María Felix García Méndez

Expediente 996/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 45 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
996/2016
Año
2016
Actuaciones
45
Última actuación
04/09/2020

Partes del expediente

  • María Felix García Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: BEATRIZ GARCÍA MÉNDEZ. Acúsese recibo del oficio 1492, del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo II-996/2016 y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el cinco de marzo del año en curso, que en su resolutivo único se establece: ÚNICO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia relativo al juicio de amparo indirecto II-996/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; procédase hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibieron. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Zacapu, Michoacán, allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; con el cual se le tiene acusando recibo del comunicado 18119, a través del que se remitió el juicio de amparo II-996/2016; asimismo, informa que se formó y registró con el número 4/2019 del índice de su juzgado, el incidente de inejecución de sentencia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción II y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en el que este juzgado declaró que existe imposibilidad para cumplir la ejecutoria de amparo, sin que ninguna lo hiciera. Ahora, dado que en el referido proveído, este juzgado determinó que de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, debía remitirse este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para que proceda conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, en virtud de que las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del plazo legal para tal efecto, remítase el original de este cuaderno y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin de que se provea lo que en derecho corresponda. Se cita al respecto la tesis P./J. 23/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella". Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Director del Notariado y Archivo General de Notarías, con residencia en esta ciudad, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El once de abril del dos mil diecisiete (fojas 206 a 217), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este juzgado dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo solicitado por María Félix García Méndez. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo primer Circuito, quien en sesión de once de enero de dos mil dieciocho revocó la sentencia de once de abril de dos mil diecisiete y concedió el amparo a la quejosa (foja 272 a 299). Por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 300 y 301), se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zacapu, Michoacán, remitió los oficios y anexos siguientes: Oficio 53/2018 (foja 309) con el que remitió copia certificada del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, exhorto 14/2018 y los oficios remitidos a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías del Estado, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y Receptor de Rentas (310 a 317). 2. Oficio 64/2018 (foja 336) con el que remitió copias certificadas del acuse del oficio 52/2018 dirigido a la receptoría de rentas, constancias de notificación del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, convocatorio de presuntos herederos por edicto de dos de febrero de dos mil dieciocho, oficio 21/2018 del receptor de rentas de Coeneo, Michoacán, con el que anexó copias de las tarjetas de control y de cédula de actualización catastral de uno de febrero de dos mil dieciocho, autos de seis, doce y diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 337 a 361). 3. Oficio 299/2018 (foja 367) con el que remitió copias certificados del oficio RPP/DAT/559/2018 y anexos del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio y auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 368 a 389) 4. Oficio 542/2018 (foja 395) con el que remitió el oficio DNAGN/924/2018 del Director del Notariado y Archivo General de Notarías, auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 396 a 403). 5. Oficio 629/2018 (foja 413) con el que remitió copia certificada del escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho por los presuntos herederos a bienes de Eusebio García Torres, auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ratificación de escrito de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, autos de uno y dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y tres autos de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 436 a 462). 6. Oficio 726/2016 (foja 468) con el que remitió copias certificadas del oficio DNAGN/1374/2018 y anexos del Director del Notariado y Archivo General de Notarías y auto de veinte de abril de dos mil dieciocho (fojas 469 a 477). 7. Oficio 766/2018 (foja 484) con el que remitió copia certificada del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho y oficio 767/2018 dirigido al Director del Notariado y Archivo General de Notarías (fojas 485 y 487). 8. Oficio 1192/2018 (foja 496) mediante el cual informó las actuaciones que había realizado con la finalidad de cumplir con la ejecutoria de amparo. 