María Felix Guzmán Aguilar

Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • María Felix Guzmán Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    (aviso) En cuatro de mayo de dos mil veintidós, NOTIFICO a la qiuejosa, el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo 317/2022-II, por medio de lista y por lista en una página electrónica, por no haber acudido dentro de los dos días hábiles siguientes, al juzgado de mi adscripción a notificarse, a pesar de haberse dejado aviso fijado en el inmueble del domicilio indicado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por María Félix Guzmán Aguilar, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha causado estado. Archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Debido a que obran los documentos anexados al escrito inicial de demanda, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que quedan a su disposición por el plazo de noventa días para que acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, se remitirán al archivo de este juzgado y en su momento podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la promovente.

  3. Principal

    (aviso) En siete de abril de dos mil veintidós, NOTIFICO MARÍA FELIX GUZMÁN AGUILAR, el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo 317/2022-II, por medio de lista y por lista en una página electrónica, por no haber acudido dentro de los dos días hábiles siguientes, al juzgado de mi adscripción a notificarse, a pesar de haberse dejado aviso fijado en el inmueble del domicilio indicado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve María Félix Guzmán Aguilar por propio derecho, contra actos del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Valle de Chalco, Estado de México y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 317/2022-II. Análisis de las causales de improcedencia. Del contenido integral del escrito inicial de amparo, este juzgado de Distrito estima que la vía constitucional resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables, lo siguiente "De la autoridad señalada como ordenadora reclamó EL EMPLAZAMIENTO realizado de manera deficiente e indebido, supuestamente en la persona de la suscrita, ordenado dentro del expediente número 2378/2020, que se radica en el JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO,CON RESIDENCIA EN VALLE DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, bajo el rubro MARÍA GUADALUPE SOSA GARCÍA VS MARÍA FÉLIX GUZMÁN AGUILAR, JUICIO ORDINAIO CIVIL, EJECUTADO mediante exhorto 34/2022, radicado en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO ignorando la emitente la razón o motivo por la cual se haya seguido juicio en mi contra, en virtud de que nunca he sido notificada ni emplazada a juicio de modo legal alguno, así como la causa que hubiere originado el proceso en mi contra. Toda vez que no fui emplazada de manera legal en mi domicilio BAHÍA DE TODOS LOS SANOS, FRACCIONAMIENTO (B), CONDOMINIO 20, DEPARTAMENTO 617, GEOVILLAS DE LA ASUNCIÓN, CÓDIGO POSTAL 56618, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO QUE LAS FOJAS O DOCUMENTOS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS, NO ESTAN DEBIDAMENTE FOLIADAS Y PRESUMO QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE COTEJADAS como se puede apreciar en el anexo que adjunto a este amparo y como consecuencia de ello desconozco las razones y motivos, fundamentos legales por las cuales la autoridad responsable ordenadora y sobre todo ejecutora haya admitido emplazarme a juicio sin cerciorarse de los documentos que deben estar completos y debidamente foliados y cotejados por lo que es ilegal e indebido el emplazamiento a juicio ya que al encontrarse en esta situación la suscrita me encuentro en estado de indefensión al omitir documentos en la notificación y emplazamiento personal." A lo que se precisa, conforme se narra de los hechos de la demanda, que la ahora promovente alega que fue emplazada en un domicilio diverso al suyo, a saber el ubicado calle México Lindo, número 319, Colonia Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y que la documentación que le fue entregada en dicha diligencia, refiere se encuentra incompleta, al no estar debidamente cotejada, por lo que esa actuación está afectada de nulidad. Lo anterior, en razón a que la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión el acto reclamado que en ella se reclama y resolver lo que en derecho corresponda. Hecha la precisión que antecede, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el citado ordinal, en la parte relativa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda, porque la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley en la materia, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a los derechos humanos que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del numeral 61 de la aludida ley, puesto que el acto reclamado no implica para la accionante, alguna de las afectaciones de la autoridad responsable, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Máxime que, del análisis de los conceptos de violación, no obstante que no es factible su estudio, se advierte que la quejosa, si bien alega violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en los preceptos 14 y 16 de la ley suprema, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no lo exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, toda vez que el hecho que se haga referencia a preceptos constitucionales, no excluye al inconforme de la obligación de agotarlos, siempre que éstos procedan, ya que de ser así, bastaría señalar violaciones directas a la constitución, para eludir la obligación de agotar el principio de definitividad. Tampoco es obstáculo que la solicitante de amparo refiera reclamar el ilegal emplazamiento, pues del contenido de los anexos que exhibe, se advierte que precisamente tiene el carácter de parte demandada, razón por la cual se le emplazó al juicio de origen, para que se encuentre en aptitud de hacer valer sus derechos (de ahí que no revista la calidad de tercero extraña por equiparación); por tanto, al ser parte y toda vez que el juicio natural se encuentra en trámite, la agraviada está en aptitud de hacer valer la nulidad que alega, ante la propia autoridad responsable. Por lo que, en el presente caso se hace indiscutible que no se cumplió con la exigencia de procedibilidad del amparo de haber promovido todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir en amparo ante este juzgado federal. En efecto, la impetrante, debió de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley ordinaria, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que contra acto reclamado descrito en líneas que anteceden, se debió promover incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que a través de ese incidente y medio de defensa legal, la ilegalidad del emplazamiento impugnado podría ser revocada, modificado o nulificada. En efecto, los citados dispositivos en la parte conducente establecen lo siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida". 15/06/23 11:26:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.a4 Yuriana Rangel López Juicio de amparo 317/2022-II pág. 6 PLAZO PARA PROMOVER NULIDAD DE NOTIFICACIÓN Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal." De los dispositivos legales transcritos se advierte la existencia de un medio de impugnación de las actuaciones en el procedimiento del orden civil, el cual satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para considerar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que lesiona los intereses de la quejosa con efectos similares a la revocación (requisito 4), está establecido en la citada codificación Procesal Civil del Estado de México (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución; por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al procedimiento de origen (requisito 3), a fin de que la autoridad responsable se pronuncie específicamente, sobre la nulidad de las actuaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. En consecuencia, si las actuaciones reclamadas en el presente juicio constitucional, pueden impugnarse a través del medio de defensa en estudio y éste no se ha hecho valer, se considera que no se cumple con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Tampoco se requiere una interpretación adicional ni es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra las actuaciones que no fueren hechas conforme a la ley procede el citado incidente. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Del mismo modo, es importante reiterar que en el caso, no se actualiza la diversa causa de excepción consistente en que se trate de persona extraña al procedimiento de origen; puesto que, como se ha precisado, del análisis de la demanda de amparo, así como, de las constancias que la promovente acompañó a su escrito inicial de demanda, se evidencia que María Félix Guzmán Aguilar, es parte demandada en el juicio ordinario civil - reivindicatorio-, promovido por María Guadalupe Sosa García. Por consiguiente, conforme a lo narrado es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el aludido incidente, en términos de los citados numerales, pues se insiste que a través de ese incidente y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. En las narradas circunstancias, si la promovente no agotó este medio de defensa, la demanda de amparo resulta improcedente; toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, y procede desechar de plano la presente demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la invocada ley. No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se considera que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese; personalmente a la promovente.

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