones
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1155/2023, promovido por María Felix Nieves Domínguez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María Félix Nieves Domínguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y su Actuario Adscrito."la omisión de dictar acuerdo respectivo sobre la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del expediente 01/625/20-II". SEGUNDO. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1155/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: "la omisión de dictar acuerdo respectivo sobre la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del expediente 01/625/20-II". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y su Actuario Adscrito, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que acompañó al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. En lo que interesa se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable actuó lo siguiente: El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, proveyó lo correspondiente a las pruebas en el expediente 01/625/20-II, notificándole personalmente a la parte quejosa el cinco de septiembre del dos mil veintitrés. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa reclama en la instancia constitucional la denegación de justicia al omitir proveer sobre la admisión y/o desechamiento de pruebas, dentro del expediente 01/625/20-II; sin embargo, con la actuación señalada en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa, mediante escrito del diecisiete de agosto del año en curso, el cual será tomado en consideración en párrafos ulteriores; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". ... SEXTO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de los razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Alfonso Fernández Miravalles, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil 315/2019-16. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, pero de manera fundada y motivada, en la que atienda a los principios de congruencia y exhaustividad, subsanando las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo; esto es, deberá exponer las razones por las cuales considera que el plazo del artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en su caso no resulta aplicable en el tema de la ejecución de las sentencias definitivas. Asimismo, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitirla nuevamente en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de incongruencia que la afecta...". Resolución concesoria que causó ejecutoria mediante proveído del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de la Secretaria de Amparos Mixta, mediante oficio 60/23-C, del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la resolución que dictó en esa misma fecha, en el Toca Civil 315/2019-16, en la que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución dictada por la citada autoridad el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de ejecutoria, toda vez que se consideró que la resolución del diecinueve de enero del año en curso, no cumplía con los lineamientos de dicha ejecutoria; en consecuencia, la referida autoridad responsable, mediante oficio 220/23-C, del ocho de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente aquélla resolución del diecinueve de enero del año en curso, lo anterior, mediante proveído dictado en el referido Toca Civil, el seis de marzo de esta anualidad; y en diverso oficio 234/23-C, del nueve de marzo del año que transcurre, remite copia certificada de la resolución dictada en esta última fecha en el Toca Civil 1685/2021, la cual fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, de cuyo contenido se advierte que se ajusta a los lineamiento de la misma. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar con las constancias descritas en párrafos anteriores, haberse ajustado a dichos lineamientos, toda vez que con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada y emitiendo argumentos que permiten establecer que cumple con los principios de exhaustividad y congruencia, toda vez que expone las razones que explican el agravio del recurrente relativo a que la prescripción de la acción y la prescripción de la facultad de ejecutar una sentencia son dos cuestiones diferentes, citando como fundamento el artículo 1244 del Código Civil para el Estado de Morelos, que dispone el supuesto de la prescripción negativa, y haciendo alusión que el legislador estableció un plazo de diez años como regla general, para que se actualice la prescripción negativa, y también, advirtió que ese plazo puede ser excepcional. Y al respecto, cita como fundamento legal el artículo 714, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el cual establece el plazo para solicitar la prescripción, mismo que durará cinco años, contados desde el día en que se venció el plazo judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. Destacando al respecto, que dicho numeral actualiza la hipótesis de excepción del plazo genérico a fin de que opere la prescripción negativa, a que se refiere el aludido artículo 1244, y que el artículo 714 de referencia, es el que debe regir en el caso particular para pedir la ejecución de la sentencia, lo que en el caso que se analiza acontece. En razón a lo anterior, procede a hacer una reseña de actuaciones que conforman el sumario de donde emana el acto reclamado para establecer que no han transcurrido los cinco años que dispone el numeral 174 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; al respecto, se precisa en la parte que interesa por cuanto al tiempo transcurrido, los argumentos que emite la responsable para justificar lo que refiere en ese sentido: "...De lo que se deduce que, a partir del auto de tres de noviembre de dos mil once (en el que acató la suspensión concedida de plano por el juzgado federal), el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, ESTUVO SUSPENDIDO el impulso procesal de la etapa de ejecución de la sentencia definitiva emitida en el juicio principal; por lo tanto, dicho lapso de tiempo bajo ninguna circunstancia, deberá ser considerado para el cómputo de la prescripción. De todo lo anterior se puede válidamente colegir que, el único lapso de tiempo que ha transcurrido sin que se realizaran actos para concluir el proceso de ejecución de la sentencia previsto en el artículo 752 del Código Procesal Civil del Estado, esto es, la firma y otorgamiento de escritura por parte del juzgador primario, corresponde a UN AÑO, SIETE MESES Y NUEVE DÍAS, hasta el día en que fue presentado el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia,... Por lo tanto, ello