9. Oficio 1223/2018 (foja 514) con el que remitió copia certificada del oficio 1192/2018 de cinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 515 y 516). 10. Oficio 1363/2018 (foja 524) con el que remitió copias certificadas del auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y oficio de la propia fecha dirigido al Director del Notariado y Archivo General de Notarías (fojas 525 y 526). 11. Oficio 1372/2018 (foja 533) con el que remitió el oficio DNAGN/3646/2018 del Subdirector del Notariado y Archivo General de Notarías y auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 534 a 541). Bajo ese contexto, por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho (foja 543), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho se determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable, se advirtió que la cancelación de la escritura derivada de la resolución del juicio sucesorio 51/2007 no se ha realizado, ya que a decir del Director del Notariado y Archivo General de Notarías, la escritura pública que el Juez de Primera instancia en Materia Civil le ordenó cancelar 4626, del tomo 86, de doce de junio de dos mil once- no contenía los datos del juicio sucesorio 51/2007, es decir, se trataba un testamento público abierto otorgado por Angelina Medina Torres. Por lo que, en ese mismo auto se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zacapu, Michoacán y Director del Notariado y Archivo General de Notarias que dieran cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zacapu, Michoacán, mediante oficios 1547 y 1830 remitió original del oficio 1546, copia certificada de los oficios 768/2018 y 4685/2018 signados por el Director del Notariado y Archivo General de Notarías y auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 567 a 573 y 588 a 592). Asimismo, el Director del Notariado y Archivo General de Notarias remitió el oficio 4685/2018 (foja 276 y 577) Por lo anterior, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó que existía una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, ya que no se podía cancelar la escritura que se generó por la protocolización del juicio sucesorio intestamentario 51/2007 al no existir en el protocolo del Notario Público Número 4 José Rivera Ferreyra, asimismo, se ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en Turno, para que procediera conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 de la Ley de Amparo. De dicho incidente de inejecución de sentencia conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve determinó que era infundado el incidente de inejecución de sentencia por las razones siguientes: en el caso, el Director del Notariado y Archivo General de Notarias si bien mencionó la imposibilidad para cancelar la escritura pública 4626 cuatro mil seiscientos veintiséis del volumen 86 ochenta y seis pero es de veinticuatro de junio de dos mil once, otorgada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreyra, quien fuera el Notario Público número 4 cuatro en el Estado de Michoacán, con ejercicio en Zacapu, dado que al realizar una búsqueda manual en el volumen 86 ochenta y seis, no fue posible encontrarla pero la correspondiente al nombre de Beatriz García Méndez, respecto del predio denominado El Puente, ubicado en el Puente El Mirador, del Municipio de Coeneo, Michoacán, dado que la escritura que existe con tal número y volumen contiene un testamento público abierto otorgado por Angelina Medina Torres y en dicho testamento se mencionan dos diversos bienes y no se menciona el predio rústico motivo de la sucesión intestamentaria. Sin embargo, los numerales 51, 52, 53 y 54, de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, establecen: ARTICULO 51.- Además del protocolo, los notarios tendrán obligación de llevar un índice por duplicado de las escrituras públicas pasadas ante su fe, por orden progresivo, en el cual se expresará: nombre y apellidos de los otorgantes, número del acta, naturaleza del acto o hecho jurídico, volumen y fecha. Cuando deban entregar los libros del protocolo al Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, también depositarán un ejemplar de dicho índice en la misma Dirección y el otro lo conservará el notario. ARTICULO 52.- Los libros del protocolo, apéndices y en general todos los archivos de las notarías pertenecen al Estado. Los notarios serán depositarios de ellos y los conservarán hasta que deban entregarlos a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. ARTICULO 53.- La pérdida o destrucción total o parcial de los libros del protocolo, deberá ser comunicada de inmediato por el notario o el interesado al Director del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, aportando las pruebas necesarias que lo acrediten. Justificada cualquiera de esas circunstancias ordenará al notario la reposición a su costa, de los documentos respectivos. En los casos de fallecimiento del notario, la reposición se hará por el Director, a solicitud y a costa del interesado. ARTICULO 54.- La reposición de los libros del protocolo se hará de plano y sin trámite alguno, con el testimonio o con las copias certificadas de los testimonios respectivos, que a costa del notario o del interesado expida la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, o se aporten por aquellos para el objeto señalado. El procedimiento respectivo será sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal derivada de la pérdida o destrucción de los libros mencionados. De los preceptos legales antes transcritos se advierte que las Notarías tienen la obligación de llevar un índice por duplicado de las escrituras públicas pasadas ante su fe, por orden progresivo en el cual se expresará: nombre y apellidos de los otorgantes, número del acta, naturaleza del acto o hecho jurídico, volumen y fecha; y que cuando deban entregar los libros del protocolo al Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, también depositarán un ejemplar de dicho índice en la misma Dirección y el otro lo conservará el notario. Además que los libros del protocolo, apéndices y en general todos los archivos de las notarías pertenecen al Estado, y que los notarios serán depositarios de ellos y los conservaran hasta que deban entregarlos a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. Visto lo anterior, hasta este momento procesal no exista una imposibilidad dado que los preceptos legales nos dan la pauta a efecto de que se realice la búsqueda o localización en donde se registró la protocolización del juicio sucesorio intestamentario 51/2007 radicado ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial en Zacapu, Michoacán, pues si bien la escritura pública 4626 cuatro mil seiscientos veintiséis del volumen 86 ochenta y seis, no corresponde a la sucesión intestamentaria que se solicita que se cancele, cierto es, existen otros medios de registro que deben llevar las notarías como es el "índice", de ahí que se proceda a localizar la escritura pública en donde se protocolizó el expediente relativo al juicio sucesorio intestamentario número 51/2007 a bienes de Eusebio García Torres y que se ordenó se expidiera la hijuela correspondiente a la heredera Beatriz García Méndez, ya que incluso al ordenar su registro en la parte final de la propia escritura refirió el Notario lo siguiente: Con fecha doce de junio del año en curso (sic), se giraron avisos de traslado de dominio en favor de la heredera Beatriz García Méndez, con un valor de avaluó en conjunto por la cantidad de 7,604.00, los cuales fueron recibidos por la Oficina de Rentas de Coeneo, Michoacán.- ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE COMPULSA FIELMENTE DE SU MATRIZ Y APÉNDICE PARA USO DE LA HEREDERA SEÑORA BEATRIZ GARCÍA MÉNDEZ. VA EN ESAS CINCO FOJAS ÚTILES CORREGIDO Y COTEJADO. NO CONTIENE ENTRERENGLONADURAS NI ENMENDATURAS, SE SACÓ CON TINTA INDELEBLE QUE GARANTIZA LA FIJEZA DE LO ESCRITO. EN LA CIUDAD DE ZACAPU, MICHOACÁN, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE. DOY FE. J. Rivera F. Rúbricado. El sello de autorizar de la Notaría. COTEJE ESTA COPIA CON SU ORIGINAL QUE SE DESTINA PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBICO DE LA PROPIEDAD. EN ZACAPU, MICHOACÁN A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE. DOY FE. Así las cosas, en el caso, sí es factible jurídica y materialmente dar cumplimiento a la sentencia protectora, pues los efectos de la concesión del amparo consisten entres otros que la autoridad responsable vinculada al cumplimiento Director del Notariado y Archivo General de Notarías, cancele la escritura derivada con motivo de la protocolización del expediente relativo al juicio sucesorio intestamentario número 51/2007. Pues se insiste no se puede determinar que no existe una escritura , cuando la quejosa y el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio la exhiben (foja 321-334), máxime que de las constancias de donde deriva el acto reclamado a fojas 25 del tomo 3 de prueba, la heredera Beatriz García Méndez, solicitó en su promoción: or medio de este escrito, vengo a solicitar se declaren Ejecutoriadas las sentencias de las SEGUNDAS SECCIONES, y se le tenga separándome de la prosecución de este asunto ante este juzgado, se mande el expediente para su protocolización a la Notaria Pública No. 4, a cargo del Lic. JOSÉ RIVERA FERREIRA, con residencia y ejercicio en esta Ciudad a lo cual recayó acuerdo favorable emitido el cinco de agosto de dos mil once (foja 26 ídem). De lo anterior, también se desprende que la fecha de la escritura no corresponde "doce de junio de dos mil once, si el cinco de agosto de ese anualidad, se estaba ordenando que se enviaran los autos originales ante el Notario Público número 4, con ejercicio y residencia en Zacapu, para los efectos de su debida protocolización, ya no puede ser expedida la citada escritura y después ordenar que se remitan los autos. Lo que si hay certeza es que el dieciocho de octubre de dos mil once, dicha escritura se presentó para su registró ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (foja 39 del juicio de amparo indirecto). Aunado a lo anterior, la diversa Notario Público No.119 con ejercicio y residencia en esa ciudad de Zacapu, en escrito de diecisiete de octubre de dos mil catorce (foja 27 ídem), señaló: N MI CARÁCTER DE NOTARIO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO CUATRO, EN EJERCICIO EN ESTA