desvirtúa lo aducido por el quejoso, pues la parte actora, nunca dejó de pasar más de cinco años, para pedir la ejecución de la sentencia definitiva, esto, a partir del día en que se venció el plazo judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y desde que se dictó la sentencia hasta la fecha en que se presentó el escrito ...tiene más de cinco años...". Y precisado lo anterior, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, determinar establecer: "..Lo anterior nos conduce a establecer que se equivoca el quejoso al pretender aducir que está en posibilidad de hacer valer la excepción de prescripción de la ejecución de la sentencia alegada, pues es evidente que en el presente asunto no se actualiza el plazo de cinco años previstos en el numeral 174 de la Ley Adjetiva Civil en vigor, para pedir que se ejecute la sentencia definitiva. Porque al haber existido actos procesales, resultaron idóneos para interrumpir la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, tal como incluso lo prevé el numeral 1251 fracción II del Código Civil en vigor, mismo que establece: ARTÍCULO 1251. CASOS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La prescripción se interrumpe: II.- Por demanda o cualquier otro género de interpelación notificada al poseedor o al deudor en su caso, Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor se desistiese de su demanda o esta fuese desestimada. Cuando se haya tramitado la demanda ante Juzgado incompetente, se tendrá por interrumpida la prescripción por todo el tiempo del juicio, hasta que la resolución o sentencia que los concluye cause ejecutoria". Y en el presente asunto se advierte que fue iniciado el proceso de ejecución de la sentencia definitiva, mediante el incidente de ejecución que hizo valer la parte actora. Sin que sea el caso considerar el argumento del quejoso, en el sentido de que los incidentes que se hayan promovido y que no se hayan notificado o que no hayan prosperado de fondo, no pueden considerar para la interrupción del cómputo de la prescripción; pues en la especie no acontece, y que el incidente de ejecución forzosa de la sentencia, en sus respectivas etapas ha prosperado, haciendo falta únicamente la firma y otorgamiento de escritura por parte del juzgador primario, prevista en el artículo 752 del Código Procesal Civil del Estado, en razón de que se encuentra paralizado el impulso procesal en atención a las resueltas en el incidente de prescripción que hizo valer el demandado, tal como se aprecia del auto dictado el once de marzo de os mil diecinueve. En conclusión, los agravios que han sido estudiados son INFUNDADOS, razón por la cual se CONFIRMA la Sentencia interlocutoria del DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, dictada en el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el Expediente Civil 216/2007, por la Juzgadora Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado...". En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil 315/2019-16; y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, pero de manera fundada y motivada, en la que atienda a los principios de congruencia y exhaustividad, subsanando las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo; esto es, deberá exponer las razones por las cuales considera que el plazo del artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en su caso no resulta aplicable en el tema de la ejecución de las sentencias definitivas. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó haberse ajustado a los lineamientos de la ejecutoria de mérito, toda vez que con libertad de jurisdicción, de manera fundada, motivada y emitiendo argumentos que permiten establecer que cumple con los principios de exhaustividad y congruencia, toda vez que expone las razones que explican el agravio del recurrente relativo a que la prescripción de la acción y la prescripción de la facultad de ejecutar una sentencia son dos cuestiones diferentes, citando como fundamento el artículo 1244 del Código Civil para el Estado de Morelos, que dispone el supuesto de la prescripción negativa, y haciendo alusión que el legislador estableció un plazo de diez años como regla general, para que se actualice la prescripción negativa, y también, advirtió que ese plazo puede ser excepcional. Y al respecto, cita como fundamento legal el artículo 714, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el cual establece el plazo para solicitar la prescripción, mismo que durará cinco años, contados desde el día en que se venció el plazo judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado; lo cual demuestra que expuso las razones por las cuales considera que el plazo del artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en su caso no resulta aplicable en el tema de la ejecución de la sentencia definitiva, pues incluso, relaciona las actuaciones que justifican el tiempo que considera ha transcurrido, precisando también cuando estuvo suspendido el impuso procesal de la etapa de ejecución de la sentencia definitiva, mismo que refiere no debe ser considerado, de ahí, que se estime que sí expone los motivos y razones para establecer que no ha transcurrido el lapso de tiempo que dispone el citado numeral. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que vierte la parque quejosa; visto su contenido, dígasele que se esté a lo determinado en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Floridalia Oláis Sánchez, delegada de la responsable Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa que la parte quejosa no ha comparecido a recoger el título de crédito expedido a su favor, por lo que solicita se le requiera a efecto de que proporcione sus datos bancarios con el fin de realizar la transferencia correspondiente y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la citada autoridad oficiante, así también la información solicitada deberá proporcionarla directamente a la autoridad responsable toda vez que es la encargada de efectuar la devolución del numerario correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado este Juzgador acordara lo que en derecho proceda para el debido cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- María Eugenia Valencia Lagunas425/2020
- María Fabiola Andraca Dumit1601/2022
- Maria Fatima Guzman Vargas1942/2015
- Maria Felix Abarca Jacinto326/2014
- María Félix Aloe Barrera464/2020
- María Felix Nieves Domínguez1706/2021
- María Félix Vázquez Jiménez1610/2021
- Maria Felix Vazquez Jimenez882/2020
- María Felix Villa García2009/2018
- María Felix Villanueva Morales989/2018
- Maria Fernanda Ayala Ortiz1380/2016
- Maria Fernanda Barroeta Cano2116/2014