CIUDAD DE ZACAPU, MICHOACÁN; COMPAREZCO A EXPONER: POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR A USTED EL EXPEDIENTE DEL NÚMERO 51/2007, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE EUSEBIO GARCÍA TORRES, DEL CUAL ME FUERON ENTREGADAS EN PRIMERA Y DOS LEGAJOS DE LA SEGUNDA SECCIÓN, NO TENIENDO CONOCIMIENTO QUE EL CITADO EXPEDIENTE FUE PROTOCOLIZADO O NO; POR LO CUAL SE HACE SU DEVOLUCIÓN. Por lo que en acuerdo de siete de noviembre del citado año, se ordenó notificar personalmente a las partes. Además se insiste no se puede decir que no existe una escritura, cuanto no está acreditado que por alguna causa de fuerza mayor se hubiese destruido, quemado o extraviado el volumen en donde se registró la protocolización del expediente relativo al referido juicio sucesorio intestamentario a bienes de Eusebio García Torres, y si fuera así, se debió ordenar su reposición de conformidad con lo establecido en los numerales 53 y 54 de la citada ley, o en su defecto que se demuestren las circunstancias antes señaladas. En las condiciones expuestas, es de concluirse que hasta este momento procesal es jurídica y materialmente posible el cumplimiento de la sentencia que protegió a la quejosa. Por tanto, en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento Director del Notariado y Archivo General de Notarías que cancelara la escritura que se haya generado con motivo de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario 51/2007 (fojas 641 a 644). Asimismo, en auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se requirió al Notario Público Número Cuatro en el Estado con ejercicio y residencia en Zacapu, Michoacán, para que remitiera copia certificada de los índices del Notario José Rivera Ferreyra, los cuales de conformidad con el artículo 51 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán son los que debe conservar la Notaría (foja 651). Derivado de dicho requerimiento el Notario Público Número Cuatro en el Estado con ejercicio y residencia en Zacapu, Michoacán informó que no podía dar cumplimiento a lo solicitado, ya que al haber fallecido el Notario José Rivera Ferreyra, de conformidad con el artículo 126 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, su protocolo, el sello, así como los documentos que éste tenía en su poder pasaron enteramente al resguardo de la Dirección General del Notariado y Archivo de Notarias (fojas 653 a 655). De igual forma, el Director del Notariado y Archivo General de Notarías remitió copia cotejada del índice de escrituras públicas desde la 4325, volumen 79, de quince de septiembre de dos mil seis, hasta la escritura pública 4626, volumen 86, de siete de junio de dos mil doce correspondiente al protocolo del Licenciado José Rivera Ferreyra, quien fue Notario Público Número Cuatro en el Estado, con ejercicio y residencia en el Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán (fojas 657 a 689). Asimismo, mediante oficio DNAGN/2883/2019 remitió copias certificas de las escrituras públicas 4625 cuatro mil seiscientos veinticinco- a la 4637 cuatro mil seiscientos treinta y siete correspondientes a la Notaría Pública Número 4 en el Estado a cargo del Licenciado José Rivera Ferreyra (fojas 721 a 785). Bajo ese contexto, por auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (foja 786), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes La ejecutoria emitida el once de enero de dos mil dieciocho en el presente asunto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito otorgó el amparo a la quejosa, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zacapu, Michoacán declarara nulo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 51/2007, radicado a bienes de Eusebio García Torres, a partir del auto de quince de enero de dos mil siete, en que fue admitida la denuncia de intestado, con el fin de que llamara a la aquí quejosa a dicho procedimiento para que hiciera valer sus derechos hereditarios que considerara tener respecto del autor de la sucesión; y hecho que fuera lo anterior, siguiera con el trámite del asunto y resolviera lo que en derecho procediera. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron al Notario Público Número 4 en el Estado , Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en la Entidad y al Administrador de Rentas de Coeneo, Michoacán, consistentes en la escrituración e inscripción registral y catastral del título de propiedad a favor de Beatriz García Méndez (foja 297 vuelta). Efectos de la concesión del amparo Esto es, la autoridad responsable ordenadora debía: 1. Declarar nulo todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 51/2007, radicado a bienes de Eusebio García Torres, a partir del auto de quince de enero de dos mil siete, en el que fue admitida la denuncia de intestado; 2. Llamar a dicho procedimiento a la aquí quejosa para que hiciera valer los derechos hereditarios que considerara tener respecto del autor de la sucesión; y, 3. Hecho que sea lo anterior, siguiera con el trámite del asunto y resolviera lo que en derecho procediera. Asimismo, al haberse hecho extensiva la concesión a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, éstas debían: a. Notario Público Número 4 en el Estado (autoridad que fue sustituida por el Director General de Notariado y Archivo General de Notarias )cancelar la escrituración de la resolución del juicio sucesorio 51/2007. b. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en la Entidad. cancelar la inscripción registral de dicha escritura pública. c. Administrador de Rentas de Coeneo, Michoacán. cancelar la inscripción catastral en el predio rústico denominado el puente"ubicado en la población el puente del mirador, municipio de Coeneo, Michoacán, compuesto de dos fracciones, derivada del juicio sucesorio intestamentario. Debe precisarse que en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, ya que no se había logrado la cancelación de la escritura generada con motivo de la protocolización del juicio sucesorio 51/2007. En esa tesitura, aquí se tienen por reproducidas las consideraciones realizadas en proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho como si a la letra se insertaren, por las que se determinó que se cumplía con los puntos 1, 2 y 3 precisados en el apartado de los efectos de la concesión, ya que declaró nulo todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 51/2007, radicado a bienes de Eusebio García Torres, llamó a juicio a la aquí quejosa a fin de que hiciera valer sus derechos hereditarios que considerara tener y siguió con el trámite del juicio sucesorio 51/2007, así como respecto a las diversas autoridades a las que se hizo extensiva la concesión del amparo, se cumplió con los puntos b y c , toda vez que se cancelaron las inscripciones registral y catastral de los índices de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y de la Administración de Rentas de Coeneo, Michoacán, respectivamente. Asimismo, se debe atender a las consideraciones de la ejecutoria del incidente de inejecución de sentencia 1/2019 de dos de mayo de dos mil diecinueve, en la cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito precisó que no había imposibilidad jurídica para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, ya que de conformidad con los artículos 51 al 54 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, las notarías tienen la obligación de llevar un índice por duplicado de las escrituras públicas pasadas ante su fe, asimismo, que los notarios serán los depositarios de los libros de protocolo, apéndices y en general todos los archivos de las notarías, hasta que deban entregarlos a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, de igual forma que las reposiciones de los libros del protocolo se hará de plano y sin trámite alguno, con el testimonio o copias certificadas de los testimonios respectivos. Ahora bien, en cumplimiento a la sentencia de amparo, el Notario Público Número Cuatro, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, informó que no podía dar cumplimiento a lo requerido mediante auto de veintisiete de mayo, ya que no contaba con ningún protocolo, índice, sello o documento que haya tenido el Licenciado José Rivera Ferreyra, durante el transcurso que estuvo como Titular de la Notaría Pública Número Cuatro, ya que al haber fallecido, de conformidad con el artículo 126 de la Ley del Notariado del Estado, al cesar el notario en sus funciones, se recogerá el sello, protocolo, los folios no utilizados y cuanto documento exista en su oficina pública. Máxime que a la muerte del Licenciado José Rivera Ferreyra, el veintitrés de octubre de dos mil doce, el Gobernador del Estado de Michoacán declaró vacante la Notaría, por lo que debe considerarse que la Notaría Cuatro a su cargo es de nueva creación, ya que es una persona ajena a los hechos y procedimientos que se ventilaron durante el período en que el citado fallecido fue titular de dicha notaría. También, el Director del Notariado y Archivo General de Notarías remitió el índice del protocolo del Notario Público Número Cuatro Licenciado José Rivera Ferreyra, desde la escritura 4325, del volumen 79, de quince de septiembre de dos mil seis, a la escritura 4646, del volumen 86, de siete de junio de dos mil doce, del cual se advierte que van en números correlativos, que los folios 4354, 4508 y 4604 se repiten, que no existe registro de las escrituras 4401, 4607, 4608, 4609 y 4610. Asimismo, de todos los registros de escritura no existe ninguna de la que se advierta que deriva del juicio sucesorio 51/2007 o dato de las partes. Ahora bien, de la ejecutoria del incidente de inejecución de sentencia 1/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, se determinó que no había imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo por las consideraciones siguientes: 1. Existen otros medios de registro que deben llevar las notarías como lo es el índice, de ahí que sea procedente localizar la escritura donde se protocolizó el expediente relativo al juicio sucesorio 51/2007. 2. Además porque de la escritura se desprendía que no corresponde al doce de junio de dos mil once, si el doce de agosto de esa anualidad se ordenó enviar los autos a la notaría para su protocolización. 3. Asimismo, que se tiene como fecha cierta que el dieciocho de octubre de dos mil once, la escritura se presentó para su registro ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Respecto del punto 1, se solicitó al Notario Público Número Cuatro que cancelara la escritura pública generada con motivo de la protocolización del juicio sucesorio 51/2007, el cual manifestó la imposibilidad que existía para realizar dicho requerimiento, pues como se precisó en párrafos precedentes, al haber fallecido el Licenciado José Rivera Ferreyra, todos sus protocolos, sellos y archivos que tenía en dicha notaría se remitieron a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias. Asimismo, respecto al mismo punto, el Director del Notariado y Archivo General de Notarías remitió copia certificada del índice del protocolo del licenciado José Rivera Ferreyra, desde la escritura 4325, de quince de septiembre de dos mil seis, a la escritura 4646, de siete de junio de dos mil doce, de las cuales en ninguna existe dato de dicho juicio ni de las partes. Por lo que ve los puntos 2 y 3, de los que se precisa que la escritura no pudo ser de doce de junio de dos mil once cuando el doce de agosto del mismo año se ordenó su protocolización y que hay una fecha cierta de entrega de dicha escritura a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que lo fue el dieciocho de octubre de dos mil once. Esto es, que existía probabilidad que la escritura pública se haya generado con fecha posterior al doce de junio de dos mil once, pero antes de su entrega a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio el dieciocho de octubre de dos mil once. Sobre este tópico, del índice del protocolo del licenciado José Rivera Ferreyra, remitido por el Director del Notariado y Archivo General de Notarías, del período de diez de junio al veinte de octubre, ambos de dos mil once se generaron las escrituras públicas de la 4625 a la 4637 en números consecutivos, de las cuales ninguna contiene datos de la protocolización del juicio sucesorio 51/2007. Datos que fueron corroborados de las copias certificadas de las escrituras públicas 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635 y 4636 que remitió el Director del Notariado y Archivo General de Notarías (fojas 721 a 785). De lo anterior, el suscrito al realizar el examen de las constancias remitidas por la responsable considera que existe imposibilidad jurídica por parte del Juez natural en cumplir con la sentencia concesiva, ya que los efectos para los que se concedió el amparo fueron para que se: 1.- Declarara nulo todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 51/2007, radicado a bienes de Eusebio García Torres, a partir del auto de quince de enero de dos mil siete, en el que fue admitida la denuncia de intestado; 2.Llamara a dicho procedimiento a la aquí quejosa para que hiciera valer los derechos hereditarios que considerara tener respecto del autor de la sucesión; y, 3.- Hecho que sea lo anterior, siguiera con el trámite del asunto y resolviera lo que en derecho procediera. Asimismo, al haberse hecho extensiva la concesión a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, éstas debían: a. Notario Público Número 4 en el Estado.-cancelar la escrituración de la resolución del juicio sucesorio 51/2007. b. del Registro Público de la Propiedad Raíz en la Entidad. cancelar la inscripción registral de dicha escritura pública. c. Administrador de Rentas de Coeneo, Michoacán.- cancelar la inscripción catastral en el predio rústico denominado el puente ubicado en la población el puente del mirador, municipio de Coeneo, Michoacán, compuesto de dos fracciones, derivada del juicio sucesorio intestamentario. Ello es así, porque si bien dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 51/2007, se llamó a dicho procedimiento a la aquí quejosa, asimismo, se canceló la inscripción registral y catastral. También lo es que el Director del Notariado y Archivo General de Notarías no puede cancelar la escritura que se generó de la protocolización del juicio sucesorio intestamentario 51/2007, ello al no existir dicha escritura en el protocolo del Notario Público José Rivera Ferreyra y, por consiguiente, se reitera, es incuestionable que la ejecutoria de amparo, no puede ser cumplida en su totalidad dada la imposibilidad jurídica al no existir escritura pública alguna que se haya generado por la protocolización del sucesorio mencionado. De modo que se incumpliría con los efectos para los que se concedió el amparo, empero dicha actuación es excusable al obedecer a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad responsable obligada y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta; por tanto, no deben aplicársele las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al argumento expresado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro SENTENCIAS DE AMPARO. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO ES EXCUSABLE O INEXCUSABLE SU INCUMPLIMIENTO. Por tanto, para los efectos legales conducentes y de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo previsto por los diversos numerales 201, fracción II y 202 del mismo ordenamiento legal , remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que se sirva proceder conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por reiteración, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 41 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano